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No
obstante, no basta con el cuadro macropolítico trazado arriba para comprender
cabalmente las circunstancias que no sólo condicionaron la independencia del Río
de la Plata sino que también afectaron profundamente la vida de las nuevas repúblicas
durante varias décadas. Para ello es imprescindible comprender también las
especiales relaciones de competencia y rivalidad que existían desde siglos atrás
entre España y Portugal, y que se prolongaron en América, Africa y el Extremo
Oriente.
Mucho antes que se materializara su conflicto en América, España y
Portugal disputaron por los nuevos descubrimientos en el Atlántico. Guerras,
treguas, embajadas, negociaciones diplomáticas, convenios y tratados de paz
(por ejemplo, el Tratado de Ayllon del 31 de octubre de 1411) produjeron largos
conflictos, en cuyo contexto se recurrió frecuentemente al Papa como mediador
entre las partes y juez de jurisdicciones y derechos, tal como era usual en el
contexto de aquella comunidad paneuropea constituida por el cristianismo
occidental del medioevo. Por cierto, en aquel contexto se consideraba legítimo
que el Papa dispusiera jurídicamente de los territorios en poder de los
infieles, y que a los fines de adelantar la religión católica confiriera su
dominio a príncipes cristianos, con la obligación de propagar la fe cristiana
y evangelizar a sus pueblos.
La primera intervención que realizó el Papa en la competencia entre
España y Portugal entregó a Castilla la propiedad de las Canarias, en 1435.
Veinte años después, por la bula Romanus Pontifex del 8 de enero de
1454, Nicolás V determinó un primer deslinde de las tierras e islas que se
descubrieran en la zona del Atlántico, adjudicando a Portugal las islas de la
zona del paralelo de las Canarias hacia el sur contra Guinea en la costa de
Africa, que los portugueses luego descubrieron hasta el cabo de Buena Esperanza.
Sin embargo, los Reyes Católicos, en guerra con Portugal, enviaron expediciones
a Guinea en busca de oro, cera, añil y cueros. El Tratado bilateral de Alcaçobas,
del 4 de septiembre de 1479, repartió entre Castilla y Portugal el nuevo mar
trazando una línea horizontal por el paralelo del cabo Bojador, y puso
temporario fin al conflicto. Según el mismo, la Guinea, todas las islas y el
mar adyacente, salvo las Canarias, corresponían a Portugal. Los españoles no
podrían navegar sus mares sin permiso del rey lusitano. No obstante, dicho
tratado no modificaba la adjudicación de tierras ya resuelta por la bula
pontificia de 1454, y fue ratificado por Sixto IV mediante la bula Aeternis
Regis Clementis del 22 de junio de 1481. Los portugueses sacaron inmenso
provecho del mismo con las minas de oro y el tráfico negrero, que
posteriormente adquirió un gran desarrollo en las colonias españolas.
Mediante arreglos dinásticos se intentó la unión de los reinos de
Castilla y Portugal, pero ésta fracasó y la lucha recomenzó, debido a la
incansable actividad de los navegantes en sus descubrimientos, y a los esfuerzos
de ambos reinos por obtener ventajas comerciales.
Con los descubrimientos de Colón, los resquemores de la corona
castellana respecto de la violación del Tratado de Alcaçobas se disiparon. El
descubrimiento de Colón fue un impacto para el imperio marítimo de Portugal,
que hasta entonces dominaba las grandes empresas ultramarinas. Colón encontró
una nueva ruta atlántica que, sin afectar los derechos de Portugal, ofreció un
nuevo mundo a Castilla y la colocó en situación preponderante respecto del
reino lusitano. Juan II protestó por la violación de sus dominios, invocando
el Tratado de Alcaçobas, que dividía las navegaciones atlánticas. Los Reyes
Católicos respondieron que Portugal sólo era dueña de la zona del paralelo de
las Canarias "para abajo contra Guinea". Todo lo demás era el mar
desconocido, que podía ser castellano.
