Visite nuestra página principal

Una vez analizados tanto el complicado cuadro político, económico y social que el gobierno de Buenos Aires debió enfrentar a partir de 1810,  es de interés añadir un somero análisis de las relaciones entre este Estado porteño embrionario e inestable y la metrópoli, luego de haber roto sus vínculos casi tres veces centenarios. 
   
Siguiendo el ejemplo de los españoles de la península en 1808, los patriotas de Buenos Aires erigieron la Junta en 1810, declarando su lealtad a Fernando VII, pero rechazando reconocer al Consejo de Regencia y las Cortes de España. De este modo, el conflicto sobre la soberanía en España se reflejó en la presencia de un conflicto similar sobre el reconocimiento de aquella soberanía en Buenos Aires. La colonia encontró su solución reservando su lealtad a Fernando VII, pero con el resultado de ser de hecho cada vez más independiente de las autoridades establecidas en España. A este resultado contribuyó sin duda la falta de reacción efectiva de la metrópoli ante los sucesos de mayo de 1810.
   
Cuando la noticia de la separación de Buenos Aires de la corona española llegó a Madrid, las autoridades españolas, preocupadas básicamente en desalojar al invasor francés de su territorio, esperaban que el proceso revolucionario porteño (como en el resto de América) se ahogase con el tiempo. Por cierto, la actitud inicial de las autoridades españolas ante la Revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires fue de indiferencia e ingenuidad. Los historiadores Jerónimo Becker, Jaime Delgado y Edmundo Heredia coinciden en opinar que el gobierno español nunca vio con claridad el alcance del proceso revolucionario en el Río de la Plata ni acertó con las medidas necesarias para reconquistar  las ex colonias americanas. (1)
   
Esta actitud indiferente de las autoridades españolas hacia lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires no obedecía por cierto al carácter imprevisto de los hechos de mayo. Ya años antes se habían tratado en la corte española sucesivos proyectos de establecer gobiernos independientes en toda la América española, bajo la dominación de miembros de la familia de Carlos IV, asegurando de este modo la posesión de las tierras americanas en personas pertenecientes a la familia real y lejos del alcance de potencias extranjeras. Godoy fue quien impulsó los primeros proyectos de 1804 y 1806, y tanto éstos como el de 1807 fracasaron por las guerras en las que estaba empeñada España en ese momento.(2)
   
Tampoco faltaron los informes desde América que revelasen a las autoridades metropolitanas la real dimensión del problema de las colonias hispanoamericanas, en la medida que lo permitían la lentitud del correo a través del océano Atlántico y las perturbaciones que sufría éste con motivo de la guerra con Francia. En el conjunto de estos informes provenientes del Nuevo Mundo, se destacaron los enviados por el comandante del apostadero naval de Montevideo, José María de Salazar. Salazar, fiel al Rey, producía constantemente oficios a través de los cuales describía detalladamente lo que sucedía en su jurisdicción. Su propuesta apuntaba a erradicar los vicios administrativos que, en su opinión, habían desembocado en los hechos de mayo en Buenos Aires. Sugería Salazar la idea de enviar un virrey acompañado de dos consejeros "para que además de que aumenten la representación de aquel Superior Xefe le ayuden con sus conocimientos y talentos en esta grande obra"; también debía venir un Estado Mayor, "que se encargaría de poner en pie respetable a la milicia" y un gobernador militar para la capital de Buenos Aires, "pues por no haverlo el Señor Virrey, parecía mas un Alcalde que un Xefe de tan alta dignidad". (3)  Las últimas palabras de Salazar constituían una clarísima referencia a lo acontecido con el ex virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en Buenos Aires.
   
La propuesta de Salazar de enviar una verdadera corte junto al virrey resultaba interesante, ya que cumplía dos objetivos fundamentales: crear en torno de la figura virreinal un círculo que lo precaviese de las perturbadoras influencias de los funcionarios e influyentes locales, y segundo, librar al virrey de atribuciones o roles menores o estrictamente propios de la sede del virreinato, evitando el inconveniente de la multiplicidad de roles que se había dado hasta ese momento y obstaculizaba la gestión eficaz de la primera autoridad en América hispana. Otra importante idea de la propuesta del comandante del apostadero naval en Montevideo era la de instalar una imprenta en dicha ciudad, a fin de ganar la opinión pública a favor de la Madre Patria y contrarrestar los efectos de la activa propaganda revolucionaria.(4)
   
