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b) Las cuestiones pendientes en el capítulo de inversiones

b. 1.) La cuestión de la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras

Sin lugar a dudas, las falencias en esta materia generaron frecuentes quejas por parte de las empresas y de los funcionarios de la Embajada norteamericana hacia las autoridades argentinas. Así, el 11 de agosto de 1993, el entonces embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, y reclamó mayor seguridad jurídica, sosteniendo que

"Hay empresas norteamericanas que expresan su interés en tener mayor seguridad jurídica en este país". (1)

Como era de esperarse, las declaraciones del embajador no cayeron bien en el gobierno argentino (2), pues lo colocaban en una situación incómoda frente a los partidos de la oposición, quienes utilizaron este tema con fines de política interna. Por ejemplo, el primer candidato a diputado por la UCR bonaerense Federico Storani, señaló, respecto de esta cuestión, que "El propio Gobierno es quien alimenta la inseguridad jurídica", debido a la total falta de independencia del poder judicial y a los vacíos legislativos que se verificaron en algunas privatizaciones, especialmente "en el procedimiento de privatización de la energía eléctrica que fue completado con discrecionalidad por el Gobierno." Estas opiniones reflejaron la posición que el radicalismo adoptó durante la campaña electoral previa a las elecciones de 1995. (3)

Asimismo, en febrero de 1996, la empresa norteamericana Sierra Misco se quejó ante el gobierno de Mendoza por las irregularidades existentes en la licitación sobre el desarrollo de un sistema de información hidronivometereológico que había sido adjudicado a la firma italiana Ismes, sin antecedentes conocidos en el mercado argentino. De acuerdo con la posición de la empresa norteamericana, al aceptar a Ismes, el gobierno provincial "estaría optando por una oferta que, más allá de los incumplimientos que presentaba, superaba en más de un 30 por ciento el precio ofertado" por Sierra Misco. Ante la falta de respuesta a sus reclamos, los directivos de Sierra Misco tomaron contacto con el embajador Cheek, quien, a su vez, dirigió una carta al ministro del Interior del gobierno nacional, Carlos Corach, en la cual reclamaba mayor transparencia y una pronta respuesta a los pedidos de la empresa norteamericana. (4)

b. 2.) Los casos de corrupción

Por cierto, los casos de corrupción debilitaron los esfuerzos del gobierno de Menem por generar confianza externa y constituyeron el flanco más débil de dicha gestión frente a las críticas de la oposición, especialmente durante su segunda administración (1995-1999). Respecto de estos casos, cabe destacar dos variantes. La primera consistió en aquéllos generados por funcionarios gubernamentales argentinos que tuvieron un fuerte eco en el sector privado y gubernamental norteamericano. La segunda modalidad consistió en casos de corrupción en los que hubo responsabilidad de funcionarios gubernamentales y/o privados de ambos países, se registró un bajo perfil del gobierno y del sector privado norteamericanos y las reacciones se limitaron a legisladores del Congreso y de la Justicia argentina. Dentro del primer tipo de casos se ubicaron los ocurridos con la empresa Swift/Armour (conocido como el Swiftgate); la General Telephone and Electronics (GTE); y los conflictos entre los gobiernos argentino y norteamericano en torno al Plan Nacional de Radarización. Por su parte, el caso que respondió a la segunda modalidad de hechos de corrupción fue el del escándalo que involucró a la empresa norteamericana IBM y a su filial en la Argentina, conocido como IBM-Banco Nación.

b. 2. 1.) El caso de la empresa Swift (el caso "Swifgate")

El caso conocido como "Swiftgate" fue el más importante de los casos de corrupción ocurridos durante la primera administración de Menem (1989-1995). Contó con la intervención directa de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, cuya presión sobre el gobierno argentino provocó como respuesta la adopción de cambios en la constitución del gabinete.

El primer capítulo de esta historia ocurrió a fines de 1990, cuando el asesor presidencial, Emir Yoma, había ofrecido a Swift-Armour, empresa alimenticia ligada con el grupo agroindustrial norteamericano Campbell Soup, la posibilidad de agilizar el trámite de radicación de capital por medio de una comisión. La firma rechazó esa oferta e informó el 5 de noviembre a la Embajada norteamericana en Buenos Aires. A su vez, el 10 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Terence Todman, entregó al ministro de Economía Antonio Erman González y al canciller Domingo Cavallo una carta del gobierno de Washington planteando la queja por la existencia de trabas burocráticas para la actividad de empresas de origen norteamericano -Enron, Autolatina (Ford), Swift /Armour, Firestone, Goodyear, Federal Express Corporation y Bell Atlantic-. (5) Los detalles de este primer capítulo del escándalo fueron publicados el 6 de enero de 1991 por el diario argentino Página /12, que difundió una versión según la cual un funcionario o asesor del Gobierno, con un apellido de origen árabe, había pedido cohecho para agilizar el pedido de radicación de la empresa norteamericana Swift en Rosario. Ese mismo día 6, Menem calificó la versión publicada por el matutino como un caso de "delincuencia periodística". (6)

En respuesta a las acusaciones de Menem, el diario Página /12 solicitó al jefe de Estado que "respete el ejercicio de la libertad de prensa" e insistió en la veracidad de la versión, en la cual se afirmaba también que el ministro de Economía, Antonio Erman González, había ofrecido su renuncia al Presidente cuando Menem lo consultó, al parecer en forma cortante, sobre el supuesto caso de cohecho. (7)

Los días 9 y 10 de enero, el embajador Todman (8) y el Departamento de Estado (9) como el embajador ratificaron la información brindada por Página/12, colocando en una posición muy incómoda al gobierno de Menem. A esta presión se sumó la procedente del diario The New York Times, quien en un editorial del 16 de enero también confirmaba las acusaciones efectuadas por el periodista Horacio Verbitsky en el mencionado matutino porteño. (10)

Frente a esta presión diplomática norteamericana, el vicepresidente argentino, Eduardo Duhalde, definió lo ocurrido con la empresa Swift como "un claro caso de corrupción" e intentó salvar la figura presidencial al afirmar que

"yo, por el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente Menem y su firme decisión de terminar con todo esto." (11)

Por su parte, el ministro de Economía Erman González, respondió por escrito a las inquietudes que le planteó Todman en su citada carta del 10 de diciembre, señalando que

"No podemos dejar de ver con preocupación que el legítimo interés de su embajada en apoyar las actividades de las empresas americanas en nuestro país pueda tomar un giro que parecería llevar a un juicio indiscriminado de la razonabilidad de todas y cada una de las solicitudes que estas empresas puedan realizar al Estado argentino (…)

(…) Es importante que destaquemos nuestra preocupación con una nota que reúne inquietudes de empresas americanas de muy distinta naturaleza y que incluye una virtual acusación de procedimientos deshonestos, tiñendo al conjunto de un carácter que hace difícil las relaciones entre el gobierno argentino y las empresas americanas en un contexto de lealtad y análisis objetivo de sus solicitudes y que contradice las relaciones que individualmente el Gobierno está manteniendo con muchas de estas empresas de larga radicación en el país y donde los problemas se han resuelto en el pasado y seguramente se harán en el futuro, en un marco de comprensión y colaboración." (12)

Como era de esperarse, el gobierno no sólo debió enfrentar las presiones de la Embajada norteamericana. También la oposición buscó utilizar políticamente el escándalo en torno del intento de cohecho a Swift. El ex-presidente Raúl Alfonsín aseguró que "la sociedad tiene la sensación de que existe una corrupción generalizada", justificó la conducta de Todman remarcando que "el embajador de cualquier nación tiene derecho a intervenir en favor de una empresa de su país", y acusó a Carlos Menem de actuar "como el tero" ante casos concretos de denuncias de cohecho. Por su parte, el diputado radical Jesús Rodríguez, sostuvo que "lo que el presidente Menem definió como "delincuencia periodística" se convirtió en rigurosa verdad, y ahora el Gobierno pretende autoindultarse negando los hechos. Finalmente, el radical Federico Storani señaló que

"En términos de la lucha contra la corrupción, el Gobierno es absolutamente declamativo". (13)

A las presiones ejercidas por el embajador Todman y por la oposición radical se sumó la proveniente del Departamento de Estado. El vocero principal de dicha agencia, Richard Boucher, emitió una declaración de tres páginas en la que respaldaba el contenido de la carta del embajador Todman del 10 de diciembre de 1990, sosteniendo que la misma era

"un esfuerzo por encontrar soluciones a problemas que afectan a inversionistas norteamericanos en la Argentina". (14)

Frente a las declaraciones del Departamento de Estado, Menem acusó a dicha agencia de preocuparse

"por lo que ocurre en la Argentina y no por lo que ocurre en los Estados Unidos, país en el que hay casos de corrupción realmente alarmantes". (15)

Consciente del negativo impacto potencial que estas declaraciones cruzadas podían tener en el "clima" de la relación bilateral, el ministro de relaciones exteriores argentino, Domingo Cavallo, trató de minimizar la reacción del presidente contra las declaraciones del Departamento de Estado norteamericano, al sostener que "Creo que las expresiones del Presidente no reflejan su pensamiento íntimo y que el significado verdadero no es el de recriminar a los Estados Unidos con el argumento de que allá también hay corrupción". A criterio de Cavallo, la difusión de una denuncia falsa contra un amigo (Emir Yoma, sindicado por los medios como el principal responsable del "Swiftgate") lo hizo sentir (a Menem) "angustiado y molesto y tendió a producir un impacto emocional contra la carta del embajador Todman, a la vez que lo predispuso en contra del gobierno de los Estados Unidos. (16)

El 14 de enero de 1991, el gobierno argentino adoptó una serie de decisiones en respuesta a la crisis desatada en torno a la empresa Swift, a fin de evitar eventuales repercusiones negativas en los inversores externos. La primera de ellas tuvo que ver con las designaciones, por parte de Menem, del vicepresidente Duhalde como presidente de una comisión encargada de preparar medidas para combatir la corrupción; y del procurador general del Tesoro, Jorge Maiorano, para que investigase el cohecho en el caso Swift. (17)  La segunda fue la iniciativa de la totalidad de los miembros del gabinete gubernamental de presentar su renuncia al presidente, a fin de permitirle al primer mandatario tomar cartas en el asunto. Menem decidió la continuidad de los ministros Erman González, Domingo Cavallo, Antonio Salonia y Mera Figueroa, pero Emir Yoma, el principal implicado por el caso Swift, debió renunciar a su cargo de asesor presidencial. Otras decisiones adoptadas por el gobierno ese mismo día 14, fueron los anuncios, efectuados por el propio presidente Menem, de la creación del Ministerio de Justicia (cuyo titular pasó a ser el ex-secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo) y de la defunción de la cartera de Obras y Servicios Públicos (cuyo titular era hasta ese momento Roberto Dromi). Estos últimos dos pasos estaban destinados a "combatir desde la raíz la corrupción" en palabras del propio mandatario argentino. (18)

No obstante los pasos adoptados por el gobierno de Menem para recomponer el conflicto desatado por el escándalo Swifgate, cabe reconocer que el mismo no sólo tuvo un negativo impacto en las relaciones con Estados Unidos, sino también en la opinión pública argentina. De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, sobre un total de 1000 casos en el área Metropolitana, el 68% del total de los encuestados pensaba que la corrupción era alta entre los políticos y el 45,9 % pensaba que había un alto nivel de corrupción dentro del propio gobierno. Por su parte, la consultora Mora y Araujo obtuvo un porcentaje de sólo el 16 % de respuestas positivas ante la pregunta de cómo manejaba el gobierno de Menem la lucha contra la corrupción. Finalmente, la consultora Demoskopía destacaba que el 36,1 % de los entrevistados aseguraba que el presidente Menem estaba involucrado en actos de corrupción y un 79 % creía que en el entorno de Menem había corrupción. (19)

b.2.2.) El caso de la empresa General Telephone and Electronics (GTE)

A similitud del caso de la empresa Swift analizado en el apartado anterior, el ligado a la compañía norteamericana General Telephone and Electronics (GTE), evidenciaba que los esfuerzos del gobierno de Menem por hacer más atractivas las inversiones externas en general y norteamericanas en particular no excluyeron la existencia de obstáculos políticos internos. Dicha empresa había ganado la propuesta técnica para proveer un sistema telefónico de alta seguridad para las áreas de Defensa y Presidencia. El concurso, convocado por el Ministerio de Defensa, contó con la participación de siete empresas internacionales que ofrecieron una propuesta técnica y una oferta de precios. A pesar de la precalificación de GTE por la propuesta técnica, el llamado fue anulado por el gobierno argentino sin que se abriera el segundo sobre con el precio. Los anuncios oficiales posteriores respecto de que se demoraría la apertura de los sobres acerca de las condiciones financieras y que se licitarían por separado los servicios para Defensa y Presidencia, provocaron la protesta de GTE, que, como ocurriera en el citado caso de Swift, encontró un rápido eco en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y en el propio gobierno norteamericano.

