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La OTAN inició su ataque contra Yugoslavia el 24 de
marzo de 1999. Belgrado rompió relaciones con los Estados Unidos, Inglaterra,
Alemania y Francia. El 26 de marzo, la OTAN atacó por primera vez posiciones del ejército
serbio en Kosovo no vinculadas con la defensa antiaérea. Los bombardeos aliados
cerca de Belgrado provocaron que el 30 de marzo el líder yugoslavo Slobodan
Milosevic anunciara una reducción de sus fuerzas en Kosovo cuando la OTAN
detuviera sus ataques. Mientras tanto fracasaba una misión de paz emprendida
por el premier ruso E. Primakov. El 31 de marzo, la OTAN anunció que
intensificaría sus operaciones, al mismo tiempo que Rusia decidía enviar
barcos al Mediterráneo. También fracasaba una misión de paz del Papa. La
masiva deportación de kosovares ejercía mucha presión sobre los países
vecinos principalmente en Macedonia, que ordenó un cierre parcial de sus
fronteras y movilizó a 12.000 soldados para controlar el límite con
Yugoslavia. El 13 de abril tropas serbias destruyeron un poblado de Albania. Por
primera vez, Albania abrió fuego contra Yugoslavia.
El mismo día el canciller ruso I. Ivanov y la
secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright se reunieron para tratar
la crisis de Kosovo, pero no llegaron a un acuerdo. Ivanov reiteró la firme
posición de Rusia contraria a la ofensiva de la OTAN contra Yugoslavia. Además,
Moscú sostuvo que sólo contemplaría la posibilidad de un acuerdo si
previamente cesaban los ataques de la OTAN. A su vez, ésta declaró que
aumentaría el envío de aviones a la zona del conflicto. El presidente
norteamericano Bill Clinton pidió al Congreso la aprobación de una partida de
emergencia para financiar la campaña militar contra Yugoslavia.
El 24 de abril comenzó la
Cumbre por el 50º aniversario de la Alianza Atlántica. La OTAN se mostró
decidida a intensificar sus ataques contra Belgrado hasta doblegar al gobierno
de Milosevic. Estableció además las condiciones que sostendría aun ante la
retirada de Yugoslavia más de un mes después: la retirada de las fuerzas
serbias de Kosovo, el regreso de los refugiados kosovares y el establecimiento
de una fuerza internacional de paz liderada por la OTAN para asegurar la libre
elección de un gobierno autónomo. La discusión principal giraba alrededor de
si la OTAN debía utilizar la fuerza para imponer el embargo de petróleo
declarado contra Yugoslavia. Esta cuestión era relevante para Rusia que era uno
de los mayores proveedores de petróleo a Yugoslavia. El canciller ruso Ivanov
expresó que Rusia iba a ignorar el embargo y advirtió a la OTAN que si
utilizaba la fuerza estaría violando la ley internacional. Francia apoyó a
Rusia sosteniendo que la detención y revisión de un buque en aguas
internacionales sería ilegal. A su vez, Clinton afirmó que la OTAN estaba
dispuesta a imponer el embargo a través de todos los medios razonables.
Por otra parte, la OTAN decidió incrementar su poder
en el mundo. Su secretario general de la OTAN, Javier Solana, declaró que la
OTAN no sólo se dedicaría a la defensa de los países que la integraban, como
lo había hecho durante la guerra fría, sino que en el futuro defendería
valores democráticos fuera de sus fronteras. La OTAN se convertiría en una
especie de policía global de los valores occidentales. En adelante podría
intervenir en situaciones en que no hubiera riesgo para sus miembros y lo haría
sin que mediara necesariamente un permiso de la ONU.
El 27 de abril Milosevic aceptó que una fuerza de
paz internacional armada fuera enviada a Kosovo bajo la bandera de la ONU, pero
los soldados que tomaran parte en ella no debían ser nacionales de los países
de la OTAN. También admitió la autonomía para Kosovo y el regreso de los
refugiados. A pesar de esto, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, W.
Cohen, sostuvo que la fuerza internacional debía ser armada y preferiblemente
conducida por la OTAN, punto que generaría controversia debido a la
inflexibilidad de ambos bandos.
Mientras tanto, los aliados continuaron con los
bombardeos, demandando una rendición incondicional. Con todo, el 6 de mayo el
G8 – las potencias más industrializadas más Rusia- sellaron un plan de paz
que preveía el cese de la violencia en Kosovo, la retirada de las fuerzas
militares, policiales y paramilitares serbias, y el regreso de los refugiados,
además de una administración temporal para la provincia serbia y una presencia
de seguridad internacional y civil con aprobación de la ONU.
El 16 de mayo el alto mando militar yugoslavo anunció
la suspensión de la retirada parcial de sus tropas en Kosovo ante los
reiterados ataques de la OTAN. El vocero del Ejército señaló que, desde que
se había decidido la evacuación, la aviación aliada había bombardeado
reiteradamente a sus tropas. La OTAN sostuvo que no tenía ningún indicio de la
evacuación militar de Kosovo y que las operaciones continuarían con mayor
intensidad. Grecia, por su parte, reclamó a la OTAN la suspensión por 48 horas
de los bombardeos para dar oportunidad a la paz. El canciller griego se reunió
con sus colegas rumano y búlgaro para exigir una solución diplomática.
El 27 de mayo, el Tribunal Penal Internacional, que
investigaba los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, decidió acusar al
presidente Slobodan Milosevic de cometer crímenes contra la humanidad en Kosovo
y pidió su captura internacional. Esto dificultaba el acuerdo entre Milosevic y
la OTAN. La acusación incluía múltiples cargos de crímenes contra la
humanidad en contra de los albaneses de Kosovo, antes y durante la intervención
de la OTAN. EL 29 de mayo se abrió un nuevo diálogo entre Milosevic y
Chernomyrdin. Yugoslavia anuncio que aceptaba los principios generales
anunciados por el G8 para una solución pacífica del conflicto sobre Kosovo.
Milosevic aprobó que el Consejo de Seguridad fuera el organismo encargado de
resolver el acuerdo de paz en conformidad con la Carta de la ONU.
El 8 de junio el G8 acordó un proyecto de resolución
sobre Kosovo. Rusia y China exigieron que antes de que la ONU aprobara la
resolución debían cesar los bombardeos aliados sobre Yugoslavia. El Ejército
de Liberación de Kosovo (ELK) aseguró que no atacaría a las fuerzas serbias
durante su retirada. Los principales puntos del proyecto de resolución del G8
eran la reafirmación de la integridad territorial de Yugoslavia, la autonomía
sustancial para Kosovo, el fin inmediato de la violencia y la represión en
Kosovo, así como una retirada de todas las fuerzas militares, policiales y
paramilitares serbias, y el despliegue de una presencia civil y de seguridad
internacional bajo el auspicio de la ONU. No se mencionaba a la OTAN, pero
autorizaba a la ONU a formar la fuerza según lo establecido en el plan de paz
acordado entre los países occidentales y Rusia, la instalación de una
administración provisional en Kosovo bajo el mando de la ONU y la colaboración
de la fuerza internacional con el Tribunal Penal Internacional.
El 9 de junio se reabría el diálogo de paz en
Kosovo, reuniéndose en Macedonia jefes militares yugoslavos y de la OTAN. El 10
de junio éstos firmaron un documento técnico militar que establecía un
estricto calendario para la retirada completa de las fuerzas militares,
policiales y paramilitares yugoslavas de Kosovo. Iniciada la misma, el
secretario general de la OTAN Solana anunció el cese de los ataques. Una fuerza
yugoslava, que entraría en Kosovo después de la retirada, custodiaría los
lugares históricos y religiosos serbios y estaría presente en los puestos
fronterizos. Ahora el temor era de los habitantes serbios por probables
venganzas de los albano-kosovares, especialmente del ELK. Los siguientes pasos
serían la entrada de 50.000 soldados de la fuerza de intervención en Kosovo
por tres frentes.
Kosovo fue divida en cinco aéreas que estarían
controladas por los Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. En los 78 días
de bombardeos Yugoslavia había tenido entre militares y civiles 7.000 muertos y
16.000 heridos. El 41% de las reservas de petróleo y el 50% de los arsenales
del ejército yugoslavo habían sido destruidos. También habían sido
destruidos 34 puentes y viaductos, 100 hospitales y centros médicos, 25 plantas
de radio y televisión y 8 aeropuertos. El 10 de junio Occidente aprobó el
Pacto de Estabilización para el Sudeste de Europa, un plan cuyo fin era
restablecer la fuerza económica de la región de los Balcanes, democratizarla y
sentar así las bases políticas para prevenir conflictos como el de Kosovo.
El proyecto preveía una inversión de más de 7.500
millones de dólares por parte de la Unión Europea y la posibilidad de que los
países de los Balcanes firmaran en el futuro convenios de asociación con aquélla.
Entre 1.300 y 2.200 millones de dólares provendrían del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. El último y la Unión Europea se encargarían
de evaluar y coordinar la ayuda para al menos seis países vecinos de Kosovo:
Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia, Bulgaria y Rumania.
El 11 de junio se generó una complicación adicional
cuando un convoy de soldados rusos entró en la capital de Kosovo, Pristina,
violando el acuerdo entre Rusia y la OTAN. Moscú declaró que fue un
“error”, pero luego se supo que el presidente Yeltsin había dado la orden.
El día siguiente llegaron a Kosovo en helicópteros los británicos, buscando
controlar la ruta a Pristina y su aeropuerto. El 16 de junio se completaba el
despliegue de 14.000 soldados de la OTAN en Kosovo. A la vez, los rebeldes del
ELK anunciaron que consideraban a los rusos como una fuerza enemiga. Moscú lo
tomó como una declaración de guerra y demandó de inmediato el desarme de la
guerrilla. La crisis se resolvió el 18 de junio cuando los Estados Unidos y
Rusia llegaron a un acuerdo sobre la participación de tropas rusas junto con
las fuerzas de la OTAN en la supervisión de la paz en Kosovo. El reparto de
3.600 soldados rusos en la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) se realizaría en
tres zonas: la estadounidense, la francesa y la alemana. Las tropas rusas servirían
bajo comando y control de Rusia pero trabajarían con los mandos de la OTAN en
cada uno de los sectores de las fuerzas aliadas. La OTAN exigía que el
aeropuerto de Pristina estuviera abierto a todos los países y que se preservara
la unidad de comando.
La participación de Rusia en la KFOR fue considerada
clave para frenar el éxodo masivo de los civiles serbios. Como reconocimiento
por su papel en la resolución de la guerra de Kosovo, el G7 decidió ayudar a
Rusia a sanear su deuda externa. Hubo, sin embargo, una nueva fricción al
reclamar Rusia que no se pusiera como condición a la financiación para la
reconstrucción de Yugoslavia la salida de Milosevic. La postura occidental fue
firme al respecto y anunció que mientras Milosevic estuviera en le poder, el
dinero no llegaría a Serbia.
El 20 de junio el ejército yugoslavo completó su
retirada de Kosovo. La OTAN y el ELK firmaron un acuerdo para la desmilitarización
de la organización separatista y poner fin a su existencia como fuerza militar.
El acuerdo establecía que la guerrilla depondría todo armamento en un período
de 30 días, excepto las armas de bajo calibre. Los integrantes de la guerrilla
que fueran de nacionalidad extranjera estaban obligados a salir de Kosovo. Además,
el ELK debía acatar la autoridad de las fuerzas de paz de la OTAN en Kosovo y
comprometerse a no realizar actividades de tipo militar. El 22 de junio
alrededor de 180.000 refugiados regresaron a Kosovo, permaneciendo todavía
800.000 en el exterior. (1)
Consciente de su status de aliado extra OTAN de los
Estados Unidos obtenido en 1997, el gobierno de Menem continuó con su política
de alineamiento con ese país. El 26 de marzo de 1999 fue uno de los doce países
miembros del Consejo de Seguridad que rechazaron el proyecto de resolución de
Rusia reclamando el cese inmediato de los ataques de la OTAN contra Yugoslavia.(2)
El 23 de abril la Argentina se abstuvo en otra votación, que realizó la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sobre un proyecto de resolución
presentado por Rusia condenando los ataques de la OTAN y señalando las
consecuencias de éstos sobre la población civil y la infraestructura del país.
La justificación argentina fue que consideraba innecesario una segunda resolución
de esa naturaleza, dado que la primera ya había tenido en cuenta los temas de
limpieza étnica y de preocupación por los derechos humanos en Kosovo y había
recibido el voto favorable de casi toda la comisión.(3)
El gobierno de Menem manifestó su apoyo a las operaciones de la OTAN en Yugoslavia, aunque rechazó la posibilidad de que soldados argentinos pelearan en los Balcanes. Además, se pronunció a favor de que la OTAN realizara la invasión por tierra que fue muy discutida entre los aliados. La Cancillería argentina incluso sugirió al gobierno estadounidense que la Argentina podía comandar la fuerza militar internacional. Sus argumentos eran, en primer lugar, que las fuerzas armadas tenían experiencia en el comando de fuerzas de paz en Chipre. Desde 1997, el general Evergisto A. de Vergara había asumido como jefe de la misión de la ONU integrada por batallones de la Argentina, Inglaterra y Austria. En segundo término, el país comprendía filosóficamente la naturaleza del enfrentamiento porque lidiaba con una realidad similar respecto de las islas Malvinas. Por último, los serbios no querían que las fuerzas de paz fueran comandadas por los países de la OTAN y la Argentina estaba dentro de un pequeño grupo de países amigos de la OTAN.(4)
Finalizada la guerra en Yugoslavia en junio de 1999,
el Consejo de Seguridad autorizó en misión combinada la presencia de una
fuerza de seguridad de la OTAN (KFOR) para desmilitarizar Kosovo y mantener la
ley y el orden, y a UNMIK con el fin de ejercer la administración interina
(autoridad ejecutiva, administración de justicia, reestructuración del
territorio, etc.), preparar el terreno para la celebración de las elecciones, y
estudiar la posible autonomía de la República Federal de Yugoslavia.