Otros informes planteaban la necesidad de una reacción armada de las autoridades españolas ante las revoluciones americanas. Tal fue el caso de la propuesta del comerciante José Fernández de Castro, (5) efectuada a las autoridades españolas en agosto de 1810. Castro reclamaba de parte de éstas la adopción de dos medidas para combatir el peligro de expansión portuguesa en el escenario rioplatense: la reforma del sistema gubernativo de la metrópoli, para ganar a la opinión pública de las colonias hispanoamericanas, y el envío de una expedición militar financiada por los comerciantes gaditanos, para expulsar a los extranjeros de Buenos Aires, cuya presencia aumentaba por la política librecambista de la Junta de Gobierno. En síntesis, la idea de Castro representaba la expedición de los exclusivistas contra los librecambistas. Concluía su propuesta con una profética afirmación: "si se omite, dilata ó disminuye el expresado remedio, Buenos Aires, y a su exemplo toda la América Meridional, se pierden indefectiblemente para la Madre Patria". (6)  La falta de respuesta del Consejo de Regencia y de las autoridades españolas a los escritos de Fernández de Castro lo desesperaron a tal punto que el comerciante monopolista no ahorró insultos a dichas autoridades e incluso a miembros de la propia familia real. (7)
   
También los expulsados oidores de Buenos Aires, Francisco Manuel de Ansotegui, Manuel de Velazco, Manuel José de Reyes, Manuel Genaro de Villota y Antonio Caspe y Rodríguez presentaron en septiembre de 1810 desde Las Palmas de Gran Canaria al Consejo de Regencia español las medidas que consideraban necesarias para que la metrópoli reconquistase y pacificase el Río de la Plata. Demandaban el envío de un nuevo virrey acompañado de fuerzas, quien se debía instalar en Montevideo, donde, según los oidores, recibiría el respaldo de los gobiernos del Interior.  Asimismo, desde la plaza oriental, el nuevo virrey podría frenar el avance portugués e impediría las tentativas de coronación de la Infanta Carlota Joaquina en el Río de la Plata. (8)
   
La lista de advertencias a las autoridades metropolitanas acerca de la realidad rioplatense quedaría incompleta si no hacemos mención de un expreso pedido de los comerciantes limeños -rivales de sus colegas porteños desde la época de vigencia del monopolio comercial- para que las autoridades españolas enviaran una expedición armada contra Buenos Aires. En noviembre de 1811 se encontraban reunidos en la ciudad de Cádiz varios importantes comerciantes limeños, algunos radicados desde tiempo atrás en dicha ciudad; otros, recientemente llegados de Lima. Todos ellos atravesaban una difícil situación, derivada de la interrupción del tránsito por el Mar del Sur, factor al que se agregaba el agravante de la posibilidad de que el Alto Perú quedase en manos de los revolucionarios de Buenos Aires. Estos comerciantes se dirigieron al Consejo de Regencia con el propósito de evitar que el Alto Perú cayese en manos porteñas y pedían el envío de fuerzas del gobierno español, las cuales engrosarían las fuerzas de Goyeneche a disposición del virrey Abascal. A cambio, los comerciantes de Lima ofrecían sus propios barcos como medio de transporte. Pero la disposición última del 3 de diciembre de 1811 desestimó por impracticable el proyecto. 
   
