|
|
Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Paraguay
Como en los casos de Chile y Uruguay, los vínculos entre la Argentina
y Paraguay estuvieron condicionados por la persistencia de un régimen militar en Paraguay
-el del general Alfredo Stroessner- que violó los derechos humanos y que, además, fue
"socio" de los militares argentinos en la Operación Cóndor. Por estas razones,
el gobierno de Alfonsín mantuvo estrechos contactos con los elementos opositores al
régimen paraguayo. Así lo demostraron las conversaciones del presidente radical con los
dirigentes del grupo Acuerdo Nacional Paraguayo, que tuvieron lugar en Buenos Aires en
marzo de 1984; y la visita a la Argentina en septiembre del mismo año de la titular de la
Comisión de Derechos Humanos de la República del Paraguay, Carmen Lara Castro, quien
expuso al presidente Alfonsín la situación de su país en lo tocante a ese tema (1).
Estos contactos de Alfonsín con elementos de la oposición paraguaya
provocaron protestas en la prensa oficialista paraguaya -que se quejó de las
"interferencias en los asuntos internos" por parte del gobierno radical (2)-, y
algunos conflictos aislados a nivel gubernamental –por ejemplo el cierre por tres
días de la frontera argentino-paraguaya por orden de las autoridades paraguayas el 30 de
septiembre de 1984-. El gobierno paraguayo justificó este cierre de fronteras tanto por
razones de seguridad -la necesidad de proteger al Paraguay de las acciones
desestabilizadoras de los grupos opositores a Stroessner desde territorio argentino-, como
por razones económicas -el trato discriminatorio por parte de la Argentina a los
productos frutihortícolas provenientes de Paraguay (3)-.
No obstante su simpatía por la democratización paraguaya, el gobierno
de Alfonsín procuró respaldar esta alternativa sin inmiscuirse demasiado en la política
interna del país vecino. Ello se debió al peso de dos factores: uno, los buenos lazos
económicos, comerciales y de cooperación ya existentes -la represa de Yacyretá (en
ejecución), los proyectos hidroeléctricos de Itacuá e Iacora Itati y la Comisión Mixta
de Coordinación Paraguayo-Argentina-; y dos, la necesidad de contrarrestar el
acercamiento a Brasil que la dictadura de Stroessner tenía en ese momento como objetivo
de su política exterior (4).
Así, en agosto de 1984, los ministros de Relaciones Exteriores y de
Obras Públicas de la Argentina, Dante Caputo y Roque Carranza, inspeccionaron junto con
el canciller de Paraguay, Carlos Saldívar, las obras de la represa hidroeléctrica
Yacyretá, ratificando la continuidad de las obras. A su vez, ese mismo mes, el delegado
argentino ante la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) comunicó la decisión del
gobierno radical de llevar adelante el proyecto de construcción de la central
hidroeléctrica argentino-paraguaya de Corpus (5) Asimismo, tras cinco años de
inactividad, en noviembre del mismo año se reanudaron las tareas de la Comisión Mixta de
Coordinación Argentino-Paraguaya, cuyo principal objetivo fue la búsqueda de soluciones
a los problemas de intercambio comercial que tenían lugar a través de las aduanas de
Puerto Falcón (Paraguay) y de Clorinda (Argentina) (6).
El 14 de marzo de 1985 el Ente Binacional Yacyretá adjudicó al
consorcio Allis Chalmers y Dominion Engineering la construcción, montaje y puesta en
funcionamiento de las veinte turbinas de dicha central hidroeléctrica. Días después, el
Eximbank otorgaba un préstamo de 400 millones de dólares destinado al mencionado Ente
Binacional para la construcción de la obra (7).
Con todo, los inconvenientes en la frontera continuaron, por lo cual se
creó a mediados de junio el Comité de Frontera Formosa-Alberdi, integrado en la capital
formoseña por el gobernador de dicha provincia, Floro Bogado; el ministro de Industria y
Comercio de Paraguay, Delfín Ugarte Centurión, y el embajador argentino en Paraguay,
Raúl Quijano (8).
