Se tratará ahora acerca de las posiciones asumidas por el gobierno argentino respecto de una serie de temas sensibles para Estados Unidos: la crítica a la invasión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989; la apertura de los archivos secretos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina en febrero de 1992; la condena a la resolución adoptada por la Casa Blanca en junio de 1992, que autorizaba el secuestro de ciudadanos al exterior para ser juzgados por las autoridades de Washington; el respaldo a la intervención estadounidense en Somalia en diciembre del mismo año; la posición adoptada por el gobierno argentino frente a las cuestiones cubana y haitiana; y, finalmente, la búsqueda de la mediación norteamericana en el diferendo argentino-británico respecto de la soberanía de las islas Malvinas.

Asimismo, en este apartado cabe incluir las políticas seguidas por las administraciones del republicano George Bush (1989-1993) y del demócrata Bill Clinton (1993-2001) respecto de una serie de temas sensibles para las autoridades de Buenos Aires. En esta segunda categoría de cuestiones bilaterales se incluyeron la actitud del gobierno de Bush frente al indulto del gobierno de Menem a los jefes militares y guerrilleros responsables de las violaciones a derechos humanos durante el período 1973-1983; las críticas de los informes del Departamento de Estado norteamericano a la situación del Poder Judicial en la Argentina; el respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al levantamiento del sector carapintada del Ejército en diciembre de 1990; la eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos en julio de 1996; y, finalmente, el acuerdo de extradición entre ambos países, firmado en junio de 1997.

Las posiciones asumidas por el gobierno argentino respecto de una serie de temas sensibles para Estados Unidos

a) Argentina y la invasión norteamericana a Panamá

Por cierto, el rechazo del gobierno argentino a la invasión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989 demostró que la voluntad del primero de ingresar a un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos –ejemplificada en las medidas económicas internas adoptadas, fieles a los lineamientos del llamado "Consenso de Washington" (1)- no necesariamente se tradujo en un esquema de "alineamiento automático" con las decisiones adoptadas por las autoridades de la Casa Blanca.

El 20 de diciembre, en el contexto del progresivo deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá durante el último tramo de la dictadura del general Manuel Antonio Noriega (1983-1989), el presidente norteamericano, George Bush, decidió invadir el país centroamericano. (2) Poco después de haber iniciado las acciones contra Panamá, ese mismo día 20, Bush se comunicó con su par argentino para informarle acerca de la actitud adoptada por la Casa Blanca. Por su parte, Menem manifestó a Bush su preocupación y lo exhortó

"a extremar los recaudos para evitar un derramamiento de sangre y buscar soluciones para la vía pacífica; por supuesto, tratando siempre que tengan plena vigencia los principios democráticos en Panamá". (3)

Ese mismo día, horas después de esta comunicación telefónica, el gobierno argentino dio a conocer un comunicado que decía, respecto de los acontecimientos ocurridos en Panamá, lo siguiente:

Asimismo, el gobierno argentino reitera la necesidad del fiel cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, sobre el Canal de Panamá, como condición indispensable para la seguridad del continente." (4)

A la posición de rechazo del gobierno argentino se sumaron las sustentadas por las agrupaciones de izquierda y por los legisladores. Respecto de las primeras, los dirigentes del Partido Comunista (PC), el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Partido Obrero (PO) y adherentes a la Izquierda Unida (IU) y al Frente Amplio de Liberación (FRAL) organizaron el mismo 20 de diciembre una marcha de repudio. Al llegar al Congreso, las mencionadas agrupaciones reclamaron la repulsa total del pueblo argentino a la invasión norteamericana a Panamá, la convocatoria a una huelga general, la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la ayuda del gobierno argentino al panameño. (5)

En cuanto a las reacciones en el ámbito parlamentario, el Senado avaló el 21 de diciembre un proyecto de declaración mediante el cual se rechazaban las acciones armadas de Estados Unidos en Panamá. El texto señalaba que la Cámara Alta

"lamenta el derramamiento de sangre americana, especialmente de civiles indefensos, quienes se han visto involucrados contra su voluntad en el conflicto armado; rechaza las acciones armadas realizadas por los Estados Unidos en territorio panameño; reclama del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el cese inmediato de toda actividad bélica en Panamá; aspira a que en el más breve plazo posible el pueblo panameño pueda expresar democráticamente su voluntad soberana; y reitera la necesidad de respetar fielmente la vigencia de los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977". (6)

Una posición similar a la adoptada por los senadores se registró en los bloques radical y peronista de la Cámara Baja, quienes, también sobre la base del principio de no intervención, condenaron la invasión norteamericana. A diferencia de estas expresiones críticas, el diputado de la Unión del Centro Democrático (UCD), José María Ibarbia, y el concejal del mismo partido, Julio Crespo Campos, señalaron su satisfacción por la caída de Noriega y destacaron la valentía del presidente Bush al invadir Panamá y la restauración de la democracia en ese país centroamericano. (7)

Mientras tanto, el 21 de diciembre, la Embajada norteamericana en Buenos Aires emitió un comunicado en el que señalaba su decepción por las reacciones adversas suscitadas en la Argentina a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Panamá:

A Noriega y su entorno, quienes constituyen la misma antítesis del estado de derecho que sustentan tanto la Argentina como los Estados Unidos, no se les puede permitir que continúen pisoteando los derechos humanos y democráticos de su propio pueblo ni que ataquen el bienestar de otros pueblos. La decisión del presidente Bush de actuar con firmeza y legitimidad en defensa propia y en el nombre de la conciencia y las normas democráticas merece, no el oprobio, sino el total apoyo de todas las democracias hermanas". (8)

Como era de esperarse, el comunicado de la Embajada norteamericana obligó a posteriores aclaraciones de los representantes del gobierno argentino. Tratando de poner paños fríos al clima tenso provocado por el tono del comunicado, Menem afirmó que la posición adoptada no traería inconvenientes en las relaciones comerciales con los Estados Unidos y que dicha posición "ha sido la posición tradicional de la Argentina y, en definitiva, es prácticamente la de toda América Latina". Por su parte, el canciller Domingo Cavallo sostuvo que en la Argentina

"están en vigencia los derechos ciudadanos y los principios de la libertad de prensa; por lo tanto somos responsables de nuestra opinión y muy respetuosos de las declaraciones de todas las partes que se han podido expresar libremente". (9)

Agregó Cavallo que el gobierno actuaría con prudencia en esta cuestión dado que

"están de por medio nuestras relaciones con los Estados Unidos y con nuestros vecinos de América Latina". (10)

El 27 de diciembre, el Palacio San Martín emitió un comunicado en el que reafirmaba la posición oficial en los siguientes términos:

Por otra parte, la Cancillería argentina expresa que es absolutamente prematuro hablar de un reconocimiento del nuevo gobierno y que mantiene consultas permanentes con diferentes cancillerías y, en particular, con las del Grupo de los Ocho, a fin de que se establezcan metodologías en común para la resolución de tan grave situación.". (11)

b) La apertura de los archivos secretos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina

A diferencia de la posición adoptada por el gobierno argentino respecto de la situación panameña –que provocó la reacción de la Embajada norteamericana en Buenos Aires-, la decisión del presidente Menem de abrir los archivos secretos sobre la presencia de criminales nazis en territorio argentino tuvo un positivo impacto en Estados Unidos, especialmente entre los miembros de la comunidad judía norteamericana. Esta medida, adoptada a través del decreto 232 del 3 de febrero de 1992, ponía fin al carácter secreto de los archivos oficiales que registraron el ingreso, la residencia y la salida de la Argentina de decena de criminales nazis. De acuerdo con el decreto, a los 30 días de la fecha de sanción del mismo, los archivos podían ser consultados por cualquier ciudadano o investigador. (12)

La decisión de Menem respondió, entre otras razones, a una solicitud que le formuló a Menem el titular del Congreso Mundial Judío, Edgard Bronfman, en el viaje que el mandatario argentino realizó a Estados Unidos en noviembre de 1991.

En cuanto a las repercusiones de la medida, la filial argentina de la B’ nai B’rith dio a conocer la siguiente declaración:

"El compromiso asumido por el canciller Guido Di Tella ante representantes de B’nai B’ritth Internacional el 14 de noviembre y ratificado por el doctor Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, en oportunidad de su encuentro con líderes judíos de Estados Unidos, tiene ahora principio de cumplimiento. (…) La consulta de los archivos permitirá esclarecer y profundizar la investigación de un aspecto sombrío de la historia de nuestro país. B’nai B’rith Argentina, organización que brega en forma permanente en la búsqueda de la justicia y la verdad entiende que esta decisión histórica del Gobierno enaltece al pueblo argentino todo y lo fortalece en el sostenimiento del sistema democrático y en la lucha contra todo tipo de régimen o grupos que menoscaben la dignidad humana". (13)

Por su parte, el jefe de la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina (DAIA), Rubén Beraja, afirmó que la apertura de los archivos de las actividades nazis

"permitirá conocer la historia en este tema tan escabroso". (14)

En ese mismo mes de febrero de 1992, el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, proclamó el ingreso al dominio público de los archivos nazis. En esa ocasión el titular de la cartera hizo entrega de una decena de legajos de la sección a cargo de residentes extranjeros de la Policía Federal. A su vez, estos últimos se pusieron a disposición de los investigadores locales e internacionales. (15)

Asimismo, la Cancillería auspició dos eventos académicos internacionales, uno sobre el tema del genocidio, y otro sobre discriminación y racismo. Las ponencias de ambas conferencias fueron publicadas en sendos volúmenes en castellano –Beatriz Gurevich y Carlos Escudé (compiladores), El genocidio frente a la historia y la naturaleza humana, Buenos Aires, GEL, 1994; e Ignacio Klich y Mario Rapoport (compiladores), Discriminación y racismo en América Latina, Buenos Aires, GEL, 1997-, además de haberse dado a conocer una selección en inglés de aquéllas presentadas en el segundo volumen a través de la revista Patterns o Prejudice, Londres, 1996-1997. (16)

En el contexto de los mencionados eventos, cabe citar las palabras del canciller Di Tella, referentes a la apertura de los archivos nazis, reproducidas en la introducción del citado libro de Gurevich y Escudé:

Yo no quiero decir mucho más, excepto que el tema de esta conferencia, que es un complemento funcional, aunque independiente, de la apertura de los archivos, nos ha carcomido el corazón a muchos argentinos, judíos y no judíos. Sólo podemos ofrecer una transparencia plena, y nuestras disculpas, nuestras más profundas disculpas por lo que ha ocurrido, que nos abochorna. Gracias." (17)

En 1996, ingresaron al dominio público los libros de asientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de donde se pueden obtener datos sobre transacciones en oro nazi y otros movimientos financieros de la Argentina durante el período comprendido entre los años 1933 y 1955, entre otros. (18)