A pesar de la creciente incidencia de este conjunto de oficios, el Consejo de Regencia no salió de su actitud indiferente e inclusive paternalista y gratificadora respecto de Buenos Aires, especialmente luego de la heroica resistencia porteña a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. (9) De acuerdo con este criterio del Consejo, José de Requena, en nombre del Cabildo de Buenos Aires, había presentado ante las autoridades españolas el 10 de julio de 1810 la nómina de gracias solicitadas por ese organismo, algunas de las cuales eran las siguientes: título de Conservador de la América del Sur y Protector de los Cabildos del Virreinato; exención del besamanos y cumpleaños de los virreyes, sus mujeres y de los oidores para el Cabildo de Buenos Aires; el tratamiento de Excelencia al Cabildo porteño y el de Señoría a sus individuos en particular. De acuerdo con estas gestiones, el 17 de agosto de dicho año el Consejo de Regencia transmitió al ministro Silvestre Collar el decreto acordando las gracias. Finalmente, se redactó la Real Carta de Privilegio hacia fines de dicho mes y año. En ella se hacía referencia a los heroicos esfuerzos de los habitantes y las milicias criollas porteñas que culminaron en la reconquista y defensa de Buenos Aires ante los invasores ingleses; a las gracias otorgadas por el rey Carlos IV, que habían quedado en vías de realización, declarando que se reiteraba la concesión del título de Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad defensora del Perú; al Ayuntamiento en cuerpo, el tratamiento de Excelencia, y el de Señoría de palabra y por escrito a sus capitulares. Se incluían exenciones a sus vecinos, habitantes, esclavos, y mayores dotaciones a los empleados municipales, incluso al apoderado de la corte, que había sido el gestor de estas medidas. (10) Si bien la Carta de Privilegio no llegó a concretarse porque llegaron a Cádiz las noticias de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, vale acotar que la continuidad de las gestiones de Requena hasta los últimos días de agosto de 1810 confirmaba la falta de conciencia del gobierno español respecto de los sucesos porteños. Mientras los realistas encabezados por el ex virrey Liniers eran fusilados en Cabeza de Tigre por las fuerzas de la Junta de Buenos Aires, el gobierno de la Madre Patria profería una suma de gracias y títulos al Cabildo y vecinos porteños. Vale la pena detenerse a meditar la ironía del título otorgado a Buenos Aires de Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad defensora del Perú, que en sí mismo constituía toda una paradoja histórica, ya que Lima y Buenos Aires habían sido puertos rivales desde los años de monopolio comercial.
   
Más allá de la cesación del otorgamiento de gracias a Buenos Aires, el Consejo de Regencia, evidenciando nuevamente lentitud de reflejos o apatía respecto de los sucesos revolucionarios porteños, no consideró un nuevo escrito de Fernández de Castro presentado el 16 de septiembre de 1810 y trató con mucha demora un oficio de Salazar del 21 de julio de 1810. Recién el 5 de enero de 1811 llegó la respuesta del Consejo a Salazar, en la cual el primero sólo expresaba al comandante del apostadero naval de Montevideo que estaba muy satisfecho de su celo por la causa real. Demasiado poco para satisfacer las expectativas de Salazar. Asimismo, en las instrucciones que el Consejo de Regencia enviaba al nuevo virrey del Río de la Plata Francisco Javier de Elío quedaba explicitada con claridad el limitado alcance que las autoridades españolas otorgaban a la revolución de Buenos Aires. Para el Consejo, el verdadero enemigo en el Río de la Plata no era la Junta porteña sino la corte portuguesa instalada en Río de Janeiro. La revolución de Buenos Aires se reducía, en el concepto de la Regencia, a "desavenencias entre Buenos Aires y Montevideo". Según la óptica oficial española, Portugal sacaría provecho de esas desavenencias, así como también de la presencia de su corte en Río y de la guerra napoleónica que devastaba la península ibérica. Siguiendo el hilo del razonamiento del gobierno de la Madre Patria, Portugal preveía la pérdida de su territorio en Europa y proyectaba establecer su dominio en América con centro en Río de Janeiro y extendido al Río de la Plata. Estas prevenciones españolas se comunicaban al embajador español en Río de Janeiro, marqués de Casa Irujo, quien recibió instrucciones precisas del secretario de estado español para que protestara en caso de concretarse la invasión portuguesa a la Banda Oriental, alternativa que el gobierno peninsular no admitiría en ningún caso, ni aun con el pretexto de sujetar a los revolucionarios porteños. (11)
   
Un claro síntoma de la ignorancia española de la situación en Buenos Aires era el hecho de que las autoridades metropolitanas interpretaran el movimiento porteño como consecuencia de un error de información respecto de lo ocurrido en la península. Partiendo de este supuesto erróneo, las autoridades españolas pensaban que el medio para reparar el inconveniente era comunicar a las ex colonias la verdadera situación de la metrópoli. En función de este objetivo, el 15 de febrero de 1811 se dispuso el envío de ejemplares de la Gaceta del Gobierno y Diario de las Cortes a todas las colonias americanas con el propósito de hacer conocer las noticias con exactitud y evitar la propagación de versiones contrarias a los intereses del gobierno. (12)
   
