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Después
de la derrota del ejército español en las Navas de Tolosa el 20 de enero de
1810, Andalucía cayó en poder de Napoleón, y su hermano José entró en
Sevilla el 1º de febrero de 1810. Toda la casa real estaba prisionera en
Francia. Con excepción de Cádiz y la isla de León, defendidas por el duque de
Albuquerque con apoyo británico, todo el territorio español quedaba bajo
dominio francés. La Junta Suprema se autodisolvió, presionada por el general
Wellesley y el embajador británico Frere, pero en acuerdo con la Junta de Cádiz
creó el Consejo de Regencia, que infructuosamente pretendió gobernar España y
sus colonias en nombre del rey Fernando VII.
El
derrumbe del régimen español ya era total e inocultable, desafiado por los
mismos monopolistas españoles y sin base popular. Esta, por supuesto, era una
situación que venía gestándose desde la deposición de Fernando VII, y que se
extendía mucho más allá del Río de la Plata. En Chile en 1808, cuando el
gobernador Muñoz de Guzmán murió, la milicia criolla apoyó a su comandante
contra el presidente de la Audiencia y lo ungió gobernandor interino. Aunque la
situación no duró demasiado, fue un duro golpe al orden colonial existente.
Gradualmente, en toda la región se tornaría cada vez más difícil definir los
términos de la legitimidad y la legalidad.
Algo
similar había ocurrido en 1809 en el Alto Perú con las intrigas de la infanta
Carlota, que había conspirado para ser reconocida como soberana interina. En
Charcas fue apoyada por Pizarro, el presidente de la Audiencia, pero los oidores
de ésta, que hacía tiempo se oponían a Pizarro, reaccionaron instituyendo una
Junta Criolla que gobernó en nombre del rey cautivo. Esta fue una revolución
de blancos criollos, y fue seguida por una revolución de mestizos en La Paz.
Ambas revueltas fueron sofocadas por las tropas enviadas por los virreyes de
Buenos Aires y Lima, pero ilustran la gradual quiebra del orden colonial antes
de que éste sufriera un colapso total en Buenos Aires en 1810. Aun los sectores
proespañoles entendían que las instituciones prevalecientes ya no podían
garantizar el orden.
En
este sentido, es interesante subrayar que tal como se daban las cosas en la América
española, no existía ni un dejo de las fuerzas centrípetas que en ese mismo
momento soldaban a la sociedad española en su guerra de independencia contra
Francia. En España existía una sociedad "nacional" en un grado mucho
mayor que en Hispanoamérica (siendo la existencia de una sociedad
"nacional" siempre una cuestión de grado). Si a pesar de las fuerzas
centrípetas que efectivamente operaban en España hacia 1810 Francia estaba
conquistando España, la situación de Hispanoamériaca, donde las fuerzas centrífugas
eran mucho más poderosas, sólo permitía prever la anarquía, y ése pronto
sería el destino del Río de la Plata.
El
13 de mayo de 1810 las noticias de la caída de Andalucía llegaron a Buenos
Aires y a Montevideo a bordo de embarcaciones británicas. Cisneros expresó públicamente
su pesimismo sobre el futuro de España y su decisión de luchar por la
independencia de América, pidiendo unión y calma a la población. Gracias,
pues, a Napoleón, el terreno estaba preparado para la Revolución de Mayo.
Frente a la disolución de la Junta Suprema, que supuestamente había
representado hasta entonces la soberanía española, el 20 de mayo el Cabildo,
los jefes militares y los vecinos principales decidieron tomar medidas para la
defensa contra Francia.
Para
resolver esta crisis que desafiaba su autoridad como virrey, Cisneros necesitaba
apoyarse en la fuerza militar. A las ocho de la noche del mismo día 20 convocó
a los comandantes de la ciudad, que se negaron a darle apoyo. El comandante
Saavedra le respondió que, frente a la situación española, estas provincias
reasumirían sus derechos de autogobierno, y que el virrey carecía ahora de
autoridad.
Sin
apoyo militar, Cisneros se dio por vencido,
resignándose a aceptar la atribución de elegir la forma de gobierno que
los vecinos exigían para sí. Confiaba, sin embargo, en que el Cabildo buscaría
mantener al virrey en la jefatura del gobierno, con el apoyo de algunos
patriotas que creían posible alcanzar la independencia con su figura. A su vez,
los militares patriotas resolvieron el acuartelamiento de los batallones porteños,
listos para salir a la calle.
