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Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Uruguay
Como ocurriera en el caso de Chile y Paraguay, la presencia de un
régimen no democrático en Uruguay produjo roces en el ámbito político de las
relaciones bilaterales. Así, la recepción que en Buenos Aires tuvo el dirigente del
Partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate, en abril de 1984, generó las quejas del
gobierno uruguayo a las autoridades argentinas. Estas quejas fueron transmitidas a fines
de ese mes de abril por el propio presidente oriental, Gregorio Alvarez, al embajador
argentino, Carlos Perette, durante el acto de presentación de credenciales del último
(1).
Por cierto, a la recepción que tuvo el líder del Partido Blanco
Ferreira Aldunate debe agregarse la creciente presión de los legisladores argentinos en
favor de la democratización del proceso político interno uruguayo. Así, el 1º de
febrero de 1984, los senadores de la bancada oficialista Antonio O. Nápoli, Faustino
Mazzucco, Humberto Sigal y Luis Brasesco enviaron a la Cámara Alta un proyecto de
comunicación dirigido al Ejecutivo para que éste "solicitara fraternalmente"
al gobierno uruguayo "la libertad de todos los presos políticos", y ofreciera y
concediera "conforme a la tradición internacional de nuestro país" el asilo
territorial a todos los perseguidos políticos por el régimen militar oriental (2).
Asimismo, en la sesión de la Cámara de Diputados del 9 de mayo de
dicho año, se presentaron los proyectos de declaración del diputado del PJ Miguel
Unamuno, sobre solidaridad con los presos políticos y sociales de la República Oriental
del Uruguay, eliminación de la proscripción del líder del Partido Blanco Wilson
Ferreira Aldunate y declaración de una amnistía amplia; y del diputado del PI Raúl
Octavio Rabanaque, sobre restitución al ex senador de la República Oriental del Uruguay,
Enrique René Erro, de los derechos que emanan del asilo político (3). Asimismo, el 31 de
mayo, los mencionados diputados Rabanaque y Unamuno enviaron sendos proyectos de
declaración, reclamando en el primer caso la libertad de los presos políticos, el
retorno de los exiliados uruguayos a territorio oriental y el cese de las proscripciones,
y en el segundo, exhortando al Ejecutivo a que iniciara gestiones a través de su
embajador en Montevideo para liberar a los detenidos políticos argentinos en territorio
uruguayo (4).
Durante el resto del año 1984 tuvieron lugar nuevas manifestaciones de
presión de los legisladores argentinos sobre el régimen uruguayo. A mediados de junio,
una delegación integrada por los diputados radicales Federico Storani, Guillermo Sarquis,
Carlos González Pastor y Bernardo Salduna, y los peronistas Adam Pedrini, Miguel Unamuno,
Héctor Maya, Roberto García, Juan Minichillo y Luis Casale, reclamó ante las
autoridades orientales la libertad del proscripto líder del Partido Blanco Ferreira
Aldunate, detenido luego de regresar a su país. En las sesiones correspondientes a los
días 28 y 29 de ese mes, el diputado del PJ Alberto Bonino y el intransigente Raúl
Rabanaque enviaron a la Cámara Baja sendos proyectos de resolución en los que se
solicitaba que el Ejecutivo intercediera ante las autoridades uruguayas por la libertad de
Ferreira Aldunate (5).
Poco después, el embajador itinerante de la Argentina, Hipólito
Solari Yrigoyen, se sumó al ex presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, para
incorporarse al grupo de abogados encargados de la defensa de Ferreira Aldunate. Por
cierto, estos gestos del gobierno radical, de compromiso con la oposición democrática
uruguaya, procuraron marcar las diferencias ideológicas y éticas de la gestión radical
con el Proceso militar argentino, que había actuado mancomunadamente con los militares
uruguayos en el marco de la Operación Cóndor de represión antisubversiva (6).
No obstante estos incidentes en el nivel político bilateral, el
gobierno uruguayo ratificó en dos ocasiones durante el año 1984 -una en enero y otra en
el mes de julio- su decisión de apoyar el reclamo de derechos soberanos de la Argentina
en la cuestión de las islas Malvinas (7).
El encuentro entre el presidente Alfonsín y el presidente electo del
Uruguay, Julio María Sanguinetti, en febrero de 1985, dejó como saldo la Declaración de
Buenos Aires, suscripta el 12 de dicho mes. Esta expresaba la intención de ambos de
acelerar la integración bilateral en todas las áreas, y, en particular, de agilizar la
aplicación del Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) aprobado en
1974, a fin de promover el crecimiento equilibrado del comercio entre ambos países (8).
En mayo de 1985, los presidentes Alfonsín y Sanguinetti se reunieron
en la ciudad oriental de Colonia. Aquí firmaron la Declaración de Colonia sobre
Integración Económica y Social, que manifestaba la decisión de fortalecer la
integración y reafirmaba la vigencia del CAUCE como instrumento para alcanzarla.
Disponía también la creación de un Consejo Ministerial de Coordinación y Consulta,
como mecanismo político destinado a estimular los esfuerzos de la ansiada integración
bilateral (9).