El Papa Alejandro VI otorgó a los reyes Católicos, por la primera
bula Intercaetera del 3 de mayo de 1493, la posesión de las tierras
descubiertas o por descubrirse que no pertenecieran a ningún príncipe
cristiano. La ambigüedad de este documento no agradó a los monarcas y entonces
la diplomacia castellana consiguió una segunda bula Intercaetera
antedatada el 4 de mayo de 1493, que concedía a Castilla las comarcas
descubiertas o por descubrirse, que se hallasen hacia el Occidente o el Mediodía,
en dirección a la India, o a cualquiera otra parte del mundo, siempre que
estuviesen situadas más allá de una línea que fuese de polo a polo, ubicada a
cien leguas, por el Poniente y Mediodía, de cualesquiera de las islas Azores y
Cabo Verde. Nuevamente los términos confusos de este documento suscitaron
diversas interpretaciones pero resultaba claro que al autorizar expediciones
castellanas hacia el Mediodía, invalidaba la pretensión portuguesa que sostenía
la extensión al Poniente del paralelo del cabo Bojador, como se había pactado
en 1479. Estas y otras nuevas bulas que favorecieron alternativamente a Castilla
y Portugal, como dice Molinari, "a fuerza de tanto conceder concluyeron por
no conceder nada", y las dos coronas debieron buscar la solución de sus
pleitos coloniales por medio de arreglos directos. (1)
El problema de la jurisdicción marítima se replanteó con la pretensión
de los marinos castellanos de pescar en aguas situadas más allá del cabo
Bojador hasta el río del oro (río Senegal). Finalmente, el 7 de junio de 1494
en Tordesillas se llegó a un acuerdo bilateral por el que España y Portugal
intentaron repartirse el Nuevo Mundo. Se fijó el meridiano de partición en
trescientas setenta leguas al oeste de las islas del Cabo Verde, extendiendo
hacia Occidente la línea fijada por el papa Alejandro VI: el hemisferio
occidental pertenecería a Castilla y el oriental a Portugal. Los castellanos
obtuvieron el derecho a la libre navegación en aguas portuguesas para llegar a
su sector. Sin embargo, y como era de esperarse, a medida que Holanda y Gran
Bretaña desarrollaron su poder naval no respetaron la resolución pontificia ni
el posterior acuerdo entre Castilla y Portugal. Al fundar su prosperidad en el
tráfico marítimo y los beneficios del intercambio comercial, necesariamente
navegaron por el «mare closum» y arribaron a las islas y costas americanas.
Como consecuencia de la extensión de las rutas comerciales, la piratería (que
era tan común en el Mediterráneo) apareció en el Atlántico.
Con creciente frecuencia, corsarios y filibusteros abordaron las naves
de Carlos V cargadas de mercaderías y tesoros indianos. Estos a su vez
se combinaban con los comerciantes para romper el monopolio de la Casa de
Contratación de Sevilla y atacar los puertos castellanos. Es así como comenzó
la lucha secular por la propiedad de las tierras indianas y por la libertad de
comercio y navegación. Aunque durante la breve unión entre las coronas de España
y Portugal (1580-1640) los límites entre las posesiones de uno y otro reino se
volvieron confusos, la competencia continuó subterráneamente debido a las
respectivas expansiones de conquistadores hispano y lusoparlantes.
La corona británica estimuló la construcción de barcos apropiados
para la navegación atlántica, y los ministros del rey y aun el mismo monarca
se asociaron a los banqueros de la city londinense y a los aventureros, para
explotar el comercio marítimo. Uno de los negocios más productivos era la
captura de los galeones españoles que regresaban de las Indias cargados de oro.
Estos procesos disminuyeron enormemente las ventajas iniciales de España.
Por diversos convenios ésta debió conceder a Holanda, Francia y Gran Bretaña
ventajas comerciales y territoriales, a tal punto que en la paz de Westfalia
reconoció el dominio de esos Estados sobre las tierras que de hecho ocupaban en
las Indias Occidentales, anulándose las bulas pontificias.
La doctrina internacional británica enunciada en el Tratado
de Westfalia fue aceptada en el tratado de Gran Bretaña con España de 1670,
reconociéndose la libertad de los mares como así también la ocupación como
base legítima de la posesión y dominio. No obstante, y como es lógico en el
contexto de la "anarquía" del sistema interestatal que prevalecía en
aquel mundo regido por las reglas del modelo realista de la política
internacional, la lucha continuó. En este contexto, y en el marco específico
del Río de la Plata, la única defensa contra los holandeses, ingleses y
portugueses que estaban en constante guerra con España era la escasa
profundidad del estuario.
La mayor parte de las autoridades en el Río de la Plata protegían el
tráfico clandestino. Asociadas con los portugueses, permitían la entrada de
mercaderías y esclavos negros, que dieron gran impulso a las actividades de la
ciudad. La vida del puerto dependía del tráfico clandestino. Como
consecuencia, a los efectos de poner fin al contrabando y a los abusos de los
gobernantes, como así también proteger el comercio peruano, y para mejorar la
costosa y lenta justicia que emergía de la lejana Audiencia de Charcas, el
Consejo de Indias creó en 1661la Real Audiencia en Buenos Aires. Sin embargo,
las medidas represivas del contrabando significaron la paralización del
comercio, y la ciudad decayó tan rápidamente que el mismo
gobernador-presidente se apresuró a informar al Consejo de la pobreza que sufría.
Por ello, el 31 de diciembre de 1671 la Audiencia fue suprimida.
No obstante, el gobernador de Buenos Aires adquirió mayor importancia.