Al
día siguiente, una multitud conducida por French y Beruti reclamó Cabildo
Abierto, exigiendo la representación del pueblo en las decisiones. A partir de
entonces, en todos los documentos aparecería el "pueblo" apoyando la
revolución. Se trataba de los "manolos" y "chisperos", un
nuevo grupo social que emergió con la revolución y cuya movilización marcaría
la historia del país durante muchas décadas.
El
Cabildo solicitó a Cisneros permiso para convocar al pueblo a un "congreso
público", y éste dio autorización para un Cabildo Abierto limitado a los
vecinos principales, como mejor manera de asegurar el orden. Era el último
recurso del virrey para conservar su autoridad, confiando en el apoyo de los
vecinos peninsulares. A estas alturas todos, incluido el virrey, coincidían en
el principio de que la soberanía residía en el pueblo y que debía aceptarse
el deseo de la mayoría. Saavedra sería el responsable del orden público.
El
22 de mayo se reunieron más de doscientos ciudadanos en el Cabildo. El obispo
de Buenos Aires, Benito Lué, expresó la tesis del bando peninsular de que no
debía producirse cambio alguno, pues mientras existieran autoridades españolas,
cualesquiera que ellas fueran, éstas debían gobernar las colonias americanas.
Dicha tesis fue rebatida por el abogado criollo Juan J. Castelli, quien se basó
en el hecho técnico de que América no dependía de España sino del monarca.
Frente a su ausencia y a la ocupación de España por los franceses, sólo cabía
reasumir la soberanía popular y nombrar un gobierno representativo.
El
fiscal de la Audiencia, el respetado jurista Manuel Genaro de Villota, dijo
aceptar la tesis de Castelli, pero sostuvo que la soberanía popular no podía
ser ejercida por una sola provincia o municipio, y antes de tomar decisiones se
debía consultar con las demás jurisdicciones del virreinato. A la postura de
Villota respondió Juan José Paso,
el abogado patriota de mayor prestigio, arguyendo que Buenos Aires era la
"hermana mayor" de las provincias, y que ante la urgencia debía
asumir la gestión de sus negocios, sin perjuicio de consultar con las demás
posteriormente. La Asamblea aclamó el discurso de Paso, que se convirtió en el
héroe de la jornada. Hubo consenso en la ilegitimidad de los títulos del
virrey. Muchos peninsulares, incluido el general Pascual Ruiz Huidobro y los
conservadores canónigos, votaron por la cesación del virrey y la elección de
un nuevo gobierno.
El
23 de mayo el Cabildo se reunió para terminar el escrutinio. La Asamblea había
resuelto claramente que la autoridad recayera provisionalmente en el Cabildo,
quien designaría una Junta "en la manera que estime conveniente".
Esta Junta ejercería el gobierno hasta que se reunieran los diputados de todas
las provincias para establecer una forma de gobierno más permanente.
Consecuente con estas facultades, el 24 de mayo el Cabildo designó una Junta de
Gobierno provisional cuyo presidente era el ex virrey Cisneros y los vocales el
comandante Cornelio Saavedra, el doctor Juan José Castelli, el presbítero Juan
Nepomuceno Solá y el comerciante José Sánchez Inchaurregui. La Junta debía
obrar para preservar la integridad de esta parte de los dominios de América
para el señor Fernando VII y sus legítimos sucesores, y debía observar
escrupulosamente las leyes del reino.
Esta
solución conservadora que mantenía a Cisneros al frente del gobierno buscaba,
entre otros fines, evitar la oposición del Interior a las resoluciones de
Buenos Aires. Los militares aprobaron la decisión del Cabildo, los peninsulares
se felicitaron de ver al virrey a cargo del gobierno aunque bajo un título
diferente, y el mismo 24 se celebró la jura del nuevo gobierno. Pero en los
medios revolucionarios, que detestaban a Cisneros desde su represión de la
rebelión patriota en el Alto Perú, cundió la protesta, que llegó rápidamente
a los cuarteles.
Frente
a la inminencia de un movimiento subversivo, el Cabildo consideró la necesidad
de separar al virrey. Hacia el anochecer, los oficiales del cuerpo de Patricios
estaban en deliberación permanente, y costó mucho aquietar los ánimos para
postergar la decisión hasta el día siguiente. La misma Junta Provisional,
alarmada por los sucesos, se dirigió al Cabildo para solicitar su reemplazo.
