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La segunda mitad de la década de 1810 ofrece, de acuerdo con Halperín Donghi, dos elementos de continuidad con la primera. Uno de ellos es la guerra. El otro es una consecuencia de la apertura económica adoptada por los gobiernos revolucionarios de Buenos Aires:  el crecimiento de los ingresos relacionados con los gravámenes al comercio exterior y al consumidor porteño.  Hasta 1819, la Aduana pareció tener la capacidad de reemplazar a la minería altoperuana como sustento de las finanzas de Buenos Aires. No obstante, la guerra multiplicó los gastos de las autoridades de Buenos Aires y los recursos aduaneros no resultaban suficientes para cubrir dichos gastos. Era necesario costear la guerra con medios adicionales. Sin embargo, la presión del Estado porteño sobre la comunidad mercantil no se dio por la vía impositiva. No resultaba conveniente utilizar ese camino. Como señala Halperín Donghi, resultaba riesgoso, por razones financieras y políticas a la vez, alterar la estructura impositiva y disgustar al grupo que, gracias a la política liberalizadora de los gobiernos revolucionarios, se había vuelto prácticamente hegemónico en el mercado porteño: el de los comerciantes británicos. En consecuencia, antes de cambiar la estructura del sistema impositivo, los gobiernos de Buenos Aires, optaron, ya desde 1810 en adelante, por el recurso de las contribuciones voluntarias -que no eran necesariamente en dinero: podían ser en esclavos, alimentos, ganado, etc.- y de las contribuciones extraordinarias -cuyo peso recayó sobre los sectores menos poderosos dentro del grupo comercial: primero los peninsulares, luego los comerciantes nativos-. (1)
   
Un análisis comparativo de los ingresos entre 1811-1815 y 1816-1819 revela, respecto de las contribuciones voluntarias y extraordinarias que éstas, si bien registraron un comportamiento ascendente, fueron un recurso limitado para el fisco porteño en términos de su eficacia. En el caso de las contribuciones voluntarias, éstas pasaron de 136.460,5(3/4) $ para el primer período a 527.921,5(3/4) $ para el segundo. Por su parte, las contribuciones extraordinarias, evolucionaron de 596.108 $ para 1811-1815 a 638.158,4 ½ $ (con una distinción entre contribuciones forzosas, 242.448,4 $ y contribuciones forzosas de enemigos, 395.710,0 ½ $). En el caso de los ingresos por acciones de guerra e incautación de la propiedad enemiga, la primera mitad de la década resultó más eficaz en términos de recaudación que la segunda. Mientras en el período 1811-1815 el rubro ingresos por acciones de guerra y disposición de la propiedad enemiga alcanzó el importante monto de 1.270.368,3 ½ $, vale advertir que el mismo cayó dramáticamente en la segunda mitad de la década revolucionaria, arrojando una cifra de sólo 117.732,1 ½ $. (2)
   
La apuntada expansión de los ingresos proporcionados por los impuestos al comercio exterior convivió en la segunda mitad de la década de 1810 con otra tendencia ya manifiesta en la primera mitad de la década, que fue también hija de la liberalización comercial: la drástica caída del precio de las importaciones. El examen comparativo de los montos de los derechos al comercio exterior como de los impuestos al comercio, propiedad y producción en los períodos 1811-1815 y 1816-1819 revela que los gobiernos de Buenos Aires no traicionaron la política liberalizadora implementada desde 1810. Ambos grupos de impuestos nunca estuvieron pensados para frenar la expansión mercantil porteña e incluso descendieron en la segunda mitad de la década. En el caso de los impuestos al comercio exterior, de 6.453.318,2 ¼ $ a 5.976.328,5 ¼ $. En el caso de los impuestos a la propiedad, comercio y producción, de 2.806.037,1 ½ $ a 2.141.256,4 ½ $. (3) Estos leves descensos marcaban una continuidad en la política comercial de los gobiernos porteños entre 1810 y 1820.
   
Un análisis del comportamiento del impuesto de importación hipotéticamente pagado por productos de consumo popular durante los años de 1814 a 1819 en tanto porcentaje sobre el total de ingresos revela su importancia como generador de recursos al fisco. En 1814 dicho impuesto de importación representaba el 27,45% del total de ingresos fiscales; en 1815 el 25,92%; en 1816, el 27,74%; en 1817 el 38,37%; en 1818 el 30,62% para caer en 1819 a un 23,39%. (4) 
   
A pesar de la importancia adquirida por el impuesto a las importaciones como fuente de recursos del gobierno de Buenos Aires, la misma no resultó un inconveniente para el consumo de productos provenientes del exterior por parte de los sectores populares, especialmente en el mercado porteño. Ello era posible por la caída de los precios de importación. Asimismo, el sistema de tasas aduaneras se mantuvo relativamente estable durante la década de 1810. El Estado porteño prefirió utilizar como recurso alternativo las contribuciones de los comerciantes vía la intermediación del Consulado -agente distribuidor de las mismas-. Halperín Donghi advierte que el Consulado, aunque debía actuar como distribuidor de las contribuciones, intentó atenuar la carga sobre los comerciantes locales y oprimir sobre todo a los mercaderes peninsulares. (5)
   
