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Mientras
tanto en Buenos Aires había emergido fuertemente la oposición de los
comerciantes peninsulares que dominaban el Cabildo, y éste lanzó acusaciones
contra el virrey Liniers, sospechoso de favorecer los intereses de los españoles
americanos. Como ya se dijo, Elío, el gobernador de Montevideo,
también se oponía al virrey. Liniers en cambio tenía el apoyo de la
mayor parte de las fuerzas militares, incluyendo sus jefes nativos. Es así como
los españoles europeos, que eran la clase más prestigiosa y conservadora del
virreinato, se propusieron derrocar al representante del rey en América,
iniciando sin quererlo el proceso de emancipación de estas colonias. Paradójicamente,
la mayoría de los patriotas estaban del lado de Liniers, mientras que los
seguidores de Alzaga, que dirigió la rebelión, querían constituir una junta
antibonapartista, similar a las españolas. Ambas facciones invocaban su lealtad
a Fernando VII, en un contexto en el que la guerra española de independencia
hacía imposible el gobierno de las Indias desde Cádiz, posibilitando
rebeliones de diverso signo.
Como
ya se dijo, en la lucha entre estas facciones había intereses económicos
contrapuestos. En el grupo de Alzaga estaban los grandes comerciantes españoles
que se beneficiaban con el monopolio. Estos se estaban perjudicando por la política
de Liniers, que toleraba el contrabando. Su hijo Luis había establecido en la
entrada del Río de la Plata una especie de bloqueo para proveer entradas
aduaneras al virrey. Esto significaba que, mediante un pago, el barco inglés
obtenía el permiso para entrar al puerto de Buenos Aires y descargar mercaderías.
El rapprochement entre España y Gran Bretaña le permitía a Liniers
continuar con esta práctica, que era sumamente beneficiosa para los intereses
criollos y para el erario del gobierno.
Alzaga
y sus importantes partidarios y clientela estaban decididos a tomar el gobierno
y constituir una junta como las que existían en España. Contaba además con el
visto bueno desde la otra orilla del gobernador Elío. El virrey y los jefes
militares estaban informados de la conspiración, y de su decisión de producir
el golpe a comienzos de 1809, en ocasión de la elección de los nuevos
cabildantes.
Cuando
unas cuatrocientas personas, apoyadas por los cuerpos de Vizcaínos, Gallegos y
Catalanes, pidieron la renuncia del virrey y la formación de una Junta, el
apoyo militar mayoritario de que disponía Liniers inclinó la balanza a su
favor. El desenlace representó el triunfo de los regimientos nativos frente a
los peninsulares, a pesar de que los primeros apoyaban el orden establecido, es
decir, a un virrey que era fiel a la monarquía y a la Audiencia. La disolución
de dos batallones peninsulares significó un cambio en el equilibrio de poder
favorable a los criollos. Además, los españoles peninsulares coadyuvaron con
esta rebelión al desprestigio de la monarquía no sólo por la rebelión misma.
Publicaron numerosos escritos en los que exigían un cambio de régimen y
criticaban la venalidad de las autoridades, su incompetencia y las divisiones
entre ellas. Finalmente, otra consecuencia de este desenlace fue que llegó a
España el falso rumor de que vencida la sublevación del 1º de enero de 1809,
Liniers había enarbolado la bandera francesa en el Fuerte y se preparaba para
ofrecer el virreinato a Napoleón. Esta especie alarmó a la Junta Suprema, y
pronto conduciría a la remoción y enjuiciamiento del virrey.
En
contraste con el desenlace de la rebelión en Buenos Aires, un intento similar
en Montevideo tuvo éxito, expulsando al gobernador, y la Junta que allí se
instaló intentó gobernar sobre todo el virreinato, aunque infructuosamente.
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