Los conflictos y luchas con Portugal lo obligaron a residir en Misiones (con el
apoyo de los jesuitas, que odiaban
a los portugueses) e incursionar en la Banda Oriental, apoyando al gobernador
del Paraguay (que estaba amenazado por la sublevación de los comuneros) y
socorriendo a las autoridades del Alto Perú (atribuladas por la sublevación de
Tupac Amaru).
A partir de la recuperación de su independencia en 1640, Portugal se
propuso delimitar su patrimonio territorial en América y trazó planes
para establecer una fortaleza en las inmediaciones de Buenos Aires.
Aparentemente, el objetivo estratégico portugués era el de poblar las márgenes
del Río de la Plata para afirmar y mejorar el contrabando en Buenos Aires. (2)
Estimulada por Gran Bretaña, que protegía a la casa de Braganza y además
deseaba disponer de un puerto amigo para alimentar el comercio clandestino con
Perú, la corona portuguesa animaba ambiciones en lo que consideraba tierra
portuguesa en el Plata. Estas ambiciones se vieron robustecidas por la bula de
Inocencio XI Romanus Pontifex, del 22 de noviembre de 1676, que creó el
obispado de Río de Janeiro con jurisdicción hasta la margen oriental del Río
de la Plata. De tal modo, se legitimaba la expansión de la población
lusoparlante hacia Maldonado, Montevideo y la isla de San Gabriel. Los
portugueses fundaron la Colonia del Sacramento, en la margen oriental del Plata,
en 1680. Casi inmediatamente, el 7 de agosto de 1680, ésta fue atacada y
recuperada para España por el gobernador de Buenos Aires, José de Garro.
Ante la protesta de Portugal, el embajador español explicó
que el asalto a la Colonia había sido decidido por propia iniciativa del
gobernador Garro. Portugal exigió la devolución de la Colonia y el castigo del
gobernador. Por el Tratado Provisional del 7 de mayo de 1681, España devolvió
la Colonia, volviendo las cosas a su estado inicial. El territorio circundante
quedaba para uso común de ambas partes. El traspaso fue realizado el 12 de
febrero de 1683 por el nuevo gobernador de Buenos Aires, Herrera y Sotomayor, al
gobernador de Río de Janeiro. A su vez, el Tratado de Lisboa (Alfonsa) del 18
de junio de 1701 legalizó la ocupación de la Colonia del Sacramento por los
portugueses. Se consideraba como definitivo y resuelto el "dominio de la
dicha Colonia y uso del campo para la corona de Portugal", con la única
restricción de no admitir buques aliados en los puertos portugueses, quedando
expresamente anulado el Tratado Provisional de 1681, que contradecía este
arreglo. Este era el precio que España pagaba para obtener el reconocimiento
del futuro rey Felipe V, nieto de Luis XIV y aspirante al trono de España. Por
cierto, el Tratado de Lisboa se encuadraba ya en el contexto histórico que
conduciría casi inmediatamente a la Guerra de Sucesión Española, que se
extendió desde 1701 hasta 1713.
Sin embargo, ante las presiones inglesas Portugal cambió nuevamente de
política. Abandonó a Luis XIV y firmó con Gran Bretaña el Tratado de
Methuen, por el cual entró a formar parte (junto con Holanda, Austria, Prusia,
Hannover, el Sacro Imperio y Saboya) de la Gran Alianza contra Francia, España
y la casa de Wittelbasch (Baviera y el Electorado de Colonia). Los privilegios y
ventajas que Portugal le concedió entonces a su aliada británica harían de ésta
la dueña del comercio con Brasil y el Río de la Plata. En esta nueva situación,
el rey Manuel II recibió en Lisboa como rey de España al pretendiente Carlos
(7-V-1704) y le pidió que reconociera sus derechos sobre ambas riberas del Río
de la Plata, además de las ciudades de Badajoz, Alcántara, Vigo y Bayona.
En este contexto de guerra de sucesión, la corona española designó
nuevo gobernador de Buenos Aires a Valdés e Inclán, y respecto de la
jurisdicción de la Colonia del Sacramento le notificó que sólo correspondía
a Portugal el territorio reconocido en el Tratado Provisional de 1681. El
cumplimiento de esta instrucción daría lugar a la guerra en el Río de la
Plata. Valdés e Inclán sitió la plaza, que fue evacuada por los portugueses,
y penetró en ella con el ejército real el 16 de marzo de 1705. Así, la
Colonia del Sacramento fue restituida nuevamente a la gobernación de Buenos
Aires. Sin embargo, antes que transcurrieran diez años la diplomacia
portuguesa, apoyada por Gran Bretaña y auxiliada por el desenlace de la Guerra
de Sucesión, recuperaría la Colonia del Sacramento.
En 1713 se firmó el Tratado de Utrecht y en 1714 el de Rastadt, y con
ellos quedaba definitivamente resuelta la sucesión del trono español y
restablecida la paz en el continente. En Utrecht se rehizo el mapa de Europa.