Este eco quedó evidenciado el 9 de enero de 1992, en ocasión de la reunión que tuvo lugar en Washington entre el ministro de Defensa argentino, Antonio Erman González, el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, y el embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman. En dicha oportunidad, los funcionarios norteamericanos destacaron las implicancias perjudiciales que podrían resultar si el gobierno argentino anulaba la licitación y advirtieron acerca de la impresión desfavorable que en hombres de negocios e inversores norteamericanos produjo el rumor acerca de un supuesto interés de funcionarios ligados al área de Presidencia en otorgar dicha licitación a una compañía italiana, que había quedado mal colocada en el concurso. Finalmente, Todman y Aronson advirtieron a González que los inversores norteamericanos podrían llegar a retirarse del mercado argentino si no se planteaban reglas de juego claras. (20)

Pero los directivos de GTE no sólo elevaron sus quejas al gobierno norteamericano. También lo hicieron ante el gobierno argentino. El vicepresidente de la firma, Stan Schneider, dirigió una nota al ministro de Defensa Antonio Erman González, con copia al ministro de Economía Domingo Cavallo, en la cual expresó su "significativa perturbación" por el anuncio oficial de que sería anulado el concurso para proveer un sistema de comunicaciones para la Presidencia y las Fuerzas Armadas en el cual la empresa GTE había sido precalificada en primer lugar. Tras rechazar las razones "contractuales, financieros y técnicas" aducidas por el gobierno argentino para justificar la anulación del concurso, la carta añadía que

" (…) En GTE mantenemos en pie nuestra posición sobre la calidad de la oferta que hemos hecho al gobierno argentino. Permanecemos comprometidos a trabajar con todos ustedes para proveer un sistema de calidad.

"De todas maneras, GTE reconoce que las condiciones del llamado original puedan requerir un ajuste y estamos dispuestos a reunirnos con usted (con Erman González) para discutir modificaciones.

"Esperamos recibir su respuesta en un futuro cercano para que esta situación sea resuelta expeditivamente". (21)

b. 2. 3.) Los conflictos entre Argentina y Estados Unidos por la licitación para el Plan Nacional de Radarización

El caso de la disputa en torno de la licitación obtenida por la firma Northrop Grumman para llevar adelante el Plan de Radarización fue otro de los obstáculos con los que tropezó el gobierno de Menem para llevar adelante su política de atracción al capital norteamericano. A principios de septiembre, y luego de un largo y controvertido proceso de licitación, que incluyó denuncias de supuestas irregularidades por parte de las empresas competidoras, y antes de que una jueza se expidiera sobre una medida cautelar presentada por la empresa francesa Thomson, el Ministerio de Defensa argentino decidió adjudicar a la firma norteamericana Northrop Grumman la primera etapa del Plan Nacional de Radarización (PNR) por 185.300.000 pesos. La decisión se produjo en un momento de fuerte debate acerca de la seguridad aérea en la Argentina, después del mortal accidente de principios de septiembre de un avión de LAPA en el aeroparque metropolitano. (22)

Pero frente a la decisión del Ministerio de Defensa, la Justicia argentina adoptó dos fallos que frenaban la adjudicación a Northrop (23). Asimismo, la empresa francesa Thomson presentó ante la Justicia un recurso de amparo en lo contencioso administrativo con el fin de revisar la licitación adjudicada a la empresa norteamericana. Ante estos obstáculos, el gobierno de EE.UU. rechazó de plano una suspensión de dicha licitación, y advirtió a las autoridades de la Casa Rosada que

"la impensable anulación del acto de adjudicación de la licitación podría considerarse como una grave cuestión en la relación entre ambos gobiernos". (24)

Durante la visita del secretario de Defensa norteamericano, William Cohen, a mediados de noviembre de 1999, dicho funcionario transmitió personalmente al presidente Menem y al ministro de Defensa Jorge Domínguez la preocupación de Washington por la suspensión de la adjudicación del Plan Nacional de Radarización a la empresa norteamericana Northrop Grumman. (25)

b. 2.4.) El caso IBM-Banco Nación

A diferencia de los casos anteriormente mencionados, cuyos responsables procedían exclusivamente del ámbito nacional, el escándalo en torno al supuesto soborno, por un monto de 250 millones de dólares, para que la empresa informática norteamericana IBM modernizara las computadoras del Banco de la Nación Argentina fue un hecho de corrupción que contó con complicidades entre los actores oficiales y privados de ambos países. (26) Esta particularidad hizo que en este caso no se registrase el alto nivel de involucramiento por parte de funcionarios del gobierno y de la Embajada norteamericana que constituyó un rasgo dominante de los casos anteriormente analizados. Una segunda particularidad de este caso fue el notorio contraste entre este bajo perfil de los funcionarios gubernamentales argentinos y norteamericanos y el protagonismo de legisladores y jueces argentinos, quienes intentaron llevar sin resultado la investigación del caso hasta sus últimas consecuencias.

No obstante, como los casos mencionados, el ligado al escándalo IBM-Banco Nación constituyó una modalidad de corrupción que, al no poder ser resuelta por el gobierno menemista, no sólo generó roces y cortocircuitos entre las partes implicadas, sino que tuvo repercusiones internas, en tanto otorgó argumentos a las críticas de la oposición.

El protagonismo de los legisladores argentinos en esta cuestión se vio evidenciado a principios de junio de 1996, oportunidad en la que el senador radical Leopoldo Moreau envió una carta al embajador norteamericano James Cheek en la que se quejaba de la falta de respuesta de la justicia norteamericana a los requerimientos de su colega argentina respecto de la identidad del titular o titulares de una cuenta en el City Bank de Nueva York en la que se habría efectuado un depósito de dinero proveniente del pago de un supuesto soborno de la contratación entre IBM y el Banco Nación. (27)

Asimismo, el presidente del bloque de diputados radicales, Federico Storani, reclamó el 21 de junio al embajador Cheek, que aplicara "el mismo celo que tenía para ejercer presión por la cuestión de la ley de patentes" para que el gobierno de Estados Unidos respondiese a "los requerimientos de la Justicia argentina" con relación a la investigación sobre el contrato entre IBM y el Banco Nación. El legislador radical responsabilizó a los Estados Unidos porque en este caso se percibía una actitud reticente de las autoridades norteamericanas, vinculada al interés por defender los intereses de una empresa. (28)

Pero tanto los citados legisladores como el juez federal argentino, Adolfo Bagnasco –quien estaba a cargo de la causa IBM-Banco Nación- y el fiscal federal Carlos Cearras chocaron con la falta de colaboración del lado norteamericano. Tanto el vocero de IBM Corporation, Fred Mc Neese, como el Departamento de Justicia norteamericana, se opusieron a los esfuerzos de Bagnasco por juzgar en la Argentina a los cuatro ejecutivos de la casa matriz de IBM involucrados en la causa (el manager general de IBM en América Latina Robeli Líbero, el australiano radicado en Estados Unidos Peter Rowley, el experto en contratos norteamericano Steve Lew, y el brasileño que trabajó en la filial argentina de IBM Marcio Kaiser). Los implicados no serían extraditados a la Argentina, salvo que se presentaran "pruebas suficientes" y se limitarían a prestar declaración jurada ante un tribunal norteamericano en aplicación de la interpretación que las autoridades de la Unión hacían del convenio bilateral vigente de asistencia en materia judicial. (29)

La postura de la justicia norteamericana generó distintas reacciones en el gobierno y en los partidos de oposición argentinos. Mientras el ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, se mostró confiado en que los Estados Unidos colaborarían en la investigación del affaire IBM-Banco Nación, el legislador radical, Leopoldo Moreau, denunció "una acción concertada entre IBM Internacional y el Departamento de Justicia". Al respecto, Moreau sostuvo que

"La celeridad con que ha reaccionado el Departamento de Justicia norteamericano ante el pedido de los fiscales argentinos contrasta con la lentitud con que el organismo actuó cuando se trató de proveer con información al juez Bagnasco, sobre el origen del dinero de las coimas depositadas en bancos norteamericanos". (30)

Por su parte, los diputados de la comisión investigadora de las contrataciones entre IBM y el Estado rechazaron en junio de 1998 la renuencia del Departamento de Justicia de los EEUU para cumplir con un exhorto librado por el juez federal Carlos Liporacci, quien habría comprobado que directivos de la casa matriz de la firma informática conocían el contrato firmado con la DGI. (31)

A pesar de la actitud reticente de la Justicia norteamericana, el juez federal Adolfo Bagnasco decidió avanzar en lo referente al costado argentino de la causa. El 24 de junio, allanó la sede de la empresa Latin Trade, propiedad de Jorge Cavallo, hermano del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, fue allanada por el juez federal Adolfo Bagnasco, quien instruía la causa IBM-Banco Nación. (32) A principios de noviembre, procesó por pago de sobornos (cohecho activo) a Juan Carlos Cattáneo, ex segundo de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, en la causa IBM-Banco Nación,. También procesó a los ex directores del Banco Nación Alfredo Aldaco y Genaro Contartese, por haber aceptado el dinero de las coimas –depositado en cuentas suizas- lo que permitió que IBM ganara la licitación convocada por el banco para su informatización. Asimismo, Bagnasco dictó el procesamiento de Alejandro De Lellis, ex presidente de CCR (firma utilizada por IBM para canalizar el envío de tropas al exterior) y trabó embargos por un total de 11 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, que también estaban procesados en esta causa por defraudación contra el Estado. (33) Finalmente, a principios de abril de 1999, Bagnasco procesó a Hugo Gaggero, ex vicepresidente de la entidad oficial durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, Aldo Dadone, ex presidente del Banco Central y al presidente de IBM Argentina Ricardo Martorana bajo los cargos de defraudación en perjuicio del Estado y cohecho. (34)

Con el fin de consolidar estos avances en el plano interno y poder cerrar la causa, el 21 de septiembre, el juez federal argentino resolvió pedir nuevamente a la justicia norteamericana la extradición de Steve Lew y Peter Rowley, ejecutivos de la casa matriz de IBM, sospechados de haber participado en la elaboración de la propuesta que presentó IBM Argentina en la licitación del proyecto Centenario y de haber sabido de la existencia de CCR, empresa subcontratada por IBM que canalizó el pago de sobornos millonarios. (35) Pero, a diferencia de los avances registrados en el lado argentino de la causa judicial, no se produjeron progresos del lado norteamericano. En marzo de 1999, el Departamento de Justicia negó la solicitud de extradición de Bagnasco, alegando que no existían suficientes pruebas como para dar este paso. (36)

Esta posición de la Justicia norteamericana no varió a pesar de la aprobación del tratado de extradición por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos a fines de abril de 1999. De acuerdo con los miembros legislativos y los funcionarios de la Justicia norteamericanos, el pedido de Bagnasco no se encuadraba en los términos del tratado de extradición, ya que el juez federal argentino requería a los ejecutivos de IBM para que declararan en la Argentina, no porque los hubiese encontrado culpables. (37) En noviembre de 1999, ya hacia el fin de la administración Menem, Bagnasco renovó su pedido a Washington, pero la negativa de las autoridades norteamericanas a conceder la extradición solicitada por el juez federal argentino no sufrió modificaciones. (38)