Finalmente, el 29 de abril de 1997, el presidente Carlos Menem emitió el decreto 390, publicado en el Boletín Oficial el 5 de mayo, por el cual se creaba la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). (19)

La CEANA quedó definitivamente constituida en julio de 1997, y funcionó hasta 1999 a través de la composición de cuatro instancias:

1. un panel internacional compuesto por diversas personalidades del mundo académico, jurídico y literario (entre los cuales se pueden citar al escritor Marcos Aguinis, el sociólogo Torcuato Di Tella, el legislador radical Adolfo Gass, el historiador Robert Potash y el internacionalista Walter Laqueur);
2. un Comité Asesor constituido por nueve instituciones, seis nacionales (la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA-; el Banco Central de la República Argentina –BCRA-; la B’ Nai B’Rith Argentina; el Congreso Judío Latinoamericano; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas –DAIA-; y la revista Todo es Historia) y tres internacionales –el Centro Wiesenthal de Los Angeles; el Comité Judío Norteamericano (AJC) de Nueva York y la Liga Antidifamatoria de la B’ Nai B’Rith (AJC) de Nueva York- vinculadas a esta cuestión, que nombran a sus respectivos representantes –líderes o funcionarios- con el fin de prestar asesoramiento; y
3. un Comité Académico encargado de llevar adelante la realización de los estudios e investigaciones, presidido por Manuel Mora y Araujo, y secundado por los vicepresidentes Ronald C. Newton, Robert Potash y Pierre Vidal Naquet con la coordinación de Ignacio Klich. Entre los miembros del equipo de investigadores figuraban los nombres de Fernando Devoto, Beatriz Gurevich, Carlota Jackish, Mónica Quijada y Mario Rapoport.

Por cierto, la labor de la CEANA fue en su momento –y sigue siendo- objeto de defensas y tenaces críticas. Mientras las primeras destacan su labor de "esclarecimiento" acerca de las actividades del nazismo en la Argentina, las últimas no dudan en hablar de un "encubrimiento" de dichas actividades, que contaría además con la complicidad de los funcionarios del gobierno. (20)

Esta polémica, lejos de cerrarse durante el gobierno de Menem, constituye aún hoy una materia pendiente en la dimensión bilateral de la agenda con los Estados Unidos, que ha provocado comentarios negativos en los medios de prensa de la Unión. (21) Una prueba acabada de la inclusión de esta cuestión en el status de cuestiones pendientes fue la polémica desatada tras la aparición, en el año 2002, del libro de Uki Goñi, que denuncia la existencia de una organización clandestina dedicada a facilitar la fuga de nazis y sus conexiones con las autoridades argentinas durante y después de la Segunda Guerra. Dicha polémica ha tenido como principales protagonistas al Centro Wiesenthal y al congresista norteamericano Maurice Hinley, quienes acusaron al secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, Torcuato Di Tella, ex integrante de la CEANA, de encubrimiento a dos criminales de guerra de la época nazi, Ivo Rojnica y Nada Sakic, cargo que Di Tella calificó como una "cretinada" y como una "acusación sin bases de evidencia". (22)

c) La condena del gobierno argentino a la resolución que autorizaba el secuestro de ciudadanos al exterior para ser juzgados por las autoridades de Washington

En junio de 1992, la Corte Suprema norteamericana pronunció un fallo que convalidó el secuestro de ciudadanos extranjeros para ser juzgados en territorio de la Unión como práctica del gobierno y de las agencias de seguridad estadounidenses. El controvertido fallo se basó en el caso del mexicano Humberto Alvarez Machain, secuestrado por agentes de la DEA en 1990 y llevado a Estados Unidos para ser juzgado por su supuesto involucramiento en la tortura y asesinato del agente antinarcóticos norteamericano Enrique Camarena.

Frente a esta cuestión, Argentina acompañó el rechazo del grueso de los países latinoamericanos (México, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala) y de España al dictamen. (23) Como en el caso de la invasión norteamericana a Panamá a fines de 1989, el gobierno argentino se opuso a esta resolución en tanto implicaba un gesto de intervencionismo unilateral en la región. Cabe destacar que, en ambos casos, la negativa a seguir la posición norteamericana se basó en el respeto a principios del Derecho Internacional: el de no intervención, en el primer caso; y el de territorialidad de los juicios, en el segundo.

Así, el canciller Guido Di Tella criticó con dureza el dictamen de la Corte Suprema, aunque descartó que ello significara necesariamente un enfrentamiento con el gobierno de Washington. (24) Por su parte, el presidente Menem lo calificó como un "horror". (25)

Esta posición del gobierno argentino contó con el respaldo unánime de legisladores y partidos de distintas extracciones. Así, el 17 de junio de 1992, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un texto que surgió de dos iniciativas presentadas por los legisladores radicales Adolfo Gass y Mario Losada. En dicha resolución se solicitaba al Poder Ejecutivo que expresara

"su más enérgico rechazo a la doctrina sentada por la Corte de Justicia de los Estados Unidos que legitima el secuestro clandestino de personas fuera de su territorio". (26)

Asimismo, expresiones partidarias tan diversas como las provenientes del PJ, el radicalismo, el MAS y la UCD coincidieron en calificar al polémico fallo como violatorio de normas del derecho internacional. (27)

Finalmente, el 26 de junio, en ocasión de la cumbre de presidentes de Argentina (Carlos Menem), Brasil (Fernando Collor de Melo), Uruguay (Luis Lacalle), Bolivia (Jaime Paz Zamora), Chile (Patricio Aylwin) y Paraguay (Andrés Rodríguez) que tuvo lugar en Las Leñas, los mandatarios presentes firmaron una declaración que solicitaba al Consejo Permanente de la OEA que "recomiende al comité jurídico interamericano que emita una opinión sobre la juridicidad internacional de dicho fallo" con el objetivo fundamental de "asegurar el pleno respeto del derecho". (28)

d) El respaldo argentino a la intervención humanitaria norteamericana en Somalia

A principios de diciembre de 1992, y tras comunicarse con el gobierno de Estados Unidos, país que estaba coordinando el operativo de asistencia a la población somalí; el canciller argentino, Guido Di Tella, anunció que las Fuerzas Armadas participarían del operativo militar conjunto de apoyo a la ayuda humanitaria a Somalia, iniciado el 9 de diciembre con el desembarco de tropas norteamericanas en ese país africano. (29)

Durante la gestión de Menem, uno de los tópicos centrales de la agenda bilateral con Estados Unidos, fue, sin lugar a dudas, la cuestión cubana. Desde la óptica del gobierno de Menem, este tema contenía dos aspectos diferentes: el relacionado con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Fidel Castro y el vinculado a la continuación del embargo económico por parte de los Estados Unidos. Mientras el gobierno argentino acompañó al norteamericano en el primer aspecto de la cuestión, no lo hizo en el segundo.

Respecto del aspecto ligado a las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen castrista, el gobierno de Menem procuró un giro respecto de la política de su antecesor Raúl Alfonsín, que se había negado a acompañar la posición norteamericana de condena al régimen cubano en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 1987, marzo de 1988 y marzo de 1989. (30) El primer indicio de este cambio se manifestó durante la visita del vicepresidente norteamericano Dan Quayle a la Argentina el 13 y 14 de marzo de 1990. En dicha ocasión, el visitante hizo conocer al presidente Menem el interés de la Casa Blanca para que el mandatario argentino y otros presidentes democráticos hablaran con el gobierno cubano de Fidel Castro respecto del proceso de apertura en la isla. En esa oportunidad, Menem le comentó a Quayle su interés personal en dialogar con Castro. (31) Poco más de un mes después, el 30 de abril de 1990, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, envió una carta a su par argentino, Carlos Menem, en la cual le agradeció el gesto de apoyo a Washington en la cuestión de la democratización del régimen cubano. (32)

Otro indicio del cambio operado por las autoridades de la Casa Rosada fue, a mediados de julio de 1991, la decisión de recibir a los cubanos anticastristas Jorge Mas Canosa y Félix Rodríguez en la residencia presidencial de Olivos, gesto que fue explicado como un producto de la necesidad de reunirse con el lobby más importante en los Estados Unidos respecto de la cuestión cubana, dado su peso económico y electoral. (33)

Esta visita tuvo su contrapartida en el mes de octubre del mismo año, ocasión en la que Menem se reunió en Nueva York con organizaciones anticastristas como la Fundación Nacional Cubana Norteamericana, dirigida por Jorge Canosa; Cuba Independiente y Democrática, liderada por Huber Matos Benítez; y Plataforma Democrática Cubana, con Marcelo Millares. Ante los mencionados interlocutores, Menem se comprometió a pedir por la democratización inmediata de Cuba en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a ser el primer mandatario que visitara la isla tras la caída de Castro. (34)

Como reacción a estos gestos del gobierno, en noviembre de 1991 tuvo lugar en Buenos Aires el Festival de Solidaridad del pueblo argentino con Cuba. Entre los patrocinadores de dicho Festival figuraron los diputados radicales Federico Storani, Marcelo Di Caprio, Carlos Raimundi y Osvaldo Alvarez Guerrero; los legisladores del Grupo de los Ocho, Luis Brunati y Juan Pablo Cafiero; y los socialistas Alfredo Bravo y Simón Lázara. Todos ellos coincidieron en rechazar la intromisión del presidente Menem en los asuntos internos de Cuba, al incorporar

"en su agenda en Estados Unidos la forma de desestabilizar al gobierno de un tercer país" (35)

Menem tuvo una nueva oportunidad de confirmar la dureza de su política hacia la situación de los derechos humanos en Cuba en ocasión de la reunión que mantuvo en la Casa Rosada el 19 de julio de 1993 con el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek. En dicha ocasión, el primer mandatario expresó su repugnancia por "tener que participar en reuniones con gente que no respeta la libertad de su pueblo, la de culto y los derechos humanos", en obvia referencia a Fidel Castro. Cheek, quien llegó a la Casa Rosada para presentar a Menem sus credenciales, felicitó a éste por su constante hostilidad verbal contra el mandatario cubano. (36)

No obstante, hacia abril de 1997, la administración peronista pareció flexibilizar su posición combativa inicial hacia el régimen castrista, reemplazándola por la búsqueda de un rol de mediación o arbitraje entre las partes en conflicto –Estados Unidos y Cuba-. (37) A mediados de ese mes, el ex embajador argentino en la ONU, Emilio Cárdenas, llevó a Washington una carta firmada por el presidente Carlos Menem en la que este último se ofrecía como mediador entre Bill Clinton y Fidel Castro. Cárdenas se entrevistó con la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, y con el subsecretario de Estados Latinoamericanos, Jeffrey Davidow. Pero Cárdenas se topó con la negativa del Departamento de Estado. (38)

