La participación argentina en los organismos multilaterales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Desde un primer momento la diplomacia radical dio prioridad al ámbito
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para explicitar su posición en diversos
temas. Así, el canciller Caputo, en su discurso pronunciado el 27 de febrero de 1984 ante
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, hizo un pormenorizado análisis de
las medidas adoptadas por su gobierno en materia de derechos humanos, y destacó la
necesidad de "una acción mancomunada para garantizar esos derechos, no sólo en su
suelo sino también dondequiera sean menoscabados (1)".
Asimismo, al día siguiente, Caputo pronunció ante la Comisión de
Desarme de la ONU un discurso fuertemente crítico hacia las potencias nucleares, y
anunció la intención del gobierno argentino de promover una acción concertada en esta
materia, la que tiempo después se concretaría en la conformación del llamado Grupo de
los Seis, constituido por Argentina, Grecia, India, México, Suecia y Tanzania (2).
Por cierto, el gobierno radical llevó adelante una activa diplomacia
para mantener el apoyo en la ONU para su posición en el conflicto con Gran Bretaña por
las islas Malvinas. Tuvo éxito en su estrategia, pero el respaldo recibido no consiguió
modificar la posición del gobierno británico en la cuestión. El 5 de noviembre de 1982,
la Argentina había obtenido una victoria diplomática en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), al lograr que la Asamblea General aprobara una resolución que llamaba a la
reanudación de las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas con Gran
Bretaña. La resolución fue aprobada con el voto favorable de Estados Unidos. La misma
tomaba en cuenta la existencia de un cese de hostilidades de facto en el Atlántico Sur, y
la intención explícita de ambas partes de no renovarlas (3).
Al año siguiente, el 16 de noviembre de 1983 la 38ª Asamblea General
de la ONU aprobó una nueva resolución reiterando su petición a los gobiernos de la
Argentina y del Reino Unido de que "reanuden las negociaciones a fin de encontrar a
la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la
cuestión de las Islas Malvinas (Falkland) (4)". Una resolución semejante fue
aprobada el 1º de noviembre de 1984 en la 39ª Asamblea General de la ONU (5).
Por otra parte, el 2 de julio de 1984, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Pesca Mundial celebrada en Roma, el subsecretario de Recursos
Marinos, Héctor Traverso, denunció que la zona de exclusión dispuesta por Gran Bretaña
en las Malvinas representaba "un atentado contra la preservación y conservación de
las especies ictícolas". El funcionario señaló que la actitud británica
constituía una actitud "ilegal e injusta" contra el desarrollo argentino (6).
Poco después, el 20 de agosto de 1984, el Comité de Descolonización
de la ONU aprobó, por 20 votos a favor y 4 abstenciones, una resolución presentada por
Chile, Cuba y Venezuela que señalaba que "la manera de poner fin a la especial y
particular situación colonial en la cuestión de las islas Malvinas (Falkland)" era
"la solución pacífica de la disputa de soberanía" que continuaba entre los
dos países (7).
En 1985 el gobierno radical adoptó una nueva estrategia diplomática
en la ONU, para tratar de sumar apoyos a su posición en el conflicto por las Malvinas con
Gran Bretaña. Durante la 40ª Asamblea General en noviembre de 1985, la Argentina
presentó una iniciativa -patrocinada por Argelia, Brasil, Ghana, India, México, Uruguay
y Yugoslavia-, en la que se instaba a que la Argentina y Gran Bretaña reanudaran
conversaciones diplomáticas por las Malvinas, pero omitiendo la mención del tema de la
soberanía respecto de las islas. Esta estrategia, distinta a la que la diplomacia
argentina venía siguiendo desde 1982, apuntaba a tres objetivos: negociar sobre todos los
aspectos que hacían al futuro de las islas; contar con el respaldo no sólo de los
países latinoamericanos, sino también de los países ubicados fuera de la región
-miembros de No Alineados- e incluso de Europa Occidental, quebrando de este modo la
solidaridad de los países de la CEE con Gran Bretaña; y finalmente, garantizar la
permanencia de la cuestión de Malvinas en la ONU. Gran Bretaña intentó frenar la
iniciativa argentina presentado sin éxito una enmienda al proyecto de resolución que
hacía referencia al principio de autodeterminación (8).