A diferencia de casos como los de las empresas Swift y GTE, el vinculado a IBM-Banco Nación no contó con un alto perfil de declaraciones por parte de los funcionarios gubernamentales tanto argentinos como norteamericanos. Quien rompió este silencio generalizado en el ámbito oficial fue el vicepresidente argentino, Carlos Ruckauf, quien admitió que el caso IBM-Banco Nación "roza al Gobierno" y se pronunció a favor de "meter presos" a los funcionarios corruptos "ocupen el lugar que ocupen". (39)

b.2. 5.) Las dificultades en el proceso de privatización de los aeropuertos

Por cierto, el proceso de privatización de los aeropuertos fue otro de los ítems de la agenda bilateral que puede ser incluido en la categoría de cuestiones pendientes, en tanto los medios de prensa y las autoridades norteamericanas no perdieron oportunidad de evidenciar su reticencia por los manejos políticos que acompañaron a este proceso. Así, La Nación del 5 de diciembre de 1996 reprodujo un largo artículo publicado por el influyente diario The Wall Street Journal, en el que se advertía sobre los problemas que tuvo con la Argentina una empresa interesada en la compra de aeropuertos. Dicho artículo se convirtió en una luz de alerta para los inversores extranjeros inquietos por los manejos políticos en torno de la cuestión, y obligó al propio presidente Menem a refutar duramente los términos de la publicación durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Willard, en el contexto de su visita a los Estados Unidos. Al respecto, el mandatario argentino sostuvo que "La Unión de Bancos Suizos está preparando la licitación" y que "se trata de un proceso cristalino. Ahora bien; si hay sospechas, hay que realizar las impugnaciones". Sorprendido por el artículo, destacó que

"(…) las imputaciones de esa naturaleza son como la moneda falsa: la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos." (40)

Asimismo, y en respuesta a las denuncias sobre inseguridad jurídica efectuadas por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Menem sostuvo en la Cámara de Comercio que

"Existe seguridad jurídica en la Argentina. Si no, no hubieran llegado las inversiones. Los tribunales están trabajando con idoneidad, capacidad y celeridad para terminar la corrupción" (41)

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, también respondió a las imputaciones de Cavallo, señalando que

"Los contratos que benefician a Interbaires, Intecargo y Edcadassa vencen en el 2009 y no fueron firmados por este gobierno sino por el entonces presidente Raúl Alfonsín y el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena; lo único que hemos hecho es respetar esos acuerdos". (42)

Conclusiones

Con la asunción del justicialista Carlos Menem a la presidencia, las relaciones bilaterales con Estados Unidos ingresaron a un paradigma de "relaciones especiales". Un indicador de esta tendencia fue la cantidad y variedad de convenios firmados con Washington. De un total de 207 acuerdos firmados entre Argentina y Estados Unidos entre julio de 1853 y marzo de 2000, 86 de ellos fueron suscriptos durante las dos presidencias de Menem. (43)

Este esquema de "relaciones especiales" con Estados Unidos procuró recrear el exitoso vínculo entre política exterior y crecimiento económico, característico del paradigma de "relaciones especiales" con Gran Bretaña, vigente entre fines del siglo XIX y mediados del XX. No obstante, cabe notar dos diferencias esenciales entre ambos paradigmas. La primera está referida a las diferentes percepciones de los dirigentes argentinos acerca del poder relativo de su país en los contextos global y regional. Mientras el esquema de "relaciones especiales" con Gran Bretaña partió de la percepción de la Argentina como un país rico y destinado a ejercer un papel de liderazgo en la región –lo que Joseph Tulchin denomina el "excepcionalismo" argentino-, el paradigma adoptado por la gestión Menem partió de la percepción exactamente contraria: así, el canciller Guido Di Tella definía a la Argentina como un país "débil o al menos mediano" en términos de recursos de poder, "con una breve e incompleta historia de democracias estables". (44) Por su parte, la segunda diferencia entre ambos paradigmas está vinculada al alcance de la "relación especial". En el paradigma de "relaciones especiales" con Gran Bretaña los dirigentes argentinos definieron los vínculos con Gran Bretaña y los países de Europa Occidental en términos de su importancia comercial para el desarrollo económico argentino pero no extendieron su sociedad comercial al ámbito de las alianzas políticas o estratégicas con estos países, pues este último fue percibido como uno ajeno a los intereses económicos argentinos. A diferencia del anterior, en el paradigma de las "relaciones especiales" con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, el vínculo con estas naciones tuvo una naturaleza tanto económica como estratégica, porque no partió de la percepción de la Argentina como un país económicamente rico y prescindente de los asuntos políticos internacionales, sino, por el contrario, definió a la Argentina como un país débil y vulnerable, necesitado de capitales y de credibilidad externa, y, por tanto, altamente comprometido con la evolución de las cuestiones políticas internacionales en tanto constituían "ventanas de oportunidad" para mejorar la ubicación internacional del país.

Partiendo del supuesto de Argentina como el componente "débil" de una relación "asimétrica" con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, la política exterior de la administración Menem se orientó a convencer a los gobiernos e inversores de este grupo privilegiado de naciones que la Argentina podía ser un "socio confiable". En procura de ello, la dirigencia menemista no dudó en adoptar una serie de pasos cuyo impacto trascendió el ámbito de las relaciones con Estados Unidos. Tales fueron, entre otros, el ingreso argentino al MTCR, la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear y la ratificación del Tratado de Tlatelolco, la desactivación del misil Cóndor II, la participación de naves argentinas en la Guerra del Golfo Pérsico, el respaldo a la posición norteamericana en la condena a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Fidel Castro en Cuba y la apertura de negociaciones con Gran Bretaña respecto del conflicto de las Malvinas.

A estos gestos y medidas de política exterior conducentes a la construcción de una imagen de confiabilidad externa se sumó, en el ámbito de la política económica interna, la adopción de medidas orientadas hacia la ortodoxia liberal. Las mismas fueron reclamadas por los organismos internacionales de crédito y contaron además con el respaldo de los sectores medios de la sociedad argentina, tras la traumática experiencia hiperinflacionaria de 1989. En la percepción del gobierno de Menem, ambos tipos de medidas fueron condiciones sine qua non para la obtención de importantes metas económicas tales como la disminución del riesgo país y la atracción de las inversiones extranjeras necesarias para el desarrollo económico argentino en forma sustentable. En palabras del ex vicecanciller Andrés Cisneros, la política exterior argentina se debía pensar

"(…) en función de los intereses vitales de un país que, por la baja intensidad de su mercado, por la baja proporción de su ahorro interno y por la inexistencia de un fuerte mercado regional de capitales (entre otros factores) tiene necesidad de reestructurar periódicamente su deuda externa, lo que significa que está permanentemente abonado a una negociación con los grandes centros financieros internacionales, especialmente Wall Street. No solamente esto, sino que además vivimos crónicamente necesitados de inversiones y flujos de capital.

Las virtudes de una política exterior pueden medirse por su capacidad para suscitar actitudes positivas para la Argentina en banqueros e inversores actuales o potenciales, a no ser que tenga costos materiales tangibles. A la inversa, toda política exterior que genere percepciones negativas en dichos sectores debe considerarse mala, a no ser que produzca dividendos materiales tangibles". (45)

De acuerdo con Cisneros, el objetivo de la política exterior del gobierno de Menem residió

"(…) en adquirir y mantener una confiabilidad política de largo plazo de la que el país (Argentina) carecía, estructurando una trabajosa alianza política con los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Para alcanzar aquella confiabilidad hay que comportarse durante mucho tiempo como auténtico miembro del bloque occidental sin patear tableros: cooperativa, no confrontativamente. Las confrontaciones externas deben reducirse a aquellos asuntos concretos vinculados en forma directa a su bienestar y a su base de poder. La política exterior del país debe tener, por lo tanto, el perfil más bajo posible en todos aquellos temas en que se contrapone con las potencias dominantes, y debe adaptar sus objetivos políticos a los de la potencia dominante en la región, a menos que dicha adecuación tenga costos materiales tangibles (en cuyo caso se impone la defensa del interés o del honor nacional).

La experiencia realizada, a partir de la segunda posguerra, por países como Alemania o Japón (o por Canadá y Australia en toda su historia) ejemplifica la funcionalidad, para el crecimiento, de aceptar con realismo el liderazgo político (no necesariamente económico) de la potencia dominante.

Argentina decidió, bajo la presidencia de Carlos Menem, aplicar ese criterio y, simultáneamente, reemplazar la política de sorda hostilidad con los vecinos, por una política francamente cooperativa. (…)".(46)

Cisneros explica las razones del ingreso argentino en la alianza occidental en los siguientes términos:

"(…) en materia del escenario global de la política mundial, adherimos decididamente a la alianza occidental. Las críticas que recibimos señalan una supuesta sumisión no sólo indigna sino también lesiva de los intereses de la Nación, aparentemente así subordinados a los de los países centrales y poderosos. Nosotros creemos que ese resultado se obtiene exactamente a la inversa, como lo prueba cualquier examen desapasionado de la historia argentina del último siglo.

Nosotros nos enrolamos a la alianza occidental no sólo porque esos países tienen el mismo sistema de valores, el mismo sistema político y el mismo sistema de producción que nosotros, sino también porque constituyen el ámbito natural de crecimiento de nuestra economía y nuestra cultura, y estos objetivos pueden servirse mejor cuanto mayor resulte nuestro prestigio y nuestra confiabilidad, reservando las cuotas de retórica y hostilidad, inevitables en la convivencia, para aquellos asuntos en que tengamos –como tenemos- conflictos de intereses puntuales con los países más poderosos.

La política exterior y el programa de reconversión de la economía son los dos instrumentos fundamentales de la transformación argentina y de su exitosa inserción en la economía mundial.

El alineamiento con los países de occidente otorgó al país un insumo fundamental: la confiabilidad internacional. (…)".(47)

Estas razones fueron resumidas por el canciller Guido Di Tella en los siguientes términos:

"(…) Nosotros aplicamos el sentido común. El tradicional sentido común de los inmigrantes, "bolicheros" que venían a trabajar y hacer la América, su sentido pragmático era "estar mejor", en vez de proponerse, como ciertos intelectuales, metas universales, heroicas, de principios absolutos. Vayamos a los bifes en temas concretos, argentinos, y resolvamos los problemas de la gente. Eso hace Menem. Esa es la Menemtroika.

De manera ridícula se nos ha acusado de sometimiento a los Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Hemos, sí, practicado un giro sustantivo para terminar con una tradición de antinorteamericanismo inconducente, que no nos ha reportado ninguna ventaja y que nos ha marginado durante décadas del protagonismo realista –y mesurado- que nuestro país puede aspirar a tener en el mundo actual. (…)

Esta es una política exterior al servicio del bienestar de nuestra gente. Como tal, es profundamente moral, porque nada podría ser más inmoral que la continuación de una política de confrontaciones costosas que dañó al país al punto de hambrear a nuestro pueblo. Somos pragmáticos en tanto no nos arriesgamos al fracaso, pero al abandonar el verbalismo diplomático no hemos abandonado los principios." (48)

Por cierto, esta nueva forma de relacionarse con Estados Unidos y con el mundo propuesta por Di Tella –resumida en su polémica metáfora acerca de las "relaciones carnales"-produjo –más allá de sus aciertos, sus costos y sus eventuales excesos- un "shock" cultural, en tanto contradecía la tradición histórica, cultural y diplomática de la política exterior argentina, reacia al acercamiento con Washington. Como producto de este "shock", la década de 1990 generó un fuerte debate académico tanto respecto de los supuestos teóricos que animaban a este cambio como respecto de su contenido y de los objetivos que lo orientaban.

En cuanto al debate referente a los supuestos teóricos, cabe destacar la existencia de dos enfoques contrapuestos: el denominado "realismo periférico", que defiende el sentido del cambio operado durante la década de 1990 en las relaciones con Estados Unidos, cuyo representante fue el ex asesor del canciller Di Tella entre los años 1991 y 1992, Carlos Escudé; y los enfoques opuestos al "realismo periférico", representados por Roberto Russell y Mario Rapoport.