Simultáneamente, Alfonsín y Sanguinetti firmaron el Acta de Colonia,
donde se planteaban los objetivos generales de la integración bilateral, los cuales
excedían el ámbito estrictamente comercial. Así, en dicho documento se establecían una
serie de medidas para avanzar en materia de integración económica, integración física
y complementación agropecuaria. Respecto de la primera, se estableció como objetivo la
intensificación del intercambio bilateral a través del fortalecimiento del Acuerdo de
Complementación Nº 1. En función de este objetivo, los gobiernos argentino y uruguayo
convinieron en liberalizar gravámenes y restricciones arancelarias, y se prometieron
mutuamente facilitar el comercio recíproco en situaciones de desabastecimiento coyuntural
en alguno de los dos países. Asimismo, cabe subrayar que el Acta de Colonia establecía
la necesidad de implementar mecanismos de equilibrio dinámico en la balanza comercial. En
caso de producirse desequilibrios, se decidió que éstos se compensaran con la
adquisición de bienes de capital o bienes esenciales (alimentos, petróleo) que poseyeran
calidad y precios internacionales.
Respecto de la integración física, ambos mandatarios decidieron
adoptar políticas conjuntas tendientes a aumentar la eficiencia económica y operativa de
los puertos del área y sus redes de transporte vial, ferroviario, fluvial y aéreo.
También convinieron en la realización de estudios conjuntos para mejorar el uso de la
infraestructura existente y evaluar el grado de factibilidad de realización de obras
nuevas. Asimismo, ambas partes destacaron la necesidad de simplificar y armonizar normas y
procedimientos técnicos y administrativos para el transporte de carga y pasajeros. Por
último, en cuanto a la complementación agropecuaria entre ambos países, las partes
decidieron implementar programas relacionados con el control sanitario, la investigación
y capacitación conjuntas, el intercambio de tecnología y el fortalecimiento de
instituciones y cooperativas. También los presidentes argentino y uruguayo acordaron en
este ámbito impulsar la vigencia del intercambio comercial previsto en el Acuerdo de
Alcance Parcial Nº 1, así como analizar la ampliación de la lista de productos
incluidos en dicho acuerdo (10).
Precisamente como consecuencia de lo acordado en el Acta de Colonia,
los ministros de Agricultura y Ganadería de la Argentina y Uruguay firmaron en
Montevideo, en agosto de 1985, el Acta de Implementación del Programa de Cooperación
Argentina-Uruguay en el Area Agropecuaria, que contemplaba la cooperación bilateral en la
generación y difusión de tecnología, la capacitación de recursos humanos y el
fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias de ambos países, así como la
coordinación de las políticas de comercialización de productos e insumos del sector
(11).
El acuerdo con la Argentina fue bien recibido por los líderes del
Partido Colorado uruguayo, quienes sostuvieron que representaba una contribución para
aminorar el problema de la deuda externa uruguaya. No ocurrió lo mismo con los
representantes de la oposición -entre ellos Ferreira Aldunate, los cuales objetaron el
peligro de que la economía argentina terminara por "absorber" a la uruguaya,
entre otros factores, por la diferencia de tamaño entre ambos mercados (12).
En el ámbito político de la relación bilateral debe mencionarse el
respaldo a la reivindicación argentina por las islas Malvinas otorgado por el canciller
uruguayo, Enrique Iglesias, durante el encuentro de Alfonsín y Sanguinetti en Colonia, y
por el propio Sanguinetti durante su intervención en la 40ª Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 1985 (13).
El proceso de integración bilateral tuvo otro avance el 13 diciembre
de 1985, fecha en que los cancilleres, Dante Caputo y Enrique Iglesias, dejaron
constituida en Buenos Aires la comisión binacional para el estudio de factibilidad del
puente Buenos Aires-Colonia, reafirmando la voluntad de ambos gobiernos de consolidar la
integración física entre los dos países (14).
El 22 febrero de 1986 tuvo lugar la visita del presidente Sanguinetti a
la Argentina, en el transcurso de la cual firmó con su colega Alfonsín dos declaraciones
conjuntas, una condenando el proteccionismo y las prácticas comerciales desleales, y otra
sobre la emergencia alimentaria en América Latina. También se suscribió un documento
sobre la integración argentino-uruguaya (15).
Por cierto, junto con los mencionados avances en el proceso de
integración bilateral, no podemos dejar de lado los concretados en el ámbito de las
relaciones tripartitas entre Uruguay, Argentina y Brasil. Un primer paso importante en
este sentido fue dado por el gobierno argentino el 29 de julio de 1986, cuando el
presidente Sanguinetti fue invitado a Buenos Aires para presenciar la firma de los
acuerdos argentino-brasileños y analizar el modo de inserción del Uruguay en el esquema
de integración. El encuentro tripartito culminó con la firma de un comunicado conjunto
que, entre otras cosas, expresaba el decidido respaldo uruguayo a la iniciativa de
"fundamental trascendencia para el futuro de la subregión y del proceso de
integración del conjunto de América Latina". Otro párrafo del comunicado dejaba
constancia de que los presidentes Alfonsín y Sarney
invitaron al Presidente de Uruguay a analizar conjuntamente los procedimientos que permitan a ese país asociarse a este proceso especialmente en los acuerdos de cooperación e integración económicas que Uruguay ya ha suscrito con ambos países de manera bilateral (16).