En la II Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Santiago de Chile el 18 de abril de 1998, Clinton demostró su malestar personal por lo que percibía como un progresivo acercamiento de la Argentina hacia Cuba. Tanto el canciller argentino, Guido Di Tella, como el propio presidente Menem intentaron calmar a las autoridades de Washington (Di Tella a la secretaria de Estado Madeleine Allbright y Menem a Clinton) señalando que la política argentina hacia el régimen cubano no había sufrido modificaciones. En realidad, la intención del gobierno de Menem no había sido la de cambiar su actitud respecto del régimen de Fidel, sino la de mediar entre este último y la administración demócrata con el objetivo de poner fin al aislamiento cubano, a cambio de la democratización de la isla –fin este último compartido tanto por la diplomacia de Washington como por la de Buenos Aires-. (39)

Respecto del segundo aspecto de la política argentina hacia Cuba, el relacionado con la continuidad del embargo económico norteamericano hacia la isla, el gobierno de Menem observó una actitud diametralmente opuesta, que no fue objeto de consideración por parte de los medios, que enfatizaron la búsqueda de protagonismo de Menem, el intencional aislamiento respecto de las posiciones asumidas por los países de la región y la violación de un principio caro a la tradición diplomática argentina, como el de no intervención. (40) No obstante, el examen de las votaciones argentinas ante los foros multilaterales, objeto del siguiente capítulo de este libro, evidencia que la política argentina hacia Cuba respondió solamente al primero de los argumentos sostenidos por los medios. En lo que respecta a la diferenciación respecto del resto de América Latina, esta tendencia se observó en los casos de resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en Cuba, pero no en el de las vinculadas al embargo económico norteamericano sobre la isla, tema en el que Argentina acompañó la posición crítica de la mayoría de los países de la región. Finalmente, en lo que respecta al principio de no intervención, la diplomacia argentina sólo ingresó en la categoría de los países que Richard Bloomfield denomina "intervencionistas" en aquellos temas de la agenda ligados a la defensa de los derechos humanos y la democracia, en Cuba o en cualquier otra parte. (41) En la cuestión del embargo económico hacia Cuba, la diplomacia argentina mantuvo la posición tradicional y se sumó al coro de voces críticas de los países latinoamericanos.

e. 2.) Argentina, Estados Unidos y la cuestión haitiana

Junto con la cuestión de Cuba, la situación provocada por el derrocamiento del presidente constitucional de Haití, Jean Bertrand Aristide, el 29 de septiembre de 1991, fue otro de los temas relevantes de la agenda que tuvieron expresión tanto en la dimensión bilateral como en la multilateral de las relaciones entre Buenos Aires y Washington. Dado que esta última es objeto de consideración en el capítulo segundo de este libro, en el presente acápite se analiza la cuestión haitiana como tema de la agenda bilateral.

Como ocurriese en el caso de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, el derrocamiento del presidente constitucional y las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de facto de Raoul Cedras, fueron factores que impulsaron la activa participación de la Argentina en apoyo de la intervención militar en Haití, impulsada por Estados Unidos, Venezuela, Jamaica y Guatemala. Este renovado activismo de la Argentina quebró la inicial actitud de bajo perfil adoptada por el gobierno de Menem. (42)

El 24 de junio de 1994, tuvo lugar un encuentro entre el presidente argentino, Carlos Menem, y su par norteamericano, Bill Clinton, en Washington. En dicha ocasión, Menem ofreció a su interlocutor el envío de mayor cantidad de argentinos al bloqueo comercial a Haití (43), renovado a principios de ese mes por la resolución 6/94. (44)

El mandatario peronista dio un nuevo paso en la misma dirección el 1º de agosto de 1994, cuando remitió al Congreso un pedido formal para que se autorizara el envío de 600 efectivos a Haití, que se sumarían a la fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el día anterior. (45)

La iniciativa de Menem y del canciller Guido Di Tella de enviar tropas junto con la primera avanzada militar que invadiera Haití bajo comando de fuerzas norteamericanas encontró resistencias tanto en el seno del gobierno como en el principal partido de oposición, el radicalismo.

Respecto del disenso en el seno del gobierno, un exponente inicial fue el embajador argentino en Haití, Carlos Carrasco quien se opuso al envío de tropas impulsado por el presidente Menem y su canciller Guido Di Tella al destacar que

"la decisión de enviar tropas en Haití no sólo rompe con la tradición de no intervenir militarmente en países de Latinoamérica, sino que coloca en una situación muy delicada a los argentinos que se encuentran en la embajada". (46)

Por su parte, el ministro de Defensa, Oscar Camilión, se inclinó por el envío de tropas que no participaran en confrontaciones armadas, posición que compartieron su colega de Economía Domingo Cavallo y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá. (47)

Sensible a estas voces disidentes, Menem procuró salvar las diferencias entre Di Tella y Camilión declarando que la Argentina no participaría en acciones de confrontación. Así, las tropas argentinas llegarían a Haití en una segunda o tercer etapa de la invasión

"en tanto y en cuanto se den idénticas condiciones o situaciones como las que viven Croacia, Chipre o Kuwait, participando de la misma forma en que lo estamos haciendo con los cascos azules". (48)

En cuanto a la resistencia a la participación de tropas argentinas en Haití provenientes de los partidos de la oposición, cabe recordar que el ex presidente radical, Raúl Alfonsín, le comunicó personalmente al canciller Di Tella su reticencia a que la Argentina participara de las fuerzas de intervención en Haití. Alfonsín le sugirió a Di Tella no votar en contra de la intervención pero tampoco participar en ella porque la alianza con los países de la región resultaba prioritaria para el dirigente radical. Le recordó que ni siquiera en Washignton existía un consenso sobre la invasión militar. A pesar de la postura de Alfonsín, quien fuera su canciller, Dante Caputo, se adhirió a la posición intevencionista del canciller Di Tella. (49)

Por su parte, el ex vicecanciller del gobierno de Alfonsín, Raúl Alconada Sempé, se sumó a la posición de Alfonsín y publicó un artículo en el cual utilizó dos argumentos para rechazar el envío de tropas impulsado por el Ejecutivo, ambos ligados al principio de no intervención. El primero señalaba que las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas practicadas por el régimen militar haitiano eran problemas de índole exclusivamente interna. El segundo argumento impugnaba el uso de la fuerza en el caso de Haití, en tanto no había existido una agresión externa que justificara, de acuerdo con las normas de la ONU, la participación de las fuerzas argentinas. (50)

Finalmente, un grupo de diputados radicales encabezados por el entonces presidente de la bancada, Raúl Galván, impugnó la inicial posición de Menem favorable al envío de tropas en primera instancia por dos motivos. Uno de ellos estuvo vinculado a la percepción de los legisladores respecto de un cambio en el carácter de la intervención en la isla. El mismo había pasado de ser multilateral en el marco de la ONU –modalidad avalada por el propio partido radical, debido a la participación personal del ex canciller del gobierno de Alfonsín, Dante Caputo, como delegado del organismo- a un conflicto bilateral entre los gobiernos de Bill Clinton y Raoul Cedras. (51) Por este motivo, los legisladores radicales propusieron que "no se autorice al Poder Ejecutivo a enviar tropas argentinas al territorio de Haití". (52) El otro motivo de objeción estuvo vinculado con el hecho de que un envío de tropas del Poder Ejecutivo sin autorización previa del Congreso –como ya había ocurrido en el Golfo Pérsico y era factible que ocurriese en Haití- violaba el artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994. (53)

Condicionado por estas objeciones del radicalismo, pero, sobre todo, por las provenientes de su propio entorno, Menem anunció a principios de agosto que Argentina podría entrar en Haití en una segunda o tercera etapa de la intervención dispuesta por la ONU. (54)

Una semana después, el 8 de agosto, el tema Haití fue considerado durante una reunión en la que el embajador norteamericano James Cheek le entregó al presidente Menem una carta del mandatario norteamericano Bill Clinton en la que éste exponía sobre la grave situación en la isla. (55) Finalmente, los días 15 y 16 del mismo mes la Argentina envió cuatro observadores técnicos al Comando Naval de Norfolk (Virginia), una base militar ubicada al sur de Washington donde las fuerzas norteamericanas, con el patrocinio de la ONU y la colaboración de Francia y de Canadá, realizaron el planeamiento de la intervención armada en Haití para deponer al gobierno de facto de Raoul Cedras y devolver el poder político a Aristide. El contingente argentino también concurrió al Alto Comando de la ONU, en Nueva York, para continuar con la recopilación de informes recomendada. (56)

f) La posición adoptada por el gobierno argentino respecto de la cuestión Malvinas y su impacto en la agenda bilateral con Estados Unidos

En el caso del diferendo argentino-británico por la soberanía de las islas Malvinas, el gobierno norteamericano, a pesar de su apoyo retórico al acercamiento diplomático con Londres iniciado por la administración Menem y de su voto favorable a las resoluciones adoptadas en la Asamblea General y en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en referencia a esta cuestión, nunca tradujo ese apoyo en un esfuerzo de mediación. Por cierto, esta actitud contrarió las expectativas iniciales del gobierno argentino, vinculadas a un mayor compromiso de Estados Unidos en la resolución de este diferendo.

Una primera manifestación del apoyo retórico de la Casa Blanca a las negociaciones argentino-británicas en torno a esta cuestión tuvo lugar el 16 de febrero de 1990. En esa fecha, el gobierno de George Bush, a través de la siguiente declaración del vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, expresó su complacencia por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres acordada el 15 de febrero por los representantes de ambos países en la reunión de Madrid. La declaración de Boucher decía:

"Nos sentimos muy complacidos que la Argentina y Gran Bretaña hayan acordado reasumir plenas relaciones diplomáticas en el futuro cercano, y que continuarán sus refuerzos para resolver pacíficamente sus diferencias pendientes."(57)

No obstante estas expresiones de apoyo, durante la administración republicana no hubo ningún gesto concreto que abonara las expectativas de la Casa Rosada respecto de un mayor compromiso o de una mediación de Estados Unidos en el litigio argentino-británico. Con la llegada del sucesor de Bush, el demócrata Bill Clinton, esta tendencia no se modificó. La distancia entre las optimistas expectativas argentinas y la posición de bajo perfil adoptada por Washington se manifestó tras el término de la Cumbre de las Américas realizada en Miami (Estados Unidos) el 11 de diciembre de 1994. En dicha ocasión, el mandatario norteamericano aseguró que tenía "demasiados problemas" como para dedicarse a mediar en el conflicto por las islas Malvinas y que ni Argentina ni Gran Bretaña habían sugerido su intervención. Estas declaraciones contrastaron abiertamente con las efectuadas por el canciller argentino, Guido Di Tella, quien calificó de "hipótesis" la posibilidad de que Argentina requiriese una mediación de la Casa Blanca. (58)