En una oportuna reunión el 10 de junio que el
ministro de Defensa, Jorge Domínguez, tenía agendada con su par
norteamericano, William Cohen, el primero ofreció 550 hombres para las fuerzas
de paz que ingresarían en Kosovo. Cohen agradeció el ofrecimiento durante la
conferencia de prensa conjunta, señalando que no era una sorpresa, porque la
Argentina era uno de los países líderes en contribuciones a las fuerzas de
paz, pero era una noticia muy bien recibida. La propuesta argentina era para que
los efectivos formaran parte de la KFOR, que sería la primera en ingresar. Un
funcionario del Pentágono sostuvo que la Argentina debía ser el primer país
que no formaba parte de la OTAN en ofrecer efectivos para las fuerzas de paz
para Kosovo.(5)
Por
otro lado, el 8 de julio de 1999 Menem envió al presidente Clinton y al consejo
de la OTAN sendos mensajes solicitando la promoción de la incorporación de la
Argentina a la OTAN en calidad de miembro asociado, o una categoría similar a
establecerse. Como fórmula de transición solicitaba que se considerara la
ampliación de la propuesta Asociación para la Paz (PfP), a fin de permitir una
participación activa de la Argentina en un plazo breve. El pedido se
fundamentaba en que estaba emergiendo un nuevo sistema de seguridad
internacional. La intervención de la OTAN en Kosovo, como antes en
Bosnia-Herzegovina, reflejaba la naturaleza de los nuevos conflictos, que
afectaban a la población civil e implicaban violaciones masivas de los derechos
humanos. El gobierno argentino observaba esa nueva realidad y deseaba
profundizar su compromiso con la preservación de la paz y la seguridad
internacionales. Advertía asimismo el carácter de estructura de seguridad
cooperativa, con un alcance potencialmente global y con un carácter político-estratégico
antes que estrictamente militar, que la alianza había asumido a partir del
proceso de reforma iniciado en 1990-1991 con las declaraciones de Londres y
Roma. En suma, la Argentina enviaba la mencionada solicitud con el objetivo de
participar más eficazmente en la etapa de redefinición del sistema de
seguridad internacional, tanto en las operaciones que se llevaban a cabo bajo el
comando de la OTAN, cuanto en la discusión y el diseño del sistema de
seguridad global que emergía en los albores del siglo XXI.(6)
El candidato presidencial de la Alianza, Fernando de
la Rúa, emitió un comunicado calificando como “totalmente inconveniente e
inviable” la decisión del presidente Menem de solicitar la incorporación
como miembro pleno de la Argentina a la OTAN. Para el candidato presidencial
aliancista, la Argentina debía avanzar en la articulación de esquemas
regionales de seguridad internacional y de defensa propios. No se renegaba a
priori de ningún posible acuerdo con otras organizaciones de defensa y
seguridad en el marco de la ONU, pero esos acuerdos debían plantearse en forma
coordinada con los socios del Mercosur.(7)
La
solicitud argentina fue inmediatamente girada para su consideración a los
distintos países que integraban la OTAN. El 23 de julio de 1999 el secretario
general de la OTAN Solana respondió al presidente Menem expresando que su carta
confirmaba el profundo interés de la Argentina en cooperar con la OTAN, lo cual
quedaba demostrado por la colaboración en las fuerzas de paz. No obstante, hacía
notar que el programa Pf P era una estructura para la cooperación de la OTAN
con países socios euro-atlánticos. De todos modos, se esperaba que la
cooperación con la Argentina continuara y que la reunión venidera en Buenos
Aires sobre distintos aspectos de las operaciones para el apoyo de la paz
sirviera de ejemplo.(8)
El
embajador italiano en la Argentina, Giovanni Jannuzzi, sostuvo el 30 de julio
que la OTAN apreciaba la voluntad de la Argentina de intensificar el compromiso
para la preservación de la paz y la seguridad internacional en el mundo y que
no consideraba que fuera un rechazo la imposibilidad de que el país ingresara
en la organización. Jannuzzi explicó que el aspecto geográfico no era un
pretexto sino algo excluyente, porque el Tratado del Atlántico Norte cubría
esa área en cuanto a pacto de defensa mutuo. Para ampliarla, aunque fuera con
un país asociado, se necesitaba modificar el Tratado de Washington, por eso el
secretario general no podía dar una respuesta distinta. Consultado sobre la
posibilidad de realizar esa modificación, Jannuzzi sostuvo que era muy difícil
en un futuro próximo, dado que eran diecinueve Parlamentos que debían
modificarlo. Todo era posible pero llevaría mucho tiempo. En su opinión debía
mirarse con interés el seminario de octubre en Buenos Aires porque podía ser
una etapa fundamental para desarrollar una relación seria entre la Argentina y
la OTAN. Jannuzzi también afirmó que estaba al tanto de la posición argentina
desde que había empezado a discutirse con la Cancillería argentina en octubre
de 1998.(9)
Según el diario La
Nación, el pedido de ingreso de la Argentina como miembro de la OTAN y la
respuesta denegatoria de parte de ese organismo habían provocado
enfrentamientos en el gabinete del presidente Menem. La propuesta se había
originado en la Secretaría de Planeamiento Estratégico, cuyo titular era Jorge
Castro, quien estaba convencido de que las nuevas circunstancias tras la
intervención en Yugoslavia hacían más permeable a la OTAN para permitir el
ingreso de nuevos miembros. Esto había ocurrido especialmente luego de la
declaración que había hecho la entidad en ocasión de celebrar en Washington,
en abril último, su 50º aniversario, evidenciando una transformación. La OTAN
dejaba de ser una alianza defensiva para convertirse en otra de seguridad
global, y la Argentina podía insertarse en el rediseño de un nuevo mecanismo.
Según una fuente, a la salida de una reunión de gabinete, Castro había
comentado la idea de manera informal al presidente y éste había firmado las
cartas, sin que existieran consultas con los Ministerios de Defensa y Relaciones
Exteriores. Sin embargo, un colaborador de Castro señaló que el asunto había
sido conversado con los ministros Domínguez y Di Tella en reuniones separadas,
pero esto fue negado en los respectivos ministerios. Por otro lado, según los
funcionarios de Castro, el jefe del Estado estaba molesto con el canciller y
algunos de sus colaboradores, por la falta de compromiso con el tema,
especialmente desde que la apuesta había entrado en declive.(10) Por cierto,
los dichos del embajador italiano demostraban que la idea de solicitar el
ingreso a la OTAN había sido discutida con anterioridad en la Cancillería
argentina.
En un editorial sobre la cuestión, La
Nación sostuvo que, ante el rechazo sufrido por la Argentina en su pretensión
de ingresar como miembro pleno a la OTAN, el gobierno le debía una explicación
al país. Resultaba sorprendente que las autoridades nacionales hubieran dado un
paso tan importante sin efectuar previamente las consultas diplomáticas, técnicas
e institucionales que permitieran conocer con un razonable grado de certeza la
suerte que podía correr una gestión de ese tipo. Asimismo, era incomprensible
que un asunto de esa naturaleza hubiera sido manejado con tan poca idoneidad y,
sobre todo, que el resultado hubiera sido un rechazo fundado en consideraciones
tan obvias. Era importante establecer además si antes de pedir la incorporación
a la OTAN se habían realizado consultas con los países socios del Mercosur.
Ese dato permitiría valorar el grado de responsabilidad con que actuaba el
gobierno argentino, teniendo en cuenta el delicado momento que atravesaba el
proceso de integración regional. La política de alianzas que adoptaba el país
en el campo internacional debía sea encarada con responsabilidad y prudencia,
evitando en esa área toda actitud que tendiera a la sobreactuación o
respondiera a un impulso exitista.(11)
El mismo 8 de julio en que el presidente Menem
enviara el pedido a la OTAN, el ministro de Defensa Domínguez anunciaba que el
gobierno había aceptado una propuesta de Italia de integrar un equipo con ese
país y otros miembros plenos de la OTAN, para participar de una fuerza de apoyo
logístico a las tropas de la OTAN en Kosovo. A fin de analizar el apoyo que la
Argentina iba a brindar en el proceso de reconstrucción de Kosovo, Domínguez
debía reunirse el 14 de julio en Bruselas con el comandante supremo de la OTAN,
general Wesley Clark.(12)
Finalmente una sección de 30 ingenieros del Ejército,
un hospital reubicable de la Fuerza Aérea con 64 oficiales y suboficiales -que
incluían a un médico sanitarista de la Armada y personal del Ejército-, y un
grupo de 12 infantes de Marina, todos bajo el mando del comodoro Jacinto
Despierre, fueron enviados en misión militar a Kosovo con el límite estricto
de realizar únicamente tareas humanitarias. Los efectivos argentinos fueron
destinados a la localidad kosovar de Djakovica, donde comenzaron su misión el 9
de octubre de 1999. Por afinidad cultural fueron asignados a la Brigada
Multinacional Occidental con base en Kosovo, dirigida por tropas italianas y que
también componían España y Portugal. Los oficiales y suboficiales argentinos
dependían estrictamente de la logística italiana, que les proveía vehículos,
suministros, alimentos (por los que la Argentina pagaba) y disponía su
emplazamiento en el terreno.(13)
Aprovechando su viaje a Italia, el presidente Menem
visitó a las tropas el 19 de noviembre, expresándoles su reconocimiento por la
abnegación, disciplina y profesionalismo. Sostuvo también que estaban allí
para contribuir a la paz y contaban con el agradecimiento del pueblo argentino y
de la Presidencia, que había hecho todo lo posible por ese propósito.(14)
Un enviado especial de La Nación señalaba en un artículo de marzo de 2000 que en Kosovo,
en silencio, con ingenio, pocos recursos y mucho esfuerzo, un centenar de
oficiales y suboficiales argentinos había realizado en la práctica lo que la
clase política nacional aún no terminaba de debatir en público, y que los
Estados Unidos y Europa nunca habían considerado formalmente: el ingreso de la
Argentina en la OTAN. Enviados en misión humanitaria, una sección de
ingenieros del Ejército, un hospital desmontable de la Fuerza Aérea y un puñado
de infantes de Marina, más un grupo de oficiales de enlace, trabajaban desde
hacía seis meses en el seno de la estructura militar de la OTAN, sometidos a
sus reglas de disciplina y combate, en un auténtico teatro de operaciones. Con
ello, el presidente Menem había cumplido su objetivo de poner un pie en la
OTAN.(15)
El intento de reformar la Constitución por parte de
los grecochipriotas en el año 1963, produjo nuevos enfrentamientos entre
griegos y turcos chipriotas. El 24 de diciembre de 1963, los gobiernos de Gran
Bretaña, Grecia y Turquía se ofrecieron conjuntamente para formar una fuerza
de mantenimiento de la paz bajo el control británico, compuesta por los
contingentes ya existentes en las islas. El gobierno chipriota aceptó la
oferta. El 26 de diciembre, Chipre solicitó una reunión del Consejo de
Seguridad para discutir las quejas sobre la actividad militar turca. Los
acuerdos ad hoc para el mantenimiento
de la paz habían probado ser insuficientes.(16)
El 4 de marzo de 1964, mediante la Resolución 186,
el Consejo de Seguridad recomendó crear una fuerza de la ONU para evitar la
reiteración de la lucha y, si fuera necesario, contribuir al mantenimiento y
restauración de la ley y el orden, y el regreso a las condiciones normales. Ese
fue el propósito de UNFICYP hasta que en 1974 hubo un drástico cambio en las
condiciones.
Después de un período de relativa calma, en el que
cada grupo étnico gobernó en forma separada, en 1974 hubo un rebrote en favor
de la anexión a Grecia. Como consecuencia de un golpe de estado encabezado por
oficiales grecochipriotas de la Guardia Nacional, el presidente Makarios fue
derrocado el 15 de julio de 1974. La intención del golpe era unir Chipre con
Grecia. Cinco días después, Turquía intervino militarmente, invocando el
Tratado de Garantías de 1960. Las fuerzas militares turcas invadieron la isla y
tomaron aproximadamente el 37% del territorio, al que declararon unilateralmente
en 1975 como “Estado Federado Turco de Chipre”.
Desde ese momento, el país ha quedado dividido por
la “línea Atila”, que corta el territorio desde Morfu, en la costa
noroeste, a Famagusta, sobre la costa noreste, a través de la capital, Nicosia.
En diciembre de 1974, Makarios regresó a Chipre y reasumió la presidencia de
la porción griega de la isla. A partir de 1976, Rauf Denktas, presidente de la
zona Norte, y Makarios, de la zona Sur, iniciaron conversaciones para lograr la
unidad. El 3 de agosto de 1977 murió Makarios, sin haber encontrado una solución
para el problema de las dos comunidades que integraban el país. El nuevo
presidente, Spiros Kiprianon, líder del Frente Democrático, mantuvo vigentes
los postulados de Makarios. Por lo tanto, las negociaciones continuaron pero no
se verificaron progresos sustanciales. En 1981 los turcochipriotas accedieron a
devolver parte del territorio en su poder, y en 1983 se proclamó la “República
Turca de Chipre Septentrional”, reconocida solamente por Turquía. Durante
1984-1985, se produjeron encuentros entre ambos mandatarios, llegando incluso a
reunirse en la ONU.
Los principales puntos de conflicto eran la
representación, en un gobierno unificado, de los turcochipriotas (que sólo
representan el 20% de la población), y la presencia en el norte de tropas
turcas (aproximadamente 30.000 efectivos) y de colonos llegados de Turquía
después de la invasión.
Vassiliou, presidente grecochipriota elegido en
febrero de 1988, y Denktas, presidente turcochipriota, se reunieron en Nueva
York en 1990, pero tampoco llegaron a ningún resultado positivo.
Posteriormente, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución apelando a la
continuación de las negociaciones con la perspectiva de una “Federación
Bicomunitaria y Bizonal”. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar,
exhortó a las dos comunidades a reanudar las conversaciones para la reunificación
del país, no obstante lo cual las diferencias continuaron. El gobierno
grecochipriota solicitó el ingreso en la Comunidad Europea, pero el presidente
Denktas protestó, alegando que los turcochipriotas no habían sido consultados.
Después de los sucesos de 1974, el Consejo de
Seguridad en su Resolución 367 del 12 de marzo de 1975, solicitó al secretario
general una nueva misión de buenos oficios, misión que ha sido periódicamente
reafirmada en conexión con la extensión del mandato de UNFICYP. Desde
entonces, tanto los secretarios generales como sus sucesivos representantes
especiales, trataron de encontrar una fórmulA que fuera aceptada por ambas
partes para llegar a un acuerdo definitivo, objetivo que aún no se ha logrado.
El mandato original de UNFICYP también debió
modificarse, siendo los objetivos actuales de la misión supervisar la línea de
cese del fuego, mantener la Zona de Separación establecida por la ONU en 1974,
restaurar la legalidad y el orden, el regreso a las condiciones normales, y
llevar a cabo actividades humanitarias.
El cuartel general de UNFICYP está ubicado cerca de
Nicosia. Cuando fue establecido, se estructuró sobre la base de contingentes
aportados por Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y Suecia. Las fuerzas que habían comenzado a actuar en
1964, sumaban aproximadamente, 6.400 hombres. A través de los años, se
produjeron reestructuraciones para asegurar un mejor cumplimiento de los
requerimientos del mandato y para cubrir nuevas áreas de tensión. Desde
septiembre de 1993, los tres batallones desplegados pertenecían a la Argentina,
el Reino Unido, y Austria.
En situaciones de enfrentamiento militar, UNFICYP no
está facultada a usar la fuerza para imponer sus puntos de vista a ninguna de
las partes. En cambio, puede usar la fuerza para asegurar la libertad de
movimientos, asegurando la utilización de rutas, puentes, aeropuertos, y otras
facilidades. La supervisión del control del cese del fuego comenzó a
realizarse estableciendo un sistema de puestos fijos con patrullajes frecuentes.
A pesar de los esfuerzos de UNFICYP, los enfrentamientos continuaron produciéndose.
Las líneas de cese del fuego se extienden a lo largo
de aproximadamente 180 kilómetros, desde el enclave de Kokkina y Kato Pyrgos en
la costa noroeste, hasta la zona de Dherinia en la costa este. El espacio
comprendido entre las líneas se conoce con el nombre de "Zona de Separación"
de la ONU. Abarca alrededor de un 3% de la isla, e incluye algunas de las
tierras de labranza más valiosas de Chipre. UNFICYP mantiene bajo constante
vigilancia esta zona, mediante un sistema de puestos de observación. No hay
acuerdo oficial entre UNFICYP y las dos partes, en cuanto a la demarcación
completa de la zona de separación, ni a su utilización y control. Es por ello
que el control de UNFICYP tiene que llevarse a cabo con consentimiento mutuo. La
labor es aún más complicada en las zonas en que las líneas están muy cerca
una de la otra, sobre todo en Nicosia y sus zonas aledañas.
