La participación argentina en los organismos multilaterales
La Organización de Estados Americanos (OEA)
Como ocurriera en el caso de la ONU, la Organización de Estados
Americanos (OEA) fue un foro intensamente utilizado por la diplomacia argentina para sumar
votos favorables de la región en temas "sensibles" a los intereses argentinos
-particularmente la cuestión de las Malvinas-. Por ejemplo, en la XV Asamblea General de
la OEA, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, a principios de diciembre de 1985, 17
países -Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras,
México, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y
Venezuela- presentaron y aprobaron en forma unánime un proyecto de resolución que
instaba a respetar las resoluciones de la ONU, de acuerdo con las cuales la Argentina y
Gran Bretaña debían negociar en forma pacífica su disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas (1). No obstante, la efectividad de dicha resolución fue prácticamente nula,
dado que no modificó la postura británica, a pesar de lo que en ese momento sostuvo el
canciller Caputo (2).
La XV Asamblea General de la OEA demostró además la falta de consenso
en temas de relevancia que concernían al continente. Este problema se puso de manifiesto
cuando se resolvió la aprobación de lo actuado por el Grupo de Contadora en relación
con la crisis centroamericana. Sin embargo, el visto bueno del organismo panamericano no
incluyó ninguna resolución que permitiera condenar el embargo comercial impuesto por
Estados Unidos a Nicaragua, o que convalidara la decisión del propio Grupo de Contadora
de suspenderlo durante 6 meses. Asimismo, en el caso de un proyecto de resolución
presentado por Uruguay y México, que exigía el retorno a la democracia en Chile, el
gobierno del último logró convencer a varios de los miembros del organismo de que no lo
apoyaran, frustrando así su aprobación. Esta XV Asamblea General de la OEA culminó el 9
de diciembre de 1985 con la aprobación de una resolución de condenaba el terrorismo y
fijaba criterios generales de coordinación regional. No obstante, aplazaba la condena de
la tortura como crimen para el derecho internacional (3).
La XVI Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala, en noviembre de
1986, respaldó el comunicado del gobierno argentino, que sostenía que la "zona de
exclusión" decretada por Gran Bretaña alrededor de las Malvinas constituía una
"amenaza cierta" a la paz. La resolución, aprobada por consenso de sus 31
miembros, instaba a la Argentina y Gran Bretaña a negociar, criticaba la decisión
británica en tanto generaba un elemento adicional de tensión en el diferendo, y
subrayaba la necesidad de evitar acciones que -como esta medida británica- agravaran el
problema existente en el Atlántico Sur. Las autoridades británicas rechazaron la
resolución de la OEA, limitándose a declarar que las potencias pesqueras tendrían que
habituarse a las nuevas disposiciones de Londres (4).
Un nuevo respaldo de la OEA a la Argentina en la cuestión de Malvinas
tuvo lugar en Río de Janeiro el 4 de febrero de 1987, cuando una resolución del Comité
Jurídico Interamericano, el órgano consultivo del organismo panamericano, ratificó que
"la Argentina tiene inobjetable soberanía sobre las islas Malvinas", y
calificó como "un acto atentatorio no sólo contra el derecho sino también contra
la paz y la seguridad internacionales" la decisión británica de establecer una zona
de exclusión pesquera en aguas ubicadas alrededor del archipiélago (5).
La OEA no limitó su respaldo a la posición argentina en la cuestión
de Malvinas, sino que también se pronunció a favor de la continuidad democrática frente
a la crisis militar de Semana Santa que estalló en abril de 1987. Así, el 22 de dicho
mes, Venezuela presentó ante el foro multilateral una iniciativa para tratar la crisis
militar argentina, moción que fue respaldada por los representantes de Bolivia, Brasil,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Trinidad -Tobago. Finalmente, el Consejo Permanente de la OEA proclamó ese mismo día 22
"su más firme y categórico respaldo al presidente Raúl Alfonsín", por sus
esfuerzos destinados a preservar "el alto destino democrático" de la Argentina.
Esta resolución del Consejo fue aprobada por aclamación, aunque los representantes de
Chile y Paraguay presentaron reservas legales a la misma (6).
El 1º de marzo de 1988, tuvo lugar en Washington una Reunión
Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por la Argentina para analizar
la gravedad y posibles consecuencias de las maniobras militares que Gran Bretaña tenía
programado realizar días después en el Atlántico Sur, conocidas con el nombre de
"Fire Focus (7)". Luego de analizar el caso, el Consejo aprobó por 25 votos a
favor, ninguno en contra y la abstención de Estados Unidos y Santa Lucía una resolución
-copatrocinada por la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela,
Costa Rica y República Dominicana- que incluía 4 puntos: 1) exhortación a Gran Bretaña
y la Argentina para entablar negociaciones para resolver lo que el documento define como
"una disputa de soberanía"; 2) preocupación "por el aumento de tensión
en el Atlántico Sur", como consecuencia de los ejercicios militares programados por
Gran Bretaña entre el 7 y el 31 de marzo de 1988; 3) "esperanza" de que Londres
reconsiderara la decisión de maniobrar en el Atlántico Sur; y 4) transmisión de la
resolución a la ONU (8).
NOTAS
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