El primero de los enfoques citados –el "realismo periférico"- contiene los siguientes principios básicos: 1) un país dependiente, vulnerable, empobrecido y poco estratégico para los intereses vitales de los Estados Unidos, como la Argentina, debe eliminar sus confrontaciones políticas con las grandes potencias, reduciendo el ámbito de sus confrontaciones externas a aquellos asuntos materiales vinculados en forma directa a su bienestar y base de poder; 2) la política exterior debe calibrarse no sólo en términos de un riguroso cálculo de costos y beneficios materiales, sino también en función de los riesgos de costos eventuales. Los desafíos políticos a las grandes potencias pueden no acarrear costos inmediatos, pero casi siempre llevan implícito el riesgo de costos eventuales; y 3) la necesidad de reconceptualizar la autonomía no como libertad de acción (que es enorme y llega al límite de la autodestrucción) sino en términos de los costos relativos de hacer uso de esa libertad de acción frente a una problemática determinada. (49)

Por su parte, el "neoidealismo periférico" de Russell plantea las siguientes críticas a los supuestos del "realismo periférico" de Escudé: 1) la definición de la política exterior en términos del bienestar material de los ciudadanos, abandonando el apego a principios del Derecho Internacional, resulta para Russell esquiva políticamente y defectuosa desde el punto de vista ético, dado que, al dejar el campo libre para la adopción de políticas ambiguas o de double standard, socava la credibilidad externa del país periférico y lleva implícito el riesgo de costos eventuales, particularmente en tiempos de emergencia internacional, que son los costos que Escudé pretende precisamente evitar; 2) el cálculo de costos y beneficios adquiere nuevas dimensiones y se hace más complicado en el orden de la posguerra fría que lo que Escudé supone; 3) el ámbito de la confrontación de un país periférico no puede quedar reducido a cuestiones que sólo afecten las base de poder material: también se debe confrontar cuando las acciones de las grandes potencias vulneran principios que hacen a la definición del interés nacional y que puede no afectar el interés material de los argentinos" pero sí directa o indirectamente, sus intereses de seguridad; y 4) la propuesta de Escudé de adaptarse a los objetivos políticos de la superpotencia en la región presenta para Russell varios problemas: a) deja al otro la iniciativa (la política exterior se acomoda, se adapta, se adecua, es básicamente pasiva, extremando el argumento hasta no sería necesaria, podría prescindirse de ella, salvo cuando sean afectados los "intereses materiales"); b) implica seguir los cambiantes objetivos políticos de Estados Unidos en la región con excepción de las situaciones en las que están en juego los "intereses materiales"; y c) no toma en cuenta que las políticas latinoamericanas de la superpotencia en la región no resultaron de amplios consensos internos, sino que, por el contrario, fueron resistidas y cuestionadas por importantes sectores sociales y políticos de Estados Unidos. Sobre la base de las citadas críticas, Russell concluye que si la política exterior argentina siguiera el criterio de Escudé, se vería obligada a seguir la versión oficial del gobierno norteamericano de turno e incluso cambiar con cada golpe de timón realizado por una misma administración. (50)

Finalmente, Rapoport señala las siguientes objeciones a los supuestos del "realismo periférico": 1) el grado de confiabilidad de un país no se debe a una política exterior inspirada en el "realismo periférico" sino principalmente a las condiciones institucionales, económicas, políticas y sociales internas: fue la degradación de estas condiciones la que debilitó la presencia internacional de la Argentina en diversos períodos de su historia, a pesar de haber tenido, en distintos momentos, gobiernos militares que suscribían a la doctrina del alineamiento automático; 2) la política de "realismo periférico" propuesta por Escudé implica de facto la aceptación pasiva (o activa, si se interviene en los acontecimientos) de la arbitrariedad y el autoritarismo entre los Estados al contrario del objetivo siempre vigente de democratizar el poder internacional; 3) desde el punto de vista teórico, la reducción de la política internacional a un cálculo de costos y beneficios constituye una interpretación simplista que no toma en cuenta el conjunto de elementos que integran una teoría de las relaciones internacionales, en la cual intervienen sistemas de finalidad (objetivos, medios y actores), por un lado, y sistemas de causalidad (estructuras, relaciones económicas, sociales y políticas, fuerzas profundas y fuerzas organizadas), por otro. Para Rapoport el enfoque "realista periférico" tampoco reconoce la existencia de actores no estatales en las relaciones internacionales y de los nuevos poderes surgidos de la globalización y la regionalización (51)

Respecto del segundo nivel de debate –el relacionado con el cambio en el contenido de la política exterior y de las relaciones con Estados Unidos y con los objetivos que animaban a la adopción de una paradigma de "relaciones especiales"-, el mismo implica diferentes interpretaciones respecto de tres cuestiones: a) las medidas adoptadas por el gobierno de Menem en la agenda bilateral y multilateral con Estados Unidos; b) el poder relativo y margen de maniobra externo de la Argentina; y c) los ejes externos que la diplomacia argentina debe o no considerar prioritarios.

En cuanto a la primera de las cuestiones, los defensores del esquema de "relaciones especiales" han percibido los distintos pasos adoptados por la administración Menem –entre otros, las medidas de apertura económica y privatizaciones, la firma del TNP, la ratificación de Tlatelolco, la desactivación del Cóndor, la participación argentina en la Guerra del Golfo Pérsico, el retiro de la Argentina como miembro del Movimiento de Países No Alineados, las modificaciones a la ley de patentes farmacéuticas- como "pasos necesarios" para obtener una vinculación armónica con Washington, herramienta vista como clave no sólo para salir de la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, sino para revertir una negativa memoria histórica plagada de desencuentros y confrontaciones y construir una relación armónica con Estados Unidos. En cambio, los opositores al nuevo esquema de vinculación han interpretado –y aún interpretan- estas medidas como "concesiones" unilaterales de la Argentina a los Estados Unidos, sin contrapartida ni beneficios inmediatos.

A su vez, estas percepciones encontradas respecto del carácter de las medidas adoptadas en la agenda bilateral y multilateral con Estados Unidos –¿pasos necesarios o concesiones unilaterales?-, conllevan a divergencias ideológicas en referencia al poder relativo de la Argentina y a los ejes de vinculación externos que la diplomacia argentina debería priorizar.

En lo referente al poder relativo de la Argentina, el gobierno de Menem partió de la premisa de la debilidad del país y de la necesidad de subsanar esta falencia estructural a través del fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos y los países del Occidente desarrollado, Japón, las naciones del sudeste asiático y los países vecinos del Cono Sur. Por su parte, los opositores a la política exterior adoptada por el menemismo interpretaron la prioridad asignada a las relaciones con Estados Unidos y los países occidentales desarrollados como un indicador del carácter excluyente de los vínculos con los primeros países y del aislamiento respecto de la región y respecto del Tercer Mundo. Para los críticos de la gestión de Menem, estos últimos ejes constituyen los ámbitos naturales desde donde la Argentina, a pesar de su condición periférica, puede encontrar intersticios que le permitan aumentar su margen de acción frente a las presiones provenientes de Estados Unidos y otros países desarrollados.

El debate académico acerca de estas cuestiones, fue especialmente activo durante la década de 1990. No obstante, los ecos del mismo han trascendido este marco temporal. Entre los autores que caracterizan las relaciones argentino-norteamericanas en términos de "concesiones" de la Argentina cabe citar a Alfredo Rizzo Romano, quien no duda en definir la política exterior del gobierno de Menem como un ejemplo de "herodianismo tardío". Así como el rey de Judea Herodes "El Grande" tuvo por política la "sumisión casi absoluta" con el hombre de turno que mandaba en Roma, el gobierno de Menem tuvo un perfil similar respecto de las administraciones del republicano George Bush y del demócrata Bill Clinton. (52)

Lo propio hace el economista e historiador Mario Rapoport, quien, desde una perspectiva similar a la de Rizzo Romano, define el patrón de relación con Estados Unidos adoptado por el gobierno de Menem en términos de un alineamiento automático. Perfil que implicó la renuncia al concepto de autonomía entendida como libertad de decisión o de acción de los Estados (es decir, como búsqueda de mayores márgenes de independencia), y por ende, renuncia al fortalecimiento del poder de negociación frente a EEUU a través de la participación argentina en el MERCOSUR. Perfil que, además, provocó diferencias con los países de la región, especialmente con Brasil. (53)

Por su parte, José Paradiso se incorpora al coro de las voces críticas al "realismo periférico", advirtiendo que una política basada en este último enfoque teórico no contribuye a la recomposición de la confianza externa, pues

"(…) Los procesos de recomposición de confianza son lentos y acumulativos. En ellos, los pequeños pasos, la gestión rutinaria, el reiterado testimonio de equilibrio y moderación, valen más que los gestos espectaculares, las rupturas, los giros inesperados. Estas últimas actitudes, la disposición a ceder más de lo que se pide y hacerlo en nombre de la astucia o con un aire de calculada indignidad, lejos de producir confianza tienden a confirmar la presunción de erraticidad y, consecuentemente, a generar nuevos recelos. Quien hace una acrobacia en un sentido puede hacerla en el otro y esto es lo que perciben los espectadores de la pirueta. Aprobarán, naturalmente, todo lo que se haga en su beneficio o conforme a sus intereses y modos de ver las cosas, pero el aplauso no significa que realmente corrijan los juicios sobre el sospechoso. Antes bien, lo alentarán, pero exigiéndole cada vez mayores garantías. (54)

A diferencia de los autores anteriormente citados, Artemio Luis Melo define el patrón de relaciones bilaterales dominante durante el gobierno de Menem como uno que

"(…) no se traduce en un alineamiento automático, acrítico o incondicional. Sino que asume la modalidad de una "autonomía progresiva", pragmáticamente acompasada en el corto y mediano plazo y que puede llevar la impronta de una "autonomía heterodoxa" en el largo plazo.

No es el espacio máximo e ideal de autonomía de decisión. Es el modo de adaptación a un ambiente externo que presenta fuertes condicionamientos al sistema político interno. No es tampoco, a pesar de las "relaciones carnales", la situación de "dependencia nacional" a la que alude Juan Carlos Puig y que puntualiza el canciller Guido Di Tella al referirse a la unión provechosa con Gran Bretaña a comienzos de nuestro siglo. Porque se trata de relaciones diversificadas con potencias sustantivas. Es decir, además de Estados Unidos, en aproximado grado de importancia con Europa Occidental, en lo regional con los países del Mercosur y en grado aún bastante menor con el Japón." (55)

Desde una posición similar a la de Melo, Roberto Russell, no obstante sus críticas al enfoque del "realismo periférico" en el plano teórico, reconoce en el de la implementación las contribuciones de una política exterior menos ideologizada que las de sus antecesores. Señala al respecto que la política adoptada por el gobierno de Menem

"(…) ha aportado una cuota importante en la construcción de consenso, porque ha tomado varias medidas cuyo resultado –querido o no- fue la reducción del margen de debate. Produjo shocks culturales, abordó frontalmente una serie de temas tabú (por ejemplo la ratificación de Tlatelolco y la adhesión al TNP) y adoptó decisiones que marcan caminos sin retorno (tal el caso de la desactivación del Cóndor II). (…) si se analiza con cuidado el debate de los últimos años sobre la relación Argentina-Estados Unidos, incluido el que se manifiesta en ámbitos públicos de gran difusión, la conclusión a la que se llega es que hay más ruido que nueces. Dicho de otro modo, y más simplemente, existe un amplio acuerdo en el sentido de que la Argentina tiene que mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos". (56)

Ese consenso en materia de política exterior –producto para Russell no sólo de los méritos del gobierno de Menem, sino también de factores contextuales externos tales como el fin de la Guerra Fría- iniciado durante la década de 1990 y vigente en la actualidad, contenía –y contiene- tres elementos básicos que, para dicho autor, condicionan favorablemente la continuidad en el patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos y que estuvieron ausentes durante las décadas previas a la analizada por este artículo: a) la coincidencia de las fuerzas políticas y de la amplia mayoría de la sociedad respecto de la vigencia de la democracia en la Argentina como condición necesaria para la inserción efectiva del país en el mundo; b) el acuerdo en definir la política exterior en clave económica, es decir, dotada de un perfil pragmático de vinculación económica y política con el exterior que sirva primordialmente a las necesidades económicas argentinas; c) la generalizada percepción de que la estabilidad económica y la disminución del riesgo país son condiciones necesarias para una inserción internacional exitosa de la Argentina; y d) la coincidencia en la importancia de tres ejes de vinculación externos: uno, el constituido por Estados Unidos y la alianza occidental en su conjunto; el otro, el conformado por los países miembros del MERCOSUR más Chile; un tercero, menor en importancia respecto de los anteriores, el representado por los países de la región Asia-Pacífico. (57)

Finalmente, Russell sostiene que las presiones diplomáticas norteamericanas ejercidas sobre el gobierno de Menem en temas como la corrupción y la seguridad ciudadana –percibidas por los sectores nacionalistas y los críticos del período menemista como causa y consecuencia de las "concesiones" otorgadas a Estados Unidos-

