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La participación argentina en los organismos multilaterales
El Grupo de Cartagena
Durante la primera etapa del gobierno de Alfonsín, la diplomacia
argentina intentó activar una serie de mecanismos de concertación política multilateral
para hallar una solución al problema de la deuda externa. Los más destacados en este
sentido tuvieron lugar durante el año 1984, que registró la participación argentina en
la Conferencia de Quito (enero), la declaración conjunta efectuada con Brasil, México y
Colombia (mayo), la Reunión de Cartagena (junio), y la Segunda Reunión del Grupo de
Cartagena en Mar del Plata (septiembre).
A iniciativa del presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, principios de
enero de 1984 tuvo lugar la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) en la ciudad de
Quito, que contó con la presencia de presidentes, cancilleres y delegados de 28 países
de la región (1). En dicho foro, la diplomacia radical expuso su enfoque político
respecto de la cuestión de la deuda, denunció todas las formas de intervencionismo y
enarboló su tradicional posición latinoamericanista en favor de la integración. El
canciller argentino, Dante Caputo, pronunció un discurso que criticó duramente las
recetas recesivas adoptadas por los países desarrollados y los organismos de créditos, e
instó a la integración latinoamericana como una salida al problema de la deuda:
(...) La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir fuera de esta trampa. (...) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de América Latina y del Caribe (2).
El 13 de enero, la CELA dio a luz la Declaración de Quito, documento en el que los países de América Latina y el Caribe advirtieron a los países desarrollados que no podrían garantizar el pago de la deuda externa -en ese momento de unos 320.000 millones de dólares- si los acreedores no adoptaban
(...) criterios flexibles y realistas para la renegociación de la deuda, incluyendo plazos, períodos de gracias y tasas de interés compatibles con la recuperación del crecimiento económico. Sólo de esta forma podrá garantizarse la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda (...).
Asimismo, la Declaración de Quito hacía un "llamado formal" a los dirigentes de los países industrializados sobre
(...) la gravedad de la situación económica de la región, su alto costo social y la necesidad de participar urgentemente en medidas que permitan enfrentar la crisis, directamente a través de sus gobiernos y de los organismos internacionales (3).
El segundo intento de la diplomacia radical por activar los mecanismos
multilaterales de concertación en la cuestión de la deuda tuvo lugar el 19 de mayo de
1984, fecha en que el gobierno de la Argentina promovió, en forma conjunta con Brasil,
Colombia y México, la convocatoria a una reunión de cancilleres y ministros de Economía
de los países más endeudados, con el objeto de adoptar medidas concretas que apuntaran a
obtener cambios en la política financiera y comercial internacional favorables a los
intereses de estos países (4). Dicha convocatoria contó con el respaldo de la Cámara de
Diputados argentina (5).
Asimismo, a principios de junio el presidente Alfonsín propuso a los
países anteriormente mencionados, a los que se sumaron Ecuador, Perú y Venezuela, la
redacción de un documento conjunto que fue elevado a la reunión del Grupo de los Siete
(constituido por los siete países más industrializados de Occidente) celebrada en
Londres (6). En el mismo, los países endeudados de la región solicitaban a los
acreedores la concreción de un diálogo constructivo entre las partes destinado a
identificar medios que pudiesen aliviar la carga de la deuda. El documento conjunto
firmado por los países latinoamericanos partía del argumento de que la gravedad del
endeudamiento externo impedía su resolución por los caminos "ortodoxos"
propugnados por los bancos y los gobiernos de los países desarrollados -el contacto
bilateral directo con los organismos de crédito o la ayuda aislada de éstos-. Como era
de esperarse, este documento no produjo ningún cambio en la posición de los siete
grandes reunidos en Londres, quienes reafirmaron la idea de que el problema de la deuda
debía ser resuelto por la vía bilateral y caso por caso, adoptando las recetas de
austeridad propuestas por los organismos internacionales de crédito (7).