Esta última opción era menos costosa que intentar la reforma de la estructura impositiva con nuevos gravámenes, decisión que implicaba un paso atrás en la filosofía librecambista de las autoridades de Buenos Aires y podía poner en su contra a los comerciantes británicos, líderes del mercado porteño. Evidenciando la vigencia de la liberalización comercial, el valor absoluto de dicho impuesto a la importación no registra una tendencia ascendente, sino más bien lo contrario: el año 1814 arrojó un valor absoluto de 940.037$. Al año siguiente cayó a 597.071 $. En 1816 siguió declinando: 581.014 $, para luego repuntar en 1817 a 883.199 $. El año 1818 arrojó un monto de 820.081 $ y el de 1819 un monto de 495.702 $, revelando nuevamente una tendencia hacia la baja. (6)
   
El crecimiento de productos importados por parte del consumidor porteño, efecto de la liberalización comercial, consagró la invasión británica del mercado porteño y del Interior rioplatense. Gran Bretaña ganaba con las armas de Mercurio lo que no había logrado con las de Marte. Por ejemplo, hacia 1814 los productos de consumo popular representaban un porcentaje del 51,36% del total de la exportación británica al Río de la Plata, y durante toda la segunda mitad de la década de 1810 se mantuvieron arriba del 50%, salvo en 1819, cuando dicha proporción descendió al 43,29% del total. (7)
   
Un efímero intento del Consulado de Buenos Aires -institución que constituyó el foro de los comerciantes porteños- por incluir a los comerciantes británicos en las contribuciones extraordinarias se registró en la medida adoptada al respecto por el director supremo Juan Martín de Pueyrredón en octubre de 1816, pues ya los comerciantes peninsulares estaban muy empobrecidos. No obstante,  contra los optimistas pronósticos del Consulado respecto del rápido final de dichas contribuciones extraordinarias, el Directorio debió recurrir nuevamente a éstas con el aumento de las tasas de importación decretado el 29 de marzo de 1817. (8)
   
A pesar de los deseos del Consulado, el gobierno porteño no podía presionar a los comerciantes británicos. El crecimiento enorme de los gastos en el contexto de una guerra que parecía no tener fin llevó al Estado revolucionario porteño, necesitado de recursos fiscales, a proteger e incluso consolidar los intereses de un reducido grupo mercantil que ofrecía crédito voluntario en dinero. Grupo dentro del cual los comerciantes ingleses tenían indiscutida representación, aunque también estuviese integrado por personajes locales como Manuel de Sarratea o Ambrosio Lezica (éste era un comerciante importador-exportador porteño considerado como el "rey de la Aduana"). Con este reducido grupo el Estado porteño tuvo una relación íntima y a la vez ambigua: a cambio de adelantos cuyo monto rara vez llegaba a los 100.000 $, este grupo de privilegiados obtenía no sólo la retribución del adelanto con intereses, sino también otras retribuciones menos visibles. Así, John Murray Forbes cuenta que, a cambio de los adelantos del titular de la casa Lezica al gobierno porteño, "el rey de la aduana" parecía haber ganado el derecho permanente a defraudar al fisco. En síntesis, como sostiene Halperín Donghi, si el crédito voluntario era el de los privilegiados por la coyuntura económica y política, el forzoso era el de los afectados por ella. (9)  Por fin, la caída del Directorio en 1820, que consagró el cierre del ciclo revolucionario iniciado en 1810, ofreció a los comerciantes porteños que se encontraban fuera del círculo de privilegiados el alivio tan esperado.

  1. Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, pp. 88-89.

  2. Consultar cifras en cuadros II y III sobre Ingresos y creación de recursos financieros, 1811-1815 y 1816-1819, cit. en Tulio Halperín Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982, pp. 122 y 125.

  3. Cuadros citados en nota anterior, ibid., pp. 121 y 124.

  4. Ibid., p. 139.

  5. T. Halperín Donghi, Revolución y guerra..., p. 89.

  6. Consultar al respecto cuadro XII sobre Impuesto de importación hipotéticamente pagado por productos de consumo popular (valor absoluto y porcentaje del total de ingresos y creación de recursos financieros), cit. en T. Halperín Donghi, Guerra y finanzas..., p. 139.

  7. Porcentajes en cuadro XI sobre Proporción de productos de consumo popular en la exportación británica al Plata, 1814-1819, cit. en ibid., p. 138.

  8. Archivo General de la Nación, IX-4-6-16, Consulado a la Comisión del Congreso, 4 de octubre de 1817, ff. 203-204, cit. en T. Halperín Donghi, Revolución y guerra..., p. 90. Vale acotar que en 1818 B. Staples, actuando como agente consular británico oficioso, presentó al gobierno las protestas de los comerciantes británicos contra los préstamos forzosos. Ver Vera Blinn Reber, British Mercantile Houses in Buenos Aires, 1810-1880, Ph.D. dissertation, University of Wisconsin, 1972, p. 208.

  9. John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires, Buenos Aires, 1956, p. 205, cit. en T. Halperín Donghi, Guerra y finanzas..., pp. 106-107.

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