"(…) constituyen una forma de intervención que calificaría de "deseable", como lo fue en su época la intervención a favor de los derechos humanos, dado que su efecto probablemente sea el fortalecimiento y profundización del proceso democrático argentino, que aún tiene mucho por andar." (58)

Como pequeña contribución a este debate académico, el autor de este artículo advierte la existencia de seis supuestos falaces en la caracterización que los críticos de la política exterior del gobierno de Menem hacen de las relaciones con Estados Unidos durante la década de 1990:

  1. la caracterización de las relaciones con Estados Unidos durante la década de 1990 en términos de "alineamiento automático";
  2. la interpretación de la metáfora de "relaciones carnales" en las relaciones con Estados Unidos en un sentido negativo, en términos de deshonra o de humillación al honor nacional;
  3. la definición de dichas relaciones en términos de vínculos "exclusivos" con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente; y "excluyentes" respecto de América Latina;
  4. la confusión entre los conceptos de "pasos necesarios" y "concesiones", falacia que a su vez se deriva del inconveniente de no diferenciar la existencia de dos tipos de temas en la agenda: los temas donde el umbral de tolerancia de Washington es cero (y por ende el margen de maniobra de la Argentina es inexistente); y los temas donde dicho margen de maniobra relativo aumenta porque el umbral de tolerancia de los Estados Unidos es mayor a cero;
  5. la contraposición, en categorías antagónicas, de la política exterior "autonomizante" de los gobiernos de Brasil durante la década de 1990, confrontativa con los intereses de Estados Unidos; y la política exterior de la Argentina del mismo período, subordinada o alineada a los intereses de Washington; y
  6. la sobrevaloración de la importancia instrumental de una política exterior de acercamiento a Estados Unidos en términos de sus efectos sobre el bienestar material argentino, falacia esta última que compartieron tanto los detractores de la política adoptada por el gobierno de Menem como sus más acérrimos defensores

Respecto de la primer falacia apuntada, muchos de los ejemplos estudiados en este capítulo evidencian que el ingreso a un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos adoptado por el gobierno de Menem no supuso necesariamente un perfil de alineamiento automático. Como sostienen Deborah Norden y Roberto Russell, las "relaciones carnales" entre Argentina y los Estados Unidos no implicaron un "amor ciego", sino concesiones en algunas cuestiones de agenda e intentos de resistir las presiones norteamericanas respecto de otras cuestiones –con diversos grados de éxito en ambos casos-. En muchos temas de la agenda bilateral, multilateral y hemisférica, la diplomacia argentina actuó de acuerdo con sus propias convicciones y trabajó con los Estados Unidos –no para los Estados Unidos- con el objetivo de alcanzar o defender intereses que compartía con las autoridades de Washington. (59) Vale recordar al respecto, como ejemplos pertenecientes a la dimensión bilateral de la agenda, la crítica del gobierno argentino a la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989; la enérgica protesta diplomática frente a la pretensión norteamericana de vender trigo subsidiado a Brasil a mediados de 1991; la crítica de la Cancillería argentina al dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos que convalidó el secuestro de ciudadanos extranjeros para que sean juzgados en la Unión en junio de 1992; y los roces existentes entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos por la legislación argentina en materia de patentes farmacéuticas y confidencialidad del secreto industrial, cuyos lineamientos estaban más cerca de la normativa de la Organización Mundial del Comercio que de la legislación norteamericana. A estos ejemplos se añadieron otros tantos en la dimensión multilateral de la agenda con Estados Unidos, objeto del siguiente capítulo.

Respecto de la segunda falacia, la derivada de interpretar en un sentido negativo la idea, acuñada por el canciller Di Tella, de alcanzar "relaciones carnales" con Estados Unidos, el vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, explica, en su réplica a los críticos de las "relaciones carnales" como el ex ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín Horacio Jaunarena, el alcance del polémico concepto en los siguientes términos:

"(…) Acertada o no, la frase atribuida a Di Tella no intentó nunca ser otra cosa que una metáfora. Como se sabe, el mundo aun no se maneja solamente con criterios de justicia. El poder también cuenta. (…)

La expresión del canciller alude a relaciones con intercambios ya no más puramente retóricos (a favor o en contra de Estados Unidos) sino llenos de materialidades útiles. DE, por ejemplo, fuerte intercambio comercial, financiero y tecnológico. En fin, de beneficios tangibles que mejoren palpablemente la vida de la gente …Aparentemente hay quienes no entienden las relaciones carnales sino como aquellas en que una persona necesariamente somete y humilla a la otra … Estoy seguro que el doctor Jaunarena, como yo y como los millones de lectores de Clarín disfrutan de relaciones carnales plenas de dignidad y de contenido enriquecedor para ambas partes. Ese es todo el alcance de la metáfora de Di Tella. Lo demás, corre por cuenta de la medicina." (60)

Desde una perspectiva interpretativa similar a la de Cisneros, los académicos Mónica Hirst y Roberto Russell advierten acerca del peligro de percibir los "gestos exagerados" hacia Washington del canciller Di Tella –tales como la aspiración a mantener "relaciones carnales" en el plano del discurso y el envío de naves al Golfo en el de la práctica- como un indicio paradigmático del alineamiento automático. Si bien las polémicas expresiones del canciller y la sistemática disposición del presidente Menem a acompañar a los Estados Unidos en distintas causas globales y regionales –ejemplificada en el envío de tropas al Golfo o en su disposición a enviarlas a Colombia- puede contribuir a esta confusión, ambos autores advierten que el modo de vinculación con Estados Unidos inaugurado por Menem se fundaba en un enfoque de convergencias entre ambos países que comprendía valores, puntos de vista y objetivos comunes, pero que no excluía la presencia de intereses distintos o contrapuestos con los de Estados Unidos en temas que abarcaron desde los subsidios agrícolas y la protección de la propiedad intelectual hasta el rechazo a la ley Helms-Burton contra Cuba, la certificación unilateral en la cuestión del narcotráfico o el grado de autonomía de la Corte Penal Internacional. (61)

Por cierto, los medios de prensa brasileños percibieron con mayor agudeza que sus colegas argentinos el alcance del concepto, como lo demuestra el siguiente editorial de O Estado de Sao Paulo:

"(…) Las "relaciones carnales" significan que la Casa Rosada no contrariará ninguna iniciativa de política exterior de los Estados Unidos que no sea frontalmente perjudicial a los intereses económicos argentinos. Por eso, el gobierno de Brasil puede contar con el de Buenos Aires para adoptar una posición de respeto al cronograma de creación del ALCA, mas no debe esperar apoyo de las autoridades argentinas en aquellas cuestiones que no implican un respeto directo del MERCOSUR en su estadio actual. De la misma forma, interesa a la Argentina el fortalecimiento de la economía brasileña pero no el fortalecimiento político del Brasil en el concierto internacional." (62)

En referencia a la tercera de las falacias apuntadas, existe el supuesto entre los críticos de la política exterior del gobierno de Menem que la apuesta preferencial por los vínculos con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente implicó necesariamente el alejamiento o el descuido de las relaciones con América Latina. Cabe reconocer que la diplomacia del período colocó a Estados Unidos y a los países desarrollados de Occidente en un lugar preferencial en la escala de prioridades de la agenda de política exterior. Pero es igualmente cierto que el reducido mapamundi de la Cancillería y del gobierno incluyó no sólo a Estados Unidos y a los países desarrollados de Occidente, sino también a países como Japón, los del sudeste asiático y los vecinos del Cono Sur. Los criterios orientadores de esta selección de países prioritarios en términos de vinculaciones fueron básicamente dos: el interés material y la cercanía física. (63)

Así, el canciller Di Tella, en el discurso pronunciado ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el 18 de abril de 1991, demuestra en forma inequívoca este criterio de selección:

"Nos interesan estos países porque les va bien. Si les fuera mal nos interesarían menos" (64)

En ese mismo discurso demuestra la importancia que para la política exterior del menemismo tuvieron, dentro de la región, los países del Cono Sur:

"Nos interesan enormemente nuestros países vecinos, donde tenemos problemas comunes, (…) Cuanto más lejos están de nuestra frontera nos interesan menos porque tenemos menos relaciones" (65)

Por cierto, el impulso otorgado por el gobierno de Menem al Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) evidenció la relevancia de los países limítrofes en el esquema de política exterior. Cabe reconocer, sin embargo, que dicha relevancia estuvo escrita en clave primordialmente económico-comercial. Como señala el ex secretario de Planeamiento Estratégico del gobierno de Menem, Jorge Castro, mientras Brasil partió de la percepción del MERCOSUR como una prioridad política antes que económica -que le permitía maximizar su margen relativo de maniobra frente a los Estados Unidos-, la Argentina tuvo una concepción exactamente opuesta. (66)  Los pasos embrionarios destinados a construir una alianza político-estratégica entre Argentina y los países del MERCOSUR durante la gestión de Menem (67) fueron concebidos desde la óptica argentina no como pasos orientados a aumentar el margen de maniobra respecto de Estados Unidos, sino precisamente como medidas destinadas a fortalecer el capital de credibilidad internacional necesario para consolidar las relaciones estratégicas y económicas preferenciales con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente.

Dada esta definición de prioridades por parte de las autoridades del Palacio San Martín, los vínculos entre Argentina y Brasil no alcanzaron el status de "relaciones especiales" que tuvieron las relaciones entre Argentina y los países desarrollados de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Respecto de este punto, las autoridades de Itamaraty percibieron claramente el mensaje que emanaba de las autoridades de Buenos Aires: podían contar con el apoyo de estas últimas en todas aquellas cuestiones ligadas al fortalecimiento de los vínculos económicos con Brasil y los países del MERCOSUR –en tanto constituía el único espacio que arrojaba superávit en el comercio exterior argentino-. Pero no podían esperar apoyo en aquellas cuestiones ligadas al fortalecimiento político de Brasil en el sistema internacional, como, por ejemplo, la pretensión brasileña de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (68)

Esta limitación del vínculo con Brasil al status de "socio comercial" privó al mismo de la dimensión político-estratégica que se había anunciado en el proceso de integración argentino-brasileño-uruguayo durante la gestión de Alfonsín, a través de la adopción de posiciones comunes ante los foros políticos y económicos multilaterales. Esta ausencia, a su vez, condujo con el tiempo a la aparición de roces diplomáticos y de crisis comerciales entre Argentina y Brasil.

Pero, a diferencia de lo sostenido por Rapoport y otros críticos del esquema de relaciones especiales con Estados Unidos, el autor de este artículo advierte que las dificultades entre Argentina y Brasil no afloraron a lo largo de toda la década de 1990, sino a partir del ciclo de crisis financieras internacionales iniciado con la crisis mexicana de 1994, más conocida como crisis "tequila". En el primer lustro de dicha década, mientras la economía mundial evidenció una tendencia alcista y los números del intercambio con Brasil y del comercio intrarregional en el MERCOSUR arrojaron datos positivos (69), los gestos político-estratégicos adoptados por el gobierno de Menem en función de la consolidación de una alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente no provocaron mayores roces con las autoridades de Itamaraty, aun cuando algunos de ellos no fueran coincidentes con la posición sostenida por el Planalto –como, por ejemplo, el envío de naves argentinas a la Guerra del Golfo Pérsico, que contrastó con la actitud reticente de Brasil-. Muy por el contrario, las autoridades brasileñas adoptaron un criterio pragmático y, entre los años 1991 y 1994, otorgaron mayor relevancia al crecimiento económico del comercio bilateral, interbloque e intrabloque que a la existencia de divergencias de enfoque en la agenda político-estratégica de ambos países. Vale recordar al respecto que en el caso de la disputa entre Argentina y Estados Unidos acerca de la venta de trigo subsidiado norteamericano a Brasil, la Cancillería y el gobierno brasileños privilegiaron los acuerdos comerciales con la Argentina en el marco del MERCOSUR.