Como resultado de las nuevas condiciones surgidas de
la Resolución 831 del 27 de mayo de 1993, la Argentina ofreció el aporte de un
batallón de infantería. Así, a partir del 8 de octubre de 1993, se restableció
el despliegue en tres sectores, a cargo de los contingentes argentino, británico
y austríaco. La fuerza de tarea argentina está formada por dos compañías del
Ejército, y una de infantería de Marina. En total 375 hombres. Los argentinos
llegaron en tres etapas: el 25 de septiembre, el 6 de octubre y el 16 de octubre
de 1993. Algunos oficiales argentinos fueron asignados a cumplir funciones en el
Estado Mayor de UNFICYP. En septiembre de 1994 se agregó una unidad de helicópteros
compuesta de dos máquinas Hughes de la Fuerza Aérea y 16 efectivos, que
reemplazó a la de la Royal Force del Reino Unido. La participación argentina
se vio gratificada con la asunción del general de brigada argentino Evergisto
A. de Vergara como comandante de la fuerza el 24 de febrero de 1997. En su
discurso, De Vergara señaló que la conducción de una fuerza multinacional de
paz era una experiencia diferente para las tropas argentinas. Se trataba de una
convivencia con militares, policías y civiles de doce nacionalidades
diferentes, unidos en la intención de ayudar para que el conflicto tuviera una
solución pacífica. Por último, cabe señalar que entre los representantes
especiales del secretario general de la ONU designados para Chipre estuvo el
embajador argentino Oscar Camilión, quien se desempeñó desde 1988 hasta 1993.
III. Relaciones con Europa
Oriental
1. La disolución de la Unión Soviética. Su
sucesora la Federación de Rusia.
Al
asumir Menem la presidencia, estaba en curso en la Unión Soviética el proceso
político liderado por Mijail Gorbachov a partir de su acceso al poder en 1985,
y que se distinguía por la implementación de las políticas de perestroika
y glasnost. Los cambios apuntados a combatir la corrupción de la
burocracia, agilizar las reformas y asegurar la limpieza de los comicios fueron
alcanzando un éxito inesperado. No obstante, los avances de Gorbachov eran
cuestionados debido al deterioro de la situación económica y la gran cantidad
de conflictos que sacudían al país. Las reivindicaciones nacionalistas y
territoriales, sobre todo las surgidas en el Cáucaso, Asia Central y el Báltico,
agravaban el panorama.(17)
Durante
el gobierno de Raúl Alfonsín las relaciones con la Unión Soviética se habían
afianzado, renovándose el convenio cerealero de 1986 y firmándose los
convenios pesqueros con la Unión Soviética y con Bulgaria también en ese año,
los cuales, como se sabe, tuvieron una negativa repercusión en el conflicto por
las islas Malvinas. La importancia de la relación comercial con la Unión Soviética
residía para la Argentina en que la misma había permitido reemplazar los
mercados tradicionales europeos perdidos por la cuestión de los subsidios agrícolas,
y obtener un superávit comercial con el cual compensar el déficit con los
Estados Unidos y pagar parte de los intereses de la deuda externa. Esta situación
había provocado fuertes presiones del gobierno soviético que pretendía una
balanza más equilibrada.(18)
Al final de la visita no oficial a los Estados Unidos del
presidente Menem, el 29 de septiembre de 1989 Menem y el canciller Cavallo
mantuvieron una entrevista con el canciller soviético Edouard Shevardnadze,
quien invitó a Menem a viajar a la Unión Soviética. Al término del
encuentro, el funcionario soviético afirmó estar “impresionado por los
avances logrados por la Argentina”. Menem dijo que habían hablado de la
distensión que se observaba en el mundo, de los problemas derivados de la deuda
externa y de la propuesta argentina para la pacificación de Oriente Medio”.(19)
Al finalizar la IV Reunión de la Comisión Mixta de
Pesca que tuvo lugar en Moscú, el 19 de marzo de 1990 el canciller Cavallo
anunció que los acuerdos de pesca entre la Unión Sovética y la Argentina habían
sido prorrogados por un año. Los convenios, por los que se reglamentaba la
pesca en la zona económica exclusiva de la Argentina en el Atlántico Sur, no
afectaban, según las declaraciones del ministro, los recursos pesqueros del país.
Entre las modificaciones puntualizadas por el canciller, figuraba que la Unión
Soviética había aceptado elevar del 3 al 12% el canon anual que pagaba a la
Argentina por la práctica de la pesca en aguas argentinas. Además, se había
acordado un sistema mediante el cual la Unión Soviética compraba todos los
excedentes producidos por las empresas argentinas.(20)
La V Reunión de la Comisión de Pesca se desarrolló en
Buenos Aires en marzo de 1991. La parte argentina informó que la futura ley de
pesca que iba a ser remitida al Congreso facilitaría la formación de empresas
mixtas para una mayor cooperación entre ambos países. Asimismo, se encontraban
próximas a ser aprobadas medidas tendientes a la disminución de los costos del
sector pesquero, tales como reducción de aranceles de importación de buques
pesqueros, maquinarias e insumos. La parte argentina informó también que se
hallaba pendiente la posibilidad de pesca de buques argentinos en la zona económica
exclusiva soviética. La parte soviética planteó la posibilidad de ampliar la
actividad a otras especies.
En la VI Reunión de la Comisión Mixta de Pesca en mayo
de 1992 –la primera efectuada con Rusia como estado sucesor de la Unión Soviética-
se acordó la finalización del Convenio sobre Cooperación en la esfera de la
Actividad Pesquera firmado con la Unión Soviética en julio de 1986, la reducción
del 50% de la flota que estaba operando y el mecanismo de conversión a pabellón
argentino de los barcos rusos. Finalmente, en septiembre de 1992 el gobierno
argentino denunció el Convenio, el cual quedaría extinguido el 31 de mayo de
1993. La decisión del gobierno argentino apuntó a invalidar la oposición del
Reino Unido a la firma de un acuerdo pesquero con la UE. De esta manera, el 30
de noviembre de 1992 la Argentina firmó con la UE el acuerdo sobre Pesca Marítima.(21)
Los temas pendientes con Rusia fueron analizados en la
VII Reunión de la Comisión Mixta de Pesca, en febrero de 1993. La parte
argentina subrayó la importancia de profundizar las tareas de investigación a
efectos de lograr una mejor administración de los recursos disponibles. Los
rusos manifestaron que, dada la terminación del convenio en mayo siguiente, era
necesario la negociación de un nuevo convenio, que excluyera temas de carácter
comercial y de fijación de cuotas, y que se centrara en cuestiones vinculadas a
la cooperación en materia de investigación científica y conservación de las
especies. Ante la difícil situación económica que atravesaba Rusia y los
inconvenientes experimentados en la nacionalización de sus buques, los rusos
propusieron prorrogar por un año más las operaciones de los cuatro buques en
aguas jurisdiccionales argentinas con bandera rusa. En el ínterin se avanzaría
sobre la negociación de un nuevo convenio. Los argentinos insistieron en que,
dado lo acordado en mayo del año anterior y las previsiones adoptadas en
materia pesquera sobre esa base, el convenio de 1986 debía expirar el 31 de
mayo de 1993.
Por otra parte, en el momento en que Cavallo anunciaba la
primera prórroga de los convenios de pesca en marzo de 1990, el embajador de la
Unión Soviética, Oleg Kvasov, transmitió un mensaje del presidente Gorbachov,
destacando “la disposición argentina para contribuir por todos los medios al
viraje de la confrontación hacia la confianza” en el terreno internacional.
En una carta dirigida a Menem, Gorbachov aseguró que partía
de la firme convicción de que
cada pueblo tiene el derecho de determinar su destino en base a su propia opción
política y económica, sin ninguna injerencia exterior. Nosotros vemos en la
Argentina a un partenaire de prestigio
y evaluamos altamente su actividad a favor de la paz en el marco de las Naciones
Unidas. Somos partidarios de que las economías del este y del oeste, del norte
y del sur, se complementen más y más unas con otras, y de que se fortalezca la
cooperación científico-técnica e industrial y se desarrollen los procesos de
integración.(22)
El canciller Cavallo recibió el 11 de abril de 1990
en Budapest los informes de los embajadores argentinos acreditados en los países
de Europa Oriental, y luego los instruyó a llevar a cabo una ofensiva diplomática
a los efectos de lograr inversiones que contribuyeran al proceso transformador
que encaraba el presidente Menem. El ministro hizo hincapié en los problemas
comunes entre los países del Este europeo y la Argentina. Un miembro de la
delegación argentina mencionó que Cavallo no quería llevar adelante “la política
del llanto”, frase que resumía los temores en Latinoamérica sobre la
posibilidad del desvío de inversiones hacia Europa del Este. El vocero señaló
que la Argentina iba a salir a buscar todos los mercados posibles y no se quedaría
esperando que los acontecimientos la superaran frente a un mundo que avanzaba
cada vez más aceleradamente hacia el continentalismo y la integración
supranacional.(23)
La visita del presidente Menem a la Unión Soviética se
llevó a cabo el 24 y 25 de octubre de 1990.(24) El primer día Menem fue
informado por el presidente del Soviet Supremo, Anatoli Lukianov, sobre las
decisiones adoptadas por la Unión Soviética para la transición a la economía
de mercado. Según la agencia Tass, Menem había evaluado positivamente los
procesos democráticos que se daban en la Unión Soviética, y destacado que la perestroika
había generado un saludable impulso a los esfuerzos por crear un nuevo clima en
las relaciones internacionales. El 25, luego de dialogar durante casi dos horas,
Menem y Gorbachov firmaron una Declaración sobre Principios de Colaboración,
que se consideró relevante ante la falta de grandes acuerdos comerciales.
En materia de comercio bilateral, la declaración conjunta de Menem y Gorbachov comprometía a los dos países a lo siguiente:
a)
considerar prioritario identificar las áreas de interés común, con el
objeto de incrementar la cooperación económica y comercial y el desarrollo
científico-técnico;
b)
crear bases jurídicas e institucionales favorables al desarrollo del
comercio, el fomento de inversiones y la promoción de empresas mixtas
–incluso en terceros países- que contemplaran la participación de capital público
o privado, y
c)
contribuir al desarrollo del intercambio comercial teniendo en cuenta el
papel desempeñado tradicionalmente por la Argentina como abastecedor de
cereales, soja y sus derivados, y la participación soviética a través de las
exportaciones de maquinaria, equipos y servicios.
En materia de política internacional, la Argentina y
la Unión Soviética:
a)
destacaban la importancia de las Naciones Unidas en el ordenamiento político
mundial;
b)
se comprometían a construir relaciones en las que se excluyera la
violencia o la amenaza del uso de la fuerza;
c)
sostenían la necesidad de respetar el derecho de los otros pueblos a
elegir sus propios caminos de desarrollo político y económico-social;
d)
manifestaba la Unión Soviética satisfacción por el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Gran Bretaña;
e)
consideraban que la positiva tendencia en la esfera de las relaciones
internacionales y la creciente colaboración entre la Unión Soviética y los
Estados Unidos contribuían a la distensión internacional y constituían un
aporte valioso a la finalización de una etapa de confrontación entre las
grandes potencias;
f)
calificaban como inmoral toda política basada en la intimidación
nuclear;
g)
creían necesario un repliegue del proceso armamentista convencional, la
reducción de los gastos militares hasta los límites de una capacidad razonable
de defensa y el control del tráfico ilícito de armas;
h)
destacaban el favorable panorama político de América Latina con el
fortalecimiento de las democracias y apoyaban el proceso de integración
latinoamericano, en particular, el Mercado Común del Cono Sur, y el trabajo del
Grupo de Río, y
i)
afirmaban que los desequilibrios en el desarrollo social y económico
afectaban no sólo la economía mundial, sino que incidían negativamente en la
politica exterior, y que era necesario elaborar una estrategia internacional de
crecimiento equilibrado entre toda la economía mundial.
También el 25 de octubre de 1990 se firmó un
Acuerdo para la Cooperación en los usos pacíficos de la Energía Atómica. La
iniciativa para avanzar en proyectos atómicos conjuntos no había partido únicamente
del lado argentino; había habido un interés manifiesto de la parte soviética.
El acuerdo respetaba el modelo de los 24 convenios celebrados hasta ese momento
con otras naciones. Proponía el intercambio de información científica y técnica,
el envío mutuo de expertos, y abarcaba todos los segmentos de la actividad atómica
con fines pacíficos. Dado que la Unión Soviética era todavía la segunda
potencia mundial, el convenio abría la posibilidad de recibir información
tecnológica de primera línea. La Argentina poseía un solo acuerdo de esa
magnitud, que era el vigente con Alemania. Las relaciones con los Estados Unidos
habían avanzado, pero por el momento sólo habían producido un memorándum de
intención para futuro intercambio.
En el caso del convenio argentino-soviético, los
gobiernos habían decidido que las salvaguardias –un mecanismo de control e
inspección internacional de instalaciones nucleares- regirían únicamente para
aquellos proyectos donde ambos las consideraran necesarias y luego de discutir
caso por caso. La estipulación era una forma de conciliar la postura soviética,
signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y la argentina,
definida por la no adhesión al TNP y la no ratificación de Tlateloco, por
considerarlos instrumentos discriminatorios contra las posibilidades de
desarrollo tecnológico autónomo de los países que no pertenecían al mundo
industrializado. El acuerdo ofrecía las perspectivas de concretar un programa
tripartito, con la incorporación de Brasil, para investigaciones en el área de
los reactores reproductores rápidos. Soviéticos y argentinos se comprometían,
además, a explorar otras alternativas de intercambio: fusión nuclear,
seguridad, y algunas áreas muy específicas como la tecnología de fabricación
de combustibles para las centrales nucleoeléctricas.(25) Cabe señalar que este
tratado recién entró en vigor el 28 de enero de 1997, cuando el gobierno
argentino había cambiado radicalmente su política en el campo de la energía
nuclear.
Por último, el mismo 25 de octubre de 1990 se
firmaron un Convenio en el campo de la investigación y uso del Espacio
Ultraterrestre con fines pacíficos y un Convenio sobre cooperación para
combatir el uso indebido y la producción y tráfico ilícito de
Estupefacientes. El primero entró en vigor inmediatamente y el segundo lo hizo
provisionalmente hasta alcanzar su plena vigencia a partir de enero de 1995.
Tras la larga reunión con Gorbachov, Menem declaró la
intención de su gobierno de equilibrar el superávit comercial de más de 1.000
millones de dólares que la Argentina mantenía con la Unión Soviética,
mediante la compra de elementos tecnológicos y científicos soviéticos. Dicho
superávit era producto principalmente de la venta de cereales y soja que se
establecía anualmente. El acuerdo para ese año se había firmado en Moscú, en
julio de 1990.
Por
otra parte, los cambios en la Unión Soviética se aceleraban. El proceso de
fragmentación iniciado en 1988 con la reforma política instrumentada por
Gorbachov recibió un nuevo impulso con el golpe conservador de agosto de 1991.
Finalmente, un acuerdo alcanzado por la Federación de Rusia, Ucrania y Belarús
firmado en Minsk el 8 de diciembre de 1991 estableció la extinción de la Unión
Soviética como sujeto de las leyes internacionales y como realidad geopolítica,
lo cual se concretó el 31 de diciembre. Las tres repúblicas acordaron la
conformación de una alianza denominada Comunidad de Estados Independientes
(CEI) a la que adhirieron las cinco repúblicas soviéticas del Asia Central
(Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). La
primera reunión cumbre realizada el 21 de diciembre de 1991 en Alma Atá,
capital de Kazajstán, incorporó a la CEI en carácter de cofundadoras a las
cinco repúblicas asiáticas citadas y además a Moldova, Armenia y Azerbaiyán.
El 26 de diciembre la ONU reconocía a la Federación de Rusia como sucesora de
la Unión Soviética y un día más tarde lo hizo el gobierno argentino. Rusia
retenía el lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el monopolio del
armamento nuclear en la región y la totalidad de las sedes diplomáticas.(26)
En
ocasión de producirse el golpe de agosto de 1991 en contra de Gorbachov, el
gobierno de Menem emitió junto con el gobierno brasileño una declaración,
expresando su esperanza de que los valores de democracia, paz y justicia no
fueran afectados. Al retornar aquél al poder, el gobierno argentino señaló su
satisfacción. No obstante, el 25 de agosto de 1991 el último tomó la decisión
de reconocer la independencia de los estados bálticos –Estonia, Letonia y
Lituania- y establecer relaciones diplomáticas con los mismos. El
reconocimiento de Ucrania -el 5 de diciembre de 1991- y el de Armenia, Moldova,
Tayikistán y Uzbekistán –26 de diciembre de 1991- también se produjeron
antes de la extinción formal de la Unión Soviética. Posteriormente –el 9 de
marzo de 1992- se reconoció a Belarús, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán,
Kirguizistán y Turkmenistán.(27) El establecimiento de las relaciones diplomáticas
demoró un poco más y se realizó paulatinamente entre enero de 1992 y
noviembre de 1993.
