Visite nuestra página principal

Las relaciones con Bolivia

A diferencia de los casos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay -que para diciembre de 1983 mantenían regímenes de facto-, la variable del tipo de régimen jugó un rol positivo en el estímulo de las vinculaciones políticas y económicas entre la Argentina y Bolivia, debido a que ambos gobiernos estaban en ese momento presididos por figuras elegidas democráticamente: Raúl Alfonsín y Hernán Siles Suazo.
    Del lado argentino, un gesto positivo del gobierno argentino hacia las autoridades de La Paz fue la aceleración del proceso de extradición de dos militares bolivianos, el ex presidente, general Luis García Meza, y el ex ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, ambos implicados en la violación de los derechos humanos y el tráfico de drogas durante los primeros años de la década del ’80. Por cierto, este gesto demostraba a las claras la necesidad y la intención política del gobierno de Alfonsín de diferenciarse de la gestión militar que lo precedió. A principios de febrero de 1984, el Ministerio del Interior de la Argentina dispuso la expulsión del país de Gómez y Meza, porque la permanencia de ambos en el suelo argentino "afecta notoriamente las relaciones con la hermana República de Bolivia, cuyo carácter amistoso es particularmente grato al pueblo y gobierno de la República Argentina (1)".
    Cabe señalar también que, entre fines de junio y principios de julio de 1984, cuando tuvo lugar la crisis político-social que derivó en el secuestro y posterior liberación del presidente Siles Suazo, se produjo una enérgica condena tanto del Ejecutivo como del Congreso argentinos (2).
    Del lado boliviano, un ejemplo de la voluntad oficial de mejorar los vínculos con la Argentina fue la concurrencia personal de Siles Suazo al acto de asunción de Alfonsín. Un nuevo indicio tuvo lugar durante la visita del canciller boliviano José Ortiz Mercado a Buenos Aires a fines de marzo de 1984, cuyo objetivo era constituir una comisión mixta argentina-boliviana como instrumento de ampliación del intercambio. En abril de ese mismo año, el canciller Mercado anunció en La Paz el acuerdo alcanzado con el gobierno argentino mediante el cual se estableció un nuevo calendario de pagos para saldar la deuda de 250 millones de dólares que la Argentina mantenía con Bolivia en concepto de importaciones de gas natural (3).
    No obstante, la deuda argentina por las compras de gas fue un tema no exento de conflictos, como lo demostrarían las declaraciones efectuadas por voceros de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes denunciaron meses después del acuerdo, a fines de julio del mismo año, que "la Argentina está buscando motivos para que se rescindan los contratos de compra de gas natural boliviano (...) (4)".
    Vale recordar que tanto durante la experiencia peronista (1973 a 1976), como durante el ciclo militar llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976 a 1983), las importaciones de gas desde Bolivia respondieron a causas más estratégicas que económicas. Lejos de representar un negocio rentable para las autoridades argentinas, las compras de gas eran el costo que debía pagarse para sacar a Bolivia de la órbita de influencia brasileña y atraerla a la de Buenos Aires (5).
    Consciente de la perversa vinculación entre los contratos de compra de gas y el involucramiento argentino en la vida política, económica y social boliviana durante los años del Proceso militar, la administración radical percibió que, hasta cierto punto, las compras de gas eran una onerosa herencia, tanto desde el punto de vista económico como ideológico. No obstante, el gobierno de Alfonsín adoptó una actitud ambigua, oscilante entre la anulación y la renovación de dichos contratos. Anular los contratos de gas era una alternativa que tenía ventajas económicas y desventajas políticas. Por un lado, permitía romper con la herencia del Proceso y su influencia en la vida boliviana, a la vez que eliminar una fuente de gasto en una etapa particularmente difícil para la gestión radical, hostigada económicamente por el problema de la deuda externa y la ausencia de un plan de estabilización. Pero, al mismo tiempo, la alternativa de terminar con las compras gasíferas a Bolivia tenía una enorme desventaja en términos político-ideológicos: no resultaba una decisión coherente ni con la tradición "latinoamericanista" del radicalismo, ni con la necesidad del gobierno argentino de estrechar lazos políticos y económicos con uno de los pocos regímenes democráticos que en ese momento tenía el Cono Sur.
    Finalmente, las compras de gas a Bolivia se mantuvieron. Así, en agosto de 1984 el canciller Caputo y su colega, Gustavo Hernández Saavedra, firmaron en Quito, Ecuador, un acuerdo por el cual la Argentina se comprometía a mantener el volumen de sus importaciones de gas boliviano, y Bolivia a no modificar el precio del producto (6). Finalmente, durante el viaje del presidente Alfonsín a Bolivia en septiembre, el primer mandatario argentino respaldó públicamente el proceso democrático boliviano y firmó con su colega Siles Suazo el Acta de Tarija, que incluía una serie de acuerdos como la implementación de un sistema de enlace por microondas entre las localidades de Yacuiba (Bolivia) y Campo Durán (Argentina); el establecimiento de centros de alerta hidrológicos en Tarija; la iniciación de estudios tendientes al aprovechamiento integral de los recursos hídricos del río Bermejo, y la asistencia financiera argentina en el proyecto hidroeléctrico y de regadío de San Jacinto (7).
    Tres años más tarde, el 29 de septiembre de 1987 los gobiernos argentino y boliviano suscribieron un memorándum de entendimiento por el cual se daba solución a los problemas pendientes en la relación bilateral. Para esa fecha, Bolivia adeudaba a la Argentina 600 millones de dólares en concepto de préstamos contraídos en su mayor parte durante la dictadura militar del general Luis García Meza -lo que hacía que el gobierno democrático boliviano la cuestionara en buena parte-. A su vez, la Argentina debía a Bolivia 80 millones de dólares por el gas comprado en 1985-1986, más las facturas del año 1987. Por el nuevo acuerdo Bolivia lograba una ampliación del plazo para el pago de su deuda a 25 años con 15 de gracia y un interés anual de 8%. En compensación, la Argentina lograba una rebaja en el precio del gas de 17,6%, con carácter retroactivo a enero de 1987. Ambos países acordaron también que para las futuras transacciones de gas se tomara en cuenta el grado calorífico y los costos del transporte. Respecto de la deuda argentina, las autoridades de Buenos Aires se comprometieron a pagar 117 millones de dólares antes del 31 de diciembre y el saldo restante en 10 cuotas mensuales. Los pagos debían hacerse 80% en divisas de libre convertibilidad -antes era 40%-, y el restante 20% debía depositarse en una cuenta a nombre del Banco Central de Bolivia en el Banco Central de la Argentina para la importación de productos argentinos (8).
   Cabe mencionar que las dificultades existentes con el gas no impidieron que en abril de 1987, el gobierno boliviano enviara dos comunicados al gobierno argentino, expresando su solidaridad y la de su pueblo frente a los sucesos de Semana Santa. Por el primero, el presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, expresaba "su esperanza de que la habilidad política de Alfonsín y el compromiso democrático del pueblo argentino logren sortear el difícil momento que afrontan". El otro comunicado estaba dirigido en términos semejantes al canciller Caputo por su colega boliviano Guillermo Bedregal (9).
    Los gobiernos de la Argentina y Bolivia firmaron en Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1987, otra serie de acuerdos: el Acta de Buenos Aires; el Acta de Entendimiento; el Acuerdo para el establecimiento de Comités de Frontera; el Acuerdo estableciendo el Fondo Especial de Desarrollo; y el Acuerdo para la supresión de visas diplomáticas y oficiales (10).