En realidad, los conflictos con Brasil, tan destacados por los críticos del paradigma de "relaciones especiales" con Estados Unidos, tales como, por ejemplo, las disputas por el carácter permanente o rotativo del asiento brasileño en el Consejo de Seguridad de la ONU y la negativa reacción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso al status de la Argentina como socio extra OTAN o a la propuesta de dolarización presentada por el presidente Carlos Menem- surgieron luego de 1994, en la medida en que el esquema de sociedad comercial entre Argentina y Brasil comenzó a evidenciar dificultades en su marcha. Dichas dificultades, latentes en el período previo a 1994, salieron progresivamente a la superficie a partir de esa fecha como una resultante de las sucesivas crisis financieras mundiales que caracterizaron al segundo lustro de la década (mexicana, del sudeste asiático, rusa, brasileña). Crisis coincidentes, además, con un ciclo de baja en la economía mundial y en la economía de los países integrantes del MERCOSUR.

En cuanto a la cuarta falacia de los críticos de la política exterior de Menem, consistente en confundir "pasos necesarios" con concesiones unilaterales, está fuertemente vinculada a la engañosa evaluación de los márgenes relativos de maniobra de un país periférico como la Argentina respecto de temas altamente sensibles para Washington, tal el caso de la desactivación del Cóndor. Como se ha demostrado en el apartado correspondiente, el gobierno argentino no tenía otra opción que la de poner punto final a este proyecto. La reciente guerra contra Irak demuestra a las claras la tolerancia cero de las autoridades norteamericanas hacia los intentos de proliferación de armas de destrucción masiva que no cuenten con su aval. Lo propio puede decirse respecto del tema patentes farmacéuticas durante las gestiones de Bush y Clinton, caso en el cual ambos gobiernos –y en particular el segundo- observaron una tolerancia cero hacia la legislación argentina que, en congruencia con el perfil marcadamente occidentalista de la política exterior, respetaba la normativa observada por el GATT y por su sucesora, la Organización Mundial de Comercio.

Por su parte, una quinta falacia de los críticos de la política exterior de Menem parte del supuesto contraste entre las políticas exteriores de los gobiernos de Brasil durante los años ‘90, definidas en términos de búsqueda de autonomía o de margen de maniobra, aún a riesgo de colisión con intereses de Estados Unidos; y la política exterior adoptada por la Argentina durante el mismo período, definida en términos de alineamiento o de seguidismo con los Estados Unidos. Al respecto cabe destacar, como lo hace el ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, que durante la década de 1990 Brasil hizo un tránsito similar al experimentado por la Argentina, pasando de un esquema de política exterior autárquica respecto de Washington a una visión cooperativa. En palabras del presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso:

"Teníamos una visión económica de autarquía. Pasamos a una visión de complementación". (70)

Como sostiene Jorge Castro, la diferencia entre las políticas exteriores adoptadas por los gobiernos de Brasil y Argentina en la década de 1990 no consistieron en el perfil autónomo de la primera en contraposición con el dependiente de la segunda, tan destacado por los críticos de la política exterior de Menem. Tampoco en una percepción opuesta de la situación internacional de ese momento, ya que ambas Cancillerías partieron de la realista percepción del liderazgo norteamericano en un contexto mundial abierto a las coaliciones de geometría y composición variables. (71) Para el especialista en cuestiones estratégicas, las diferencias entre las políticas exteriores de ambos países estuvieron ligadas a la diferente posición relativa de Argentina y Brasil en la estructura de poder mundial emergente tras el fin de la Guerra Fría y a la variable distancia que se colocaron de Estados Unidos debido a exigencias internas, el peso de la historia y el nivel de desarrollo industrial alcanzado. (72) A diferencia de la mayoría de sus colegas, Castro asegura que tanto Brasil como la Argentina buscaron durante los años 90 el acercamiento con Estados Unidos, pero lo hicieron desde una posición de relativa fortaleza en el primer caso y de relativa debilidad y vulnerabilidad en el segundo. (73)

Respecto del primer factor señalado por Castro –las divergentes presiones internas en Argentina y en Brasil- cabe destacar que si bien en ambos países existe una cultura política tradicionalmente refractaria al acercamiento con Estados Unidos, el peso de la crisis económica que obligó al retiro anticipado de Alfonsín de la presidencia en 1989 hizo que los sectores medios de la sociedad argentina –tradicionalmente reacios a las medidas de apertura y modernización económica y a la adopción de un perfil de compromiso con las posiciones norteamericanas en la agenda bilateral y multilateral- hiciesen un giro de 180° en sus preferencias y aceptaran la inevitabilidad de dichas medidas. (74) Al respecto, Manuel Mora y Araujo destaca que para septiembre de 1990, ya el 55 % del total de la opinión pública coincidía con el gobierno de Menem en definir como prioritarias a las relaciones con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, preferencias que ascendieron al 70 % en diciembre de 1991 y estuvieron en el 67 % en octubre de 1996. Por contraposición, los vínculos con el Tercer Mundo, que tradicionalmente ocuparon un lugar relevante en el menú de preferencias, representaron tan sólo entre el 1 y el 2 %. (75)

Finalmente, la sexta y última falacia, común a los defensores acríticos de la política exterior de Menem como a los detractores hipercríticos de la misma, consiste en sobrevalorar o exagerar el impacto del cambio en el patrón de vinculación con Estados Unidos o en las medidas de política exterior en el conjunto de la vida económica y social argentina. Como advierte Carlos Escudé, el aporte de una política exterior –o de un cambio en el patrón de los vínculos con Washington- se limita al necesario apuntalamiento de un desarrollo socio-económico que principalmente sólo puede provenir de adentro. (76)

Sobre la base de este razonamiento de Escudé, el autor de este artículo opina que, en contra de lo que pudieron haber pensado u opinado tanto los funcionarios exageradamente optimistas del gobierno de Menem como los acérrimos críticos de su política interna y exterior, las medidas funcionales al patrón occidentalista adoptado, tales como el envío de naves al Golfo Pérsico, la destrucción del misil Cóndor II, los gestos de atracción a los capitales externos a través de una legislación favorable, resultan gestos importantes pero insuficientes ante la persistencia de obstáculos tales como la ausencia de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras; la falta de castigo a las maniobras de corrupción y a los atentados terroristas; o la ausencia de una política de Estado que privilegie a largo plazo el bienestar económico y el desarrollo educativo de los ciudadanos. Una política exterior confrontativa con los Estados Unidos no posibilita el desarrollo de estos objetivos. Una política exterior cooperativa con Washington y los países desarrollados de Occidente tan sólo permite mejorar la ayuda externa a estos objetivos, que debe complementarse con el aporte interno.

Por cierto, la enunciación de esta lista de falencias en este artículo no implica, necesariamente, una defensa incondicional del paradigma de "relaciones especiales" adoptado con Estados Unidos durante la década de 1990. La implementación del mismo incluyó innegables aportes, vinculados a la restauración de un clima de confianza internacional para la Argentina –la disminución del riesgo país, el incremento de las inversiones y del turismo provenientes del exterior, y la admisión de la Argentina como aliado extra-OTAN-. Pero también incluyó las siguientes cinco debilidades:

  1. la existencia de expectativas ingenuas en el entorno del gobierno de Menem respecto de beneficios económicos como contrapartida de la decisión argentina de incorporarse a la alianza estratégica occidental. Tal el caso de la especulación acerca de réditos económicos provenientes de Kuwait o de las petromonarquías árabes tras la participación argentina en la Guerra del Golfo;
  2. la adopción de gestos exagerados o de sobreactuaciones en la implementación de algunas medidas de política exterior –tales los casos de la modalidad adoptada en el retiro argentino del Movimiento de No Alineados o de las expresiones polémicas del canciller Di Tella acerca de las "relaciones carnales" con Estados Unidos, así como la también polémica implementación del canciller de la "política de seducción" en Malvinas a través de regalos personales a los isleños-. Si bien los defensores del paradigma adoptado por el gobierno de Menem sostienen que estas exageraciones formaron parte de la necesidad objetiva de revertir una historia de desencuentros con Estados Unidos y de desconfianza internacional hacia la Argentina, las mismas, al calar en lo más hondo de la cultura nacionalista local, activaron un innecesariamente alto nivel de polémica doméstica. Lamentablemente, este factor ensombreció la real importancia de dichas medidas, destinadas a demostrar la seriedad del compromiso argentino con la alianza occidental;
  3. la excesiva rigidez en la adopción de medidas de apertura y modernización económica de orientación liberal ortodoxa, consistente con el predominio, durante la década de 1990, de un enfoque de mercado de índole fundamentalista, compartido tanto por las autoridades del Fondo Monetario Internacional como por las argentinas. (77) Es cierto que la adopción de las mencionadas medidas constituyó un paso vital para que un país débil y poco confiable como la Argentina redujese el riesgo país, pudiese atraer a las inversiones y créditos externos y construyera una relación confiable con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente. Pero es igualmente cierto que las mismas fueron adoptadas por el gobierno argentino –y aplaudidas por las autoridades de Washington y de los organismos internacionales de crédito-, en forma acrítica. Ninguna de las partes tuvo en cuenta el alto costo económico y social de la aplicación de estas medidas, costo evidenciado en el pronunciado incremento, durante la década de 1990, de los índices preexistentes de desocupación y pobreza;
  4. el débil desarrollo de la dimensión política y estratégica en las relaciones con Brasil, iniciado durante la gestión de Alfonsín, dimensión que, de haberse profundizado, hubiese evitado la negativa incidencia de las crisis financieras y de la recesión mundial de los años 1994-1999 en la agenda económica y política con el país vecino y, finalmente;
  5. la falta de explicación a la opinión pública acerca de la trascendencia de ciertos gestos y medidas de política exterior dirigidos a revertir la desconfianza externa hacia la Argentina, tales como la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el ingreso al MTCR, la ratificación del Tlatelolco, la desactivación del misil Cóndor II, la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y la inclusión de los malvinenses en las negociaciones con Londres por Malvinas. Esta debilidad impidió que estos pasos -"contraculturales" en tanto cuestionaban la autopercepción de "grandeza" y el "excepcionalismo" propios de la cultura política argentina- fuesen evaluados en su real dimensión tanto por los medios de prensa como por la mayoría de los especialistas y de la opinión pública en general, prisioneros de los prejuicios que aún alimentan nuestra cultura política.

Como puede observar el lector a través de este artículo, el balance de la agenda bilateral con Estados Unidos ofreció durante la década de 1990 un panorama rico en matices, con luces y sombras, que sólo el paso del tiempo permitirá apreciar en toda su complejidad. Así, la adopción de un patrón de "relaciones especiales" no implicó –como creen los sectores que tomaron literalmente el término de "relaciones carnales"- la exclusión de otros ejes de vinculación externa alternativos a los Estados Unidos, especialmente en materia económico-comercial –Europa Occidental, MERCOSUR, e incluso Japón y la Cuenca del Pacífico-. Asimismo, tampoco condujo –como creyeron los sectores excesivamente optimistas del entorno del gobierno de Menem- a la desaparición mágica de los obstáculos preexistentes en la agenda con Washington, tanto los de carácter estrictamente económico (aranceles, subsidios a las exportaciones, apertura de mercados, patentes), como los ligados a la cultura política argentina (la persistencia de un patrón cultural anti-institucionalista y anti-legalista expresado en la persistencia de prácticas corruptas que afectaron a empresas y potenciales inversiones norteamericanas, la falta de seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y las diversas prácticas que a lo largo de la historia argentina atentaron contra la regularidad del funcionamiento institucional del país).

Respecto de esta última cuestión, durante la década de 1990 se dio una curiosa paradoja. Por un lado, se tomaron importantes medidas para remover los obstáculos económicos y culturales que impedían un mayor acercamiento con los Estados Unidos. Por otro lado, la agenda bilateral ofreció ejemplos ligados a la persistencia de dichos obstáculos. No obstante la existencia de estas turbulencias –tales como las presiones diplomáticas norteamericanas en materia de corrupción y de patentes-, las mismas no pusieron en peligro la vigencia de este patrón de "relaciones especiales".