Tras este encuentro de Buenos Aires, se sucedieron nuevos encuentros
tripartitos: en el mes de diciembre en Brasilia; en mayo de 1987 durante la visita del
presidente Alfonsín a Montevideo (17); y en febrero de 1988, en la ciudad oriental de
Colonia (18).
En marzo de 1988 comenzaron a negociarse los términos concretos del
ingreso uruguayo al proceso de integración, paso que se concretó en abril siguiente,
durante el encuentro presidencial tripartito que tuvo lugar en Brasilia. En dicha
ocasión, los mandatarios de la Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Acta de Alborada,
que afirmaba que el proceso de incorporación uruguaya debería regirse "por los
principios de gradualismo, flexibilidad y equilibrio". Como puntapié inicial de la
participación uruguaya, los representantes de los tres gobiernos acordaron elegir el
sector del transporte terrestre "como el más adecuado para iniciar este proceso de
integración tripartita". De acuerdo con la opinión de los negociadores uruguayos,
éste era el rubro donde se podían obtener resultados concretos a corto plazo. Asimismo,
en la citada Acta, los presidentes de los tres países resolvieron crear un grupo de
negociación para analizar y gestionar los diversos aspectos relacionados con el sector de
transporte terrestre en un plazo de 120 días (19).
Finalmente, el grupo de negociación logró confeccionar un borrador
del acuerdo-marco tripartito sobre el transporte para agosto de 1988. Según el texto de
dicho borrador, el acuerdo-marco tenía por objetivos la liberalización de las normas
hasta entonces vigentes en materia de tránsito de personas y bienes; la participación de
las flotas de uno de los países en el tráfico de mercaderías entre los dos restantes; y
la instrumentación de un esquema de depósitos fiscales conducente a facilitar la tarea
aduanera por medio de la desregulación de los acarreos comerciales y el incremento del
nivel de eficiencia en las tareas de fiscalización (20).
Junto a estos pasos acordados en materia de cooperación tripartita de
Uruguay con la Argentina y Brasil en clave económica, también debemos mencionar que hubo
algunos avances en el terreno de la cooperación política entre los tres vecinos del Cono
Sur. Un ejemplo fue el acta de entendimiento firmada a fines de abril de 1988 por los
ministros del Interior de la Argentina y Uruguay, Enrique Nosiglia y Antonio Marchesani, y
el ministro de Justicia de Brasil, Paulo Brossard, con el objetivo de "coordinar las
tareas de represión y prevención" policial del narcotráfico (21).
Asimismo, cabe destacar un nuevo respaldo uruguayo a la reivindicación
argentina por la soberanía de las islas Malvinas. Dicho apoyo se hizo explícito en mayo
de 1988, en ocasión de la visita del vicecanciller británico, Timothy Eggar, a
Montevideo, oportunidad en la que el canciller uruguayo, Luis Barrios Tassano, reiteró la
disposición de su gobierno para ser sede de conversaciones directas o indirectas entre
argentinos y británicos, y expresó su "esperanza de que haya un cambio en la
posición británica (22)".
También fue relevante la firma el 18 de junio de 1988, por parte de
los cancilleres argentino y uruguayo, Dante Caputo y Luis Barrios Tassano, de un protocolo
para el establecimiento del único límite terrestre entre ambas naciones, ubicado entre
las islas Martín García y Timoteo Rodríguez, en el Río de la Plata. En esta ocasión
también se trataron otros temas de la agenda bilateral, tales como un eventual acuerdo
pesquero y la posibilidad de que Montevideo fuera puerto de salida para productos
argentinos (23). En ese mismo mes de junio, ambos gobiernos decidieron instrumentar un
plan de integración y complementación regional en el área de informática, con el
objetivo de crear una red común de bancos de datos (24).
A fines de noviembre de 1988, y con motivo de la firma del Tratado de
Integración, Cooperación y Desarrollo entre la Argentina y Brasil en Buenos Aires, se
produjo un nuevo encuentro entre los presidentes de estos dos países y el de Uruguay.
Como fruto de este encuentro tripartito se suscribieron dos documentos: uno, referido a
una eventual participación uruguaya en una zona de libre comercio a instrumentarse en un
plazo de diez años; y el otro, referente a la unificación de seguros y normas referentes
al transporte terrestre de los tres países (25).
Finalmente, en marzo de 1989 se destacó la negativa uruguaya a que el
carguero británico "Indiana I", que llevaba mercaderías destinadas a las islas
Malvinas, recalara en el puerto de Montevideo, gesto que el canciller Caputo señaló como
un ejemplo de la solidaridad latinoamericana con la posición de la Argentina, en el
conflicto que ésta mantenía con Gran Bretaña por dichas islas (26).
NOTAS
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