España conservaba el trono y el imperio colonial. Cedía a Gran Bretaña
Gibraltar, Menorca, el asiento para comerciar con los esclavos y el navío de
permiso, pero se resistió a concederle bases territoriales en el Río de la
Plata.
El asiento era el privilegio que otorgaba el monarca español para
introducir y negociar esclavos africanos en sus colonias. En el Río de la
Plata, portugueses y franceses lo habían tenido antes que los ingleses. Como
consecuencia del triunfo de la Gran Alianza en la guerra por la sucesión de
Carlos II, para concertar la paz con Francia, Gran Bretaña exigió a Luis XIV
(que actuaba por cuenta de su nieto) el Contrato de Asiento para la Compañía
de los Mares del Sur, a la que el gobierno británico le había concedido el
monopolio del comercio en América del Sur, y que sustituiría a la Compañía
Real de Guinea en el tráfico negrero. El Contrato de Asiento del 26 de marzo de
1713 fue un tratado internacional suscripto por dos soberanos, por el cual Gran
Bretaña reconocía la jurisdicción española en sus tierras americanas y el
mar adyacente. Así lo determinan sus disposiciones cuando se establece «como
regla general, particular y fundamental que el ejercicio de la navegación y
comercio con las Indias Occidentales de España quede en el mismo estado en que
se encontraba en tiempos de Carlos II»(art.88). El tratado establecía el
monopolio del tráfico de esclavos a favor de Gran Bretaña por un plazo de
treinta años, el cual vencía el 1º de mayo de 1743. A este tratado a favor
del Reino Unido, pocos meses después se sumó el Tratado de Paz del 13 de julio
de 1713, por el cual España le concedía nuevos privilegios y ventajas al tráfico
marítimo británico: según él, los barcos británicos no serían molestados
por las autoridades españolas salvo que fueran sorprendidos comerciando ilícitamente.
Las ventajas que obtuvo Gran Bretaña con los tratados celebrados con
España en Utrecht le permitió absorber todo el comercio del Río de la Plata y
llevar sus mercaderías hasta el Perú. Sus ganancias no derivaban tanto del tráfico
esclavista como de la franquicia para introducir libres de derechos las
quinientas toneladas de sus navíos de permiso. (3)
Por otra parte, el Contrato de Asiento benefició al Río de
la Plata y abrió una inmensa brecha en el régimen monopolista español. (4)
Con él comenzó la prosperidad de la gobernación de Buenos Aires. Según la
opinión de diversos estudiosos, el tráfico ilegal practicado en gran escala
por el Reino Unido fue el origen de la riqueza y de la peculiar cultura del país.
Además, y como ya se ha sugerido, la paz entre España y Portugal del
6 de febrero de 1715, firmada en Utrecht, estableció la devolución de la
Colonia del Sacramento a Portugal. El Consejo de Indias debió reiterar al
gobernador y al Cabildo de Buenos Aires la orden de entregar la Colonia, antes
de que fuera acatada. Esta resistencia local a entregar la Colonia se debía a
que en las tierras aledañas se encontraba el "gran rodeo vacuno" que
alimentaba a las provincias del Paraguay, Tucumán y Río de la Plata, e incluso
al Perú. Según las instrucciones recibidas, debía entenderse que los
territorios portugueses eran los que éstos ocupaban según el tratado de 1680,
y que no se debía permitir ningún comercio con Buenos Aires.
El gobernador de Buenos Aires Bruno Mauricio de Zabala (1717-1734) fue
uno de los funcionarios más eficientes en la persecución del contrabando y la
defensa del monopolio español en el Río de la Plata. Cumplió las órdenes de
la corona de vigilar la acción de los contrabandistas en la Banda Oriental y la
conducta de los portugueses de la Colonia del Sacramento para que no se
extendieran fuera de los límites fijados, limitación que por otra parte la
corte portuguesa no aceptaba y continuaba reclamando sin éxito ante Felipe V.
Frente al establecimiento de una población portuguesa al pie del cerro de
Montevideo, el gobernador Zabala obtuvo refuerzos de las Misiones y del Interior
y avanzó sobre la Colonia y Montevideo. Los portugueses fueron obligados a
abandonar el lugar y se estableció allí una pequeña población española, que
la corona transformó dos años después en la ciudad de San Felipe de
Montevideo (24-XII-1726). Zabala terminó así con los proyectos portugueses de
establecerse al pie del cerro, aislándolos en la Colonia, y aseguró la posesión
de la Banda Oriental y la defensa del gran estuario. Montevideo prosperó
favorecida por su bahía, donde los barcos podían fondear más protegidos que
en Buenos Aires.