Las instrucciones del Consejo de Regencia al virrey Elío para que se cuidase de la amenaza portuguesa y conservase la integridad de los dominios americanos resultaban significativas, pues no se formulaban en cambio prevenciones contra los propósitos de independizar las colonias que se gestaban en la corte de José Bonaparte, y que habían llegado por entonces a conocimiento del gobierno de Cádiz. El gobierno español debió haber sospechado la acción de Francia en favor de la independencia de las colonias hispanoamericanas, debido a que Napoleón sostuvo esa conveniencia en su mensaje al Cuerpo Legislativo correspondiente al 12 de diciembre de 1809, justificándola en la necesidad de sustraer mercados a los ingleses. Además Juan Ruiz de Apodaca, representante diplomático español en Londres, ya conocía hacia mayo de 1810 la presencia de agentes franceses en América, e  incluso en septiembre del mismo año tuvo noticias de las expresas instrucciones de José Bonaparte a dichos agentes. Estas consistían en seducir a los americanos con promesas de amistad y comercio, sobornar a las autoridades y eliminar por envenenamiento a los opositores peligrosos; todas estas estrategias debían respaldarse con el envío de una flota y armas suficientes por parte de Francia. No obstante estas peligrosas evidencias, los documentos oficiales y privados españoles no adjudicaron al movimiento porteño el paternalismo del gobierno francés sino que lo atribuyeron básicamente a un problema de falta de información respecto de lo que ocurría en la metrópoli. (13)
   
En síntesis, para la óptica oficial española, la amenaza clara e inmediata era la de la invasión portuguesa a la Banda Oriental y eventualmente al Río de la Plata; un peligro posible, el del apoyo británico a los insurgentes porteños y/o americanos con el propósito de extender el mercado consumidor de sus manufacturas. Estos insurgentes habían decidido autogobernarse por un error en la información acerca del gobierno que regía en la Madre Patria. La solución era fácil para el gobierno español: había que advertirles su error y luego evitar que fuesen seducidos por otras potencias externas. Las disposiciones posteriores, que quedaron en manos del Consejo de Indias, participaban de la misma percepción simplista. Los sucesos de Buenos Aires fueron menospreciados en su magnitud, no obstante las informaciones fidedignas de Salazar, Fernández de Castro y otros. La tensión y la atención del gobierno español se concentró fundamentalmente en sofocar la rebelión caraqueña.
   
Las permanentes noticias provenientes de distintos puntos de América sobre movimientos de rebeldía y desobediencia al Consejo de Regencia llevaron al gobierno peninsular a considerar la cuestión de una manera general, y abandonar lentamente la idea de estimarlos como explosiones desconectadas entre sí. En los primeros días de 1811 la Regencia encomendó al Consejo de Indias que preparara un detallado informe acerca del estado político de las provincias americanas. El informe de la Secretaría del Consejo de Indias, del 30 de enero, incluía Caracas, Santa Fe, Lima, Quito, Buenos Aires, Charcas y La Habana como los focos donde debían adoptarse medidas para salvaguardar la obediencia al monarca español. (14)
   
Las autoridades españolas, mientras apostaban a ganar tiempo hasta que retornase Fernando VII al trono, trataron de restablecer las instituciones tradicionales alteradas por los hechos revolucionarios. En el caso del Río de la Plata, pusieron especial énfasis en la instalación de una Audiencia con sede en Montevideo, y con este propósito sancionaron la Real Orden de Creación del 17 de abril de 1811. Asimismo, pretendieron halagar a los montevideanos con una Real Cédula del Consejo de Regencia del 11 de agosto de dicho año, por la cual se concedía al Ayuntamiento de Montevideo el tratamiento de "Excelencia" y a sus miembros el de "Señoría", teniendo en consideración el papel de Montevideo en las invasiones inglesas y su fidelidad al Rey. Medidas éstas extemporáneas y demasiado limitadas ante la urgente necesidad de los montevideanos y del virrey Elío de disponer de auxilio militar concreto para conjurar una doble amenaza: la que provenía de la Junta de Buenos Aires y la de la corte portuguesa con sede en Río de Janeiro. En este contexto, el poder real de Elío era demasiado limitado como para justificar la presencia de una Audiencia en la capital oriental. Así lo hizo entender el virrey al Consejo de Regencia "al señalar que la jurisdicción de su mando se reducía al Río y a la Plaza de Montevideo, pues el resto del virreinato estaba en poder de los insurgentes". (15) 
   