Durante la visita del presidente Clinton a la Argentina en octubre de 1997, el mandatario norteamericano evidenció lo que el diario británico The Times definió como "una estudiada imparcialidad" respecto del diferendo argentino-británico por las islas Malvinas. Sin mencionar expresamente el problema, Clinton se refirió al mismo en los siguientes términos:

"Dos grandes naciones quienes se encuentran en la cima de su recuperación económica, mostrando una gran recuperación económica, mostrando una gran responsabilidad en asuntos internacionales y trabajando exitosamente en la promoción del libre comercio, deberían solucionar su cuestión pendiente a través de negociaciones… Dos países con un fuerte liderazgo tienen que tratar de resolver su problema. Este no debe ser motivo para una guerra sino para negociaciones" (59)

En referencia a las cautas declaraciones de Clinton, un editorial del The Times se encargaba de explicarlas como fruto de la renuencia del gobierno laborista británico a aceptar una mediación de Washington sin el previo aval de los malvinenses:

"(…) Tanto en Londres como en Puerto Stanley las palabras del presidente Clinton fueron recibidas con ecuanimidad. Ellas son vistas como el comentario mínimo inevitable que estaba obligado a pronunciar. Desde hace tiempo se le ha dejado en claro a Washington que una mediación sobre la soberanía de las Falklands está fuera de discusión, salvo que ambas partes así lo acordaran. Y el laborismo ha renovado la promesa a los isleños que no entrará en conversaciones sin su consentimiento. " (60)

Asimismo, dicho editorial destacaba el cambio en la posición del gobierno argentino, que había pasado del insistente reclamo de la mediación de Washington a la aceptación del bajo perfil de la Casa Blanca, viraje que el diario británico ligaba al excelente estadio que atravesaban las relaciones económicas entre Argentina y Gran Bretaña:

El país del presidente Menem ahora disfruta de excelentes relaciones con Gran Bretaña: el comercio está floreciente, las inversiones son importantes, existe un intercambio regular de visitas de delegaciones políticas y empresariales de alto nivel." (61)

De acuerdo con fuentes privadas provenientes del archivo personal del ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, el cambio en la posición de las autoridades argentinas privilegió en ese momento la continuidad del respaldo del gobierno norteamericano a las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de la ONU, que llamaban a una negociación de las partes. Desde al óptica del Palacio San Martín, este respaldo de las autoridades de la Casa Blanca a las resoluciones de la organización mundial constituía una alternativa concreta, frente a la hipotética esperanza de obtener de la administración demócrata la promesa de un mayor grado de compromiso definido en términos de una mediación. (62)

Un nuevo indicio del bajo perfil del gobierno norteamericano en esta cuestión -y de su aceptación por parte del gobierno argentino- pudo percibirse durante el encuentro que los presidentes Menem y Clinton sostuvieron en Washington el 11 de enero de 1999, durante la visita del primero a los Estados Unidos. En dicho encuentro, el presidente argentino solicitó "una intervención" de su par norteamericano para que el Reino Unido cumpliese con la resolución de la ONU que instaba a las partes en conflicto a negociar una solución pacífica. No obstante la promesa de Clinton respecto de que trataría el tema con el primer ministro británico, Tony Blair, fue el propio presidente argentino quien destacó a los medios de prensa que el gesto de Clinton no implicaba un compromiso, sino sólo una gestión de buenos oficios entre Buenos Aires y Londres. (63)

Las posiciones asumidas por el gobierno norteamericano respecto de una serie de temas sensibles para la Argentina

a) El indulto a los jefes militares y guerrilleros y su impacto diferenciado en Estados Unidos

La decisión del gobierno de Menem de indultar a los jefes militares y guerrilleros argentinos responsables de violaciones a los derechos humanos en el período 1973-1983 (64), provocó la reacción negativa de los medios y del Congreso norteamericanos, actitud que contrastó con el bajo perfil del gobierno republicano de George Bush.

Respecto de la reacción de los medios de prensa, cabe destacar el contenido del comentario editorial del diario The New York Times, titulado "Indulto al asesinato en masa en la Argentina", del 3 de enero de 1991, cuyo primer párrafo sostenía que:

El señor Menem describió su acción (el indulto) como un gesto de reconciliación, cerrando así el libro de un pasado trágico. En lugar de eso, ha invitado a la repetición de la tragedia al resurgir la idea de que los militares están por encima de la ley. (…)". (65)

Así, en noviembre de 1989, ochenta legisladores estadounidenses enviaron una enérgica carta de protesta dirigida al presidente argentino, expresando su "profunda preocupación" respecto de "su reciente decisión de otorgar perdón a oficiales militares que habían sido acusados y convictos de secuestrar, torturar y asesinar a masivas cantidades de civiles durante la llamada "guerra sucia" en la Argentina desde 1976 a 1983". Los autores de la carta señalaron su aprehensión a que el perdón otorgado por Menem pueda ser un ejemplo "para otros países latinoamericanos que miran a la Argentina como modelo para lograr la transición hacia una democracia total". Asimismo los firmantes de la carta -cuya mayoría pertenecían al Partido Demócrata, aunque figuraban también miembros del Partido Republicano- expresaron su temor por los efectos que la medida de perdón podría tener. (66)

Frente a la posición crítica de los legisladores, el indulto no suscitó reacciones en las autoridades de la Casa Blanca. Un indicio al respecto fue su ausencia en la lista de temas tratados por los presidentes Menem y Bush durante la visita del primero a Washington en septiembre de 1989. En dicho encuentro, las prioridades del mandatario republicano estuvieron centradas en la cuestión de la energía nuclear; la ratificación del Tratado de Tlatelolco; la desactivación del misil de alcance intermedio Cóndor II; la normalización de las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña, deterioradas desde la guerra de 1982; la situación política en Panamá y Centroamérica; Colombia y el narcotráfico; la crisis de Medio Oriente y el terrorismo. Del lado argentino, dichas prioridades estuvieron definidas en la búsqueda de apoyo norteamericano en las negociaciones de la Argentina con el Club de París, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; en el aprovisionamiento de equipos militares argentinos a terceros países; y la venta del avión IA 63 Pampa a los Estados Unidos. (67)

En contraste con el bajo perfil que adoptaron ambos gobiernos en esta delicada cuestión, la protesta de los ochenta legisladores norteamericanos frente a la política de indulto provocó la reacción de dos oficiales militares argentinos. Mediante una nota enviada en enero de 1990 al jefe de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Richard Gephart, el presidente del Círculo Militar argentino, general de brigada Guillermo Bernardo Fonseca, rechazó la protesta efectuada por los representantes parlamentarios estadounidenses. En su nota a Gephart que acompañaba a la de un socio del Círculo Militar, el general de brigada Mario H. Laprida, el general Fonseca señaló que el pensamiento generalizado entre las Fuerzas Armadas, era que éstas realizaron operaciones bélicas de aniquilamiento ordenadas por un gobierno constitucional y jamás "abominables crímenes contra el pueblo argentino" como expresaba la carta de los legisladores norteamericanos al presidente Menem. Por su parte, la nota del general Laprida adjuntaba antecedentes que "hacen a la verdad histórica, al honor, a la dignidad y a la ética de los miembros de las Fuerzas Armadas". Expresaba que la información que tenían los legisladores "es totalmente falsa, tendenciosa y profundamente influida de ideología terrorista y subversiva". También efectuaba una reseña de hechos terroristas y recordaba que en febrero de 1975 el Poder Ejecutivo dictó un decreto "ordenando a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar de las organizaciones terroristas que operaban en el país (Operativo Independencia). Subrayaba que para fines de 1979 el terrorismo había cometido más de 2500 asesinatos y 21.000 actos terroristas. En otra parte de su misiva, Laprida, refiriéndose a los juicios a los integrantes de las tres juntas militares por parte del gobierno radical, calificó a este acto como "irrefutablemente político". Al respecto, concluyó:

" (…) desearía saber si los señores legisladores condenarían a los jefes de las Fuerzas Armadas de su país que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, en Corea o en Vietnam a pesar de los errores y excesos que inevitablemente pudieran haber cometido". (68)

Los legisladores norteamericanos volvieron a manifestarse contra el indulto durante la visita a Estados Unidos que efectuó Menem a principios de octubre de 1990. En dicha ocasión, el mandatario argentino fue sorprendido por un petitorio de 80 congresistas norteamericanos que solicitaba el mantenimiento de la prisión a los jefes a las juntas militares encarcelados por violaciones a los derechos humanos. A su vez, la Organización Pro Derechos Humanos America’s Watch expresó al presidente argentino sus preocupaciones acerca de un posible nuevo indulto para el ex represor Carlos Guillermo Suárez Mason. También cuestionó la falta de investigación de las muertes de cinco atacantes al cuartel de La Tablada. Enfrentado a estos reclamos, Menem optó por el silencio. (69)

Nuevamente el contraste entre el bajo perfil del gobierno de Bush y el alto perfil adoptado por el Congreso y las entidades defensoras de los derechos humanos tuvo ocasión de manifestarse cuando llegó a los Estados Unidos la noticia del indulto otorgado por el gobierno argentino a Suárez Mason. Mientras el Departamento de Estado no hizo comentarios sobre la medida, el entonces director ejecutivo de America’s Watch, el argentino Juan Méndez, sostuvo hacia principios de enero de 1991 que

"como entidad norteamericana, America’s Watch no puede menos que preocuparse ante el hecho de que se haya pedido la colaboración de la Justicia de los Estados Unidos para después invalidar la acción por razones políticas. (…) "Ahora sólo queda iniciar la protesta ante el Departamento de Estado y a través de la prensa (...) lo hacemos en primer lugar por razones éticas y, en el caso de Suárez Mason, también por razones políticas, porque hubo de por medio un proceso de extradición." (70)

En referencia a este último párrafo de las declaraciones de Méndez, cabe señalar que el Departamento de Justicia, si bien no expresó en forma oficial su disconformidad con el indulto a Suárez Mason, no ocultó a los medios en forma off the record su molestia respecto de una medida que borraba de un plumazo todos los esfuerzos de la Justicia norteamericana para apresar al ex oficial. Esfuerzos que, además, habían sido efectuados como respuesta a un pedido del gobierno que antecedió al de Menem. (71)

b) Las críticas de los informes del Departamento de Estado norteamericano a la situación del Poder Judicial y de los derechos humanos en la Argentina

Durante la administración del republicano George Bush, la Argentina, aunque fue blanco de las críticas de los legisladores y de las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, no figuró entre los casos de violaciones a los derechos humanos y de mal funcionamiento del Poder Judicial analizados por los informes anuales del Departamento de Estado. Con el cambio de signo político del Ejecutivo a partir de la asunción del demócrata Bill Clinton en 1993, esta tendencia se modificó. Claro ejemplo al respecto fue el contenido del informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo correspondiente a 1996, en el cual el Departamento de Estado norteamericano, si bien señaló la ausencia de asesinatos políticos en la Argentina durante 1996, destacó también la persistencia de actos de violencia por parte de oficiales que actuaron al servicio de las últimas dictaduras militares y por personas victimadas durante ese período: "Las autoridades policiales en varias provincias han realizado detenciones arbitrarias, aplicado castigos inhumanos a personas sometidas a la custodia del Estado y han realizado ejecuciones extrajudiciales". Asimismo, el informe criticó duramente la situación del Poder Judicial en la Argentina, en los siguientes términos:

"(…) El sistema judicial argentino está atascado por el papeleo, lo cual da como resultado largas detenciones antes de los juicios, y las condiciones carcelarias siguen siendo deficientes, como lo demuestran diecisiete motines en diversas partes del país". (72)

Estos comentarios críticos volvieron a aparecer en el informe del Departamento de Estado correspondiente al año 1997. En un párrafo donde mencionaba explícitamente la investigación inconclusa del caso del asesinato del periodista José Luis Cabezas sostuvo que "la justicia argentina es independiente pero ineficiente". Asimismo, destacaba también que "integrantes de la policía continúan cometiendo abusos de los derechos humanos" (además del caso Cabezas, el informe señalaba las muertes de Teresa Rodríguez, Aníbal Rodríguez, Juan González, Sebastián Bordón, y Roberto Roldán, entre otros, como evidencias de investigaciones en las que la Justicia argentina no había podido determinar con precisión las responsabilidades). (73)

El duro tono del informe provocó la reacción del presidente Menem, quien el 1° de febrero de 1998 rechazó las críticas del Departamento de Estado norteamericano a la Justicia argentina, señalando que se trataba de asuntos internos. Evidenciando su molestia personal, aclaró que él no opinaba sobre la justicia norteamericana. (74) Siguiendo la posición del mandatario argentino, el 5 de febrero, el embajador argentino en Washington, Diego Guelar, descalificó las referencias informe a la Justicia argentina y aprovechó la ocasión para criticar el embargo norteamericano a Cuba. (75)

A las negativas referencias respecto de la Justicia argentina efectuados por estos informes del Departamento de Estado, cabe agregar el también poco alentador informe sobre la libertad de culto elaborado por los funcionarios de dicha agencia a principios de septiembre de 1999. El primer informe anual del Departamento de Estado norteamericano acerca de este tema señaló que en la Argentina "existe antisemitismo" y enumeraba una serie de acciones "antisemitas y amenazas contra organizaciones e individuos judíos", entre los que mencionaba la profanación de 20 tumbas judías en el cementerio de Ciudadela, en enero de 1998, y un breve resumen sobre las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. El informe destacó asimismo que la Argentina era el único país del MERCOSUR en el que el Departamento de Estado consignaba la existencia de antisemitismo en la sociedad. (76)

 c) El respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al levantamiento del sector "carapintada" del Ejército

Como contrapartida a los negativos comentarios de la situación de la Justicia argentina del Departamento de Estado citados en el apartado anterior, vale citar el claro respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al cuatro y último levantamiento del sector "carapintada" del Ejército, que tuvo lugar en diciembre de 1990. (77) Dicho levantamiento, calificado por el propio presidente Menem como un "intento de golpe de Estado", contó con el inmediato repudio de las autoridades de la Casa Blanca. Al recibir en Brasilia una llamada de su embajador en la Argentina para preguntarle si la visita seguía en pie a pesar del alzamiento, el presidente de Estados Unidos, George Bush, señaló que a él no lo iban a parar unos cuantos revoltosos". De este modo, Bush señaló que el alzamiento militar "no modificará" sus planes de visitar la Argentina y aseguró que "Confío plenamente en la seguridad de Buenos Aires". Por su parte, el vocero de Bush, Roman Popakiuk, afirmó que "iremos a la Argentina como estaba previsto". Finalmente, el embajador norteamericano Terence Todman dijo:

"Ratifico absolutamente que no cambiado la intención (de Bush) de cumplir con la visita prevista". (78)

La visita de Bush, que constituyó en sí misma un inequívoco gesto de respaldo de Washington a la continuidad democrática argentina, tuvo su inicio el 5 de diciembre de 1990. En referencia al frustrado alzamiento del sector "carapintada", el mandatario norteamericano felicitó a su colega argentino por la "gran valentía y determinación" con la que enfrentó el problema y señaló que "con el apoyo del pueblo ha demostrado que nadie va a quitarle esta libertad a los argentinos. (79)

En su mensaje ante el Congreso argentino, Bush otorgó nuevos gestos de apoyo a la continuidad democrática:

d) La eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos

Por cierto, la eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos constituyó uno de los frutos positivos del ingreso al patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos adoptado por el gobierno argentino. El primer capítulo de esta sensible mejoría en el ámbito diplomático de la agenda bilateral tuvo lugar en ocasión de la visita del secretario de Estado, Warren Christopher, a la Argentina, a fines de febrero de 1996. El funcionario norteamericano anunció el día 29 que "a fines de este año se eliminará el visado de pasaportes argentinos para viajar a los Estados Unidos". Agregó Christopher que, con la adopción de esta medida, Argentina sería el primer país beneficiado por la misma y que la eliminación del trámite fue dispuesta porque la Argentina cumplió con los requisitos impuestos por las autoridades de inmigración de su país. (81)

En realidad, la eliminación de la exigencia de visado llegó mucho antes del fin de ese año, en un nuevo indicio del favorable clima que en ese momento atravesaban las relaciones diplomáticas bilaterales. El 5 de julio de 1996, el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Glyn Davies, anunció que a partir del día 9, Argentina pasaba a estar incluida en el Visa Waiver Pilot Program (VWPP). Esta participación excluía de la obligación de tramitar la visa a los ciudadanos argentinos interesados en viajar a Estados Unidos por razones turísticas o comerciales, cuyo plazo de estadía se extendiera hasta los 90 días. (82)

e) El tratado de extradición entre ambos países

Junto con la eliminación de la exigencia de visado de pasaportes argentinos, otro paso importante en la agenda diplomática bilateral fue la firma de un tratado de extradición entre los gobiernos de ambos países, el 10 de junio de 1997. Este tratado fue redactado, fundamentalmente, para servir como una herramienta de combate al narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Por su artículo I, dicho tratado autorizaba la extradición "(…) en forma recíproca (…) a las personas a las cuales las autoridades del Estado requirente han imputado o declarado culpables por un delito extraditable". Por su parte, los artículos II y IV definían como "extraditable" a una gama muy amplia de delitos, excepto los delitos políticos. (83)

f) El asilo argentino al dictador paraguayo Lino Oviedo como tema de la agenda diplomática entre Argentina y Estados Unidos

En contraste con los avances registrados en los dos acápites anteriores, una cuestión espinosa de la agenda bilateral fue, sin lugar a dudas, el asilo otorgado por el gobierno de Menem al ex general paraguayo Lino Oviedo.

Un primer indicio de las dificultades en torno a esta cuestión fue otorgado por el zar de la lucha contra las drogas, Barry Mc Caffrey, en su encuentro con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, en Washington, a fines de septiembre de 1999. En dicha oportunidad, Mc Caffrey señaló que su gobierno vería con malos ojos tanto un regreso del ex dictador al Paraguay, como el otorgamiento de una amplia protección argentina a Oviedo, que permitiese a este último hacer política desde Buenos Aires o desde Tierra del Fuego. (84)

NOTA

1. Este término, acuñado por el economista John Williamson, designa al acuerdo establecido en la década de 1980 entre las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos respecto de las políticas "correctas" para los países subdesarrollados, las cuales se resumen en los siguientes diez lineamientos –los llamaos "diez mandamientos" del Consenso- que son los siguientes: 1) disciplina fiscal; 2) disminución del gasto público; 3) mejora de la recaudación y reforma impositiva; 4) liberalización del sistema financiero y de la tasa de interés; 5) mantenimiento de un tipo de cambio estable y competitivo; 6) liberalización comercial externa (reducción de aranceles y abolición de trabas a las importaciones); 7) otorgamiento de amplias facilidades a las inversiones externas; 8) realización de una amplia y enérgica política de privatizaciones de empresas públicas; 9) desregulación de las actividades estatales y 10) cumplimiento estricto del pago de la deuda externa. Este acuerdo –que coincidió con un cambio en la dirigencia del Fondo- marcó un enfoque completamente distinto –e incluso opuesto- al enfoque "keynesiano-desarrollista" que había orientado las medidas de estas instituciones multilaterales de crédito entre las décadas de 1950 y 1970. Ver al respecto los trabajos de Williamson, John, "Revisión del Consenso de Washington", en El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 1998; Rapoport, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 869; Corbalán, María Alejandra, El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pp. 60-61; Stiglitz, Joseph E., El malestar en la globalización, Buenos Aires, Taurus, 2002, Capítulo 1, especialmente pp. 39-45; y Minsburg, Nahum, "La "alianza" entre el establishment local y el FMI", en Minsburg, Nahum, (coordinador), Los guardianes del dinero. Las políticas el FMI en la Argentina, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003, Cuadro 1, p. 64.

2. Manuel Antonio Noriega, jefe de la Guardia Nacional panameña, había tomado el poder en 1983 con la anuencia del gobierno norteamericano, dado que durante un prolongado tiempo se desempeñó como informante de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) y constituyó un enlace en la provisión de armas de Estados Unidos a las fuerzas conservadoras del país centroamericano. Pero hacia fines de la década de 1980, con el fin de la Guerra Fría y la progresiva normalización del conflicto en Nicaragua y Honduras, el anticomunismo de Noriega dejó de ser funcional a los intereses estratégicos de Washington. Asimismo, pesaron en este cambio de enfoque las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el dictador panameño, sumadas a sus conexiones con el narcotráfico, manifiestas a partir del fallo de la Corte en Miami en 1988.

3. Declaraciones de Menem a Bush, citadas en artículo "Consternación del gobierno argentino", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 6.

4. Texto del comunicado del gobierno argentino, citado en "Consternación del gobierno argentino", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 6. Por su parte, el editorial "La invasión norteamericana a Panamá", La Nación, 24 de diciembre de 1989, p. 8, considera que el comunicado del gobierno argentino fue "(...) una síntesis acertada y prudente, en cuanto reivindica las normas del derecho internacional "que regulan las relaciones entre los Estados" y, a la vez, exhorta "al pronto retorno de las instituciones democráticas en Panamá, considerando que la presencia en el poder del general Noriega constituye un obstáculo insalvable para dicho fin".

5. "Marcha de protesta de la izquierda frente al Congreso", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 5.

6. Ver párrafo del texto del proyecto, citado en el artículo "El Senado argentino pidió el cese inmediato de las acciones bélicas", La Nación, 22 de diciembre de 1989, p. 3. La iniciativa fue votada con el consenso de radicales y peronistas. El único que se opuso, por considerarlo "insatisfactorio", fue el radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien señaló que "mi deseo es que se condene la intervención armada; Latinoamérica es una nación y esta agresión contra Panamá es una agresión contra todos".