Según Cárcano, el canciller español don José de Carvajal y Lancáster,
tentó al rey Juan V de Portugal con la permuta de la Colonia del Sacramento
(posibilidad que había quedado establecida en el tratado de 1715) por los
pueblos misioneros sumados a una extensión del territorio de la Banda Oriental.
Los consejeros del monarca portugués expresaron a éste que la Colonia era
constante motivo de conflictos con España, que no existía la posibilidad de
ampliar su jurisdicción y que era nula como fuente de recursos. A su vez, España
sostuvo sus derechos fundándose en el Tratado de Tordesillas, que le otorgaba
casi toda la Banda Oriental. Portugal replicó que si aceptaba este criterio, le
corresponderían las islas Molucas y Filipinas. Finalmente, para avanzar y
evitar posiciones extremas, ambas partes se vieron obligadas a convenir no
solamente la anulación del Tratado de Tordesillas, sino las convenciones
posteriores que de acuerdo con éste se habían firmado. Decidióse
"adoptar como regla para la fijación de los límites entre los dominios,
la conquista y la ocupación efectiva", es decir, el uti possidetis
juris. Se consiguió así un convenio de límites, el cual no obstante no
llegó a concretarse debido a la muerte de Juan V. Sin embargo, los esfuerzos
del ministro Carvajal consiguieron reanudar las negociaciones con Pedro III, el
cual estaba influido por Gran Bretaña, y es así como se firmó el Tratado de
Permuta del 13 de enero de 1750.
El Tratado establecía que Portugal cedía a la corona de España la
Colonia del Sacramento y todo su territorio adyacente, como también toda la
navegación del Río de la Plata, que pertenecería enteramente a la corona española.
Portugal renunciaba a todo derecho que pudiera corresponderle por los tratados
de 1681 y 1715. España a su vez entregaba a Portugal todas las tierras
"desde el monte de los Castillos Grandes y ribera del mar...", desde
el río Chuy, las fuentes del Río Negro y el Ibicuy, siguiendo con indicaciones
muy precisas sobre tierras muy poco conocidas, hasta las vertientes en la ribera
oriental del río Guapore, con excepción "del terreno que corre desde la
boca occidental del río Yapurá y el Marañón o Amazonas", terminando en
las cimas de la cordillera de este río y el Orinoco. Sin embargo, el intento de
España y Portugal de realizar las demarcaciones en el terreno provocó la
sublevación de los indígenas, supuestamente instigados por los mismos
jesuitas, que defendían su imperio y el monopolio de la yerba mate. Esta guerra
guaranítica desembocó en el exterminio de muchos indígenas y la huida de
otros a la selva, y abrió el camino para la expulsión de los jesuitas.
Poco después (el 11 de septiembre de 1759) llegaba al trono de España
Carlos III, quien designó ministro al marqués de la Ensenada, opuesto al
Tratado de Permuta. Su anulación se produjo en el Tratado de El Pardo del 12 de
febrero de 1761. Las tierras ocupadas debían evacuarse y demolerse lo
construido en ellas.
A pesar de que el gobernador Pedro de Cevallos conocía con anticipación
la firma del Tratado de El Pardo, comunicó al gobernador portugués de la
Colonia que evacuara las tierras españolas que en las inmediaciones de la plaza
ocupaban los portugueses, así como las islas Martín García y Dos Hermanas. Al
coronel Osorio le pidió que devolviera las poblaciones en el Río Pardo y Chuy.
En otras palabras, Cevallos actuó como si fuera su mandato poner en
vigencia el Tratado de Permuta, aunque sin intenciones de ceder las tierras que
en contrapartida hubiera correspondido otorgar a Portugal, y pese a que el
gobernador conocía el Tratado de El Pardo, que anularía el de Permuta.
Aparentemente, Cevallos estaba convencido de que la ruptura con Portugal era un
hecho inminente, y se preparó para la guerra. Envió espías a Colonia y
estrechó su bloqueo, capturó los navíos que continuaban traficando
ilegalmente, y solicitó a Madrid mil soldados con abundantes pertrechos y
artillería para defenderse de un posible ataque anglo-portugués.
Fue inútil la protesta del conde de Bobadilla (virrey de Brasil que
había sido por muchos años gobernador de la Colonia) y su alegato de que las
tierras que ocupaban los portugueses eran propiedad de Portugal.
Desde su llegada al Río de la Plata, la actitud de Cevallos fue
claramente agresiva, y comenzó con sus amenazas a los portugueses con
anterioridad al inicio de la guerra de España contra Portugal, que comenzó en
enero de 1762. (5)
La relación de estos sucesos requiere una ampliación de su contexto.
