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Mientras tanto en Buenos Aires había emergido fuertemente la oposición de los comerciantes peninsulares que dominaban el Cabildo, y éste lanzó acusaciones contra el virrey Liniers, sospechoso de favorecer los intereses de los españoles americanos. Como ya se dijo, Elío, el gobernador de Montevideo,  también se oponía al virrey. Liniers en cambio tenía el apoyo de la mayor parte de las fuerzas militares, incluyendo sus jefes nativos. Es así como los españoles europeos, que eran la clase más prestigiosa y conservadora del virreinato, se propusieron derrocar al representante del rey en América, iniciando sin quererlo el proceso de emancipación de estas colonias. Paradójicamente, la mayoría de los patriotas estaban del lado de Liniers, mientras que los seguidores de Alzaga, que dirigió la rebelión, querían constituir una junta antibonapartista, similar a las españolas. Ambas facciones invocaban su lealtad a Fernando VII, en un contexto en el que la guerra española de independencia hacía imposible el gobierno de las Indias desde Cádiz, posibilitando rebeliones de diverso signo.
   
Como ya se dijo, en la lucha entre estas facciones había intereses económicos contrapuestos. En el grupo de Alzaga estaban los grandes comerciantes españoles que se beneficiaban con el monopolio. Estos se estaban perjudicando por la política de Liniers, que toleraba el contrabando. Su hijo Luis había establecido en la entrada del Río de la Plata una especie de bloqueo para proveer entradas aduaneras al virrey. Esto significaba que, mediante un pago, el barco inglés obtenía el permiso para entrar al puerto de Buenos Aires y descargar mercaderías. El rapprochement entre España y Gran Bretaña le permitía a Liniers continuar con esta práctica, que era sumamente beneficiosa para los intereses criollos y para el erario del gobierno.
   
Alzaga y sus importantes partidarios y clientela estaban decididos a tomar el gobierno y constituir una junta como las que existían en España. Contaba además con el visto bueno desde la otra orilla del gobernador Elío. El virrey y los jefes militares estaban informados de la conspiración, y de su decisión de producir el golpe a comienzos de 1809, en ocasión de la elección de los nuevos cabildantes.
   
Cuando unas cuatrocientas personas, apoyadas por los cuerpos de Vizcaínos, Gallegos y Catalanes, pidieron la renuncia del virrey y la formación de una Junta, el apoyo militar mayoritario de que disponía Liniers inclinó la balanza a su favor. El desenlace representó el triunfo de los regimientos nativos frente a los peninsulares, a pesar de que los primeros apoyaban el orden establecido, es decir, a un virrey que era fiel a la monarquía y a la Audiencia. La disolución de dos batallones peninsulares significó un cambio en el equilibrio de poder favorable a los criollos. Además, los españoles peninsulares coadyuvaron con esta rebelión al desprestigio de la monarquía no sólo por la rebelión misma. Publicaron numerosos escritos en los que exigían un cambio de régimen y criticaban la venalidad de las autoridades, su incompetencia y las divisiones entre ellas. Finalmente, otra consecuencia de este desenlace fue que llegó a España el falso rumor de que vencida la sublevación del 1º de enero de 1809, Liniers había enarbolado la bandera francesa en el Fuerte y se preparaba para ofrecer el virreinato a Napoleón. Esta especie alarmó a la Junta Suprema, y pronto conduciría a la remoción y enjuiciamiento del virrey.
   
En contraste con el desenlace de la rebelión en Buenos Aires, un intento similar en Montevideo tuvo éxito, expulsando al gobernador, y la Junta que allí se instaló intentó gobernar sobre todo el virreinato, aunque infructuosamente.

 

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