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Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Bolivia
A diferencia de los casos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay -que
para diciembre de 1983 mantenían regímenes de facto-, la variable del tipo de régimen
jugó un rol positivo en el estímulo de las vinculaciones políticas y económicas entre
la Argentina y Bolivia, debido a que ambos gobiernos estaban en ese momento presididos por
figuras elegidas democráticamente: Raúl Alfonsín y Hernán Siles Suazo.
Del lado argentino, un gesto positivo del gobierno argentino hacia las
autoridades de La Paz fue la aceleración del proceso de extradición de dos militares
bolivianos, el ex presidente, general Luis García Meza, y el ex ministro del Interior,
coronel Luis Arce Gómez, ambos implicados en la violación de los derechos humanos y el
tráfico de drogas durante los primeros años de la década del ’80. Por cierto, este
gesto demostraba a las claras la necesidad y la intención política del gobierno de
Alfonsín de diferenciarse de la gestión militar que lo precedió. A principios de
febrero de 1984, el Ministerio del Interior de la Argentina dispuso la expulsión del
país de Gómez y Meza, porque la permanencia de ambos en el suelo argentino "afecta
notoriamente las relaciones con la hermana República de Bolivia, cuyo carácter amistoso
es particularmente grato al pueblo y gobierno de la República Argentina (1)".
Cabe señalar también que, entre fines de junio y principios de julio
de 1984, cuando tuvo lugar la crisis político-social que derivó en el secuestro y
posterior liberación del presidente Siles Suazo, se produjo una enérgica condena tanto
del Ejecutivo como del Congreso argentinos (2).
Del lado boliviano, un ejemplo de la voluntad oficial de mejorar los
vínculos con la Argentina fue la concurrencia personal de Siles Suazo al acto de
asunción de Alfonsín. Un nuevo indicio tuvo lugar durante la visita del canciller
boliviano José Ortiz Mercado a Buenos Aires a fines de marzo de 1984, cuyo objetivo era
constituir una comisión mixta argentina-boliviana como instrumento de ampliación del
intercambio. En abril de ese mismo año, el canciller Mercado anunció en La Paz el
acuerdo alcanzado con el gobierno argentino mediante el cual se estableció un nuevo
calendario de pagos para saldar la deuda de 250 millones de dólares que la Argentina
mantenía con Bolivia en concepto de importaciones de gas natural (3).
No obstante, la deuda argentina por las compras de gas fue un tema no
exento de conflictos, como lo demostrarían las declaraciones efectuadas por voceros de la
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes denunciaron meses
después del acuerdo, a fines de julio del mismo año, que "la Argentina está
buscando motivos para que se rescindan los contratos de compra de gas natural boliviano
(...) (4)".
Vale recordar que tanto durante la experiencia peronista (1973 a 1976),
como durante el ciclo militar llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976 a 1983),
las importaciones de gas desde Bolivia respondieron a causas más estratégicas que
económicas. Lejos de representar un negocio rentable para las autoridades argentinas, las
compras de gas eran el costo que debía pagarse para sacar a Bolivia de la órbita de
influencia brasileña y atraerla a la de Buenos Aires (5).
Consciente de la perversa vinculación entre los contratos de compra de
gas y el involucramiento argentino en la vida política, económica y social boliviana
durante los años del Proceso militar, la administración radical percibió que, hasta
cierto punto, las compras de gas eran una onerosa herencia, tanto desde el punto de vista
económico como ideológico. No obstante, el gobierno de Alfonsín adoptó una actitud
ambigua, oscilante entre la anulación y la renovación de dichos contratos. Anular los
contratos de gas era una alternativa que tenía ventajas económicas y desventajas
políticas. Por un lado, permitía romper con la herencia del Proceso y su influencia en
la vida boliviana, a la vez que eliminar una fuente de gasto en una etapa particularmente
difícil para la gestión radical, hostigada económicamente por el problema de la deuda
externa y la ausencia de un plan de estabilización. Pero, al mismo tiempo, la alternativa
de terminar con las compras gasíferas a Bolivia tenía una enorme desventaja en términos
político-ideológicos: no resultaba una decisión coherente ni con la tradición
"latinoamericanista" del radicalismo, ni con la necesidad del gobierno argentino
de estrechar lazos políticos y económicos con uno de los pocos regímenes democráticos
que en ese momento tenía el Cono Sur.