Rompiendo con la neutralidad de Fernando VI, la política internacional de
Carlos III estuvo presidida por la necesidad de cortar el paso al imperialismo
británico en América. Esto significó la intervención, al lado de Francia, en
la guerra de los Siete Años (1756-1763), y ayudar a los futuros Estados Unidos
en su lucha por la independencia (1776-1783). En lo que se refiere a sus
posesiones americanas, una de las principales preocupaciones de Carlos III y sus
ministros fue asegurar el dominio español en el Río de la Plata, suprimir el
comercio clandestino, y vigorizar política y económicamente a Buenos Aires.
Carlos III, informado de los manejos portugueses y de su avance en la
frontera paraguaya, que fuera posibilitado por el Tratado de Permuta, decidió
poner en práctica la política del marqués de la Ensenada, tal como se señaló
antes. Consiguió la anulación del Tratado de Permuta por mutuo consentimiento
(1761), y restableció la línea de Tordesillas como límite entre las
posesiones españolas y portuguesas en el Nuevo Mundo. Simultáneamente, el 15
de agosto de 1761 reforzó su alianza con Francia mediante el Tercer Pacto de
Familia. Una convención secreta con este país preveía la guerra contra Gran
Bretaña si ésta no se prestaba a la paz y a ofrecer a España condiciones
favorables. También anuló el Tratado de Madrid sobre límites en Asia y América.
En otras palabras, todas las cosas se restituyeron a los términos de los
tratados anteriores a 1750.
La tensión entre el Reino Unido y España creció. Esta no comunicó
el contenido del Pacto de Familia, que exigía el ministro británico William
Pitt. Como consecuencia, el 4 de enero de 1762 Gran Bretaña le declaró la
guerra a Carlos III, y el 18 de febrero de ese año Madrid firmó un convenio
con Francia para luchar conjuntamente. Según Cárcano, el propósito del
gobierno de Madrid era crear en el Río de la Plata una situación de fuerza que
“permitiera a su diplomacia salvar toda la Banda Oriental del Uruguay, sin
sacrificar el vasto y magnífico territorio de Misiones que había cedido por el
tratado de 1750”. España consideraba que tenía derecho a las dos márgenes
del Plata sin ofrecer a Portugal ninguna compensación por la posesión de la
Colonia. Mientras las dos cortes discutían la neutralidad de Portugal, el marqués
de Soria invadió su territorio con un ejército de 45.000 soldados, el 30 de
abril de 1762, al mismo tiempo que Francia le enviaba 12.000 hombres para
reforzarlo. Cuenta Cárcano que Soria “entró a Portugal con los fines más
gloriosos y útiles a la corona y súbditos de Portugal, como el rey Carlos III
tenía siempre declarado a su amigo y cuñado el rey fidelísimo. Con una
proclama semejante el general Souza (portugués) invadiría años después la
provincia Oriental. El cinismo es manifiesto en las dos oportunidades”. (6)
Cuando el gobernador Pedro de Cevallos tuvo la noticia de la invasión
de España a Portugal, se decidió a atacar la Colonia. Aprovechó la vieja
enemistad de los jesuitas con los portugueses para pedirles su concurso.
Cevallos llegó de las Misiones con un poderoso ejército, ordenó el sitio de
la plaza y el bloqueo del Río de la Plata. El gobernador de la Colonia, da
Silva de Fonseca, tenía órdenes del virrey Bobadilla de no provocar ni iniciar
acciones bélicas que pudieran dar motivo a una guerra y colocar una futura
negociación diplomática en condiciones desventajosas. En esas circunstancias,
el ataque a la Nueva Colonia del Sacramento, como la llamaban los portugueses,
fue iniciado por la artillería española. En menos de un mes, el 29 de octubre
de 1762, el gobernador Fonseca rindió la plaza incondicionalmente a los españoles.
Cevallos afianzó la dominación de la Banda Oriental con la fundación
de San Carlos y la posesión de Maldonado. La toma de la Colonia impidió la
concreción de los planes del virrey Bobadilla y del gabinete británico, que
preparaban una flota anglo-lusitana para defender la plaza y posesionarse de
Buenos Aires. El propósito era tomar la Banda Oriental para Portugal y la Banda
Occidental para Gran Bretaña. Se reunieron cien mil libras para armar los navíos
y la Compañía de las Indias Orientales se hizo cargo de este negocio, que
terminó en un desastre. La escuadra, inutilizados sus mejores navíos, se retiró.
Cevallos aprovechó su triunfo y marchó sobre Río Grande. Rindió los
fuertes de Santa Teresa y San Miguel, y avanzó sobre San Pedro, defendido por
un poderoso destacamento. Pero su marcha triunfal se vio paralizada por la
noticia del Tratado de París del 10 de febrero de 1763.
Por cierto, la alianza con Francia no era un apoyo seguro para la política
nacionalista de Carlos III. Se concertó la paz con el Reino Unido, se firmó el
convenio de Fontainebleau del 3 de noviembre de 1762, y el 10 de febrero de 1763
se convino en París el tratado definitivo que puso término a la lucha de siete
años. El Reino Unido agrandó sus dominios con Canadá y Florida, que recibió
a cambio de La Habana y Manila, que devolvió a España. España también perdió
a Menorca, y se vio obligada a restituir la Colonia del Sacramento a Portugal.