  1. "Expulsan a García Meza y a Arce Gómez del país", La Nación, 7 de febrero de 1984, p. 1; Mladen Yopo H., "Bolivia: democracia, inestabilidad interna y política exterior", op. cit., p. 185. Vale recordar que precisamente el general García Meza había protagonizado el golpe militar de julio de 1980, que, además de derrocar al gobierno provisional de Lidia Gueiler, había impedido al izquierdista Hernán Siles Suazo arribar a la presidencia de Bolivia. Asimismo, cabe aclarar que el golpe contó con la complicidad de los militares argentinos, así como también se registró la colaboración de los últimos en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar boliviano.

  2. Ver respecto de la reacción del Ejecutivo argentino ante el secuestro de Siles Suazo los editoriales "Enérgica condena de la Argentina", La Nación, 1º de julio de 1984, p. 1; y "La situación argentina en Bolivia", La Nación, 4 de julio de 1984, p. 12. En cuanto a la repercusión parlamentaria, cabe recordar que el 21 de junio de 1984 los senadores del bloque radical Adolfo Gass, Luis A. León, Ricardo Laferriere, Fernando de la Rúa y Antonio T. Berhongaray presentaron un proyecto de declaración en el que expresaban su "más decidido apoyo al pueblo y gobierno boliviano en su denodada lucha por el afianzamiento y la consolidación de sus instituciones democráticas contribuyendo así al proceso de democratización americana". Ver proyecto de declaración del senador Gass y otros, en apoyo al pueblo y gobierno bolivianos, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 10ª, Junio 21 de 1984, Tomo I, op. cit., p. 653. Asimismo, en las sesiones de la Cámara Baja correspondientes a los días 4 y 5 de julio de 1984, el diputado peronista Alberto Bonino presentó un proyecto de resolución repudiando el secuestro y cualquier otro intento golpista en Bolivia. Proyecto de resolución del diputado Bonino, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 13ª, Julio 4 y 5 de 1984, Tomo III, op. cit., pp. 1954-1955.

  3. Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 5; y el artículo de Mladen Yopo H., "Bolivia: democracia, inestabilidad interna y política exterior", en H. Muñoz (comp.), Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis, op. cit., p. 185.

  4. Declaraciones de voceros de YPFB en "Preocupa en Bolivia la mora argentina en el pago de gas", Clarín, 23 de julio de 1984, p. 12.

  5. Rogelio García Lupo, Diplomacia secreta y rendición incondicional, Buenos Aires, Legasa, 1983.

  6. Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 6.

  7. "Un gesto solidario" por Arnaldo Paganetti, y "El Acta de Tarija", en Clarín, 20 de septiembre de 1984, p. 2, y "Acuerdo de Alfonsín y Siles en defensa de la democracia", Clarín, 20 de septiembre de 1984, pp. 2-3.

  8. Memorándum de Entendimiento entre las Repúblicas de la Argentina y Bolivia, 29 de septiembre de 1987, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Tratados; "Se llegó a un acuerdo económico con Bolivia por el precio del gas", La Nación, 30 de octubre de 1987, p. 27; Mladen Yopo H., "Bolivia 1987: Una política exterior de sobrevivencia", en H. Muñoz (comp.), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: un balance de esperanzas, op. cit., p. 155.

  9. "Numerosos países de América y de Europa manifestaron su solidaridad", Clarín, 18 de abril de 1987, p. 16; Mladen Yopo H., "Bolivia 1987...", op. cit., p. 156.

  10. Textos de estos acuerdos en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Dirección Tratados.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

Ir a página anterior Home Ir a página siguiente

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.