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El 4 de junio de 1810 llegaban a Córdoba las noticias de lo ocurrido el 25 de mayo junto con una circular del ex virrey Cisneros aconsejando la resistencia a las nuevas autoridades. Se reunieron entonces el gobernador-intendente Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo Orellana, los miembros del Cabildo, el deán de la Catedral Gregorio Funes, y Santiago de Liniers, que vivía en Alta Gracia y estaba de paso por la ciudad. El gobernador habló de desconocer a la Junta "contando con el apoyo del vecindario y del ayuntamiento". Funes, en cambio, se manifestó en favor de ella provocando una airada reacción de Liniers, que habría provocado el retiro del primero. Finalmente, la llegada de un oficio de la Audiencia de Buenos Aires comunicando su reconocimiento del Consejo de Regencia y un mensaje secreto de Cisneros para Liniers, instándolo a que se pusiese al frente de la resistencia del Interior, decidieron la ruptura oficial de Córdoba con la Junta. El 20, el Cabildo -con la presidencia del gobernador- reconoció al Consejo de Regencia, pero no lo hizo constar en actas. El mismo día el deán Funes enviaba un informe a la Junta con detalles de las reuniones en la capital cordobesa, la opinión de los concurrentes y el voto del Cabildo. (1)
   
El ex virrey Liniers, plegado al movimiento, tomó a su cargo el mando de las fuerzas. Liniers era de la opinión de reunir la mayor cantidad de material de guerra y retirarse al Alto Perú para obtener el apoyo de las tropas realistas estacionadas allí. También intentó tomar contacto con Velazco, el gobernador-intendente de Paraguay- y con el jefe de la escuadra de Montevideo, pero sus comunicaciones fueron interceptadas por la Junta. No obstante, finalmente prevaleció la opinión de Gutiérrez de la Concha de resistir en Córdoba.
   
A fines de julio llegó la noticia de que el virrey del Perú José de Abascal había desconocido a la Junta de Buenos Aires e incorporado preventivamente las intendencias del virreinato a su jurisdicción, las cuales debían depender de la Audiencia de Charcas. El Cabildo de Córdoba reconoció a Abascal y a la mencionada audiencia.
   
Mientras tanto, Liniers proseguía con los preparativos militares, pero lentamente su plan se iba derrumbando. La unión con las autoridades realistas del norte quedó desarticulada, las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe se pronunciaron por la revolución y las deserciones eran diarias porque la resistencia no era popular. Se decidió entonces retomar el plan primitivo de Liniers y las pocas tropas iniciaron su retiro al Alto Perú.
   
Ante la actitud asumida por las autoridades de Córdoba, la Junta, a instancias de Mariano Moreno, decidió iniciar una enérgica acción, enviando una expedición de 1.500 hombres al frente de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Este ocupó la ciudad de Córdoba sin hallar resistencia y envió partidas para capturar a los rebeldes. El 6 de agosto cayó el último, Liniers, que se hallaba refugiado en las sierras. Mientras tanto, el Cabildo había rectificado su posición, dejando sin efecto el reconocimiento de Abascal.
   
Ocampo recibió la orden de fusilar a Liniers y sus compañeros, pero consultada con Hipólito Vieytes, representante de la Junta en la expedición, decidieron no aplicarla por considerarla impolítica y mandar los prisioneros a Buenos Aires. Estos fueron alcanzados en Cruz Alta por Juan José Castelli, que traía la reiteración de la pena de muerte ordenada por la Junta, y fusilados de inmediato en la posta de Cabeza de Tigre. Solamente se salvó el obispo Orellana por respeto a su investidura. En consecuencia, las ciudades dependientes de Córdoba se pronunciaron por la obediencia a la Junta, salvo Mendoza donde hubo un conato de resistencia que fue  rápidamente dominado. Juan Martín de Pueyrredón fue nombrado gobernador-intendente y asumió su cargo a mediados de agosto.

  1. José María Rosa, Historia Argentina, tomo II, Buenos Aires, J.C. Granda, 1965, pp. 237-239.

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