Sin embargo, como era de esperarse considerando la "anarquía"
del sistema interestatal de entonces y el carácter de "suma-cero" de
las interacciones que se producían entre las potencias, el conflicto entre España
y Portugal en América no terminó con el Tratado de París. Por cierto, la
misma creación del Virreinato del Río de la Plata es una manifestación más
de la continuidad de esa aguda y amoral competencia, en la que la única
verdadera regla era la ausencia de límites morales en los medios utilizados
para la búsqueda racional del interés de cada Estado.
Desde el lado portugués y con apoyo británico, el ministro Pombal
estimulaba la expansión lusitana en el Río de la Plata. Los portugueses habían
aprovechado la indefensión de los indios de las Misiones, luego de la expulsión
de los jesuitas, para extender sus posesiones desde el Uruguay al Paraguay. El
virrey de Brasil nombró a Bohm inspector general de todas las fuerzas armadas
portuguesas, cuyos subordinados habían vencido a las fuerzas españolas de Vértiz
en 1774 y 1776, antes de la creación del virreinato. De tal modo, la importante
región que el Tratado de París había adjudicado a España fue conquistada íntegramente
por los lusitanos.
Sin embargo, en ese entonces Gran Bretaña pasaba por un
momento difícil debido a la guerra de la independencia norteamericana, y Carlos
III aprovechó la circunstancia favorable de que ésta no podía auxiliar a
Portugal, para resolver el conflicto de la Colonia del Sacramento y Río Grande.
La oportunidad no era para desperdiciarse, ya que a pesar de las negociaciones
entabladas con Madrid, desde Lisboa el ministro Pombal (que era el virtual
dictador de Portugal) continuaba dando instrucciones para ocupar el territorio
español en la América meridional. Nuevamente, pues, los problemas del Río de
la Plata amenazaban con hacer estallar una guerra. Por tal motivo, argumentando
la improcedencia de la expansión portuguesa, España invocó las garantías del
Tratado de París de 1763 y se aseguró el apoyo de Francia, a la vez que los
británicos no tenían más remedio que ser neutrales, absorbidos por la
sublevación de sus colonias.
En abril de 1776 Carlos III encargó a Cevallos que estudiara la manera
de defender aquellas provincias y conquistar la isla de Santa Catalina y la
Colonia, y fue en estas circunstancias que éste fue nombrado virrey gobernador,
con la subsiguiente creación del virreinato.
La armada de Cevallos se dirigió a Santa Catalina para apoderarse de
la isla e iniciar allí las hostilidades. Los portugueses huyeron y Santa
Catalina fue conquistada en menos de un mes por Cevallos, sin perder un soldado.
La flota levó anclas hacia Montevideo. Con el gobernador Vértiz, prepararon la
ocupación de la Banda Oriental en abril de 1777. Cevallos entró en la Colonia
(que se entregó sin combatir) y ocupó la isla de San Javier en julio de 1777.
Las fuerzas defensoras se embarcaron para el Brasil, y los prisioneros y vecinos
fueron internados en la provincia de Buenos Aires. De allí, Cevallos marchó
rápidamente para expulsar a los portugueses de Río Grande. A su paso por
Maldonado, sin embargo, recibió la real cédula del 11 de junio de 1777, que le
ordenaba la suspensión de las hostilidades debido a las tratativas de paz de la
reina de Portugal. Finalmente, en Madrid se convino el Tratado de San Ildefonso
el 1º de octubre de 1777.
El Tratado de San Ildefonso tuvo una importancia fundamental para fijar
las fronteras de ambos imperios. Los portugueses quedaban eliminados de las
riberas del Río de la Plata. La Colonia del Sacramento volvió a la soberanía
de España, que cedió a Portugal las Misiones Orientales y las tierras sobre
las márgenes del río Yacuby, Río Grande, Guayrá y Mato Grosso. Una comisión
mixta debía trasladarse a América para fijar las fronteras y poner fin de esta
manera a la secular disputa entre los dos reinos. Sin embargo, solo dos
comisiones trabajaron conjuntamente y el resultado final fue muy deficiente. No
obstante, el Tratado de San Ildefonso representó una relativa estabilización
en los límites entre la América hispanoparlante y la lusoparlante, que
posteriormente serviría de guía aproximada para delimitar jurisdicciones entre
Brasil y las nuevas repúblicas de habla hispana.