7. Opiniones del senador radical Adolfo Gass, del diputador radical Carlos Raimundi, de la mesa directiva de la Unidad Manriquista, del diputado peronista Antonio Guerrero, del concejal radical Horacio Calzón Flores, del diputado ucedeísta José María Ibarbia y del concejal ucedeísta Julio Crespo Campos, citadas en el artículo "La Argentina y el delicado equilibrio continental", La Nación, 23 de diciembre de 1989, p. 2.

8. Comunicado de la embajada norteamericana en Buenos Aires y expresiones de Menem y Kohan respecto de la cuestión de la intervención norteamericana en Panamá, citados en "Decepción norteamericana por reacciones en la Argentina", La Nación, 22 de diciembre de 1989, p. 4. Comentario editorial de rechazo a dicho comunicado en editorial "La invasión norteamericana a Panamá", La Nación, 24 de diciembre de 1989, p. 8.

9. Declaraciones del presidente Menem y del canciller Cavallo, citadas en los artículos "Decepción norteamericana por reacciones en la Argentina", op.cit.; y "La Argentina y el delicado equilibrio continental", op.cit., p. 12.

10. Idem nota anterior.

11. "Exhortación argentina", La Nación, 28 de diciembre de 1989, p. 3.

12. Texto del decreto 232 del 3 de febrero de 1992 en Anales de Legislación Argentina 1992, Tomo LII-A, Buenos Aires, La Ley, 1992, pp. 383-384 y en Boletín Oficial de la República Argentina, N° 27320, 5 de febrero de 1992, 1° sección, p. 4.

13. "Una nota periodística impulsó la apertura de los archivos nazis", por M.E.P.., La Nación, 2 de febrero de 1992, p. 3; "Los jerarcas nazis en la Argentina. Abren los archivos secretos", La Nación, 3 de febrero de 1992, p. 3; "Se anuló el secreto sobre los nazis en la Argentina", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 1; "Menem: se pagó una deuda contraída con toda la humanidad", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 1 ; "Los fundamentos del decreto", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Una historia llena de misterios que quizá no lleguen a aclararse", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Cuando la memoria del horror se presentó en la Casa de Gobierno", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Satisfacción de entidades judías", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; y el editorial "Los archivos secretos a la luz", La Nación, 8 de febrero de 1992, p. 6.

14. Idem nota anterior.

15. Ver estos datos en sitio oficial de la CEANA: http://www.ceana.org.ar/creacion.html.
16. Idem nota anterior.

17. Palabras del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Ingeniero Guido Di Tella, en Gurevich, Beatriz, y Escudé, Carlos (editores), El genocidio ante la historia y la naturaleza humana, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella y Grupo Editor Latinoamericano, 1994, pp. 13-14.

18. http://www.ceana.org.ar/creacion.html.
19. Texto del decreto 390 en Anales de Legislación Argentina (ADLA) 1997, Tomo LVII-B, Buenos Aires, La Ley, 1997, pp. 1445-1446.

20. Respecto de las posiciones de defensa de la labor de la CEANA consultar la introducción de Klich, Ignacio, al Informe Final de la CEANA, disponible en el citado sitio oficial de la Comisión, sección Informe Final: http://www.ceana.org.ar/final/introdu.htm. En dicho informe, Klich destaca en su página 1 la evaluación de los resultados de las investigaciones de dicha Comisión "por un Panel Internacional en el que, por ejemplo, los soportes del jefe de Estado y aquéllos vinculados al partido gobernante son una pequeña minoría"; la "importante cuota de pluralismo –un valor relativamente escaso en la historia argentina- que caracterizó la integración de sus Comités Asesor y Académico"; y "la autenticidad del compromiso material y logístico hacia la tarea de la CEANA por parte del titular de la Cancillería, así como también la ausencia de interferencia oficial en cuanto a la elaboración del plan de investigaciones de la Comisión, los especialistas que fueron llamados a colaborar y a otros aspectos". Sobre la posición contraria a la esgrimida por Klich puede consultarse el libro de Goñi, Uki, La auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argentina de Perón, Buenos Aires, Paidós, 2002. En la conclusión de su libro, páginas 373 y 374, Goñi advierte que "(…) Una muestra de cómo Argentina continúa intentando encubrir su responsabilidad antes y después de la guerra la proporcionó la comisión gubernamental creada por el ministerio de relaciones exteriores entre 1997 y 1999 para investigar los antiguos vínculos con los nazis. (…) La CEANA (…) publicó una serie de informes, reunidos por un equipo de estudiosos internacionales, que fracasaron estrepitosamente a la hora de abordar las cuestiones fundamentales. No se realizó ninguna investigación sobre las redes de extorsión de judíos en la Argentina, de los sobornos cobrados por los diplomáticos argentinos a cambio de visados, de las conexiones de Perón con el servicio secreto de Himmler, ni del acuerdo de intercambio de información entre Schellenberg y Argentina. Increíblemente, ni siquiera se realizó investigación alguna sobre las reuniones celebradas mediada la guerra por Goyeneche con Himmler y Ribbentrop. Mi propia sugerencia a la comisión de que debería convocarse al antiguo jefe de la División Informaciones, Rodolfo Freude, para que testificara sobre las actividades de rescate de nazis realizadas poe su oficina durante la posguerra jamás se tuvo en cuenta (…)". Una posición crítica similar a la de Goñi fue la del cazador de nazis Simon Wiesenthal, quien, al cumplirse un año de la apertura de los llamado archivos nazis, no dudó en acusar al gobierno de Menem y a la CEANA de ocultar documentos. Ver al respecto artículos "Wiesenthal acusa al gobierno por los archivos nazis. "Se ocultan documentos"", Página/12, 3 de febrero de 1993, pp. 2-3; y "Un acto bien promocionado. "Deuda con la humnaidad"", Página/12, 3 de febrero de 1993, p. 3.

21. Ver al respecto el editorial "Argentina, a Haven for Nazis, Balks at Opening Its Files", The New York Times, by Larry Rohter, Section 1, Page 3, Column 1, Foreign Desk, en sitios http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30915F8355B0C7A8CDDAA0894DB40…. Ver referencias a este editorial en editorial de opinión de Kiernan, Sergio, "El "New York Times" denuncia el secreto argentino sobre los nazis". Otro papelón a nivel internacional", Página/12, 10 de marzo de 2003, en el sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/1-17451-2003-03-10.html.

22. Respecto de esta polémica consultar el texto de la carta de Torcuato Di Tella al congresista norteamericano Maurice Hinchey, Buenos Aires, May 21, 2003, citado en sitio http://ukinet.com/ditella.htm..; y el artículo "Torcuato Di Tella polemiza por la cacería de nazis. "El Wiesenthal lanzó una cretinada"", Página/12, 2 de junio de 2003, sección El País, en sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/ 1-20908-2003-06-02-html. Consultar también referencias a esta polémica en los editorial de opinión de Kiernan, Sergio, "La interna de la CEANA", Página/12, 9 de junio de 2003, sección El País, en el sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/1-21198-2003-06-09.html.

23. "Unánime rechazo latinoamericano al dictamen. Justicia del imperio", Página/12, 17 de junio de 1992, pp. 18-19.

24. "La Argentina rechaza un fallo de EE.UU.", La Nación, 17 de junio de 1992, p. 1.

25. "Menem duro, pero inocuo. "Más que un error, un horror" ", Página/12, 18 de junio de 1992, p. 17.

26. "El controvertido fallo de la Corte Suprema norteamericana. El Senado argentino manifestó su rechazo", La Nación, 18 de junio de 1992, p. 3. Asimismo, en el texto también se requería si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto había elevado alguna protesta sobre el asunto.

27. "El controvertido fallo de la Corte Suprema norteamericana. Rechazo de dirigentes políticos argentinos", La Nación, 17 de junio de 1992, p. 4.

28. "Desacuerdo regional con la Corte norteamericana", La Nación, 27 de junio de 1992, p. 1.

29. Di Tella adoptó esta decisión tras contactos con el presidente Carlos Menem y con el ministro de Defensa Antonio Erman González. Ver respecto de la misma el artículo "La Argentina dispuso el envío de efectivos", La Nación, 10 de diciembre de 1992, p. 3.

30. Vale destacar al respecto que, durante la gestión de Alfonsín, la Argentina se abstuvo de acompañar la posición norteamericana de condena a Cuba durante las votaciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre el argumento que la misma condenaba al régimen castrista sin una investigación previa. Durante el 43° período de sesiones de dicha Comisión en Ginebra, la delegación argentina, en vez de respaldar la moción norteamericana apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar ninguna decisión de fondo en el asunto. El voto argentino resultó de una singular importancia para abortar el proyecto impulsado por Estados Unidos, ya que la propuesta india, convertida en resolución 1987 / 105 del 11 de marzo, se impuso por el ajustado resultado de 19 votos a favor (entre ellos los de India, China y URSS), 18 votos en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Brasil y Venezuela) y 6 abstenciones (entre ellas las de Argentina). Esta divergencia entre las posiciones argentina y norteamericana respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba volvió a repetirse en ocasión del 44° período de sesiones de la citada Comisión en Ginebra. En dicha ocasión, nuevamente la delegación argentina objetó la propuesta norteamericana (proyecto de resolución E / CN. 4/ 1988 / L. 26 presentado el 29 de febrero). El 10 de marzo de 1988, la Comisión aprobó sin votación un proyecto presentado por Argentina, Colombia, México y Perú, que aceptaba la invitación efectuada por Cuba para que el presidente y cinco miembros de la Comisión visitaran la isla y elaboraran un informe sobre la situación de los derechos humanos (decisión 1988 / 106). Finalmente, durante el 45° período de sesiones de la Comisión, el día 9 de marzo de 1989, fue adoptada la resolución 1989 / 113, referente al estudio del informe de la misión realizada en Cuba de acuerdo con la decisión 1988 / 106. Esta resolución fue aprobada por 32 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Cuba, Colombia, México, Perú, Unión Soviética y Yugoslavia), 1 voto en contra (el de Marruecos) y 10 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, España, Pakistán y Venezuela). Ver al respecto los siguientes documentos: Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 43ª período de sesiones (2 de febrero a 13 de marzo de 1987), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1987, Suplemento Nº 5, Naciones Unidas, Nueva York, 1987, pp. 144 y 223-225; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 44º período de sesiones (1º de febrero al 11 de marzo de 1988), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1988, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1988, pp. 238-241; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 45º período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1989), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1989, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 202-203 y 267.

31. "Bush agradeció gestiones de Menem", La Nación, 4 de mayo de 1990, p. 5.

32. Idem nota anterior.

33. Ver referencia a los contactos de Menem con sectores anticastristas en el artículo "Menem en la Cumbre Ibeoramericana. Con Fidel y en Guadalajara", Página/12, 17 de julio de 1991, p. 9.