Respecto
de estos países, el gobierno de Menem buscó acompañar y alentar las
transformaciones políticas y económicas que apuntaban a instaurar regímenes
democráticos, economías de mercado, respeto por los derechos humanos y las
minorías e implementación de políticas exteriores respetuosas del derecho
internacional. Asimismo, el gobierno argentino les otorgó su apoyo en los foros
multilaterales, copatrocinando su ingreso como miembros de la ONU, a fin de que
lograran una rápida inserción internacional.(28)
Según
sostuviera el general N. S. Leonov, ex oficial de inteligencia de la KGB y
miembro del consejo de redacción de la revista América Latina, en un artículo
publicado en Buenos Aires, Occidente tuvo tal satisfacción de que su enemigo se
hubiera disuelto, que inmediatamente trató de afianzar la nueva y ventajosa
situación. Si previamente el procedimiento de ingreso a la ONU llevaba meses y
hasta años, los nuevos países surgidos tras la disolución de la Unión Soviética
fueron aceptados casi todos juntos, sin demora alguna. Asimismo, la principal
tarea geopolítica del gobierno de los Estados Unidos fue la consolidación de
la escisión.(29) Es evidente que el gobierno de Menem fue funcional a la política
de los países occidentales.
Tanto los problemas políticos provocados por la escisión y el tránsito hacia la democracia, como la transformación de la economía centralizada a la de mercado provocaron severas crisis en todos los países de Europa Oriental. Particularmente, a partir de su creación, la Federación de Rusia atravesó por una situación política interna muy crítica. El presidente Boris Yeltsin debió soportar los embates del parlamento conservador hasta que decidió disolverlo en septiembre de 1993. Ante esta circunstancia, el presidente Menem expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia, y reiteró su apoyo al proceso de transformación política y económica liderado por Yeltsin. El posterior ascenso de la oposición ultranacionalista y comunista en las elecciones parlamentarias de 1993 y 1995, los cambios de ministros que las mismas provocaron, la guerra en Chechenia, el deterioro económico-social, la elección presidencial de junio de 1996 y algunos hechos posteriores, a lo que se sumaban los problemas de salud del presidente, impidieron los contactos a nivel presidencial hasta 1998.(30)
No
obstante, el fin de la guerra fría permitió una nueva posibilidad de vinculación
en el área de defensa. La misión del ministro de Defensa Erman González a
Moscú en octubre de 1992 culminó con la firma de un Convenio entre el
Ministerio de Defensa de la Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia sobre Cooperación Bilateral (15 de octubre de 1992). Las posibilidades
de cooperación contempladas iban desde proyectiles de artillería hasta la
creación de un sistema argentino de control del espacio aéreo y marítimo. La
duración del convenio era de cinco años, renovable automáticamente por otros
cinco.(31)
En
el marco de este entendimiento surgió luego la venta de armamento, hecho común
a otros países de América Latina,
y que constituyó una estrategia de Rusia para tratar de compensar el déficit
comercial con los mismos. Al efecto, el vicecanciller ruso Georgi Mamedov realizó
una visita a la región en noviembre de 1992, que incluyó
Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Panamá y Caracas. Las negociaciones
fructificaron el año siguiente, cuando la Subsecretaría de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de la Argentina firmó el 17 de diciembre de 1993 un Protocolo
de Trabajo con la Compañía Estatal para la Exportación e Importación del
Armamento del Material Bélico de Rusia, Rosvooruzhenie, apuntado a la cooperación
para la producción de material bélico y el desarrollo de tecnología militar.
También se firmó un memorándum entre el Instituo de Investigaciones Científicas
y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y el Buró de Construcción de los
Instrumentos de Rusia sobre las perspectivas de cooperación.
Las
negociaciones debían ser continuadas por el nuevo ministro de Defensa Oscar
Camilión en Moscú a mediados de 1994, pero quedaron postergadas por el
surgimiento del escándalo de la venta de armas argentinas a Ecuador.
Aparentemente Camilión iba a transmitir al viceprimer ministro y ministro de
Relaciones Económicas Exteriores, Oleg Soskovets, su interés por los sistemas
balísticos rusos. Cuando Soskovets visitó la Argentina en junio de 1995, las
negociaciones probablemente hayan estado relacionadas con un programa de
fabricación local de municiones con tecnología rusa y el interés de Rusia en
la instalación de radares en la frontera con Bolivia. En diciembre de 1995 una
delegación del Ministerio de Defensa viajó a Moscú oficialmente para el
seguimiento del Convenio. En abril de 1996 se realizó la presentación de un
helicóptero de uso múltiple MI-17 ante el presidente Menem en la Quinta de
Olivos y aviadores militares en Quilmes. Cuatro de estos helicópteros fueron
adquiridos en 1997 para entrenamiento de la Fuerza Aérea. Finalmente en octubre
de 1997 comenzaron a arribar a la Argentina los ocho aviones caza Sukhoi 29
comprados a Rusia para reequipamiento de la misma fuerza.
Por
otro lado, las relaciones económicas argentino-soviéticas habían comenzado a
declinar antes de colapsar la Unión Soviética, particularmente debido a la
escasez de divisas que obligaron a ésta a reducir sus importaciones. Unicamente
los países que podían ofrecer financiamiento a las compras soviéticas
continuaron vendiéndole, y éste no era el caso de la Argentina que no otorgaba
créditos y demandaba el pago al contado.(32) Además, las autoridades soviéticas
insistían en que la Argentina debía reducir el saldo comercial a su favor
aumentando sus compras. De esta manera, la relación comercial se fue
deteriorando, perdiendo para la Argentina la relevancia del pasado, cuando su
superávit permitía compensar el déficit con otros países.
Un
memorándum de la Cancillería argentina redactado en 1993 consignaba que, dado
que Rusia pasaba por un complejo proceso de transición hacia una economía de
mercado, la experiencia y la tecnología empresarias argentinas podían serle útil.
Se seguía con atención el proceso, con la esperanza de ver pronto restablecida
la relevancia pasada de la relación económica bilateral. La Primera Reunión
de la Comisión Intergubernamental Argentina-Rusa para la Cooperación Económico-Comercial
y Científico-Tecnológica había permitido suscribir el 25 de mayo de 1993 un
Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica, en que las partes se
otorgaban el tratamiento de nación más favorecida y se comprometían a aplicar
un régimen no discriminatorio en el otorgamiento de licencias de importación y
exportación. Además, una delegación económico-comercial de los Urales había
tomado contacto con empresarios privados y visitado varias provincias.(33)
La visita del
canciller Di Tella a Rusia en mayo de 1994 tuvo relevancia en virtud de las
pocas misiones que el canciller realizara a Europa Central y Oriental. Con todo,
en las reuniones con los embajadores acreditados en la región, el canciller
sostuvo que existían allí oportunidades excepcionales que podían no
repetirse, por lo cual si se actuaba a tiempo podían obtenerse “beneficios
extraordinarios para el país”.(34) Di Tella se entrevistó con su par Andrei
Kozyrev, suscribiendo un Convenio de supresión de visados en pasaportes diplomáticos
y oficiales o de servicio, y un Protocolo sobre Consultas. Los cancilleres también
consideraron la situación en Yugoslavia, en virtud de que la Argentina ocupaba
en ese momento el lugar de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad.
Además, Di Tella se entrevistó con el presidente del Consejo de la Federación,
con el viceprimer ministro y ministro de Economía y con el alcalde de San
Petersburgo. Asimismo, conversó con los máximos representantes de la política
rusa, ninguno de los cuales faltó a la recepción en la embajada argentina. El
canciller sostuvo que las relaciones argentino-rusas eran “mejores que
nunca” y que con el nuevo gobierno de Rusia se podía ser “amigo y socio a
la vez”. Otorgó a la vez un firme respaldo a las reformas impulsadas por
Yeltsin.(35)
En junio de
1995 llegó a Buenos Aires el primer ministro y ministro de Relaciones Económicas
Exteriores Oleg Davydov, quien mantuvo entrevistas con el canciller, el ministro
de Economía y el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería con
quienes trató la necesidad de dinamizar las relaciones económico-comerciales,
los contactos entre las républicas y regiones rusas y las provincias
argentinas, y la cooperación bilateral. Al mes siguiente, el vicecanciller
Mamedov asistió a la segunda asunción de Menem. Con el vicecanciller Fernando
Petrella trató cuestiones relacionadas con la cumbre del G-7, la reforma del
Consejo de Seguridad de la ONU y los vínculos entre la CEI y la OEA.(36)
Luego de un lapso generado por la atención
que los problemas internos de Rusia demandaron a su gobierno, el 24 de noviembre
de 1997 inició una visita a la Argentina el canciller ruso Evgueni Primakov. La
visita tenía dos ejes: fortalecer la presencia de Moscú en una región
considerada tradicionalmente de la esfera estadounidense y, sobre todo, sembrar
buenos vínculos en el campo económico. En la reunión de Primakov con el
ministro de Economía Roque Fernández, éste subrayó que la Argentina era un
país con buenas oportunidades para establecer acuerdos bilaterales e invitó a
Rusia a participar en las privatizaciones de las centrales Embalse Río Tercero
y Atucha I (en funcionamiento) y Atucha II (en construcción). El 25 de
noviembre de 1997 Primakov y Di Tella firmaron un Convenio sobre Cooperación
Cultural, otro sobre Cooperación Científica y Técnica, y una Declaración
Conjunta. En ésta las
partes expresaban su disposición a seguir contribuyendo en el proceso de
desarme nuclear y químico, a fortalecer los regímenes de no proliferación de
armas nucleares y de otro tipo de armas de destrucción masiva. Manifestaban su
apoyo al proyecto de declaración del Atlántico Sur como zona libre de armas
nucleares. Se expresaban también por la inadmisibilidad de la aprobación por
los estados de leyes nacionales con carácter extraterritorial, en violación de
los principios de la carta de la ONU, de las normas de la OMC y otros principios
del derecho internacional.(37)
Al ser recibido por Menem, el canciller
ruso transmitió la invitación de Boris Yeltsin al presidente argentino para
visitar Rusia. La Nación informó que
Menem y Primakov habían analizado la crisis en el Golfo Pérsico, donde el
canciller ruso había jugado un importante papel como mediador. Menem reiteró
que sólo dispondría la participación de efectivos argentinos en una eventual
acción armada a requerimiento de la ONU, descartando de ese modo la posibilidad
de involucrar a la Argentina en una decisión unilateral por parte de los
Estados Unidos.(38)
En una charla que ofreció en el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Primakov apuntó a
presentar a su país encaminado hacia la economía de mercado y la democracia y,
consecuentemente, atractivo para los inversores. Señaló como una nueva
prioridad de la política exterior rusa el estrechamiento de los vínculos
comerciales con América Latina. La visita oficial del presidente Menem a Rusia,
en junio siguiente, impulsaría el acercamiento bilateral.
En un artículo publicado el 25 de
noviembre en La Nación, el periodista
Andrés Oppenheimer sostuvo que la visita de Primakov a la Argentina, al igual
que su gira por América Latina, tenía supuestamente como objeto la venta de
armamento ruso. Según los diplomáticos rusos, Primakov buscaba restablecer
parte de la influencia internacional que Rusia había tenido en sus tiempos de
superpotencia y abrir nuevos mercados para las exportaciones rusas de autos,
tractores y maquinaria industrial. Pero algunos expertos afirmaban que el
canciller ruso tendría otra meta menos publicitada: aumentar las exportaciones
de armas rusas a la región, dado que en fecha reciente los Estados Unidos habían
levantado la autoprohibición de vender armas sofisticadas a América Latina.
Yuri Pavlov, quien había sido el máximo encargado de América Latina de la
cancillería de la ex Unión Soviética a fines de los años 80, afirmaba que en
el pasado la Unión Soviética no había querido vender armas sofisticadas a América
Latina para no provocar una escalada armamentista en la región, pero ahora había
luz verde para hacerlo. La oportunidad podía ser buena para comerciar tanques y
aviones de combate Mig-29 y Mig-31.(39) Como se vio, para esa época ya habían
comenzado a llegar a la Argentina los helicópteros y aviones caza adquiridos a
Rusia.
Por otra parte, los argentinos pudieron tener algún
indicio de la lucha política que se estaba desarrollando al interior de Rusia
con la visita en junio de 1998 del secretario general del Partido Comunista
ruso, Guennady Zyuganov. Durante la conferencia de prensa que brindó en la sede
del PC argentino, Zyuganov sostuvo que el comunismo tenía por delante un gran
futuro. Su intención era revitalizar los partidos
latinoamericanos de izquierda como se había hecho en Rusia. Además, dada la
importancia de América Latina como región y la existencia de inversores
latinoamericanos en el mercado ruso, era necesario establecer mayores vínculos.
Zyuganov se mostró pragmático, criticó duramente al presidente
Yeltsin, a quien acusó de mafioso, y pronosticó poco tiempo al flamante primer
ministro Sergei Kiriyenko. También definió al ex mandatario Gorbachov como
“un hombre perdido en sus ideas, de poco alcance”. Zyuganov era uno de los
principales impulsores del juicio político a Yeltsin, por el estado de
“barbarie” al que había llevado a Rusia. En su opinión, el régimen
existente era un feudalismo mafioso; en Rusia nadie construía el capitalismo,
todos robaban, alegó, refiriéndose a las “humillantes” privatizaciones que
se habían realizado.(40) La visita de Zyuganov, realizada poco antes de la
partida del presidente Menem a Rusia, habría apuntado a enviar un mensaje al
gobierno argentino de no apoyar a Yeltsin.
Los problemas internos de Rusia demoraron la visita de
Menem, la que finalmente se llevó a cabo a fines de junio de 1998, a pesar de
que dicho país no había superado por completo la crisis. El joven primer
ministro Sergei Kiriyenko acababa de defender ante la Duma un paquete económico
de emergencia para evitar una debacle financiera y lograr que la misión del
Fondo Monetario Internacional, que se encontraba en Moscú, concediera créditos
vitales para Rusia. La crisis financiera se sumaba a una evasión impositiva
descomunal(41) y a una situación política novedosa: aunque terminaba su
segundo mandato en 2000, Yeltsin ya se había rodeado de quienes hablaban de su
re-reelección.(42)
Menem tenía como objetivo impulsar a las empresas
argentinas que operaban en el mercado ruso. Con ese fin, el presidente participó
de un seminario en la Cámara de Industria y Comercio de Moscú. También colocó
la piedra basal de una planta destinada a refinar aceite que construiría la
empresa argentina Molinos, debido a la decisión rusa de elaborar el aceite en
el país. Asimismo, Siderca había aceptado incrementar la provisión de tubos
de acero sin costura.(43)
Como se dijo, las relaciones comerciales argentino-rusas
estaban lejos de lo que habían sido en el pasado. Si bien el comercio bilateral
venía decreciendo considerablemente desde
1985, en 1989 la Argentina todavía exportaba por valor de 828 millones
de dólares e importaba por 23 millones, con un saldo favorable evidente. Luego
de una caída en 1990 la situación prácticamente se mantuvo en 1991. A partir
de esta fecha el comercio bilateral sufrió una fuerte contracción debido a la
disolución de la Unión Soviética. En medio de la crisis, Rusia había acudido
a proveedores que ofrecieran mejores condiciones de financiación de sus
exportaciones. Así, en 1992 las exportaciones argentinas cayeron a 100 millones
de dólares, alcanzando las importaciones los 30 millones. Un Convenio de Crédito
Recíproco entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco para los
Asuntos Económicos Exteriores de Rusia, firmado en julio de 1995, intentó
subsanar el problema. El hecho provocó que en 1996 y 1997 las exportaciones
argentinas tuvieran un repunte importante, alcanzando 223 millones de dólares
el último año. Asimismo, un proyecto de acuerdo de protección fitosanitario
permitiría aumentar las ventas de una serie de productos, como carne bovina
enfriada y pollos congelados. Por el contrario, conspiraban contra las
exportaciones argentinas una disposición del gobierno ruso que retiraba una
serie de productos del sistema general de preferencias para importaciones y el
aumento de los aranceles de importación de varios productos. De todas maneras,
el mercado ruso continuó manteniendo su atracción para los exportadores
argentinos en virtud de su tamaño y el alto porcentaje de alimentos que
demandaba.(44)
Desde el punto de vista de los rusos, el problema era el
déficit en su balanza comercial tanto con la Argentina como con otros países
latinoamericanos, aunque ya mucho menor que en la década anterior. En el caso
de la Argentina, la situación rusa logró ser revertida a partir de 1998,
cuando las exportaciones argentinas alcanzaron 155 millones de dólares y las
importaciones 177 millones, con un saldo a favor de Rusia. Casi los mismos
valores se repetirían en 1999. En la nivelación de la balanza había incidido
la venta de aviones y helicópteros rusos.