Producida la revolución francesa, Carlos IV se plegó a la primera
coalición europea contra los revolucionarios. Sus ejércitos invadieron el
territorio francés y colaboraron con sus tradicionales adversarios, Gran
Bretaña y Portugal. Las fuerzas españolas fueron rechazadas, sin embargo, y la
impopularidad de la guerra llevó al ministro Godoy a separarse de la coalición
monárquica, firmando con Francia el Tratado de Basilea de 22 de agosto de 1795.
No obstante el traspié, España no sufrió pérdidas territoriales. Al año
siguiente, Godoy sostuvo la necesidad de volver a la amistad con Francia, y el
18 de agosto de 1796 firmó en San Ildefonso un Tratado de Alianza
ofensiva-defensiva con el Directorio francés. Desde entonces hasta
su caída, Napoleón tuvo un papel preponderante en la política española.
Cuando Gran Bretaña formó la tercera coalición para
combatir a Napoleón, la alianza con Francia le costó a España, además de la
cesión de Trinidad, el hundimiento de su escuadra en Trafalgar, el 21 de
octubre de 1805. Su imperio ultramarino quedó así aislado de la metrópoli y a
merced de la flota enemiga. Este relevante hecho terminaría por favorecer
enormemente la independencia de las colonias americanas de España. Tan grave
era la situación de España aun antes del desastre naval de Trafalgar que,
cuando el 10 de junio de 1805 el ministro Godoy previó la posibilidad de un
ataque inglés a Buenos Aires, le comunicó al virrey que el estado de la
metrópoli no le permitía mandar refuerzos militares, por lo que debía contar
únicamente con sus propios medios para la defensa. (7)
Diego Luis Molinari, Descubrimiento y conquista de América, Buenos Aires, EUDEBA, 1964, p. 104.
Esta es al menos la documentada opinión de Miguel Angel Cárcano, La política internacional en la historia argentina, Buenos Aires, EUDEBA, 1972.
Vale aclarar que el Tratado de Utrecht otorgó a los comerciantes británicos el privilegio de manejar el comercio de esclavos en América del Sur y colocar agentes en muchos puertos, bajo el pretexto de regular el tráfico de esclavos. Más tarde, los comerciantes británicos recibieron el permiso adicional de importar vestimenta para los esclavos y vieron en dicha concesión la oportunidad abierta para sobrepasar las limitaciones del monopolio español. A lo largo del siglo XVIII, España llegó a constituirse en un mercado para los bienes manufacturados y alimenticios británicos. Muchos de estos productos eran reexportados de España hacia el Nuevo Mundo. Con el desarrollo de esta puerta indirecta hacia Hispanoamérica que para los ingleses significaba el mercado español, ya mucho antes de la sanción del Reglamento del Libre Comercio, los comerciantes británicos se familiarizaron con el tipo de bienes demandados en las colonias hispanoamericanas. Cuando éstas adquirieron la independencia, los comerciantes extranjeros -y particularmente británicos- que residían en España y que habían desarrollado indirectamente a través de su residencia en la metrópoli un mercado para sus bienes en América, encontraron beneficioso transferir sus casas de negocios a las naciones recientemente emancipadas. Ver al respecto John Lynch, Spanish Colonial Administration 1782-1810: The Intendant System in the Viceroyalty of the Rio de la Plata, New York, 1958, p. 33, cit. en Vera Blinn Reber, British mercantile houses in Buenos Aires, 1810-1880, Ph.D. dissertation, University of Wisconsin, 1972, p. 19.
Nótese que el Tratado de Utrecht legalizó una presencia británica que ya venía dándose desde tiempo atrás en Buenos Aires, de la mano del contrabando, pero también de la insoslayable influencia de los comerciantes británicos residentes en Sevilla y Cádiz, quienes habían llegado a acordar con las autoridades españolas la reexportación de sus bienes al Nuevo Mundo. Comerciantes ingleses, franceses y daneses formaron sociedades con mercaderes hispanos y, a pesar de la vigencia del monopolio comercial, pudieron vender sus productos a través de la intermediación española. Por medio de esta indirecta pero no por ello menos efectiva forma de venta, las mercancías de comerciantes extranjeros en sociedad con sus colegas españoles eran colocadas en las colonias americanas a precios que resultaban más bajos que los vendidos en forma directa por los productores de manufacturas extranjeros, que debían soportar las tarifas derivadas del monopolio comercial. Aunque no está claramente calculado el alcance del intercambio entre España y América en manos extranjeras en el período colonial, algunos escritores del siglo XVIII estimaron que los comerciantes extranjeros controlaban el equivalente a las 5/6 partes del comercio total. Ver V. B. Reber, op.cit., p. 17.
Según M. A. Cárcano, el proyecto del gobernador Cevallos era dominar a los portugueses y llegar hasta Río de Janeiro. Tan ambicioso era su proyecto como el de Bobadilla era de mantenerse a toda costa en la Colonia y las Misiones.
M. A. Cárcano, op. cit., pp. 143-144.
Ibid., p. 159.
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