El
Cabildo se reunió a la mañana siguiente para considerar esta petición. En un
primer momento intentó rechazar la renuncia y sostener a la Junta designada el
día anterior. Mientras tanto, los jóvenes French y Beruti agitaban a la gente
y tomaban la iniciativa de proponer los nombres de los integrantes de una nueva
junta: presidente y comandante de armas Cornelio Saavedra; vocales Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu
y Juan Larrea; y secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno. El Cabildo ante
tanta presión aceptó finalmente la renuncia de Cisneros y sus vocales, y
proclamó como nueva Junta de Gobierno la mencionada en el petitorio popular. En
definitiva era el mismo procedimiento adoptado por las Juntas españolas, con la
diferencia de que los patriotas porteños se rebelaban contra el Supremo Consejo
de Regencia. Se reconocía que el origen de la soberanía residía en el pueblo,
y la Junta gobernaría en nombre de Fernando VII, reclamando obediencia de las
Intendencias y autoridades del antiguo virreinato, y exigiéndoles el juramento
de lealtad. (1)
NOTA
Debido a su complejidad, el significado de la Revolución de Mayo de 1810 ha sido una cuestión de debate en la historiografía argentina. Entre otros, Vicente F. López considera que cualesquiera fuesen las protestas de fidelidad futura realizadas a Fernando VII, cautivo de Napoleón, el hecho fue que se mandó derrocar por las armas a todos los que hubieran podido estar a su favor (alusión a las expediciones armadas enviadas a las demás gobernaciones del virreinato) y que dicha declaración de guerra hecha para sostener a un gobierno revolucionario hacía imposible transigir con la soberanía de la metrópoli. En opinión del mencionado historiador, como en la capital no se tenía certeza de cuál habría de ser la opinión del pueblo en las demás provincias del virreinato, se creyó conveniente disfrazar por algún tiempo los propósitos inevitables de la Revolución, limitándolos, por el momento, a la creación de un gobierno propio que tuviese a su cuidado los dominios del rey de España hasta que saliera del cautiverio: cosa más que lejana, debido al poder omnímodo de que disfrutaba Napoleón en esos días. Es ésta la tesis que sostiene que los revolucionarios porteños adoptaron la “máscara de Fernando VII” para ocultar sus propósitos independentistas. Vicente F. López, Historia de la República Argentina, 10 vols., Buenos Aires, Sopena, 1964, p. 42. Por el contrario, Enrique de Gandía señala que el pueblo que impuso la Junta del 25 de mayo era el mismo que había logrado la sustitución de Sobremonte en agosto de 1806. Según Gandía “ni en 1806 ni en 1810 se hablaba de independencia política, absoluta, de un nuevo Estado, sino de cambios de hombres y de forma de gobierno. La política dominante era la de considerar el pueblo como fuente de poder y acatar sus deseos como órdenes superiores a las del rey”. Enrique de Gandía, Orígenes desconocidos del 25 de Mayo de 1810, Buenos Aires, Orientación Cultural, 1960, p. 61. A su vez Vicente D. Sierra afirma que “los hombres de Mayo no fueron perjuros al jurar fidelidad a Fernando VII, ni cínicos al repetir que sus intenciones fueron independizar las tierras de América de la suerte reservada a la Metrópoli por la usurpación bonapartista, y conservar intactos estos dominios para el legítimo representante de la monarquía española”. Sierra concuerda con el relato de algunos protagonistas de aquellos sucesos en que “fue la conducta de los españoles y sobre todo, la de Fernando al ser restituido al trono de sus mayores, la que acabó de borrar toda disposición en favor del mantenimiento de la unidad de la monarquía española”. Por último, el mencionado autor señala que “nadie aspiró a formar naciones sino a fortalecer un gran imperio español-americano”, lo cual encierra más de verdad en la primera premisa que en la segunda. Vicente D. Sierra, Historia de la Argentina, tomo IV, Buenos Aires, Editorial Científica Argentina, 1969, pp. 582 y 585. En cierta medida, los rebeldes no sabían bien qué era lo que defendían, y es posible que se hayan autopercibido no tanto como rebeldes sino como herederos de un poder caído.
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