34. Ver apartado "Reunión con anticastristas" en Clarín, 18 de noviembre de 1991, p. 2; y editoriales "Con el lobby cubano en la cabeza", por Martín Granovsky, Página/12, 19 de noviembre de 1991, p. 2 y "Nadie presionó a Menem para que encabece la cruzada anticastrista", por Martín Granovsky, Página/12, 20 de noviembre de 1991, p. 2. En opinión de Granovsky, estos contactos de Menem con los sectores anticastristas respondían al ansia personal de protagonismo político del presidente argentino más que a una presión norteamericana. Asimismo, el periodista argumenta que el presidente Menem busca diferenciarse de sus pares de la región al adoptar esta actitud intransigente en el tema cubano.

35. "Cuba", Página/12, 21 de noviembre de 1991, p. 4.

36. "Cheek elogió a Menem por criticar a Castro", La Nación, 20 de julio de 1993, p. 1.

37. Por cierto, esta búsqueda de un rol de mediación en el tema Cuba por parte del gobierno de Menem reconoció un antecedente en el frustrado intento de la gestión del radical desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962) por mediar entre Fidel Castro y John Kennedy. Sobre este tema consultar Cisneros y Escudé (directores), op.cit., Parte III, Tomo XIII, Capítulo 63.

38. "Menem intentó mediar entre Clinton y Castro", La Nación, 11 de agosto de 1997, pp. 1 y 5.

39. En esta II Cumbre de las Américas en Santiago, Cuba fue formalmente la gran ausente de la cumbre y, sin embargo, ocupó un lugar central en la agenda del encuentro. Contra la voluntad de Washington (que marginó a Cuba del ALCA a menos que se democratizara el régimen castrista), la situación cubana estuvo presente en las distintas discusiones. Acerca de la cumbre de Santiago y de la posición adoptada por Argentina en dicha cumbre ver los siguientes editoriales: "Intenta mediar el Gobierno entre Cuba y EE.UU.", La Nación, 17 de abril de 1998, pp. 1 y 7; "Preparativos para la Cumbre de las Américas: el peso político del único mandatario que estará ausente. Menem afina la estrategia sobre Cuba", La Nación, 17 de abril de 1998, p. 7; "En el comienzo de la Cumbre de las Américas. Menem explica el supuesto giro hacia Castro", por María O’ Donnell, La Nación, 18 de abril de 1998, pp. 1 y 6; "La II Cumbre de las Américas: comienza tras la visita oficial del presidente de los EE.UU a Chile. Para Clinton terminó la era de los dictadores en América Latina. Lo dijo ante el Congreso chileno; mensaje para la región sobre democracia", por Jorge Elías, La Nación, 18 de abril de 1998, p. 9; y "Concluyó la II Cumbre de las Américas: pedido norteamericano y recambios diplomáticos. Los Estados Unidos exhortaron a los presidentes a no visitar a Cuba", por Jorge Elías, La Nación, 20 de abril de 1998, p. 5.

40. Ver al respecto el artículo "Menem y Cuba. En boca cerrada", Página/12, 21 de julio de 1994, p. 6.

41. Sobre esta división entre países "intervencionistas" –caso de la Argentina- y "no intervencionistas" –como México y Brasil- durante la década de 1990, ver el artículo de Bloomfield, Richard, "Making the Western Hemisphere Safe for Democracy? The OAS Defense-of-Democracy Regime", The Washington Quarterly, Vol. 17, Nº 2, Spring 1994, pp. 157-169.

42. Respecto de este bajo perfil inicial, cabe destacar que el primer canciller del gobierno de Menem, Domingo Cavallo, había argumentado –en contraposición a su antecesor del gobierno radical, Dante Caputo, quien había observado un alto perfil respecto de la crisis centroamericana- que la Argentina no tenía intereses vitales en la región centroamericana y caribeña. Pero dos años más tarde, tras el derrocamiento de Aristide en Haití, el sucesor de Cavallo en la titularidad del Palacio San Martín, Guido Di Tella, abandonó el principio de no intervención al impulsar una intervención militar para reponer al régimen constitucional depuesto en la isla. Ver al respecto "Argentina busca un mayor protagonismo. Dos cambios en la política exterior", por Daniel Santoro, Clarín, 5 de octubre de 1991, p. 4.

43. El Presidente con Clinton para encarar trabajos conjuntos", por Silvia Pisani, La Nación, 24 de junio de 1994, p. 6; y "Menem-Clinton: menos tensión por las patentes", La Nación, 25 de junio de 1994, p. 1.

44. A decir verdad, la resolución 6/94, adoptada el 9 de junio de 1994 por la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que tuvo lugar en ocasión de la Asamblea General de la organización panamericana celebrada en Belém de Pará (Brasil), fue precedida por una serie de resoluciones de similar índole, que procuraron, a través del bloqueo, el retorno del presidente constitucional haitiano, Jean-Bertrand Aristide, derrocado por el general Raoul Cedras a fines de septiembre de 1991. La primera de estas resoluciones, que tuvo lugar al mes siguiente del derrocamiento de Aristide, fue la 1 / 91 del 3 de octubre, que adoptó medidas de aislamiento diplomático y suspensión de vínculos comerciales y financieros con el régimen de facto en Haití. La segunda fue la 2 / 91, aprobada el 8 de octubre por el agravamiento de la situación en la isla, que estableció el congelamiento de los activos del Estado haitiano y el embargo comercial a la isla, salvo excepciones de carácter humanitario. La tercera resolución, la 3/ 92, fue aprobada el 17 de mayo de 1992 y extendió y profundizó la verificación del embargo comercial a Haití. Por su parte, la resolución 4/ 92, del 13 de diciembre de 1992, otorgó mandato al Secretario General de la OEA para que explorara "la posibilidad y conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal del embargo comercial recomendado por la OEA". A su vez, la resolución 5 / 93, adoptada el 6 de junio de 1993 por la Reunión Ad Hoc de cancilleres miembros de la OEA reunidos en ocasión de la Asamblea General de la OEA en Managua, reiteró su decisión de continuar con la ayuda humanitaria a Haití, no obstante la vigencia del embargo comercial. Finalmente, la resolución 6 / 94, citada al comienzo de esta nota, que reiteraba, de conformidad con la resolución anterior, el apoyo y reforzamiento de las medidas de embargo comercial a Haití por parte de los estados miembros de la organización panamericana y de las Naciones Unidas, el congelamiento de los activos del régimen de facto y sus partidarios y la suspensión de las transacciones financieras con Haití. Respecto de estas resoluciones de las Reuniones Ad Hoc de Cancilleres de la OEA en el marco de la Asamblea General y su contenido ver el trabajo de Alice, Mauricio, La evaluación de la eficacia de la OEA en crisis democráticas en el continente. Las posiciones argentinas, Buenos Aires, GEL, 2002, Sección III, pp. 84-88.

45. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a través de su resolución 904 a "(…) recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con los Acuerdos de Gobernor’s Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití (…)". De acuerdo con la opinión del representante alterno de la Argentina ante la OEA, Mauricio Alice, varios fueron los factores que contribuyeron a la adopción de esta decisión por parte del Consejo: el incumplimiento del Acuerdo de Governor’s Island de julio de 1993 entre el desplazado presidente Aristide y el Jefe de las Fuerzas Armadas y líder del golpe que provocó el alejamiento del primero, general Raoul Cedras; la ausencia de avances en el proceso de diálogo entre la Comisión Presidencial y los representantes del Parlamento haitiano, en la ratificación parlamentaria del primer ministro designado por Aristide, Robert Malval, en las reformas judiciales y de las fuerzas policiales, en la designación de nuevas autoridades militares y en el retiro anticipado de Cedras de la comandancia en jefe; el asesinato del ministro de Justicia, Guy Francois Malary; y el rebrote de la violencia y la tensión política internas. Ver al respecto el trabajo de Alice, op.cit., Sección III, especialmente pp. 84-89. Ver asimismo el artículo "Autorizó la UN usar la fuerza en Haití", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1.

46. En relación con las dificultades de los argentinos que se encontraban en la Embajada en Haití, cabe acotar que el régimen militar de Cedras no había otorgado a la representación diplomática argentina ningún reconocimiento oficial, factor que disminuía las posibilidades de evacuación de este personal ante un eventual ataque militar. Declaraciones del embajador argentino en Haití, Carlos Carrasco, en artículo "Argentina define su participación", Ambito Financiero, 3 de agosto de 1994, p. 23.

47. Ver las diferencias entre las posiciones de Menem y Di Tella y las de Camilión, Cavallo y Bauzá en "Diferencias en el seno del Gobierno por el envío de tropas a Haití", Clarín, 3 de agosto de 1994, p. 14.

48. Declaraciones de Menem, citadas en artículo "Ahora Menem limita el envío de tropas a Haití", por Fabián Doman, Ambito Financiero, 4 de agosto de 1994, p. 6.

49. Posición de Alfonsín en el artículo "Alfonsín tampoco apoya la invasión", Ambito Financiero, 4 de agosto de 1994, p. 6.

50. Por estos motivos, concluía el artículo de Alconada Sempé, la defensa de la democracia "no puede ser utilizada para justificar una intervención militar". Ver al respecto artículo de Alconada Sempé, Raúl, "Basta de alinearse", en Clarín, 4 de agosto de 1994, p. 23, fuente citada por Simonoff, Alejandro, "La UCR y la política exterior. Análisis de cien años de discurso radical", La Plata, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata, Serie Tesis, N° 2, Noviembre 1996, p. 131.

51. El proyecto presentado por Galván y otros legisladores radicales era claro respecto de este punto: "Abruptamente se ha pasado de un escenario en donde los esfuerzos eran de carácter multilateral a otro en que se ha privilegiado la relación bilateral comprometiendo seriamente la solución del conflicto en los términos previstos en los organismos internacionales intervinientes" . Párrafo del expediente 3805-D-94, firmado por Raúl Galván (presidente de la bancada radical) y José María Hernández, entre otros, en Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Trámite parlamentario, N° 101/ 94, Buenos Aires, Imprenta Oficial del Congreso, 1994, p. 6403, fuente citada por Simonoff, op.cit., pp. 130-131.

52. Idem nota anterior.

53. El citado proyecto colocaba esta objeción en los siguientes términos: "El actual presidente de la República ha decidido el envío de tropas argentinas a diversos escenarios bélicos (Golfo Pérsico, la ex Yugoslavia, Mozambique, etcétera), sin autorización del Congreso Nacional, comprometiéndose no sólo la vida y la seguridad de la República, la que podría verse afectada –por accidente- en una situación de beligerancia no querida, ni decidida por el único órgano que tiene facultades para ello, es decir el Congreso Nacional"., Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Trámite parlamentario, N° 101/ 94, op.cit., p. 6404, fuente citada por Simonoff, op.cit., p. 131.