Finalmente, el 27 de noviembre la Asamblea General aprobó el proyecto
argentino por 107 votos a favor, 4 en contra (Gran Bretaña, Belice, Omán e Islas
Salomón) y 41 abstenciones (9). La aprobación de la resolución sin enmienda alguna fue
considerada por las autoridades del Palacio San Martín como un triunfo argentino, ya que
de los países de la CEE sólo Alemania Federal mantuvo su posición abstencionista, y
sólo Gran Bretaña se opuso. Incluso la diplomacia radical obtuvo el respaldo de miembros
del Commonwealth como Canadá y Australia (10).
No obstante, un claro indicio de la poca efectividad que tuvo el
intento de la diplomacia argentina por flexibilizar la posición británica a través de
la ONU fueron las declaraciones de la primera ministra británica, Margaret Thatcher,
quien reiteró el 14 de mayo de 1986 ante el propio secretario general de la Organización,
Javier Pérez de Cuéllar, que su gobierno no negociaría la cuestión de la soberanía en
Malvinas. Estas declaraciones de Thatcher se dieron en el transcurso de una entrevista
entre ésta y el secretario de la ONU, en un intento de Pérez de Cuéllar por destrabar
el conflicto por Malvinas -gestión que precisamente le había solicitado el presidente
Alfonsín el mes anterior, durante la visita del titular de Naciones Unidas a la Argentina
(11)-.
Al año siguiente, en la 41ª Asamblea General de la ONU, se adoptaron
dos resoluciones favorables a la Argentina -que como las anteriores no cambiaron la
posición británica-. La primera tuvo lugar el 27 de octubre de 1986, fecha en la que se
aprobó la resolución A / XLI-11, por 124 votos a favor, 1 en contra (Estados Unidos), y
8 abstenciones (Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Portugal y
República Federal Alemana). Dicha resolución, basada originalmente en un proyecto de
Brasil, copatrocinado por la Argentina, Angola, Cabo Verde, Congo, Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Liberia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Santa Lucía y Uruguay, disponía
la creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, con el objetivo de
prevenir la militarización de la región y mantenerla fuera del conflicto de las
superpotencias (12).
La segunda resolución fue aprobada el 25 de noviembre de 1986, poco
después de la decisión de Gran Bretaña, tomada el 29 de octubre de ese año, de
establecer una zona de exclusión pesquera alrededor de las islas (13). Dicha resolución,
que respaldaba la posición argentina en la cuestión de Malvinas, obtuvo una votación
ampliamente favorable: 116 votos a favor, 4 en contra y 34 abstenciones. Entre los países
que votaron a favor, figuraron varios que cambiaron su posición respecto de reuniones
anteriores, por ejemplo Holanda se sumaba por primera vez a sus socios comunitarios
europeos -Francia, Italia, Grecia y España- en el apoyo a la posición argentina. Además
se sumaron votos de países tradicionalmente vinculados con Gran Bretaña, como Bahamas,
Bangla Desh, Papúa-Nueva Guinea y Sierra Leona. El proyecto de resolución, auspiciado
por Argelia, Brasil, Ghana, México, Perú, Uruguay y Yugoslavia, reiteraba
su pedido a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de que inicien negociaciones con miras a encontrar los medios de resolver pacífica y definitivamente los problemas pendientes entre los dos países, incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las islas Malvinas (Falkland), de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (14).
El tema de Malvinas fue nuevamente tratado en la 42ª Asamblea General
de la ONU. El 17 de noviembre de 1987 se adoptó una resolución favorable a la Argentina
prácticamente igual a la del año anterior, por 114 votos a favor, 5 en contra y 36
abstenciones (15).