En cuanto a la persistencia del patrón cultural antilegalista y antiinstitucionalista en la sociedad y la dirigencia política argentina, cabe destacar que el gobierno de Menem también adoptó una serie de medidas "contraculturales", tales como la firma del Tratado de Garantía de Inversiones Extranjeras, la emergencia de un órgano gubernamental específicamente dedicado a la lucha contra la corrupción y la adopción de una legislación en materia de patentes más acorde a los intereses de las empresas norteamericanas. Pero las mismas chocaron contra la persistencia del mencionado patrón cultural antes, durante y después de la administración menemista –como lo demostró el estallido del escándalo por los sobornos en el Senado durante la gestión del sucesor de Menem, el radical-aliancista Fernando de la Rúa (1999-2001)-. Dicha persistencia es un serio obstáculo a la estabilidad política y económica interna y a la credibilidad externa de la Argentina. Por cierto, la erradicación de esta cultura anti-legalista y anti-institucionalista a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y el combate y castigo a las prácticas corruptas que alejan a las inversiones externas constituye una materia pendiente de los próximos gobiernos argentinos, que contribuirá a generar confianza externa, condición sine qua non para consolidar un patrón de "relaciones especiales". Pero dicho patrón debería incluir en la doble categoría de aliados estratégicos y socios económicos no sólo a los Estados Unidos y a los países desarrollados del bloque occidental, sino también a los países del MERCOSUR.

  1. "Reclamó seguridad jurídica el embajador de los EE.UU.", La Nación, 12 de agosto de 1993, p. 1; "Se renueva la inquietud inversora por supuesta falta de seguridad", La Nación, 12 de agosto de 1993, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1; y "Otros piensan como Cheek, pero no lo dicen", La Nación, 12 de agosto de 1993, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

  2. El 12 de agosto de 1993, el embajador Cheek fue convocado por el canciller Di Tella, quien le hizo saber que sus declaraciones no habían caído bien en el gobierno argentino. Ver al respecto los artículos "Desagrado oficial por el reclamo del embajador norteamericano", La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 1; y "La seguridad jurídica, convertida en sinónimo de estabilidad", por Adrián Ventura, La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 16.

  3. "Un buen tema de campaña tomado por el radicalismo", La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 16.
  4. "Inseguridad jurídica. Involucraron a Corach en el caso mendocino", por Alejandra Rey, La Nación, 13 de febrero de 1996, p. 1; "Otro caso de inseguridad jurídica. James Cheek protestó ante el Gobierno", por Alejandra Rey, La Nación, 13 de febrero de 1996, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2.

  5. "Inesperada derivación de la carta de Todman", La Nación, 10 de enero de 1991, p. 1; "Un texto cuyo análisis dará aún que hablar, La Nación, 10 de enero de 1991, pp. 1 y 12; "Un embajador con el as en la manga. Los interrogantes sin respuesta", La Nación, 11 de enero de 1991, pp. 1 y 16; "Todman mantuvo la línea marcada por su gobierno", por Julio Crespo, La Nación, 11 de enero de 1991, p. 16; "La denuncia del caso Swift. Tres razones que llevaron a Todman a enviar la carta", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 11; y "El análisis de la noticia. Una bola de nieve que creció desde noviembre", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 11. Texto de la carta del embajador Todman al ministro de Economía Erman González en "La carta de Todman al ministro de Economía", La Nación, 10 de enero de 1991, p. 18. Texto de la respuesta del ministro de Economía Erman González al embajador Todman en "Respuesta de González al embajador", La Nación, 10 de enero de 1992, p. 18. Ver también editoriales de opinión "La denuncia de Todman. Entretelones de una historia que existió", por Carlos Raymundo Roberts, La Nación, 10 de enero de 1991, p. 12 y "Una amenaza para el futuro argentino", por Julio Crespo, La Nación, 10 de enero de 1991, p. 12.

  6. Ver editorial "Todo un estilo", por Horacio Verbitsky, Página/12, 6 de enero de 1991, p. 3.

  7. Ver al respecto editoriales "Washington no cree en desmentidas", por Horacio Verbitsky, Página/12, 8 de enero de 1991, p. 3 y "Una alta fuente de presidencia confirmó la protesta norteamericana. Otro grupo de familia", por Horacio Verbitsky, Página/12, 9 de enero de 1991, pp. 2-3 y artículo "Menem ordenó la investigación del presunto soborno", La Nación, 9 de enero de 1991, pp. 1 y 10.

  8. Ver al respecto el editorial "Todman confirmó la protesta norteamericana y Swift negó presiones del gobierno. Yo protesto, el reclama, tú querellas", por Horacio Verbitsky, Página/12, 10 de enero de 1991, pp. 2-3; el artículo "La denuncia de Todman. Todman: no cuestionamos la honorabilidad del Gobierno", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.

  9. En una declaración efectuada el 10 de enero, el Departamento de Estado ratificó que hubo una queja de la empresa Swift por el pedido de "pagos sustanciales por parte de funcionarios del gobierno argentino a cambio de obtener documentos necesarios para realizar importaciones.". Ver al respecto los artículos "Respaldó Washington la carta de Todman", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 1. Texto de la declaración del Departamento de Estado, citado en "Implícito respaldo de Washington a su embajador en Buenos Aires", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 16.

  10. Editorial "Bluntly Put, Graft Id Rife: U.S. Envoy Speaks Out", by Shirley Christian, The New York Times, January 16, 1991, Section A, p. 4, Col. 3, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?

  11. "Duhalde afirmó que se trata de un claro caso de cohecho", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.

  12. "La respuesta a la carta de Todman. Sup-Erman experto en payasadas", Página/12, 10 de enero de 1991, p. 3.

  13. "Alfonsín justificó la conducta de Todman y acusó al Presidente de actuar como el tero" y "Corrupción, la pérdida del rubor", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.
  14. En su declaración, Boucher dijo lo siguiente:
    "1º- La embajada norteamericana en Buenos Aires fue informada por la Swift, una corporación de los Estados Unidos, de que un funcionario argentino había pedido un pago considerable para obtener los documentos necesarios para ciertas importaciones.
    2º- La información, así como el problema que encuentran otras compañías que tratan de hacer inversiones en la Argentina, estuvo contenida en la carta dirigida el 10 de diciembre al ministro de Economía de la Argentina, Antonio Erman González.
    3º- La carta, que se sido hecha pública por el gobierno argentino, era una presentación de información que se había recibido de las compañías norteamericanas en un esfuerzo por superar los problemas que afectan a los inversionistas de los Estados Unidos en la Argentina".
    Ver texto de la declaración de Boucher, citado en "El gobierno de George Bush. En búsqueda de contener la batalla de acusaciones", por Ary Moleón, La Nación, 12 de enero de 1991, p. 10.
  15. "Dura réplica de Menem al Departamento de Estado", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 10.

  16. "La denuncia de Todman. Cavallo minimizó la reacción del Presidente", por Ovidio Bellando, La Nación, 12 de enero de 1991, p. 11.
  17. "Se inicia hoy la investigación del caso Swift", La Nación, 14 de enero de 1991, p. 1; "Duhalde analiza los efectos del episodio sobre el peronismo", por Sergio Levit, La Nación, 14 de enero de 1991, p. 10 y "El nuevo gabinete. Maiorano aplicará cirugía mayor en el caso Swift", La Nación, 16 de enero de 1991, p. 9.
  18. "Renunció el Gabinete; disuelven Obras Públicas; se fue Emir Yoma", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 1; "El análisis de la noticia. Una decisión tomada en medio del río", por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 15 de enero de 1991, pp. 1 y 11; "La renuncia del Gabinete. Una veloz ofensiva del ministro González", por Eduardo De Simone, La Nación, 15 de enero de 1991, p. 11; "La renuncia de Gabinete. Crónica de nueve días estremecedores", por Ricardo Carpena, La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12; "Renunció Emir Yoma a su cargo de asesor presidencial", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12; "Menem recibió el apoyo de la Fundación para la Modernización del Estado. Reforma ministerial para combatir la corrupción", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12. Ver también editoriales de opinión "Para los analistas, la cirugía llegó en el momento justo. Una decisión solitaria que tomó en cuenta el mercado", por Germán Sopeña, La Nación, 16 de enero de 1991, p. 11 y "El nuevo gabinete nacional", La Nación, 17 de enero de 1991, p. 6.

  19. Ver estos datos estadísticos en artículo "Nota de tapa", en revista Somos, Año 14, N° 746, 14 de enero de 1991, p. 11.

  20. "Caso GTE: advertencia de los Estados Unidos", por Julio Crespo, La Nación, 10 de enero de 1992, p. 1 y "EE.UU. presentaría una nota de protesta por el caso GTE", por Ary Moleón, La Nación, 10 de enero de 1992, p. 15.

  21. "Reclamo de GTE por un concurso anulado", La Nación, 25 de enero de 1992, p. 1.
  22. "Licitación para el Plan Nacional de Radarización. Northrop gana la pulseada", por Juan Castro Olivera, La Nación, 7 de septiembre de 1999, p. 5.

  23. Ver detalles acerca de estos fallos en "La Justicia suspendió el plan de radarización", La Nación, 12 de noviembre de 1999, p. 1; y "Suspenden nuevamente el plan de radarización", por Juan Castro Olivera, La Nación, 12 de noviembre de 1999, p. 11.
  24. "Radares: firme posición de EE.UU.", La Nación, 9 de noviembre de 1999, p. 7.
  25. "Preocupa a EE.UU. la radarización", La Nación, 13 de noviembre de 1999, p. 10; "Cohen: los radares están bien elegidos", La Nación, 16 de noviembre de 1999, p. 1; y "Radares: Cohen defendió la adjudicación a EE.UU.", por Juan Castro Olivera, La Nación, 16 de noviembre de 1999, p. 7.
  26. Ver al respecto los editoriales "I.B.M. Contends With a Scandal In Argentina", by Calvin Sims, The New York Times, March 9, 1996, Section 1, p. 35, Col.5, Business / Financial Desk; "Argentine Cloud Over I.B.M. Grows Darker", by Calvin Sims, The New York Times, June 9, 1996, Section 1, p. 33, Col. 5, Business / Financial Desk; "IBM Settles to End Bribery Case", by Sandra Sugawara, The Washington Post, December 22, 2000, en www.nexis.com/research/search/doclist?

  27. La respuesta de Cheek llegó meses más tarde. En la misma, del día 2 de diciembre de 1996, el diplomático norteamericano no dudó en definir la carta de Moreau como un simple "acto de publicidad". "El embajador Cheek elogió el proyecto", apartado "Respuesta a Moreau", La Nación, 3 de diciembre de 1996, p. 6.

  28. "Cheek dio explicaciones en la Cancillería por sus declaraciones", La Nación, 22 de junio de 1996, p. 10.
  29. Ver al respecto los siguientes artículos "Judge Calls IBM Executives Bribery Suspects", The Washington Post, May 6, 1998, en www.nexis.com/research/search/doclist?; "IBM-Nación: viajó el fiscal a EE.UU", La Nación, 16 de octubre de 1996, p. 10; "En EE.UU. piden más pruebas", por Jorge Elías, La Nación, 2 de mayo de 1998, pp. 1 y 7; "Piden la captura de cuatro norteamericanos de IBM", La Nación, 3 de junio de 1998, p. 1; y "Piden capturas internacionales", por Adrián Ventura, La Nación, 3 de junio de 1998, p. 5.
  30. "IBM-Nación: ecos por la carta de los EEUU", La Nación, 3 de mayo de 1998, p. 12.

  31. El Departamento de Justicia norteamericano manifestó su renuencia al pedido del juez Liporacci, señalando que "Para proceder, es necesaria una declaración para establecer si las autoridades argentinas planean procesar a los altos directivos". Esta actitud de la agencia norteamericana molestó tanto al juez federal como a los legisladores Carlos Soria (PJ-Río Negro), Manuel Baladrón (PJ-La Pampa) y Horacio Viqueira (FREPASO-Córdoba). Ver al respecto "Malestar legislativo con los EE.UU.", por Laura Serra, La Nación, 24 de junio de 1998, p. 6.
  32. La decisión de realizar el procedimiento fue adoptada por Bagnasco luego de que Alfredo Aldaco, ex director del Banco Nación, confesó que recibió dinero de Marcelo Cattáneo. Entonces dijo que el titular de Acción por la República, Domingo Cavallo, cuando era titular del Ministerio de Economía, estaba al tanto de todos los detalles del negocio con IBM y recordó algo que ya existía en la causa: que Latin Trade fue proveedor de IBM para ese contrato. Ver al respecto "IBM: Bagnasco ordenó allanar la empresa Jorge Cavallo", La Nación, 25 de junio de 1998, p. 10.
  33. "IBM-Banco Nación: más de tres años después. Procesan a Cattáneo, Aldaco y Contartese", La Nación, 7 de noviembre de 1998, p. 1; "El caso IBM-Banco Nación. Hay cinco procesados por soborno", por Adrián Ventura, La Nación, 7 de noviembre de 1998, p. 7.
  34. Ver al respecto "Argentine Tax Chief Quits Amid Scandal", The New York Times, March 14, 1996, Section D, p. 20, Col. 5, Business / Financial Desk y "Ex I.B.M. Official Charged in Fraud", The New York Times, April 3, 1996, Section D, p. 4, Col. 6, Business / Financial Desk, ambos en www.nexis.com/research/search/doclist?; e "IBM-Banco Nación: Bagnasco procesó a Gaggero", por Adrián Ventura, La Nación, 7 de abril de 1999, p. 8.