En suma, los graves asuntos públicos que concentraban la atención del gobierno español, la necesidad de éste de racionalizar recursos militares que no eran abundantes, y la inercia burocrática, en donde no estaban ausentes las disputas entre las distintas agencias por cuestiones que poco tenían que ver con el problema americano, fueron factores que demoraron el tratamiento del problema de la Banda Oriental, y Elío no encontró una solución satisfactoria a sus justificados y permanentes reclamos. Incluso en el afán de mantener una fachada de orden administrativo que no se condecía con la realidad, las autoridades españolas proyectaron establecer una provincia en la Banda Oriental, con instituciones anexas, postura que contó con la cerrada oposición de Elío, quien exigía atender problemas más urgentes que ése. Finalmente el nuevo gobernador, Gaspar de Vigodet, ventiló la cuestión en octubre de 1813 para pedir que se dejara en suspenso este proyecto del gobierno español. A partir de ese momento no se habló más del asunto, y luego de la invasión portuguesa concretada en 1816 no hubo una sola porción de la Banda Oriental donde radicar la sede de la Audiencia.
   
En otro acabado testimonio de su ignorancia respecto de los alcances del proceso revolucionario hispanoamericano en general y rioplatense en particular, tanto la Junta Central como el Consejo de Regencia adoptaron una serie de medidas de carácter conciliatorio que procuraban mantener a las colonias sujetas a la autoridad metropolitana. Entre estas medidas, podemos mencionar el decreto de las Cortes que establecía iguales derechos para españoles europeos y americanos, condicionando el derecho de amnistía a los últimos con el previo reconocimiento de las autoridades establecidas en la Madre Patria (15 de octubre de 1810), el decreto que levantó las restricciones sobre el comercio intercolonial de mercurio (26 de enero de 1811) y el que reafirmó la igualdad de representación política ante las Cortes para las provincias españolas y americanas (9 de febrero de 1811). (16)
   
Contra lo que deseaban las autoridades españolas, que era ganar tiempo apostando a la caída de José Bonaparte y la vuelta de Fernando VII, y evitar que el control de las colonias se les escapara totalmente de las manos, las medidas de conciliación adoptadas respecto de las colonias pronto revelaron su ineficacia, pues en lugar de evitar el divorcio con las colonias americanas permitió intensificarlo aún más. Los diputados americanos, aprovechando el derecho de representatividad en las Cortes otorgado por los propios españoles, utilizaron a éstas como un foro de negociación donde se agravaron las diferencias preexistentes entre las colonias y la Madre Patria, pues el gobierno de esta última, ocupado en la guerra napoleónica y considerando el proceso revolucionario americano como un ultraje, no estaba dispuesto en realidad a negociar nada de fondo. Los diputados enviados desde el Río de la Plata, así como los provenientes de otras regiones de la América española, elevaron propuestas que incluyeron la libertad de comercio, la igualdad de oportunidades de trabajo, la restauración de los jesuitas en América hispana y la supresión de monopolios. Las Cortes pospusieron el voto sobre los monopolios y rechazaron las otras cuestiones. (17) 
   
En definitiva las Cortes temieron a actos concretos de concesión a las colonias que pudieran ser leídos eventualmente como una pérdida de control de la Corona española entonces ausente, actitud que repitió Fernando VII una vez retornado al trono años más tarde. Por cierto, el problema de la distancia, las complejidades políticas vinculadas a la posición y permanencia de las Cortes, así como el temor a tomar una disposición de la cual serían responsables, previnieron a los diputados españoles de aprobar cualquier tipo de medidas definidas.
   