A la entrevista de Menem y Yeltsin asistieron el
secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y el jefe de gabinete ruso
Nikolai Jvatkov, y luego hubo una reunión de trabajo ampliada. Ambos
presidentes corroboraron que compartían la visión sobre el estado, las
privatizaciones y el ajuste fiscal. Yeltsin instó a sus funcionarios a escuchar
bien cuando Menem aseguró que el estado debía restringir su rol a garantizar
salud, educación y seguridad.
El 25 de junio de 1998 se firmaron varios documentos:
Acuerdo sobre las Bases de las Relaciones entre ambos países, Convenio sobre
Promoción y Protección recíproca de Inversiones, Acuerdo sobre Servicios Aéreos,
Acuerdo sobre la Cooperación entre ambos Ministerios del Interior, Programa de
Intercambio Cultural y Educativo para 1998-1999, II Programa de Colaboración
entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y el
Ministerio de Energía Atómica de la Federación de Rusia, y Acuerdo
Interinstitucional sobre Cooperación en el área de la Pequeña y Mediana
Empresa. El 26 de junio fueron firmados dos más: Convenio sobre Cooperación en
materia de Cuarentena y Protección Fitosanitaria, y otro en materia de Turismo.
Una cuestión relevante de la gira presidencial a Rusia,
fue el pedido de ayuda que el ministro del Interior Carlos Corach cursó a las
autoridades del Servicio Federal de Seguridad (SFS) para esclarecer los
atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA, en virtud de la
estrecha relación que Rusia mantenía con Irán, y a pesar de que en Rusia no
había ningún grupo fundamentalista islámico que estuviera sospechado de haber
participado en los mismos.(45) El SFS era una de las dos dependencias que había
absorbido las funciones que cumplía la KGB en la desaparecida Unión Soviética.
Corach señaló que había explicado que la Argentina no tenía nada en contra
del régimen islámico, pero se necesitaba que el gobierno iraní colaborara con
la investigación. El ministro se quejó de que el gobierno de Irán no había
aportado los datos que le habían sido requeridos. También habló del conflicto
que se podía precipitar, si los diplomáticos iraníes que estaban sospechados
de haber participado en la planificación del atentado contra la AMIA no se
presentaban a declarar cuando el juez federal Juan José Galeano emitiera el
auto de procesamiento. El ministro explicó que la información que Rusia podía
aportar sería útil. El intercambio se canalizaría por medio de un acuerdo de
cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el
lavado de dinero.(46)
Irán también fue tema del encuentro que el
vicecanciller Andrés Cisneros mantuvo con su par ruso Georgi Mamiedov, quien
planteó que Rusia quería evitar el aislamiento de Irán. Cisneros señaló la
falta de colaboración del gobierno iraní para aportar los datos que le habían
sido requeridos, y también mencionó la decisión unilateral de Irán de
suspender sus importaciones de la Argentina. El hecho había motivado que se
exigiera el retiro de siete diplomáticos iraníes acreditados en Buenos Aires.
A su vez, Menem sostuvo que el pedido formulado a Rusia, en razón de su alianza
estratégica con Irán en Medio Oriente, no tenía ninguna relación con las
medidas adoptadas por los Estados Unidos para distender sus relaciones con el régimen
islámico.(47)
El eventual tercer mandato presidencial de Menem y de
Yeltsin fue el eje de conversación durante la reunión que Menem mantuvo con el
alcalde de Moscú, Juri Lushkov. Este pretendía suceder a Yeltsin, pero
manifestó a Menem que si Yeltsin peleaba por la reelección, lo apoyaría
incondicionalmente. Menem comentó la posición del alcalde, en clara alusión a
lo que esperaba de Duhalde si conseguía hacer viable su proyecto de una
re-reelección.(48)
Según Clarín,
sólo la necesidad de instalar la reelección de Menem en el mundo y apuntar a
un perfil de estadista internacional explicaba ésta y otras giras que ocuparían
el año presidencial. De los cuatro días en Moscú y San Petersburgo, sólo un
día y medio había estado dedicado a la actividad oficial. La cantidad de
espacios libres en la agenda presidencial revelaba la importancia decreciente de
Rusia para la Argentina en ese momento. Con un PBI y una población menores que
los de Brasil y una economía en crisis, Rusia ya no era lo que había sido. Lo
último significativo en la relación bilateral lo había constituido la venta
en los ’80 de una producción de trigo que representaba el 30% de las
exportaciones, aprovechando el embargo de los Estados Unidos por la invasión a
Afganistán. Ahora, pese al trabajo del embajador Armando Listre, el comercio
con Rusia representaba apenas el 0,68% de las ventas al exterior. Al hablar con
los periodistas antes de viajar de Moscú a San Petersburgo, el ministro Corach
se había dedicado a explicitar las líneas rectoras del proyecto
reeleccionista. La expectativa depositada en la Corte y la necesidad de que el
tercer mandato ganara consenso internacional eran las dos tareas que ocuparían
la agenda del gobierno argentino.(49)
Por último, cabe agregar que la política de
descentralización impulsada por el gobierno de Menem llevó a muchas provincias
argentinas a buscar vinculaciones en el exterior para adquirir equipos o llevar
a cabo emprendimientos económicos y tecnológicos. Así las provincias de
Buenos Aires, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba firmaron
convenios con Rusia o alguna de sus regiones, por los cuales a cambio de
productos como cereales, carnes, té, aceites comestibles, citrus y algunas
manufacturas obtenían principalmente maquinaria vial.(50)
A comienzos de 1999 el director
del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, Andrei Dmitriev,
señaló que las relaciones de su país con América Latina habían adquirido un
carácter independiente dentro de la política exterior rusa. Dichas relaciones
constituían un componente inalienable de la línea estratégica de Rusia
dirigida a diversificar sus vínculos internacionales y a formar un mundo
multipolar. El Mercosur presentaba un indudable interés para Rusia
como cliente económico-comercial y su experiencia en el proceso de integración
podía ser aplicada en la CEI. Las relaciones entre ambos bloques comerciales
habían recibido un decidido impulso en los últimos años, a través de las
reuniones de trabajo en Brasilia (noviembre de 1996) y en Moscú (octubre de
1997), firmando en la última ocasión una declaración conjunta con el acuerdo
de continuar fomentando los vínculos económicos y estudiar las posibilidades
de suscribir un acuerdo de cooperación.
Dmitriev sostuvo también que las conversaciones a
nivel cumbre habían impulsado poderosamente las relaciones ruso-argentinas.
Ahora se planteaba la necesidad de llenar de contenido práctico los acuerdos
bilaterales de cooperación firmados. Los argentinos mantenían
una postura coincidente con la de Rusia ante los problemas de la reforma de la
ONU y del Consejo de Seguridad, hacían un aporte positivo a la labor de la
Conferencia de Ginebra para el Desarme, y abogaban por aunar los esfuerzos para
hacer frente a los retos transnacionales de la época como el terrorismo
internacional, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Pese a las
dificultades provocadas por la inestabilidad monetaria en los mercados
mundiales, consideraba factible una intensificación de la cooperación económico-comercial.(51)
2. Ucrania y la cuestión de la inmigración
Como se vio, junto con los países
bálticos, Ucrania fue reconocido por el gobierno argentino antes de que se
estableciera la disolución de la Unión Soviética. Apenas conocido el referéndum
que aprobaba su independencia, la Argentina otorgó el reconocimiento, luego de
haberlo hecho solamente Polonia, Canadá y Hungría. El inmediato
establecimiento de relaciones diplomáticas el 6 de enero de 1992 y la apertura
de la embajada en Kiev, la única aparte de la de Moscú dentro del territorio
de la CEI, dio a las relaciones bilaterales cierta relevancia.(52)
El canciller Di Tella anunció
viajes a Ucrania en febrero de 1993 y julio de 1995 que no pudo concretar
personalmente, siendo reemplazado por funcionarios de la Cancillería. En agosto
de 1995 el vicecanciller Fernando Petrella viajó a Kiev, firmando el 9 de
agosto de 1995 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
y un Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica.
El presidente Leonid Kuchma
llegó a la Argentina poco después, en octubre de 1995, junto con el canciller
Udovenko y el ministro de Economía Schpek. El 27 de octubre de 1995 se
suscribieron la Declaración de Principios sobre las Relaciones entre ambos países,
la Declaración de Interés relativa a la Cooperación en Materia Espacial, el
Convenio de Cooperación Económico-Comercial y el Convenio de Supresión de
Visados en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales o de Servicio.
El canciller Di Tella
finalmente pudo realizar su visita a Ucrania en noviembre de 1996. Fue recibido
por el presidente Kuchma, y también tuvo entrevistas con el primer ministro
Lazarenko, el ministro de Asuntos Exteriores Udovenko y con el presidente del
Parlamento de Ucrania Moroz. Los temas tratados estuvieron relacionados con
asuntos políticos, económicos y de seguridad, además de la cuestión de la
inmigración de ucranianos a la Argentina. En Kiev el 1º de noviembre de 1996
Di Tella y el canciller ucranio firmaron una Declaración Conjunta.
La segunda entrevista entre
los presidentes Menem y Kuchma se llevó a cabo en Nueva York, cuando ambos
asistían a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU en junio de
1997. Los temas tratados incluyeron la cuestión migratoria, el festejo del
centenario de la inmigración ucraniana, el comercio bilateral y la invitación
al presidente argentino para visitar Ucrania.
El presidente Menem llegó a
Kiev en junio de 1998, luego de haber visitado Rusia. Era el primer presidente
latinoamericano en visitar Ucrania. Menem resaltó este hecho y el haber sido la
Argentina uno de los primeros países en reconocer la independencia de Ucrania.
Señaló también que venía para consolidar los lazos de un “nivel
excepcional” que existían entre ambos países. La entrevista de Menem y
Kuchma fue larga, coincidiendo ambos en la importancia de la renuncia al uso de
la energía nuclear con fines bélicos. Ucrania y la Argentina, junto con Brasil
y Sudáfrica, habían sido invitados a comienzos de junio de 1998 a una cumbre
del G8 -que consideró el tema de la carrera nuclear- y a formar parte de un
comité asesor del grupo en la materia. Menem además recibió un reconocimiento
a los logros de su modelo económico. El presidente ucraniano señaló que su país
tenía mucho que aprender de la Argentina, que había superado dos crisis
financieras (las mexicana y asiática) y había conseguido éxitos
“grandiosos” en materia económica.(53) Como corolario de la visita, el 29
de junio de 1998 fueron suscriptos el Tratado sobre Relaciones de Amistad y
Cooperación, el Acuerdo en materia de Cooperación Científica y Técnica, y el
Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en materia de Defensa.(54)
El viceministro de Relaciones
Económica Exteriores Igor Podoliev reiteró el ofrecimiento, ya realizado en
ocasión de la visita del presidente Kuchma a Buenos Aires, de vender armamento,
rubro en el que Ucrania competía con Rusia, con la diferencia de que la última
poseía industria bélica y Ucrania, en cambio, trataba de vender saldos. Menem
prometió considerar el tema y los ucranianos respondieron que esperaban una
visita de alto nivel al efecto. El presidente argentino sorprendió con el
anuncio de que el ministro de Defensa Jorge Domínguez viajaría a Ucrania en
octubre de 1998. Sin embargo, el secretario Kohan sostuvo que el gobierno
ucraniano ofrecía de todo, pero no existía interés por parte de la Argentina.
Por último, debe mencionarse
como tema relevante en la relación con Ucrania la política de inmigración
puesta en marcha por el gobierno argentino.
El anuncio de la misma fue realizado por el canciller Di Tella en enero
de 1992, inmediatamente después de producida la disolución de la Unión Soviética,
y estaba dirigido a las nacionalidades europeas que tuvieran problemas a causa
de dicha desintegración, las crisis económicas o las persecuciones étnicas.
La propuesta de Di Tella fue previa a la reunión internacional realizada en
Washington para considerar la ayuda a la ex Unión Soviética, y hacía mención
de 25.000 familias rusas provenientes de Estonia y Letonia.(55) En el seminario
realizado en Buenos Aires en marzo de 1992, ya citado, Di
Tella expresó al respecto:
Nosotros,
como ustedes saben, hemos abierto el camino de una política de inmigración de
los países del Este de Europa. No creemos que esto tenga la importancia que
tuvo ni la primera migración de principios de siglo, ni la segunda migración
de los países vecinos, sino que esta tercera ola va a ser mucho más pequeña,
pero desde el punto de vista cualitativo nos parece muy importante, y además es
un test a la tolerancia de los argentinos. Por el momento, nadie ha protestado
demasiado, pero cuando lleguen a aparecer personas de culturas distintas, que
hablan el idioma con dificultad y que van a tener los problemas que tienen los
nuevos inmigrantes, vamos a ver si todo lo que decimos nosotros que la Argentina
es un país tolerante, lo es de verdad. A mí me parece que esta actitud no
racista, abierta, ha sido interpretada como lo que es, como un acto que un país
maduro puede hacer en un momento en que países que creíamos eran muy maduros
en muchos temas con respecto al tema inmigratorio se han vuelto ciegos de una
manera realmente impresionante.(56)
Como consecuencia de la
convocatoria argentina, se produjo la afluencia de ciudadanos polacos ante la
embajada argentina en Varsovia para iniciar los trámites inmigratorios a
mediados de 1992. Lo mismo sucedió un poco después en la embajada argentina en
Bucarest. En enero de 1993, al visitar a las tropas argentinas destacadas en
Croacia, el presidente Menem reiteró a los croatas el ofrecimiento de emigrar a
la Argentina.
Si bien a nivel internacional
la iniciativa fue percibida como políticamente oportuna en virtud de la
preocupación de los países europeos ante la posibilidad de una inmigración
masiva, en la Argentina la medida recibió críticas debido a la propia situación
económica y el creciente desempleo, condiciones que no aconsejaban el fomento
de la inmigración. También fue considerada un ejemplo del afán protagónico
que el presidente Menem perseguía en el ámbito internacional y contradictoria
con el pragmatismo que imbuía la política exterior de su gobierno.(57)
De todas maneras, la política
se implementó monitoreada por los organismos gubernamentales correspondientes y
luego de realizado un estudio por la Organización Internacional de Migraciones.