  35. "Pidió Bagnasco extradiciones por IBM", La Nación, 22 de septiembre de 1998, p. 8.
  36. "Los EE.UU. no extraditan a los ejecutivos de IBM", La Nación, 27 de marzo de 1999, p. 8.

  37. "Aprueban extradición con EE.UU.", La Nación, 29 de abril de 1999, p. 11; y "Por el caso IBM. EE.UU. no accede al pedido de extradición", por María O’ Donnell, La Nación, 9 de noviembre de 1999, p. 9. Consultar asimismo el cable de la Embajada norteamericana conteniendo la posición del Departamento de Justicia norteamericano, la cual ratificaba las "deficiencias" existentes en el pedido de extradición de los ejecutivos de IBM Lew y Rowley solicitado por el juez Bagnasco, a la vez que señalaba la disposición de la agencia para discutir con el juez Bagnasco "cualquier evidencia adicional" que "pudiera respaldar su pedido de extradición". Ver al respecto Embassy of the United States of America, Fax Trasnmittal, from V. Manuel Rocha, encargado de negocios de los Estados Unidos, to Andrés A. Cisneros, secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, Buenos Aires, 26 de abril de 1999, 3 pp., en Archivo personal del ex vicecanciller Cisneros, Caja 7, carpeta Estados Unidos.
  38. Ver al respecto "IBM: captura por dos ejecutivos", Clarín, 4 de noviembre de 1999, p. 14; y "Ejecutivos de EE.UU. vinculados al escándalo informático. IBM-Nación: niegan extradiciones", por Ana Baron, Clarín, 9 de noviembre de 1999, p. 14.

  39. "Ruckauf reconoció que el caso IBM "roza al Gobierno" ", La Nación, 20 de octubre de 1998, p. 7.

  40. "Sinsabores de Menem en Washington", La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 11.

  41. Ver declaraciones de Menem citadas en editorial "Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10.

  42. Ver declaraciones del entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, citadas en artículo "Rodríguez asegura que hay seguridad jurídica", La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 12.

  43. Al respecto puede consultarse la publicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000…op.cit..
  44. Guido Di Tella ofreció esta definición del poder relativo de la Argentina mucho antes de ser nombrado canciller del gobierno de Menem, en ocasión de una conferencia celebrada en la localidad alemana de Mainz en 1987. Ver esta referencia en el paper de Tulchin, Joseph, "Carnal relations. United States-Argentine relations during the regime of Carlos Saul Menem", s.f., p. 7, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 14, Carpeta Estados Unidos.

  45. Cisneros, Andrés, "La política exterior argentina y la relación con Estados Unidos", (mimeo), s.f., en Archivo personal del ex vicecanciller del gobierno de Menem Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Discursos de Andrés Cisneros, pp. 2-3.
  46. Idem nota anterior, pp. 3-4.
  47. Ibid., pp. 4-5.
  48. Ver al respecto el editorial "Menemtroika", escrito por el canciller del gobierno de Menem Guido Di Tella, en revista Somos, Año 14, N° 845, 7 de diciembre de 1992, p. 17.

  49. Ver el artículo de Escudé, Carlos, "La política exterior de Menem y su sustento teórico implícito", en revista América Latina / Internacional, Volumen 8, N° 27, Buenos Aires, enero-marzo 1991, pp. 396-397. Ver asimismo el libro del mismo autor Realismo periférico: fundamentos para la nueva política exterior argentina, Buenos Aires, Planeta, 1992.

  50. En relación con el punto 4 apartado b) Russell señala que, si se siguiera a pie juntillas los supuestos del "realismo periférico", la Argentina tendría que haber acompañado a la CIA y a Castillo Armas en Guatemala en 1954, a Henry Kissinger en Chile luego del triunfo de Allende en 1970, y a Reagan y los contras en la década de 1980, dado que ninguna de estas políticas norteamericanas afectaban el interés material de los argentinos –aunque sí principios muy caros al interés nacional-. Respecto de estas críticas al "realismo periférico" ver el artículo de Russell, Roberto, "El neoidealismo periférico: Un esquema para orientar la política exterior de los países del Cono Sur en la posguerra fría", en revista América Latina / Internacional, Volumen 8, Número 29, Julio-Setiembre 1991, pp. 442-445.

  51. Rapoport, op.cit., p. 952.
  52. Rizzo Romano, Alfredo, "Prólogo", en Rizzo Romano, Alfredo y Melo, Artemio Luis, (compiladores), Las relaciones Argentina-Estados Unidos (1983-1993). Variables para un análisis interpretativo, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1993, p. 14.
  53. Rapoport, op.cit., pp. 950-964.

  54. Paradiso, José, Debates y trayectoria de la política exterior argentina, Buenos Aires, GEL, 1993, pp. 199-200.
  55. Melo, Artemio Luis, "Introducción al análisis de la política exterior argentina hacia los Estados Unidos (1983-1992)", en Rizzo Romano, Alfredo y Melo, Artemio Luis, (compiladores), op.cit., p. 33.

  56. Russell, Roberto, "Las relaciones argentino-norteamericanas: ¿el fin del desencuentro?", en De la Balze, Felipe, A. M., y Roca, Eduardo A., (compiladores), Argentina y Estados Unidos. Fundamentos de una nueva alianza, Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), 1997, pp. 172-173.

  57. Idem nota anterior, pp. 173-174.

  58. Ibid., p. 176.
  59. Norden y Russell, op.cit., pp. 73 y 118.
  60. Cisneros, Andrés, "¿Dónde hay un Cóndor?", fax a Jorge Castro, 31 de mayo de 1993, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 8, Carpeta Artículos escritos por terceros, p. 2.
  61. Hirst, Mónica y Russell, Roberto, El Mercosur y los cambios en el sistema político internacional, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2001, pp. 218-219.

  62. En el original: "(…) A "relaçao carnal" significa que a Casa Rosada nao contrariará nenhuma iniciativa de política externa dos Estados Unidos que nao seja frontalmente prejudicial aos intereses economicos argentinos. Por isso, o Brasil pode contar com Buenos Aires para firmar posicao a respeito do cronograma de criaçao da Alca, mas nao debe esperar apoio em questoes que nao digam respeito direito ao Mercosul, em seu eságio atual. Da mesma forma, interessa a Argentina o fortalecimento da economia brasileira, mas nao o fortalecimento político do Brasil no concerto internacional". Ver al respecto el artículo "A política pendular da Argentina", O Estado de Sao Paulo, 19 de outubro de 1997, sección Notas e informaçoes, p. A 3.
  63. Corigliano, Francisco y Zuvanic, Laura, "Argentina: Más allá del alineamiento con Estados Unidos", en Heine, Jorge, (compilador), Enfrentando los cambios globales. Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL) 1991-1992, Santiago de Chile, Ediciones Dolmen, 1993, p. 15.
  64. Discurso pronunciado por el canciller Guido Di Tella en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Buenos Aires, 18 de abril de 1991, pp. 4 y 5, fuente citada por el artículo de Corigliano y Zuvanic, op.cit., p. 15.
  65. Idem nota anterior.
  66. Castro, op.cit., especialmente pp. 90-95.
  67. En esta categoría pueden incluirse medidas tales como la firma, en diciembre de 1991, del Acuerdo Cuatripartito para la Aplicación de Salvaguardias por los gobiernos de la Argentina y Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la Declaración presidencial sobre diálogo político entre los presidentes del Mercosur en junio de 1996; el Memorándum de Entendimiento, firmado entre los gobiernos de Argentina y Brasil en abril de 1997 que declaró una "alianza estratégica" entre ambos países; y las prácticas conjuntas de los ejércitos argentinos y brasileños a partir de octubre de 1996. Para un análisis pormenorizado de estos pasos de convergencia estratégica entre Argentina y Brasil consultar Fontana, op.cit., especialmente pp. 302-307.

  68. "A política pendular da Argentina….", op. cit.

  69. En lo que respecta a Brasil, su porcentaje de participación como mercado de colocación de las exportaciones argentinas ascendió persistentemente desde 1991 hasta 1998, pasando del 12,4 % del total al 31,4 % en dichos años, para caer en 1999 como producto de la devaluación brasileña al 24,1 %. Lo propio ocurrió respecto del MERCOSUR, cuyo porcentaje de participación se incrementó del 16,5 % al 31,4 % entre 1991 y 1998, y descendió al 24,1 % en 1999. Ver al respecto Intenational Money Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook, Washington D.C., IMF, 1998-2000, pp. 102-104; Direction of Trade Statistics, Washington D.C., IMF, December 1999, p. 41; Direction of Trade Statistics, Washington D.C., IMF, March 2001, p. 43, fuentes citadas por Norden y Russell, op.cit., Table 2.2, p. 37.

  70. Declaraciones de Cardoso, citadas en Cisneros, Andrés, "La política exterior argentina y la relación con Estados Unidos", op.cit., p. 7
  71. Respecto del reconocimiento brasileño del liderazgo global norteamericano, Jorge Castro las declaraciones efectuadas por el embajador Rubens Ricúpero en un seminario de Itamaraty. El diplomático sostuvo en dicha ocasión que "Estados Unidos no puede todo (Somalia, Bosnia), pero sin él, o contra él, los demás pueden muy poco. No hay voluntad para sustituirlo". Declaraciones del embajador Ricúpero, citadas por Castro, Jorge, "La política exterior del segundo mandato de Menem", revista Archivos del Presente, Año 1, N° 2, Primavera 1995, pp. 71-72.

  72. Idem nota anterior, p. 71.

  73. Ibidem, p. 72.
  74. Ver al respecto el artículo de Corigliano, Francisco, "Argentina y Estados Unidos: giros, reformas y ajustes", revista Criterio, N° 2258, Buenos Aires, febrero de 2001, pp. 11-14.

  75. Mora y Araujo, Manuel, "Opinión pública y política exterior de la presidencia Menem", en Cisneros (compilador), op.cit., Cuadro 2, p. 348.

  76. Escudé, Realismo periférico…op.cit., p. 289.

  77. Esta rigidez conceptual de las autoridades del Fondo Monetario las llevó a subestimar las debilidades implícitas en un sistema de tipo de cambio fijo como el adoptado por el gobierno argentino a partir de 1991 y a colocar el caso argentino como un ejemplo para el resto del mundo. Dicha rigidez, compartida por las autoridades económicas argentinas –y por los sectores medios de una sociedad encantada con la posibilidad de salir del fantasma inflacionario y de adquirir productos importados a bajo precio-, constituyó una causa profunda en la explicación del colapso económico argentino de fines del 2001. Durante el ciclo de crecimiento del primer lustro de la década de 1990, las autoridades argentinas no adoptaron –y las del Fondo no exigieron- políticas fiscales más responsables y acordes con el objetivo de estabilización económica; durante las crisis financieras del segundo lustro de la década, tanto las autoridades argentinas como las del Fondo se negaron a pensar en el abandono del tipo de cambio fijo, cuando ya resultaba evidente su alto costo en términos del abultado déficit comercial. Llevados por esta ceguera conceptual, tanto las autoridades argentinas como las del Fondo no pudieron evitar que, durante la gestión del sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, la Argentina colapsara económicamente y cayera en default. Sobre este tema pueden consultarse las opiniones de dos funcionarios norteamericanos que han pasado por los organismos internacionales de crédito: el Director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional entre 1991 y 2001, Michael Mussa y el economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial entre 1997 y 2000, Joseph E. Stiglitz. Ambos destacan la responsabilidad del FMI en el colapso de la Argentina a fines del 2001. Ver al respecto Mussa, Michael, Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragedia, Buenos Aires, Planeta, 2002 y Stiglitz, op.cit.
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