Finalmente, las compras de gas a Bolivia se mantuvieron. Así, en
agosto de 1984 el canciller Caputo y su colega, Gustavo Hernández Saavedra, firmaron en
Quito, Ecuador, un acuerdo por el cual la Argentina se comprometía a mantener el volumen
de sus importaciones de gas boliviano, y Bolivia a no modificar el precio del producto
(6). Finalmente, durante el viaje del presidente Alfonsín a Bolivia en septiembre, el
primer mandatario argentino respaldó públicamente el proceso democrático boliviano y
firmó con su colega Siles Suazo el Acta de Tarija, que incluía una serie de acuerdos
como la implementación de un sistema de enlace por microondas entre las localidades de
Yacuiba (Bolivia) y Campo Durán (Argentina); el establecimiento de centros de alerta
hidrológicos en Tarija; la iniciación de estudios tendientes al aprovechamiento integral
de los recursos hídricos del río Bermejo, y la asistencia financiera argentina en el
proyecto hidroeléctrico y de regadío de San Jacinto (7).
Tres años más tarde, el 29 de septiembre de 1987 los gobiernos
argentino y boliviano suscribieron un memorándum de entendimiento por el cual se daba
solución a los problemas pendientes en la relación bilateral. Para esa fecha, Bolivia
adeudaba a la Argentina 600 millones de dólares en concepto de préstamos contraídos en
su mayor parte durante la dictadura militar del general Luis García Meza -lo que hacía
que el gobierno democrático boliviano la cuestionara en buena parte-. A su vez, la
Argentina debía a Bolivia 80 millones de dólares por el gas comprado en 1985-1986, más
las facturas del año 1987. Por el nuevo acuerdo Bolivia lograba una ampliación del plazo
para el pago de su deuda a 25 años con 15 de gracia y un interés anual de 8%. En
compensación, la Argentina lograba una rebaja en el precio del gas de 17,6%, con
carácter retroactivo a enero de 1987. Ambos países acordaron también que para las
futuras transacciones de gas se tomara en cuenta el grado calorífico y los costos del
transporte. Respecto de la deuda argentina, las autoridades de Buenos Aires se
comprometieron a pagar 117 millones de dólares antes del 31 de diciembre y el saldo
restante en 10 cuotas mensuales. Los pagos debían hacerse 80% en divisas de libre
convertibilidad -antes era 40%-, y el restante 20% debía depositarse en una cuenta a
nombre del Banco Central de Bolivia en el Banco Central de la Argentina para la
importación de productos argentinos (8).
Cabe mencionar que las dificultades existentes con el gas no impidieron que
en abril de 1987, el gobierno boliviano enviara dos comunicados al gobierno argentino,
expresando su solidaridad y la de su pueblo frente a los sucesos de Semana Santa. Por el
primero, el presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, expresaba "su esperanza de
que la habilidad política de Alfonsín y el compromiso democrático del pueblo argentino
logren sortear el difícil momento que afrontan". El otro comunicado estaba dirigido
en términos semejantes al canciller Caputo por su colega boliviano Guillermo Bedregal
(9).
Los gobiernos de la Argentina y Bolivia firmaron en Buenos Aires, el 23
de noviembre de 1987, otra serie de acuerdos: el Acta de Buenos Aires; el Acta de
Entendimiento; el Acuerdo para el establecimiento de Comités de Frontera; el Acuerdo
estableciendo el Fondo Especial de Desarrollo; y el Acuerdo para la supresión de visas
diplomáticas y oficiales (10).
NOTAS
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