La responsabilidad de llevar adelante el “Programa de Inmigración de Europa
Central y Oriental” recayó conjuntamente en el Ministerio del Interior y en
la Cancillería, pero los funcionarios de la última eran conscientes en 1993 de
que sólo serían viables microprogramas de inmigración. Las resoluciones
4.632/94 y 1931/95 del Ministerio del Interior establecieron un tratamiento
migratorio especial para Europa Central y Oriental, autorizando a los consulados
a otorgar un permiso de ingreso temporario por un año, siempre que se
cumplieran los requisitos del Reglamento de Migración establecido por decreto
1023/94.
Esta política migratoria fue particularmente receptiva en Ucrania. Esto se debió principalmente a que la comunidad ucraniana de la Argentina llevaba cien años en el país, y era la tercera en importancia en el mundo con 300.000 miembros. Así, para noviembre de 1996 unas 18.000 personas habían iniciado los trámites para emigrar en la embajada argentina en Kiev, de las cuales 4.100 llegaron a la Argentina a mediados de 1998. El interés del gobierno de Ucrania en que esta política se mantuviera quedó demostrado con la entrega de un borrador de convenio de migración por parte del presidente Kuchma en su visita a Buenos Aires. A pesar de algunos reparos del Ministerio del Interior argentino, en el sentido de que ciudadanos de otros países pudieran tratar de llegar a la Argentina a través de Ucrania, debido a la facilidad para obtener su ciudadanía, el Convenio de Migración se firmó en Buenos Aires el 29 de abril de 1999. Luego de obtener su aprobación legislativa, el mismo comenzó a regir a partir del 23 de noviembre de 2001. El 29 de abril de 1999 también se aprobó un Programa de Cooperación Educativa y Cultural para los años 1999-2001, importante para los inmigrantes ucranianos.
El
gobierno de Menem produjo pues un cambio sustantivo en la política exterior. De
una posición pretendidamente equidistante de las dos grandes potencias, aunque
bastante antinorteamericana, se pasó al alineamiento con los Estados Unidos y a
la normalización de las relaciones con el Reino Unido y consecuentemente con
los países de Europa Occidental -al eliminar obstáculos colocados por el
primero-. En el ámbito regional se profundizó la integración con Brasil y se
solucionaron todos los problemas fronterizos con Chile. A ello se agregó el
abandono del perfil de poca confiabilidad que mantenía la Argentina en el ámbito
de la energía atómica como producto de la construcción y exportación de
misiles, la no ratificación de Tlatelolco y la no adhesión al Tratado de No
Proliferación. El gobierno de Menem al abandonar el proyecto Cóndor II y
ratificar y firmar los tratados mencionados, además de convenir a nivel
regional la eliminación de armas químicas, produjo un vuelco significativo en
la imagen internacional de la Argentina. El retiro del grupo de NOAL terminó de
definir la inclinación pro occidental del país.
Al
observar la importancia otorgada por el gobierno de Menem a la relación con los
Estados Unidos, algunos académicos señalaron que, dado que el mundo
evolucionaría hacia un esquema multipolar, no debía dejarse de lado la relación
con Europa. El canciller Di Tella aseguró que ése no era el caso y, en efecto,
cuando se realizaron dichas críticas, el gobierno de Menem ya había logrado
recomponer las relaciones con el Reino Unido, eliminando con ello importantes
obstáculos comerciales en los vínculos con la Unión Europea. La firma del
Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica con la UE en abril de 1990
había abierto posibilidades para acuerdos bilaterales con todos los países
miembros.
La
constitución del Mercosur en marzo de 1991 incentivó el interés de los
inversores y exportadores europeos y, a la vez, el grupo regional encontró una
oportunidad de atraer inversiones, importar tecnología y exportar sus
productos. En noviembre de 1994 en la reunión de cancilleres del Mercosur con
el presidente de la Comisión Europea comenzó a considerarse la posibilidad de
negociar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. En diciembre de
1995 se firmó el acuerdo marco de cooperación entre ambos bloques y el anuncio
del inicio de las negociaciones se realizó, en el marco de la cumbre ALC-UE, a
fines de junio de 1999, pero dicho acuerdo aún no pudo ser concretado.
El
nudo gordiano constituido por los subsidios a la agricultura de los países
europeos –especialmente de Francia- no posibilitó el establecimiento del
libre comercio interregional. La posición del gobierno de Menem fue mantener
abierta la negociación a pesar de la oposición a incluir la agricultura,
considerando que sería más fácil avanzar con una buena relación. No
obstante, el presidente argentino ejerció presión por el tema de los subsidios
agrícolas desde el comienzo de su gestión. Lo hizo en sus presentaciones ante
los organismos de la UE, en todas las visitas realizadas a los países europeos
y cuando recibió a los jefes de gobierno o funcionarios europeos en la
Argentina. También solicitó apoyo político para destrabar las negociaciones
en el seno de la Ronda Uruguay a los Estados Unidos y a Japón, incluyendo un
ofrecimiento de mediación. Los cuestionamientos a la política exterior en el
último año del gobierno de Menem, en el sentido de que no se estaba dando la
debida importancia a la relación con Europa, no parecen haber tenido otro
sustento que la lucha electoral.
La
Cumbre AML-UE fue percibida por los latinoamericanos en general como un ámbito
para avanzar hacia un nuevo orden mundial multipolar. Se trataba de alcanzar una
alianza estratégica euro-latinoamericana, que se fuera definiendo
paulatinamente, pero que no fuera excluyente debido a la globalización. El
avance hacia dicha alianza se daría en forma independiente y paralela de otras
iniciativas en que la región estuviera involucrada (ALCA, Foro Asia-Pacífico,
UE-Estados Unidos). Dejando de lado la consideración de si una alianza con esas
características era factible, la concreción de la misma no tenía viabilidad
mientras no fuera posible darle un sustento económico. Si bien los países
europeos habían encontrado un mercado hacia donde dirigir sus productos e
inversiones, ellos mismos observaron que, si no se alcanzaba cierto equilibrio
en la balanza comercial con los países latinoamericanos, las relaciones en ese
ámbito no progresarían. No obstante, la decisión respecto del proteccionismo
agrícola residía en ellos. Consecuentemente, el resultado de la Cumbre no podía
ser otro que una enumeración de buenas intenciones, aunque el anuncio del
inicio de las negociaciones entre el Mercosur y la UE con el objetivo de
alcanzar un acuerdo de libre comercio, sin excluir ningún sector, constituyó
un logro y un avance para los países del Cono Sur.
En
el ámbito de las relaciones bilaterales, hemos visto que la política dura
hacia el Reino Unido implementada por el gobierno argentino en la década del
’80 había desembocado en una situación crítica para la Argentina en el Atlántico
Sur y generado obstáculos comerciales en la relación de la Argentina con los
demás países europeos. La impasse
fue sorteada con la decisión argentina de declarar el cese de hostilidades y
levantar las restricciones comerciales, además de no mencionar el tema de la
soberanía. Se puede criticar la resolución, pero no existía otra opción si
se quería revertir la situación. El gobierno argentino asignó alta prioridad
a la relación con el Reino Unido por varias razones: a) el objetivo permanente
de recuperar las islas Malvinas, que se transformó en una política de estado;
b) el hecho de que el Reino Unido continuara siendo uno de los principales
aliados de los Estados Unidos en la OTAN y un referente de primera magnitud en
materia de política exterior de la UE, y c) la condición de Londres de mercado
financiero de primer nivel, todos los cuales se consideraron funcionales al
objetivo argentino de modernizar la Argentina e incorporarla al “primer
mundo”. Se puede agregar a ello la convicción de los funcionarios de la
Cancillería de que una buena relación siempre produciría más rédito que lo
contrario.
Las
conversaciones iniciadas bajo la fórmula del paraguas de soberanía terminaron
exitosamente en febrero de 1990 en Madrid con la restauración de las relaciones
diplomáticas. El comercio y las inversiones entre ambos países comenzaron a
normalizarse. No obstante, la cuestión de la pesca y la prospección del petróleo
en el Atlántico Sur se transformarían en cuestiones espinosas. El gobierno
británico buscaba un acuerdo de pesca de largo plazo que permitiera a los
malvinenses otorgar licencias en el área en disputa, pero sin ninguna
participación argentina. A la vez, los permisos de pesca otorgados por el
gobierno argentino en sus aguas jurisdiccionales perjudicaban las reservas en
las aguas de Malvinas. El gobierno argentino sólo accedió a firmar acuerdos
provisorios, aunque se comprometió a evitar la sobreexplotación y la pesca
ilegal, si bien esto no se logró por completo. La resolución del gobierno británico
de cobrar licencias de pesca también en jurisdicción de las Georgias llevó
las relaciones bilaterales a un nivel crítico en marzo de 1996. Di Tella expresó
que el tema de la pesca era indivisible y que no podía haber solución para las
Georgias y no para las Malvinas. El tema de la pesca fue la causa principal de
que la visita de Menem a Londres no se concretara hasta fines de 1998, pero no
obstruyó el interés de los británicos por invertir en la Argentina.
El
otro tema conflictivo fue el de la prospección de petróleo. A pesar de la
promesa del canciller Hurd a comienzos de 1993 de no iniciar la exploración en
aguas de las Malvinas si antes no se lograba un acuerdo de cooperación con la
Argentina, el gobierno británico autorizó a los isleños en septiembre de ese
año a iniciar la búsqueda. El gobierno argentino advirtió a las compañías
petroleras sobre las consecuencias legales de actuar en áreas en litigio y
amenazó con denunciar al Reino Unido ante los organismos internacionales. Luego
de duras tratativas se firmó en septiembre de 1995 una ambigua declaración
conjunta de cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico
Sudoccidental, con el acuerdo tácito de que cada gobierno pudiera presentar la
misma bajo una faz diferente. El canciller Di Tella afirmó que, sin embargo,
había un acuerdo tácito de que la Argentina participaría en las regalías de
la explotación en las áreas en disputa, pero esto no quedó claro. Por su
parte, el Reino Unido obtenía las condiciones de previsibilidad necesarias para
que las empresas accedieran a trabajar en las aguas en litigio y, lo más
discutible, derechos en áreas no disputadas. Nuevamente la concesión fue en
aras de sostener la cooperación.
En
los demás ámbitos la relación bilateral se fue recomponiendo lentamente,
sobre todo en el aspecto comercial y financiero. Hurd mencionó públicamente
los logros del presidente Menem en el campo económico, calificándolos de
asombrosos, y elogió la política económica y la participación argentina en
los cuerpos de paz de la ONU.
Menem
logró realizar su visita al Reino Unido a fines de octubre de 1998. Durante la
misma el presidente expresó que la Argentina lamentaba profundamente el
conflicto mantenido por las Malvinas. En el encuentro que Menen mantuvo con el
primer ministro Blair, ambos dejaron planteadas sus respectivas posiciones,
aunque se respetó el acuerdo de no tratar el tema de la soberanía. Menem
obtuvo la promesa de Blair de que consideraría el levantamiento del embargo de
armas, cosa que la Argentina obtuvo al mes siguiente. A su vez Blair señaló su
disconformidad con la legislación argentina sobre pesca y petróleo. Menem se
mostró dispuesto a negociar. El presidente argentino quedó tan conforme con la
entrevista que pensó que había posibilidades de comenzar el diálogo por el
tema de la soberanía. Cabe señalar que la oposición argentina no quiso acompañar
a Menem a Londres y criticó que no se hubiera planteado el tema de la soberanía.
El reclamo, emitido sobre todo por el ex presidente Alfonsín, cuya política
había agravado la situación argentina en el Atlántico Sur, no tenía ningún
viso de racionalidad. Si se hubiera insistido en plantear dicho tema, la visita
no se hubiera realizado.
Finalmente,
la conjunción de la mejora en la relación bilateral, el deterioro de las
relaciones chileno-británicas por la detención del ex dictador Pinochet, y el
trabajo emprendido por una comisión interparlamentaria logró un avance en la
cuestión de las Malvinas, permitiendo la reanudación de los vuelos a las islas
con una escala en territorio argentino y la autorización para que los
argentinos pudieran viajar a las islas. La contrapartida fue el compromiso de
incrementar la cooperación en la conservación de los recursos pesqueros y el
control de la pesca ilegal, quedando pendiente el acuerdo de largo plazo.
Por
otra parte, tanto hacia el Reino Unido como hacia los demás países europeos,
incluidos los de Europa Oriental, queda claro que la política del gobierno de
Menem fue llevar a cabo una fuerte iniciativa a fin de revertir la imagen de la
Argentina sumida en una crisis económica, buscar apoyo para refinanciar la
deuda externa y atraer inversiones. Con este objetivo, Menem anunció que las
inversiones extranjeras disfrutarían de las mismas ventajas que las nacionales.
Tanto los ministros Cavallo como Di Tella buscaron activar créditos e
inversiones, promover las privatizaciones y promocionar el Mercosur. Luego de
que el gobierno argentino llegara a un acuerdo con los organismos
internacionales de crédito, la respuesta de los gobiernos europeos fue de
cooperación, refinanciando la deuda argentina y apoyando a sus empresarios e
inversores.
España,
que atravesaba un ciclo de expansión de su economía, realizó grandes
inversiones en la Argentina. Evidentemente, la posibilidad de hacer negocios
permitió superar los problemas que se presentaron en la relación bilateral
como la denuncia contra los Yoma, la captura de un carguero español en aguas
territoriales argentinas, el problema Iberia-Aerolíneas y el nombramiento del
embajador argentino, entre otros. El entendimiento comenzó a darse durante el
gobierno de Felipe González y, como dijera el embajador español, a pesar de la
diferencia ideológica con el gobierno de Menem. Ya fuera por los negocios e
inversiones que la Argentina posibilitaba a España, por el hecho de que se
considerara al país sudamericano como una llave para acceder al Mercosur o por
considerar que era el camino correcto, tanto el Rey Juan Carlos, como González
y Aznar, elogiaron la modernización y la apertura económica de la Argentina.
Ello no impidió, sin embargo, que, aunque apuntando al conjunto de América
Latina, en la Cumbre Iberoamericana de Bariloche en octubre de 1995 González
advirtiera sobre los problemas de narcotráfico, corrupción, dificultades para
el crecimiento económico y necesidad de atender a la seguridad social.
En
el caso de Italia, la adjudicación directa de obras públicas que el tratado de
asociación particular de 1987 permitía otorgar a ese país, había sido objeto
de críticas desde un comienzo. El conflicto finalmente se presentó cuando el
gobierno argentino decidió adjudicar un sistema de conmutación telefónica a
los italianos, poco antes de que la empresa de telefonía fuera privatizada.
Debido a la presión de los posibles compradores, el gobierno argentino tuvo que
desistir de la operación, ante lo cual el canciller italiano amenazó con
revisar los acuerdos firmados por incumplimiento de lo pactado. El gobierno
argentino no cedió, pero la acusación de que el gobierno italiano estaba
llevando adelante extorsiones fue causa de tensión en la relación bilateral.
No obstante, la visita de Menem a Italia en octubre de 1992 demostró que los
problemas habían sido superados. Los nuevos acuerdos firmados adecuaban la
cooperación a los cambios económicos que se habían realizado en la Argentina
y, sumados a los alcanzados por la deuda externa, ayudaban a la Argentina a
recuperar una posición confiable en el contexto internacional.
A
juzgar por las palabras del presidente italiano, la política del gobierno de
Menem era valorada positivamente. El presidente Scalfaro resaltó los éxitos
internos e internacionales de la Argentina, mencionando entre los últimos su
presencia en el Golfo Pérsico y en Yugoslavia, y las iniciativas en América
Latina para erradicar de la región las armas nucleares y químicas. También
mencionó los pasos dados en el ámbito de la economía. Esta percepción fue
confirmada por el ex primer ministro Andreotti en su viaje a Buenos Aires, ocasión
en que señaló el interés de los políticos de su país en observar la
experiencia argentina para resolver la crisis italiana. Sin embargo, la alusión
al costo social del modelo económico argentino fue evidente cuando Andreotti
expresó su preocupación por la desocupación y la necesidad de luchar contra
la pobreza, aunque lo señalara para el ámbito internacional en general.