A pesar de este traspié, los días 21 y 22 de junio de 1984 los
cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la
ciudad colombiana de Cartagena. Esta reunión sirvió para demostrar las limitaciones de
la inicial expectativa del gobierno radical de conformar un pool o cártel de
países deudores (8), con el fin de constituir un grupo de presión para obtener de los
países acreedores una solución multilateral alternativa a la adopción de las recetas de
austeridad propuestas por los organismos internacionales de crédito. La más importante
de estas limitaciones era la heterogeneidad de intereses de los participantes y el
predominio de las posiciones que tendían a privilegiar el camino tradicional para
solucionar el problema de la deuda. Mientras los representantes argentinos insistían en
establecer un mecanismo práctico que permitiera a los países deudores la búsqueda de
una solución política al problema de la deuda, los de países como Brasil o
México eran renuentes a ir más allá de la retórica reivindicatoria, negándose a
apoyar propuestas concretas. El documento final de la reunión, denominado Consenso de
Cartagena, se limitó a la creación de un mecanismo de consulta y seguimiento regional,
con el objetivo de ayudar a la concreción de encuentros con los países acreedores,
siendo la Argentina elegida como sede de una nueva reunión de los países deudores a
mediados de septiembre (9).
La Segunda Reunión del Grupo de Cartagena se realizó en Mar del Plata
en septiembre de 1984, como estaba previsto. Pero esta reunión fue una nueva frustración
para la diplomacia argentina. El "Comunicado de Mar del Plata" se limitaba a
expresiones retóricas, que instaban a expresar la solidaridad regional en el problema del
endeudamiento externo y la determinación de los gobiernos de continuar realizando
consultas entre sí para resolver la cuestión. Pero no hubo compromisos concretos mas
allá de esas expresiones de deseo. El acuerdo alcanzado por México con los organismos
internacionales de crédito fue un factor crucial para que ese país y Brasil presentaran
objeciones a la propuesta presentada por la Argentina -y respaldada por Bolivia, Colombia
y Perú- sobre la convocatoria a una reunión presidencial cumbre de la región. El
fracaso de la posición argentina movió a la diplomacia radical a abandonar
definitivamente la opción multilateral y adoptar el camino bilateral propuesto por los
gobiernos y bancos acreedores (10).
Cabe advertir que la política respecto de la deuda no constituyó una
característica exclusiva del presidente Alfonsín, del canciller Caputo, o del partido
Radical, como lo demostraron la emergencia en el Congreso, de proyectos tales como la
resolución de la Cámara de Diputados firmada por el diputado oficialista Juan Carlos
Pugliese el 28 de septiembre de 1984; el proyecto de declaración del diputado del PJ
Miguel Unamuno, presentado ante la Cámara Baja el 13 de diciembre de 1984; y el proyecto
de resolución del 19 de junio de 1985 presentado en la Cámara Alta por los senadores
radicales Adolfo Gass, Luis León, Miguel Mathus Escorihuela y Fernando de la Rúa y por
los peronistas Julio Amoedo, Luis Salim, Eduardo Menem, Olijuela del Valle Rivas, Edgardo
Murguía, Jorge Castro y el bloquista sanjuanino Carlos Gómez Centurión. Por cierto, el
contenido del proyecto de declaración de Unamuno -con una mención de los líderes
máximos de los dos partidos mayoritarios, Hipólito Yrigoyen y Juan Perón- revelaba que
en ciertos temas "sensibles" de la política exterior (especialmente Malvinas,
deuda externa y política nuclear) persistían elementos culturales nacionalistas
compartidos tanto por radicales como peronistas, que permitían la aparición de
posiciones convergentes (11).
En Montevideo, en diciembre de 1985 tuvo lugar la Tercera Reunión del
Grupo de Cartagena. En ésta, se consideró "insuficiente" la iniciativa del
secretario del Tesoro norteamericano, James Baker, sobre el tema de la deuda, conocida
como "Plan Baker (12)".
A fines de mayo de 1987 funcionarios de los países miembros del Grupo
de Cartagena se reunieron en México con el objeto de elaborar directrices para solucionar
la crisis de la deuda. Como producto de esta reunión, a principios de junio los países
integrantes del Consenso de Cartagena solicitaron al Grupo de los Siete que asumieran la
responsabilidad de encontrar soluciones de fondo al problema del endeudamiento externo,
eliminaran las prácticas proteccionistas y los factores que obstaculizaran la
recuperación económica de los países en vías de desarrollo (13).
NOTAS
ve con agrado la convocatoria de la Argentina, Brasil, Colombia y México, del día 19 de mayo de 1984, a las naciones hermanas repudiando la elevación unilateral y arbitraria de las tasas de interés por parte de los acreedores internacionales y ratifica que la unidad del pueblo latinoamericano será la herramienta fundamental para el logro de los objetivos propuestos.
Proyecto de declaración de los diputados Storani y Becerra en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 7º, Mayo 31 de 1984, Tomo II, op. cit., p. 1055.
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