|
|
Para
terminar con la rivalidad entre Buenos Aires y Montevideo, que se personificaba
en la enemistad entre Liniers y Elío, y que se había complicado más aún por
la ya mencionada emergencia de una Junta de gobierno en la Banda Oriental, el 11
de febrero de 1809 la Junta Suprema Central designó virrey a Baltasar Hidalgo
de Cisneros, capitán general de Cartagena y uno de los más prestigiosos
marinos que había combatido en Trafalgar. Elío fue reemplazado por Vicente
Nieto en la gobernación de Montevideo, disolviéndose la Junta oriental. La
Junta Suprema, suponiendo que Liniers se encontraba sublevado, ordenó a
Cisneros que concentrara toda la tropa en Montevideo, sofocara las fuerzas del
relevado virrey, lo detuviera y lo juzgara por un tribunal militar, iniciando
una política de represión contra posibles simpatizantes de Napoleón.
Tras
diversas alternativas, finalmente Cisneros renunció a enviar a Liniers a España
y le permitió establecerse en Córdoba. Asimismo desistió de designar a Elío
como inspector general de armas, y éste, luego de resistirse por un tiempo a
dejar la plaza de Montevideo, finalmente se dirigió a España en marzo de 1810.
Por otra parte, la Junta Suprema Central creó la legación de España en
Brasil, designando como ministro al marqués de Casa Irujo, con el objetivo de
evitar que el virrey del Río de la Plata mantuviera relaciones directas con el
Brasil, lo que era casi un símbolo de autonomía.
La
reforma militar del virrey Cisneros, puesta en práctica el 11 de septiembre de
1809, mantuvo el predominio de las fuerzas criollas respecto de los españoles
europeos. Cisneros abrió la carrera de las armas a los nativos en igualdad de
condiciones que los peninsulares, rompiendo con la tradición española al
reconocer a los regimientos urbanos americanos como veteranos. Las ideas democráticas
que cundían en la América española ya habían significado el fin de la
tradición que exigía "pureza de sangre" a los jefes del ejército
español, y en las milicias americanas ya había numerosos oficiales mestizos y
de origen labriego. La Junta Suprema no estaba bien predispuesta, pues, a estas
innovaciones. Cuando en un intento por cooptar a los criollos, Cisneros también
propuso a la Junta que se otorgara a Cornelio Saavedra el grado y sueldo de
coronel, el gobierno español no respondió la petición, lo que decepcionó a
los mandos nativos, cuya confianza en sí mismos ya era suficientemente alta
como para no temer el castigo español en caso de rebelión.
El
nombramiento de Cisneros y la formalización de la alianza angloespañola
mediante el Tratado de 1809 fueron hechos casi simultáneos. Fue a Cisneros a
quien le tocó aplicar el Tratado de Alianza en el Río de la Plata por medio de
reglamentos provisionales fundados en principios pragmáticos, como ya había
ocurrido en México, Lima y Caracas. Los comerciantes británicos inundaron
nuevamente el Río de la Plata con sus productos. Reiteradas presentaciones de
los comerciantes Makinlay, Dillon y Twaites al virrey le obligaron a
reconsiderar su primera decisión de retornar al monopolio antes quebrado por
Liniers. El erario estaba exhausto y los recursos no alcanzaban a pagar los
gastos exigidos por la guerra.
El
virrey consultó al Cabildo y el 31 de agosto éste determinó que debía
excluirse la introducción de mercaderías que perjudicaran las industrias
nacionales, como ropa confeccionada, ponchos, muebles y equipos de montar. El 4
de septiembre, el apoderado del Consulado de Cádiz, Miguel Fernández de Agüero,
hizo un exhaustivo estudio sobre la conveniencia de defender la embrionaria
industria local de las importaciones británicas. De esta manera intentaba
defender los intereses monopolistas que representaba con una excusa razonable y
localista. (1)
En
contraposición, y exigiendo libertad de comercio, los intereses rurales locales
se quejaban de que tenían seis millones de cueros que no podían vender. En su Representación
de los hacendados y labradores, Mariano Moreno apoyó el plan del virrey.
(2) Moreno ponderaba los beneficios
del libre comercio, y al igual que el Cabildo opinaba que debía concederse un
permiso provisional de importación por el término de dos años, conservando
para los españoles algunos privilegios en el comercio minorista local. A su
vez, el 14 de octubre la Audiencia elevó un informe anodino que le permitía al
virrey resolver la cuestión según su voluntad. Otras voces, como la del doctor
Julián Leiva, también aconsejaban conceder el permiso para introducir las
mercaderías, arguyendo que de lo contrario se introducirían de contrabando.
A
pesar de lo que era casi una unanimidad de opiniones, el virrey creyó
pertinente tomar aún más precauciones, y el 2 de noviembre convocó a una
Junta Consultiva que finalmente resolvió autorizar el comercio libre con todos
los países que no estuvieran en guerra con España. Esta resolución cambió,
aunque provisionalmente, la política comercial internacional del Río de la
Plata, y, al abrir el puerto de Buenos Aires al libre comercio, contrariaba el régimen
legal vigente impuesto por la monarquía española. (3)
Lo interesante es que, aunque en el contexto de medidas declaradas todavía
como excepcionales y que en realidad reflejaban la impotencia de España para
mantener un contacto marítimo relativamente fluido con sus colonias, el virrey
Cisneros abrió la posibilidad de que la región rioplatense comerciara en forma
directa con Gran Bretaña. Medida ésta de carácter imprescindible por la
incidencia tanto de la brusca caída de la renta aduanera (de un promedio anual
de $ 485.108 en el trienio 1801-1805, a uno de $ 284.134 en el de 1807-1809),
como de la rebelión en curso del Alto Perú, que hizo temer a Cisneros por una
interrupción de los envíos de metálico de dicha región. Pronto se hicieron
sentir en el fisco rioplatense los efectos de la reforma comercial impuesta por
Cisneros: los ingresos de Aduana en 1810 casi duplicaron los de 1805:
1.020.210,5 ¼ pesos contra 582.638. (4)
NOTAS
El memorial presentado por los comerciantes monopolistas, representados por Fernández de Agüero, aconsejaba rechazar la solicitud de los comerciantes ingleses efectuada ante el virrey Cisneros para vender y comprar artículos en el Río de la Plata, destacando que las Leyes de Indias y cédulas vigentes prohibían comerciar con extranjeros y recibir productos no provenientes del puerto autorizado de Cádiz en buques españoles consignados a comerciantes inscriptos en la matrícula. Pero, como Cisneros tenía interés en recibir fondos y necesitaba ingresos del exterior para costear el pago de sueldos a los funcionarios de la administración pública, la resolución final de Cisneros resultó favorable a los intereses de los hacendados y comerciantes ingleses y criollos no monopolistas.
El documento escrito por Moreno formulaba tres pedidos fundamentales: 1) facultar a cualquier persona para el comercio, estuviera o no inscripta en la matrícula; 2) que no rigiesen los derechos de comisión impuestos por los comerciantes monopolistas sino los que se pactaren libremente; y 3) cobrar un 6% en concepto de derecho aduanero en lugar del 15 al 20% que estaba en vigencia.
El paso dado por el virrey Cisneros en noviembre de 1809 hacia la liberalización del comercio no fue completo, ya que Cabildo, Consulado y virrey no aceptaron abolir el monopolio de las consignaciones ni rebajar los impuestos a la exportación de frutos, pero el viejo sistema monopólico español estaba herido de muerte.
Cifras en Tulio Halperín Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982, p. 76.
 |
 |
 |
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.