54. "La Argentina", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1; "Las Naciones Unidas autorizaron la invasión a Haití. Estarían listos en 15 días los efectivos argentinos", por Facundo Landívar, La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 2; "Desistió Menem de invadir Haití", La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 1; "La estrategia oficial es llegar tarde a la invasión", por Daniel Ponce, La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 16; y "Un desafío para la diplomacia", por Alfredo Vega, La Nación, 6 de agosto de 1994, p. 2.

55. "Carta de Clinton a Menem", La Nación, 9 de agosto de 1994, p. 3.

56. "Ya envió la Argentina observadores por Haití", por Mariano Obarrio, La Nación, 16 de agosto de 1994, p. 10.

57. "Complace a los EE.UU. el acuerdo anglo-argentino", La Nación, 17 de febrero de 1990, p. 4.

58. "Malvinas: no mediará EE.UU.", por Fernán Saguier y Fernando Laborda, La Nación, 12 de diciembre de 1994, p. 1; y "Clinton no mediará por las Malvinas", por Fernán Saguier y Fernando Laborda, La Nación, 12 de diciembre de 1994, p. 6.

59. "Clinton call for talks on Falklands", The Times, 18 de octubre de 1997, p. 14, fuente citada por Cable de Embajada en el Reino Unido, Londres, 18 de octubre de 1997, p. 1, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 17, Carpeta Malvinas.

60. "Oil and Troubled Waters. Prosperity and Peace in the South Atlantic", editorial del The Times, citado en Cable de Embajada en el Reino Unido, Londres, 18 de octubre de 1997….op.cit., p. 2.

61. Idem nota anterior.

62. Confidencial. Indice de fichas para el señor canciller. Temas para ser tratados por el presidente Menem. Ficha 3: Malvinas, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 17, Carpeta Malvinas.

63. "La visita de Menem a EE.UU. Clinton hablará con Blair por las Malvinas", La Nación, 12 de enero de 1999, pp. 1 y 4; y "Un acuerdo que no implica compromisos", por Jorge Elías, La Nación, 12 de enero de 1999, p. 4.

64. La decisión de indulto fue adoptada por Menem a través de los decretos del Ejecutivo números 1002 y 1003 del 6 de octubre de 1989 y los decretos números 2741 a 2746 del 29 de diciembre de 1990. Por medio de los primeros dos decretos fueron liberados de prisión el ex presidente de facto general Leopoldo Fortunato Galtieri y otros dos integrantes de la Junta Militar, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Basilio Lami Dozo; y su par de la Marina, Jorge Anaya. Por su parte, por el decreto 2741 fueron indultados los ex integrantes de la cúpula militar general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera, brigadier Orlando Ramón Agosti y otros integrantes del régimen tales como Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Ramón Juan Alberto Camps y Ovidio Pablo Ricchieri, antiguos jefes de policía de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el ex jefe guerrillero Mario Eduardo Firmenich fue indultado por el decreto 2742; Norma Bremilda Kennedy y Duilio Rafael Brunello, funcionarios ambos del gobierno constitucional peronista en los años 1973-1976 fueron indultados por los decretos 2743 y 2744; el ex ministro de Economía del gobierno de Videla José Alfredo Martínez de Hoz por el 2745; y, finalmente, el ex comandante en jefe del primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason, fue indultado por el decreto 2746. Referencias al contenido de los decretos 1002 y 1003 y textos de los decretos 2741 a 2746 en Anales de Legislación Argentina 1991, Tomo LI – A, Buenos Aires, La Ley, 1991, pp. 305-310. Sobre este tema consultar también el artículo de Sain, Marcelo, "Democracia e Forças Armadas: entre a subordinaçao militar e os "defeitos" civis", en D’Araujo, María Celina y Castro, Celso (orgs.), Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, Río de Janeiro, Editora FGV, 2000. Ver asimismo Sain, Marcelo, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit.. Consultar asimismo los artículos "Sobre indultos y amnistías", por Atilio Borón, Página/12, 3 de octubre de 1989, p. 9; y "Ex Military President Goes Free in Argentina", The New York Times, October 12, 1989, Section A, p. 13, Column 1, Foreign Desk, en sitio www.nexis.com/research/search/doclist?

65. En la versión original del editorial: "For no good reason, President Carlos Menem of Argentina has trashed his country’s finest achievement of the last 60 years. Previous civilian authorities from President Raul Alfonsin on back courageously re-establishes the vital constitutional principle that all citizens, military officers included, are accountable to the rule of law. Now, in a country still prone to coup attemps, the tradition of military impunity has been restored. (…)
    Mr. Menem portrayed his action as a gesture of reconciliation, closing the book on a tragic past. Instead he has invited a repetition of the tragedy by resurrecting the idea that the military can hold itself above the law (…)". Ver "Pardoning Mass Murder in Argentina", The New York Times, January 3, 1991, Section A, p. 20, Col. 1, Editorial Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?; y párrafos y comentarios de este editorial citados en artículo "Basura", Página/12, 4 de enero de 1991, p. 1.

66. "Legisladores de EEUU protestaron por el indulto a militares", La Nación, 17 de noviembre de 1989, p. 24.

67. Busso, Anabella, "Menem y Estados Unidos: un nuevo rumbo en la política exterior argentina", en Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), La política exterior del gobierno de Menem. Seguimiento y reflexiones al promediar su mandato, Rosario, CERIR, 1994, pp. 59-60.

68. "Crítica a legisladores de los Estados Unidos", La Nación, 19 de enero de 1990, p. 4.

69. "Un petitorio contra el indulto", La Nación, 3 de octubre de 1990, p. 4.

70. "La embajada daría un comunicado. El indulto a Suárez Mason, según los Estados Unidos", La Nación, 9 de enero de 1991, p. 1; "Reacciones en EE.UU. por el indulto a Suárez Mason", por Julio Crespo, La Nación, 9 de enero de 1991, p. 4.

71. Tal como comentó a La Nación una fuente del Departamento de Justicia, "Por pedido de la Argentina se movilizaron hombres del FBI para rastrear el domicilio de Suárez Mason y para detenerlo (...) y los tribunales de este país trabajaron en un largo proceso. Ahora resulta que todo eso se hizo para nada. (...)". Ver al respecto los artículos citados en la nota anterior.

72. "El caso de la Argentina", La Nación, 31 de enero de 1997, p. 3.

73. "Crítica de EE.UU. a la Justicia argentina", La Nación, 31 de enero de 1998, p. 1; "Informe del Departamento de Estado norteamericano. EE.UU. critica a la justicia argentina", por Jorge Elías, La Nación, 31 de enero de 1998, p. 12; y "Granillo Ocampo admitió que hay abusos policiales", La Nación, 31 de enero de 1998, p. 12.

74. "Menem llega al Líbano sin definirse sobre Irak. Ayer, en Suiza, dijo que aún no se ha decidido si la Argentina acompañaría una acción militar contra Saddam; rechazó las críticas de EEUU a la Justicia", La Nación, 2 de febrero de 1998, p. 1.

75. "Guelar criticó el embargo a Cuba", La Nación, 6 de febrero de 1998, p. 8.

76. "EE.UU.: En la Argentina hay antisemitismo. Un informe oficial habla de una larga serie de acciones contra los judíos", por María O’ Donnell, La Nación, 10 de septiembre de 1999, pp. 1 y 12.

77. Este último levantamiento fue fruto de la puja entre la conducción del Ejército, reacia a toda forma de insubordinación o de actos que atentaran contra la jerarquía y disciplina interna del arma y decidida a excluir de las filas del Ejército al sector "carapintada", y éste último sector. Los tres levantamientos anteriores habían ocurrido durante la gestión de Raúl Alfonsín: el de Semana Santa de abril de 1987; el de Monte Caseros, en enero de 1988 y el de Villa Martelli, en diciembre de 1988. Ver al respecto Sain, Marcelo, Los levantamientos carapintada, 1987-1991, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina (en adelante CEAL), Tomos I y II, 1994. Ver asimismo el artículo de Sain, Marcelo, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit.

78. "Dijo Bush que no suspende el viaje", La Nación, 4 de diciembre de 1990, p. 1

79. Ver declaraciones del presidente Bush sobre el levantamiento carapintada en "Bush elogió la alineación de nuestro país tras los objetivos de Occidente", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 1; "La visita del presidente Bush. Coincidencia en impulsar la zona de libre comercio", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 6 y "Un presidente que colmó sus oídos de elogios con valor político", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 20.

80. Adress to the Argentine Congress, Buenos Aires, Argentina, December 5, 1990, fuente citada en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995. Una nueva etapa, op.cit., p. 299.

81. "Christopher llegó y elogió a Menem", La Nación, 29 de febrero de 1996, p. 4; "Se elimina a fin de año la visa para ir a EE.UU.", La Nación, 1º de marzo de 1996, p. 1; "Di Tella: sin diferencias con los EE.UU.", La Nación, 1º de marzo de 1996, p. 10; y editorial de opinión "La visita de Christopher", La Nación, 2 de marzo de 1996, p. 6.

82. Cabe destacar que la Argentina fue el país N° 24 en obtener el Visa Waiver Pilot Program. En ese momento, los otros 23 países integrantes de este programa fueron Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Suecia y Suiza. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por el vocero del Departamento de Estado, Glyn Davies, "The criteria for inclusion in the VWPP are a very low rate of refusals of visitor visa applications, reciprocal treatment of American nationals, a program for issuance of machine-readable pasaports, and a determination by the U.S. Attorney General that a country’s inclusion would not damage U.S. law enforcement interest". Ver respecto de este tema "State Dept. announces Argentina Visa Waiver Program (Becomes 24 th participant)", text of a July 5 statement on the subject by acting State Department spokesman Glyn Davies, U.S. Department of State, International Information Programs, en http://www.usinfo.state.gov/products/washfile.
    Tras el colapso económico de la Argentina de diciembre de 2001, las autoridades del Departamento de Estado decidieron, en consulta con las del Departamento de Justicia, remover a la Argentina de este programa, dado que el país ya no cumplía con las leyes norteamericanas de inmigración. Con la remoción de Argentina el 20 de febrero de 2002, quedaron dentro del Visa Waiver Program los siguientes 28 países: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Uruguay. "Department of Justice terminates Argentina’s participation in Visa Waiver Program", U.S. Department of Justice, February 20, 2002, en www.usdoj.gov

83. Ver el texto de Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 10 de junio de 1997, citado por la publicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000, op.cit., pp. 764-772. Ver asimismo el artículo "Extradición: un triunfo de Washington", La Nación, 14 de junio de 1997, p. 7.

84. "Virtual cierre de la frontera con Paraguay", por Joaquín Morales Solá, apartado "La posición norteamericana", La Nación, 30 de septiembre de 1999, p. 8.

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