Tanto
la reacción ante el problema por la contratación del sistema telefónico como
el pedido de transparencia en las licitaciones argentinas, realizado por los
italianos luego de haber sido reformulado el acuerdo preferencial y firmado el
nuevo Tratado de 1998, demostraron la convicción en aquéllos de que en la
Argentina no se procedía con respeto por la letra firmada o por los
procedimientos usualmente considerados correctos en la materia. No hay duda de
que estos problemas fueron la causa de que los italianos llegaran tarde a
invertir en la Argentina, como lo percibiera el propio presidente Menem.
Al
igual que con los países anteriores, la política argentina hacia Francia fue
tratar de mejorar la imagen externa de la Argentina y generar inversiones.
Habiendo prometido cumplir los compromisos de la deuda asumidos con el FMI y con
el Club de París, el gobierno argentino recibió el apoyo del presidente
Mitterrand, pudiendo la Argentina alcanzar acuerdos para restablecer condiciones
normales de crédito y de consolidación de deudas. Estos logros, sin embargo,
se vieron empañados, como en el caso de los países anteriores, por el
incumplimiento de contratos por parte del gobierno argentino.
Este
hecho revelaba una falla radical del gobierno argentino, que no sólo no
administraba correctamente los recursos de los ciudadanos argentinos, sino que
generaba conflictos con los países con los cuales la política exterior
argentina apuntaba a establecer los mejores vínculos. El gobierno buscaba
imperiosamente inversiones externas, pero éstas eran expulsadas por la falta de
seguridad jurídica. Por otro lado, las presiones tanto de empresarios
argentinos –éstos relacionados con funcionarios y ex funcionarios- como
extranjeros, para desviar la labor de los entes reguladores o cambiar las reglas
de juego, demostraban la discrecionalidad que podía lograrse al respecto. La
demanda de seguridad jurídica y de transparencia en las licitaciones por parte
de los empresarios extranjeros dejaba en evidencia las falencias en ese sentido,
y el hecho de que la misma exigencia se repitiera en distintos países no
permite exculpar al gobierno argentino. La única razón de que este círculo
vicioso persistiera a lo largo del gobierno de Menem no puede tener otra
explicación que la corrupción intragubernamental.
A
pesar de lo mencionado, el modelo económico de Menem fue elogiado en Francia
por las máximas autoridades y algunos empresarios. La visita del presidente
argentino en febrero de 1996 reveló un claro apoyo oficial a la política económica
argentina. En franca contraposición con su gobierno, la mirada crítica de la
opinión pública francesa estuvo dirigida a la cuestión de los desaparecidos,
la pobreza en el interior de la Argentina, la corrupción y la inseguridad jurídica.
El
gobierno de Menem trató de superar el estancamiento en la relación con
Alemania, generado por la negativa del gobierno alemán a iniciar tratativas
para acordar un tratado preferencial como los firmados con Italia y España
durante el gobierno radical, a pesar de la presión de los empresarios alemanes
que no querían quedar al margen de las eventuales posibilidades de inversión.
El gobierno alemán había manifestado su oposición a firmar un instrumento que
contradijera la lógica del mercado, y su preferencia por la cooperación
implementada a través de la empresa privada en un contexto de estabilidad política
y económica. Asimismo, la renuencia del gobierno argentino a firmar el Tratado
de No Proliferación y el consecuente rechazo al control internacional de sus
plantas atómicas y proyectos misilísticos habían llevado a que la Argentina
figurara en la lista negra alemana de países a los cuales no debían exportarse
materiales sensibles.
Los
anuncios de los planes del gobierno argentino apuntando a la estabilidad y
apertura económicas, la transformación del estado y el compromiso de no
exportar misiles generaron el apoyo alemán para que la Argentina pudiera
solucionar el problema de su deuda y concretar el acuerdo con la CEE. Alemania
también dio su palabra de que abogaría en el seno de la CEE para que las
negociaciones del GATT llegaran a un compromiso equilibrado a favor del libre
comercio, lo cual implicaba una disminución de los subsidios agrícolas.
Asimismo, la política del gobierno argentino en materia nuclear
logró eliminar al país de la lista negra alemana.
Al
promediar la década del ’90, las inversiones alemanas en la Argentina eran
muy inferiores a las de España, Francia o Italia, como consecuencia de que aquéllas
se dirigían prioritariamente al este europeo y a Asia. No obstante, los
problemas de las empresas alemanas instaladas en la Argentina –caso Siemens-
tampoco hacían atractiva la plaza; el gobierno alemán advirtió que si dichos
problemas no se resolvían no habría posibilidades para las inversiones
alemanas. En 1996 la llegada de Kohl a Buenos Aires acompañado por
representantes de importantes consorcios de su país demostró que Alemania había
comenzado a reparar en las posibilidades de inversión, particularmente a causa
del proceso de consolidación que mostraba el Mercosur.
Como
ya lo habían hecho antes las autoridades alemanas, el canciller Kohl elogió el
proceso de apertura económica y estabilización de la Argentina, señalando que
el mismo era un éxito. Con todo, fue significativo su consejo de control del
gasto público y respeto a las reglas acordadas en el GATT, revelando la
percepción alemana de que la Argentina no siempre cumplía con éstas. A la
vez, en sus visitas a Alemania el presidente Menem bregó por la recepción de
inversiones y el incremento del comercio bilateral. En todas recibió elogios a
su política. Sólo durante la última, algunos diarios alemanes pusieron en
duda el carácter paradigmático de la Argentina en materia económica, al
mencionar el índice de desocupación y señalar que el presidente argentino
estaba bajo sospechas de corrupción.
Por
otra parte, las seis veces que el presidente Menem estuvo con el Papa Juan Pablo
II, más que ningún otro presidente en la historia del país, revelan que las
relaciones con el Vaticano fueron óptimas. Este resultado, sin embargo, fue
producto de la política del gobierno de Menem en contra del aborto y el apoyo
brindado al pontífice en ese ámbito, que logró contrarrestar las críticas
que un sector de la Iglesia argentina hacía llegar al Vaticano respecto de las
consecuencias sociales de la política económica aplicada por el gobierno
argentino. El nombramiento de Esteban Caselli como embajador ante la Santa Sede,
y la remoción de la Secretaría de Culto del ámbito de la Cancillería para
transformarla en una dependencia de la Presidencia de la Nación fue otra
maniobra apuntada a establecer un canal directo de comunicación con el gobierno
del Vaticano. De esta manera, se podía transmitir información favorable al
gobierno argentino y contrarrestar la que pudiera llegar al Papa por vía de los
obispos argentinos críticos de la política oficial. El premio Sendero de la
Paz otorgado a Menem por el Vaticano, así como la invitación a integrar la
comisión de notables y la promesa de designarlo como embajador itinerante al
final de su gobierno, demostraron el éxito de la política menemista hacia la
Santa Sede. Revelaron asimismo las prioridades de la política vaticana.
La cuestión de los derechos
humanos afectó las relaciones de la Argentina con los principales países de
Europa Occidental. En la década del ’90 las organizaciones defensoras de los
derechos humanos lograron impulsar en España, Francia, Italia, Alemania, Suiza
y otros países, juicios por sus connacionales desaparecidos en la Argentina
durante la dictadura militar. En los tres primeros países dichos juicios
avanzaron, resultando un número grande de militares argentinos procesados y con
pedido de captura internacional. El presidente Menem rechazó tanto el pedido de
extradición de Astiz por parte de la Justicia francesa, como los pedidos de
asistencia judicial de la Justicia española. El decreto 111/98 emitido al
efecto se basaba en los principios de territorialidad y cosa juzgada y en la
decisión soberana de encontrar una solución legislativa y judicial para la
pacificación interna. Hasta el final de su gobierno, Menem se mostró dispuesto
a rechazar los pedidos de extradiciones.
La cuestión de los
desaparecidos provocó algunas tensiones, pero prevaleció el interés por
conservar las buenas relaciones bilaterales. Sobre todo en las visitas del
presidente argentino o alguno de sus ministros a los países donde se
desarrollaban los juicios, éstos debieron escuchar los reclamos de los
familiares de los desaparecidos o los organismos de defensa de los derechos
humanos. En Francia, si bien el tema no apareció en la agenda oficial, la
repercusión pública y los reclamos por la desaparición de las monjas en la
Argentina fueron fuertes en todas las visitas del presidente Menem, e incluso
obligaron al canciller Di Tella a ofrecer algún principio de solución.
Lo mismo ocurrió con los
viajes de los presidentes o jefes de gobierno a la Argentina. Aunque se trató
de que la cuestión no empañara los actos, los visitantes debieron recibir a
las entidades de sus connacionales afectados por las desapariciones y
pronunciarse al respecto. El presidente Chirac mostró claramente su posición a
favor de los familiares de las víctimas. Asimismo, la cuestión de los
desaparecidos pareció ser uno de los motivos por los cuales el presidente Aznar
no tocó Buenos Aires en su viaje a Chile en noviembre de 1997. En su visita a
Buenos Aires al año siguiente, Aznar también dejó fijada una posición firme
al respecto, al señalar al presidente Menem que reivindicaría la necesidad del
esclarecimiento del destino de los españoles desaparecidos en la Argentina, y
comprometerse ante los familiares a brindar todo el apoyo jurídico necesario a
través de la embajada. No obstante, tanto Chirac como Aznar se mostraron
respetuosos de las decisiones de la Justicia argentina. El mismo sentido de
compromiso con la cuestión demostró el presidente alemán Herzog en su visita
a Buenos Aires, al prometer la apertura de los archivos diplomáticos alemanes
para obtener la información que allí pudiera haber acerca de los desaparecidos
de origen germano.
En cuanto a la participación
argentina en las operaciones de paz, como se dijo, ésta ya contaba con
antecedentes desde la década de 1950, aunque la misma había consistido
solamente en el envío de observadores militares y apoyo logístico. La política
del gobierno de Menem de participar sistemáticamente en las operaciones de paz
respondía a su determinación de colocar a la Argentina en los primeros planos
del escenario internacional, pero en este caso tuvo un éxito genuino. La creación
de los Cascos Blancos -una organización apuntada a prestar asistencia
humanitaria a los pueblos que sufran emergencias extremas- fue implementada
primero localmente, recibiendo luego la aprobación de los países americanos y
finalmente la de la ONU.
El mismo objetivo fue motor
de la participación argentina en las operaciones de paz en escenarios tan
variados como Medio Oriente, Africa, Camboya, la ex Yugoslavia, Chipre y América
Central. Tanto observadores como contingentes argentinos tomaron parte en
misiones de la ONU, e incluso de la OTAN con mandato de la primera. La
intervención argentina en el grupo de planificación militar en el Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU a los fines de conseguir
fuerzas entrenadas para un rápido aprestamiento, así como la creación en la
Argentina del centro de entrenamiento CAECOPAZ, fueron funcionales a la
jerarquización de las fuerzas armadas argentinas.
Además, la participación en
las tareas organizativas de la ONU permitió a los oficiales argentinos
interiorizarse de las características de los nuevos conflictos surgidos como
consecuencia del fin de la guerra fría, y de la complejidad de las operaciones
necesarias para darles una solución. En el terreno operativo, aparte de las
tareas de mantenimiento del cese del fuego y separación de las partes en lucha,
que habían sido tradicionalmente desempeñadas por las misiones de paz de la
ONU, los nuevos contingentes debieron abocarse a otras funciones apuntadas a
crear las condiciones para instaurar un gobierno democrático, entre las cuales
se encontraron el mantenimiento de la paz y el orden, la capacitación para la
administración civil o de justicia, y la organización de elecciones. En la
mayoría de los casos este trabajo no fue fácil, pues debió ser desempeñado
en el contexto de situaciones muy críticas.
Si bien la intención del
gobierno de Menem probablemente haya sido buscar protagonismo a nivel
internacional, la actividad desarrollada por hombres de las fuerzas armadas
argentinas en las operaciones internacionales de paz fue positiva. En primer
lugar, los hizo depositarios del reconocimiento público. Asimismo, la
experiencia obtenida en la convivencia con colegas de otros países y distintas
partes del mundo, el haber participado en la preparación de otros pueblos para
la vida en democracia y el haber sido garantes de los derechos humanos constituyó
una invalorable formación para los hombres de armas en virtud de los hechos del
pasado argentino.
Respecto de las relaciones
con Europa Oriental, cabe señalar algunos puntos. En primer lugar, la función
cumplida por la relación con la Unión Soviética desde su establecimiento en
1946 de reemplazar los mercados europeos -perdidos por diversas razones, últimamente
por la cuestión de los subsidios agrícolas- y obtener un superávit comercial
que permitiera compensar el déficit con los Estados Unidos y pagar los
servicios de la deuda externa, no pudo ser sostenida. Por un lado, la Unión
Soviética había comenzado a presionar para lograr una balanza comercial más
equilibrada. Por otro, la nueva inserción internacional de la Argentina diseñada
por el gobierno de Menem apuntaba a privilegiar las relaciones con Europa
Occidental, lo cual obligó a hacer algunas opciones, como por ejemplo denunciar
el convenio pesquero con Rusia para poder firmar otro con la Unión Europea. A
todo ello se agregaría el hecho de que la implosión de la Unión Soviética y
la crisis sobreviniente en su zona de influencia provocarían una disminución
drástica de las exportaciones argentinas a toda la región.
Con todo, al principio de la
década pudieron observarse algunos resabios de la vieja política argentina de
búsqueda de un punto de equilibrio entre las dos superpotencias. Esto quedó
expuesto tanto en la renovación del convenio pesquero con Rusia en los primeros
años del gobierno de Menem, como los acuerdos firmados durante la primera
visita de Menem a la Unión Soviética. Se ha visto que el acuerdo para la
cooperación en los usos pacíficos de la energía atómica disponía que los
controles internacionales se aplicaran únicamente a determinados proyectos,
donde fueran considerados necesarios. La restricción respondía a una exigencia
del gobierno argentino que todavía no era signatario del TNP.
El gobierno de Menem reconoció
rápidamente a los estados bálticos escindidos de la Unión Soviética, lo
mismo que a Ucrania, antes de que se estableciera la disolución formal de aquélla.
El reconocimiento posterior del resto de los países fue también bastante
expeditivo. El hecho de haber acompañado a esos países en su transformación
hacia la democracia y la economía de mercado –proceso éste último paralelo
al que estaba realizando la Argentina- y patrocinado su ingreso a la ONU para
que lograran una rápida inserción internacional fue una clara contribución
del gobierno argentino a la consolidación de los mismos, y por ende a sellar la
desintegración de la Unión Soviética, en sintonía con la política de los
Estados Unidos y de Europa Occidental.
El interés primordial de la
Cancillería argentina hacia la Unión Soviética primero y su sucesora la
Federación de Rusia fue sostener y luego tratar de restablecer la relación
económica bilateral del pasado, a cuyo fin se firmó un Convenio sobre Comercio
y Cooperación Económica en 1993. Por otra parte, el canciller Di Tella sostuvo
que en Europa Central y Oriental existían excelentes oportunidades para la
Argentina que podían no repetirse y que era necesario estudiar. No obstante,
resultó evidente que la crisis sufrida por la disolución de la Unión Soviética
impidió las exportaciones argentinas de cereales en las cantidades
significativas del pasado.