La ineficacia de las medidas de conciliación propuestas por las Cortes y demás autoridades españolas se unía a una exasperante lentitud para reaccionar respecto de los hechos revolucionarios que sucedían en el Río de la Plata o en otros puntos de América. Lentitud ligada a interminables pujas burocráticas entre los distintos departamentos vinculados a decisiones respecto de las ex colonias americanas. Edmundo Heredia afirma al respecto: 

varios ministerios habían tenido hasta entonces intervención directa en el tratamiento del problema americano, a los que se agregaban para mayor confusión las órdenes emanadas de la Regencia, los dictámenes de los Consejos de Estado y de Indias, los informes y las presentaciones de la Comisión de Reemplazos  y los memoriales de particulares. El resultado de esta pluralidad de intervenciones impidió que hubiese unidad de dirección y de criterio en cuanto a las medidas a adoptar, y a que prevalecieran opiniones que no siempre atendían a los intereses nacionales, sino a los particulares o de grupo de quienes estaban en condiciones de influir en las decisiones gubernamentales. Todos estos desaciertos no eran sino producto de una pésima organización de gobierno, rayana en la anarquía, integrado por personas que carecían de claridad de criterio en cuanto al problema americano, además de complicadas en intrigas ajenas a los intereses nacionales. (18)

  1. Consultar respecto de este tema Jerónimo Becker, La independencia de América (su reconocimiento por España), Madrid, 1922; Jaime Delgado, La independencia hispanoamericana, Madrid, 1960; Edmundo A. Heredia, Planes españoles para reconquistar Hispanoamérica (1810-1818), Buenos Aires, EUDEBA, 1974.

  2. Demetrio Ramos Pérez, "Los proyectos de independencia para América preparados por el rey Carlos IV", en  Academia Nacional de la Historia, Cuarto Congreso Internacional de Historia de América, tomo I, Buenos Aires, 1966, citado en E.A. Heredia, op. cit., p. 8.

  3. De José María Salazar a Gabriel de Ciscar, Montevideo, 21 de julio de 1810, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 156, cit. en ibid., p. 9.

  4. Ibid.

  5. El comerciante José Fernández de Castro era un representante de los intereses monopolistas arruinado por las medidas cada vez más liberales adoptadas por la Junta porteña, y había llegado a Cádiz en 1809.

  6. De José Fernández de Castro al Consejo de Regencia, Cádiz, 30 de agosto de 1810, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 522; De José Fernández de Castro al Consejo de Regencia, Cádiz, 16 de setiembre de 1810, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 522; Edmundo A. Heredia, "José Fernández de Castro y la independencia del Río de la Plata", en Historiografía y Bibliografía Americanistas, vol. XV, Nº 2, Sevilla, julio de 1971.

  7. De José Fernández de Castro al Consejo de Regencia, Real Isla de León, 20 de diciembre de 1810, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 317, cit. en E.A. Heredia, Planes españoles..., p. 11.

  8. De Francisco Tomás de Ansotegui, Manuel de Velazco, Manuel José de Reyes, Manuel Genaro de Villota y Antonio Caspe y Rodríguez al Consejo de Regencia, Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 1810, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 155, cit. en ibid., pp. 12-13.

  9. Esta actitud española, que se explicaba por la heroica defensa de la ciudad contra los invasores ingleses, era en la óptica de las autoridades metropolitanas una extensión del viejo criterio de la Reconquista española, por el cual el Rey concedía exenciones y ventajas a aquéllos que decidían instalarse en la zona del Ebro y luchar contra los árabes, adelantando tierras para la Corona. La aplicación de este criterio en España y América había llevado a la creación de la figura del "adelantado".

  10. E.A. Heredia, Planes españoles..., p. 13.

  11. Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 40, cit. en ibid., p.15; Eusebio Bardají al Marqués de Casa Irujo, Isla de León, 16 de enero de 1811, publicada en Museo Mitre, Documentos del Archivo de Belgrano, tomo III, Buenos Aires, 1914, pp. 255-256, cit. en E.A. Heredia, Planes españoles..., p. 16.

  12. Ibid., p. 16.

  13. Ibid., p. 17.

  14. Ibid., pp. 28-29.

  15. Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 8; De Francisco Javier de Elío al Consejo de Regencia, Montevideo, 31 de agosto de 1811, Archivo General de Indias (Sevilla), Buenos Aires 16, cit. en ibid., pp. 60-61.

  16. Decretos citados en España, Diario de las sesiones de Cortes (1811-1923), Madrid, García, 1811-1923, XXIV, 19, cit. en A.M. Rhodes, op. cit., p. 59.

  17. Arthur F. Zimmerman, "Spain and Its Colonies, 1808-1820", Hispanic American Historical Review, XI (1931), 449, citado en ibid., p. 61.

  18. E.A. Heredia, Planes españoles..., p. 71.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

Ir a página anterior Home Ir a página siguiente

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.