También reaparecieron las diferencias ideológicas con el régimen
paraguayo, cuando el presidente Alfonsín, junto con su par colombiano, Virgilio Barco,
otorgó su apoyo en favor de tres asilados paraguayos en las embajadas de sus respectivos
países, Hermes y Miguel Abdón Saquier, del partido Liberal Radical Auténtico, quienes
acusaban al régimen militar paraguayo de Alfredo Stroessner de proteger el narcotráfico,
y el capitán Napoleón Ortigoza (9). Otro fuerte entredicho se suscitó a principios de
mayo de 1986, cuando las autoridades de Asunción decidieron alejar de su cargo al
embajador paraguayo en Buenos Aires, Luis González Arias, quien acusó a los diputados de
la Coordinadora radical de fomentar la subversión en territorio paraguayo, al apoyar
partidos de la oposición. Ante la reacción negativa que provocaron en las autoridades
argentinas las declaraciones de González Arias, la Cancillería paraguaya se apresuró a
comunicar al embajador argentino en Asunción, Raúl Quijano, que las declaraciones de
González Arias habían sido efectuadas a título personal y sin instrucción del gobierno
de Stroessner (10).
Por cierto, como señala Mladen Yopo, hubo una serie de factores que
limitaron en la práctica el compromiso del gobierno de Alfonsín con la oposición
paraguaya al régimen de Stroessner. Entre estos factores se debe mencionar la habilidosa
política bilateral de Stroessner, los buenos lazos en el ámbito económico-comercial, y
la doble necesidad del gobierno argentino, por un lado de mantener intactos ciertos
principios rectores de la política exterior, tales como la autodeterminación y la no
intervención, y, por otro, de no dejar que Brasil obtuviera en forma exclusiva los
beneficios de la relación económica con Paraguay. En este contexto de mutuas necesidades
se inscribió la firma, a mediados de 1987, del contrato de turbinas para el complejo
hidroeléctrico binacional de Yacyretá y, a mediados de 1988, la del convenio de
interconexión eléctrica entre el titular de la Secretaría de Energía de la Argentina,
Jorge Lapeña, y el titular de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay
(ANDE), Enzo Debernardi, con el fin de paliar el déficit energético de la región
mesopotámica argentina a través de la interconexión eléctrica (11).
El problema de Itaipú adquirió gravedad en octubre de 1988 ante la
decisión de los gobiernos paraguayo y brasileño de cerrar las compuertas de la represa
hidroeléctrica, paso que provocó las quejas de los diputados peronistas Héctor Dalmau,
Miguel Angel Alterach y Ramón Puerta, quienes responsabilizaron al gobierno por su
actitud indiferente ante esta medida, que afectaba la navegación del río Paraná y la
fauna ictícola de Misiones, Chaco y Formosa. Asimismo, también presentaron sus
respectivas notas de protesta a la Cancillería argentina la Cámara de Armadores
Fluviales de Navegación y Empuje y el Comité de Buques Tanques, exhortando a las
autoridades del Palacio San Martín a que presentaran una protesta ante Itamaraty (12).
No obstante la existencia de dificultades como la de Itaipú, sumadas a
las reservas que el canciller Caputo tenía respecto del nuevo gobierno del general
Andrés Rodríguez -surgido del golpe militar del 7 de febrero de 1989 que derrocara al
régimen de Alfredo Stroessner-, el gobierno de Alfonsín, aquejado por muchas
dificultades internas, decidió reconocer a la nueva gestión a cambio de dos requisitos:
la extradición de los matrimonios Miara y Werlhy -un pesado lastre de la etapa del
Proceso militar- y la firma del acuerdo de automotores para poner fin a los automóviles
"mau" de procedencia argentina -los robados y puestos nuevamente en circulación
en Asunción (13)-.
NOTAS
Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.
 |
 |
 |
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.