No obstante la esterilidad de esta ofensiva diplomática argentina en
la ONU en cuanto a lograr algún cambio en la posición del gobierno británico, este foro
siguió siendo uno de los campos de batalla privilegiados por la diplomacia radical en la
cuestión Malvinas. Así, cuando en marzo de 1988 Gran Bretaña puso en marcha el
operativo militar "Fire Focus" en el Atlántico Sur, el canciller Caputo tuvo
contactos con el secretario de la organización Pérez de Cuéllar, con el objetivo de que
el último solicitara a Londres la interrupción de las maniobras. El 12 del mismo mes, y
por primera vez desde la guerra de 1982, el gobierno argentino decidió solicitar la
convocatoria del Consejo de Seguridad del organismo para tratar el tema. El 17, el
canciller Caputo denunció "la situación generada en el Atlántico Sur como
consecuencia de la decisión del gobierno británico de realizar maniobras militares en
las islas Malvinas (16)".
Frente a la denuncia argentina, el representante británico, Crispin
Tickell, justificó los ejercicios militares británicos en el Atlántico Sur, señalando
que "son exclusivamente defensivos". Recordando el episodio bélico de 1982, la
intervención de Tickell destacó dos puntos: a) que su país estaba dispuesto a evitar
"que se produzca una nueva catástrofe", y b) que lo que la diplomacia argentina
llamaba negociaciones para resolver la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas no
eran más que "una exigencia mal disfrazada" de recuperación de dicha
soberanía, lo que resultaba "inaceptable para el pueblo de las islas (17)".
Finalmente, ese mismo día 17 la opinión mayoritaria del Consejo repudió -con la obvia
excepción del representante del Reino Unido- las maniobras militares británicas,
apoyando la reivindicación argentina los países del grupo latinoamericano y algunos del
grupo de No Alineados, mientras que los representantes de los países de la Comunidad
Europea, Japón y Estados Unidos adoptaron, con diversos matices, posiciones más
moderadas que los anteriores y en pro de la iniciación de negociaciones bilaterales (18).
Otra vez, en noviembre de 1988, la 43ª Asamblea General de la ONU
aprobó una resolución favorable a la posición argentina, semejante a las anteriores.
Esta obtuvo 109 votos a favor, 5 en contra y 37 abstenciones, siendo unánime el respaldo
de los países latinoamericanos. El representante británico, Crispin Tickell, la
rechazó, señalando que su texto incluía de hecho las negociaciones sobre la soberanía
de las islas Malvinas (19).
Junto con la cuestión de Malvinas, la ONU también trató la actitud a
adoptar frente a la situación de los derechos humanos en Cuba. Lo hizo en dos ocasiones
en Ginebra, en marzo de 1987 y marzo de 1988. En ambos casos, la moción norteamericana,
que establecía la condena al régimen cubano, no prosperó por la posición renuente de
la Argentina y otros miembros latinoamericanos de la Comisión de Derechos Humanos del
organismo multilateral (20).
Por último, el 20 de diciembre de 1988 se suscribió en la ONU la
Convención de Viena contra el Tráfico ilícito en narcóticos y sustancias
sicotrópicas. La Argentina participó de su firma, ratificándola el 28 de junio de 1993
(21).
NOTAS
Discurso pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dante Caputo, ante la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 27 de febrero de 1984, en Discursos del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto Dr. Dante Mario Caputo (diciembre 1983-diciembre 1986), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987, pp. 13-17.
están muy desilusionados de que cada año Argentina tratara de tornar el debate en una disputa bilateral entre ellos y el Reino Unido, en una disputa que involucra no a gente sino al territorio. Ellos se concentran exclusivamente en el territorio que arguyen es de ellos. Van aún más allá, y argumentan que su reclamo al territorio suplanta nuestro derecho a la autodeterminación y que la autodeterminación, convenientemente, no es aplicable a este caso.
Falkland Islands Newsletter, noviembre de 1986, p. 2, cit. en el informe de Lara Manóvil.
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