Por otra parte, el fin de la
guerra fría permitió que la Federación de Rusia pudiera tratar de vender
armamento a los países de América Latina a fin de reducir su déficil
comercial con éstos, sin gran oposición. Con la Argentina hubo negociaciones
sobre la posibilidad de fabricar municiones, instalar radares en la frontera y
vender helicópteros y aviones. De hecho, la venta de los últimos, sumada a la
drástica caída en las compras a la Argentina, logró un superávit comercial a
favor de Rusia que, aparte de un éxito para ese país, constituyó un punto de
inflexión en la historia comercial bilateral. Cabría plantear si la Argentina
estaba en condiciones de enfrentar ese gasto militar sin la contrapartida que
evitara el déficit.
La visita de Menem a Rusia en
junio de 1998, cuando ésta se hallaba inmersa en una profunda crisis económica,
dio lugar a varias lecturas. Aparentemente su objetivo principal respondía a la
necesidad de apoyar a las empresas argentinas que estaban iniciando proyectos en
aquel país. El convenio fitosanitario también podía redundar en beneficio de
las exportaciones argentinas, así como el acuerdo de protección de inversiones
resultaría positivo para ambos países. Por el contrario, el sorprendente
pedido del ministro Corach al Servicio Federal de Seguridad de Rusia para
esclarecer los atentados contra la embajada de Israel y la Amia, en virtud de la
estrecha relación que Rusia mantenía con Irán, estaba destinado al fracaso y
a complicar la cuestión. Si el gobierno iraní tenía alguna responsabilidad en
lo sucedido, su falta de colaboración sería inamovible. Finalmente, el hecho
de querer instalar la cuestión de la re-reelección del presidente Menem a
nivel internacional desde Rusia tampoco parece haber sido razonable.
Por último, la convocatoria
para la recepción de inmigrantes de Europa Oriental por parte del gobierno
argentino, además de poner a prueba la tolerencia de los argentinos, como
expresara el canciller Di Tella, fue una medida menos relacionada con
necesidades socio-económicas que con la búsqueda de notoriedad internacional
del país.
En síntesis, no puede
afirmarse que el gobierno de Menem no haya otorgado importancia a las relaciones
con los países europeos. Recompuso la relación con el Reino Unido y trató de
mejorar la imagen externa de la Argentina haciendo conocer su política apuntada
a lograr la estabilidad y la apertura de la economía, la transformación del
estado y la adhesión a la política de no proliferación nuclear. En la medida
que los gobiernos europeos observaron la decisión del gobierno argentino de
asumir los compromisos de su deuda externa con los organismos internacionales,
colaboraron otorgando plazos y alentando inversiones. La participación de la
Argentina en las fuerzas de paz internacionales también constituyó una fuente
de reconocimiento para el país. Por otra parte, en el material documental al
que puede accederse, no hay evidencia de que desde los gobiernos europeos se
hiciera saber a Menem que su política económica era equivocada, salvo en
algunos pocos aspectos puntuales. Las advertencias sobre los problemas sociales
causados por la transformación económica fueron escasas en las esferas
oficiales de Europa, aunque no estuvieron ausentes en los medios de comunicación.
Los problemas sí surgieron como consecuencia del desconocimiento de contratos
firmados, la discrecionalidad con que se otorgaban obras o servicios y la falta
de transparencia en las privatizaciones, todo lo cual reveló un alto grado de
corrupción intragubernamental argentina. Los jefes de gobierno europeos también
fijaron su posición respecto de la cuestión de los derechos humanos. Con todo,
la política exterior ejecutada respecto de Europa parece haber estado
encuadrada dentro de parámetros correctos y razonables. La paradoja residió en
que el mejoramiento de la imagen de la Argentina alcanzado se vio contrarrestado
por la corrupción y la falta de seguridad jurídica intrínsecas al gobierno
argentino, pero esto, aunque incidió en la misma, no era una cuestión relativa
al diseño de la política exterior.
Natalia
Ceolin, Pierre Salvy y Paolo Verzoza, “Estudio sobre la crisis de
Kosovo”, Buenos Aires, edición electrónica, 1999.
Ana Gerschenson, “Argentina enviará fuerzas de paz”, La Nación, 30 de abril de 1999.
“La Argentina justificó una abstención”, La Nación, 24 de abril de 1999.
Ceolin,
Salvy y Verzoza, “Estudio sobre la crisis de Kosovo”, op. cit.
“La Argentina ofreció en Washington enviar 550 efectivos”, La Nación, 11 de junio de 1999. El presidente Menem ofrecía a la OTAN efectivos de seguridad y de las tres fuerzas armadas, con la siguiente disponibilidad: Ejército: entre 30 y 40 efectivos para fuerzas especiales, que se integrarían a una unidad mayor, “preferentemente de los Estados Unidos”, y una compañía mecanizada de 220 hombres. Armada: entre 100 y 110 marinos para agregar a la compañía del Ejército Argentino “o a una unidad mayor perteneciente a los marines de los Estados Unidos”. Fuerza Aérea: un escuadrón móvil compuesto por cuatro helicópteros UH-1H, 50 hombres para la tripulación y el apoyo técnico y terrestre, y una unidad hospitalaria móvil, con 50 médicos y paramédicos. Fuerzas de seguridad: en total, 180 hombres de Gendarmería, para control de fronteras por parte de la ONU. Domínguez también reforzó algunos pedidos de equipamiento para las fuerzas armadas, trámite que se había facilitado a partir de la designación de la Argentina como aliado extra-OTAN de los Estados Unidos, una nominación que le permitía acceder al programa del material excedente del Pentágono. Durante los últimos dos años, los Estados Unidos habían contribuido con 2.250.000 dólares a la formación de efectivos de las fuerzas armadas y de Gendarmería en las tareas vinculadas con las operaciones de paz de la ONU.
Mensaje del presidente Menem a los miembros del consejo de la OTAN, 8 de julio de 1999, copia en Archivo Cisneros; “Menem pidió a Clinton que la Argentina ingrese a la OTAN”, Clarín, 9 de julio de 1999.
“OTAN: críticas al pedido de ingreso”, La Nación, 21 de julio de 1999.
Carta de Javier Solana al presidente Menem, 23 de julio de 1999, copia en archivo Cisneros.
“«No hubo rechazo» a Argentina, dijo el embajador de Italia”, cable de Telam, 30 de julio de 1999, copia en Archivo Cisneros.
“En la Cancillería y en Defensa acusan a Jorge Castro por la iniciativa”, La Nación, 30 de julio de 1999.
“El traspié ante la OTAN”, La Nación, 31 de julio de 1999.
“Kosovo: tratan envío de tropas”, Clarín, 9 de julio de 1999.
Gabriel Pasquini, “Los argentinos que trabajan por la paz en Kosovo, La Nación, 21 de marzo de 2000.
“Menem visitó tropas en Kosovo”, La Nación, 20 de noviembre de 1999.
Gabriel Pasquini, “Los argentinos que trabajan por la paz en Kosovo”, La Nación, 21 de marzo de 2000. Por otra parte, la misión tenía un perfil netamente militar. Mostrando al periodista el casco y el fusil que cada miembro de la misión –sin importar su condición de médico, enfermero, ingeniero o guardia- debía llevar en todo momento, un oficial argentino sostuvo que eso no era una misión de paz, sino la guerra. Incluso, 400 paracaidistas del Ejército participarían la semana siguiente en un ejercicio organizado por la OTAN para demostrar la “capacidad y resolución” de la KFOR. Con tropas holandesas, polacas, rumanas y norteamericanas, el pelotón de la IV Brigada de Paracaidistas se convertiría en la primera fuerza en misión propiamente militar que la Argentina desplegaba en esa provincia.
Este apartado esta basado en Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 8.
Roberto Russell, “Introducción”, en Roberto Russell, Nuevos rumbos en la relación Unión Soviética-América Latina, Buenos Aires, GEL, 1990, pp. 15-22.
Mario Rapoport, “Las relaciones argentino-soviéticas y sus perspectivas para los noventa: un enfoque histórico”, en Russell, Nuevos rumbos en la relación Unión Soviética-América Latina, op. cit., pp. 180-182.
“Invitan a Menem a visitar a la URSS”, Clarín, 30 de septiembre de 1989, p. 5.
“Acuerdo pesquero con la URSS”, Clarín, 20 de marzo de 1990.
Graciela Zubelzú de Bacigalupo, “El adiós a los «socios discretos». Nuevas realidades de la vinculación argentina con la repúblicas pos-soviéticas”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, op. cit., pp. 231-232.
“Mensaje de Gorbachov destaca coincidencias”, Clarín, 20 de marzo de 1990, p. 10.
“Cavallo dio instrucciones para ofensiva diplomática”, Clarín, 12 de abril de 1990. p. 7.
“Menem se entrevista hoy en Moscú con Mijail Gorbachov”, Clarín, 25 de octubre de 1990, p. 3, y “Menem y Gorbachov acuerdan incrementar el comercio bilateral”, Clarín, viernes 26 octubre de 1990, p. 2.
Eleonora Gosman, “Ayuda nuclear”, Clarín, 26 de octubre de 1990, p. 3.
Zubelzú de Bacigalupo, “El adiós a los «socios discretos»...”, op. cit., pp. 220-221.
Ibid., pp. 223-224.
Graciela Zubelzú de Bacigalupo, “La política exterior argentina hacia Europa Central y Oriental: multiplicación y diversificación”, en CERIR, La política exterior argentina, 1994/1997, Rosario, CERIR, 1998, p. 96.
General N. S. Leonov, “El mundo después de la desintegración de la URSS”, en Revista Nacional de Inteligencia, Vol. IV, Nº 3, tercer cuatrimestre de 1995, p. 48.
Graciela Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, Rosario, CERIR, 1999, pp. 52-54.
Ibid.,
pp. 77-78.
Vacs,
op. cit., p. 321.
Memorándum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros. El Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica entró en vigor el 14 de marzo de 1995.
Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., p. 37.
Ibid.; Zubelzú de Bacigalupo, “La política exterior argentina...”, op. cit., p. 98. En la misma oportunidad, Di Tella visitó Turkmenistán, donde la empresa Bridas realizaba la prospección de gas y la explotación de pozos petroleros. A principios de 1997 esta empresa obtuvo la concesión para administrar por quince años el sistema estatal de distribución de gas en Kazajstán. Ibid., p. 109, n. 35.
Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 70 y 56.
Telma Luzzani, “Convite argentino para Moscú”, Clarín, 25 de noviembre de 1997.
“Primakov dijo que Rusia es un socio atractivo”, La Nación, 25 de noviembre de 1997.
Andrés Oppenheimer, “Moscú buscaría vender armas en América Latina”, La Nación, 25 de noviembre de 1997.
Alberto
Armendariz, “El comunismo tiene por delante un gran futuro”, La
Nación, 8 de junio de 1998.
Por ejemplo, el ex secretario del Consejo de Seguridad había declarado ingresos anuales de 38.000 dólares y en la revista Forbes figuraba como uno de los hombres más ricos del mundo.
María O’Donnell, “Menem, en un Moscú en crisis”, La Nación, 25 de junio de 1998, y Ernesto Semán, “El Presidente llegó a Moscú y fue al Kremlin a ver el Mundial”, Clarín, 25 de junio de 1998.
Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 70-71.
Ibid., pp. 64-70. En 1995 ya estaban exportando a la Federación de Rusia muchas empresas como la Aceitera Gral. Deheza S.A.; Argencitrus S.A.; Asociación Unión Tamberos Coop. Limit.; Baker Hughes Arg. S.A.; Bodegas y Viñedos López S.A.I.C.; Centro Motor Gas S.R.L.; Chocolates Bariloche S.A.I.C.; la automotriz CIADEA; Coop. de Carniceros de Rosario; Marítima Monachesi S.A.; Mastellone Hnos. S.A. (lácteos); Molinos Río de la Plata S.A.; Nestlé Arg. S.A.; Moño Azul S.A.I.C.; varias peleteras; Siderca S.A.I.C. (metalúrgica); YPF (petrolera), etc. Fuente: Cancillería Argentina. Véase Beatriz C. Crisorio, “Globalización y regionalización. Las relaciones económicas entre Rusia y la Argentina. Perspectivas”, en Terceras Jornadas de Historia de las Relaciones Económicas. Globalización e Historia, Buenos Aires, H. Cámara de Diputados de la Nación, 1998, pp. 715-733.
El 12 de mayo de 1998 el encargado de negocios de Irán Abdolrahim Sadatifar había sido convocado por el subsecretario de Política Exterior Eduardo Airaldi para expresarle el desagrado del gobierno argentino por la falta de cooperación del gobierno iraní en la investigación de los atentados que se tramitaban en la sede judicial. El 14 de mayo el gobierno iraní citó al encargado de negocios argentino Eduardo Demayo para presentarle una protesta por las declaraciones del gobierno argentino, y comunicarle que en consecuencia el gobierno iraní había decidido una reducción en el nivel del intercambio bilateral, por lo cual no admitiría el retorno del consejero Rivolta a Teherán, único funcionario de la embajada argentina que se encontraba fuera de Irán. El día 15 el subsecretario Airaldi explicó al encargado de negocios Sadatifar que la noticia de la detención de un ciudadano iraní había llevado la situación a un nuevo contexto y establecido la necesidad de ampliar la información al respecto. Dos horas después Airaldi comunicó a Sadatifar que sobre la base de las siguientes razones: a) la existencia de indicios acerca de la participación de ciudadanos iraníes en el atentado de la AMIA; b) el gobierno iraní no había colaborado para el esclarecimiento de este hecho; c) la no admisión del regreso del consejero Rivolta a Teherán, y d) la decisión iraní de minimizar el intercambio bilateral, lo cual resultaba discriminatorio respecto de las normas del comercio internacional y era interpretado como un gesto inamistoso, el gobierno argentino había decidido solicitar el retiro de todo el personal diplomático y administrativo iraní, a excepción del encargado de negocios, con plazo hasta el 20 de mayo, a fin de establecer ambas representaciones en igual condición numérica, en reciprocidad por la decisión previa iraní de no admitir el regreso del consejero Rivolta y mantener la sede diplomática en su expresión mínima. El 19 de mayo la embajada de Irán anunció que en cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno, en la fecha había partido la totalidad de los funcionarios diplomáticos y administrativos a excepción del encargado de negocios. Memorándum “Relaciones con otras regiones del mundo”, pp., 7-8, copia en Archivo Cisneros.
María O’Donnell, “AMIA: Corach pidió ayuda a la ex KGB”, La Nación, 26 de junio de 1998. Los rusos le contaron a Corach que, a comienzos de ese año, ellos también tuvieron un conflicto con Irán, a pesar de la alianza estratégica que unía a los dos países. El SFS había detectado que diplomáticos iraníes estaban intentando comprar, por medio de la empresa Sanam, tecnología misilística de corto y de largo alcance. Los diplomáticos fueron invitados a retirarse.
“Amia: a la espera del aporte ruso”, La Nación, 27 de junio de 1998.
Ernesto Semán, “Desde Moscú, Menem le dio luz verde a la ofensiva judicial por la reelección”, Clarín, 27 de junio de 1998.
Ernesto Semán, “Escala de Menem en una gira que busca afirmar su imagen”, Clarín, 28 de junio de 1998.
Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 71-76.
Respuestas de Andrei Dmitriev a un cuestionario presentado por la agencia rusa Novosti.
Este acápite está basado en Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., capítulo III, “Las relaciones argentino-ucranias”, pp. 101-137.
Aparentemente el Banco Mundial habría sugerido a funcionarios ucranianos que observaran el plan de estabilidad aplicado por la Argentina. Esto llevó a que los ucranianos gestionaran reuniones con técnicos argentinos, y el ex ministro Cavallo realizara un viaje a Rusia y Ucrania para difundir el plan de convertibilidad.
El segundo entró en vigor el 25 de marzo de 2001 y el último el 7 de octubre de 1998.
Véase el acápite “La cuestión de la inmigración” en Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 106-111.
“Palabras de cierre del canciller Guido Di Tella”, op. cit., p. 270.
Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., p.. 38-39.
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