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En los mencionados juegos de poder, las elites sudamericanas evidenciaron recelos
mutuos, competencia por espacios de poder, y miedos por potenciales y/o reales actitudes
expansionistas del vecino (1). Pero la preexistencia de la mencionada comunidad
histórico-étnico-cultural producía entre dichas elites la presencia de un sentimiento
"americanista", de común pertenencia hispanoamericana (2). De este modo, las
relaciones intra-sudamericanas reflejaron una confusa combinación de actitudes
"americanistas" y "antiamericanistas" a lo largo de la década de
1820, marco temporal de este capítulo.
Respecto de la presencia de un sentimiento de unidad o comunidad
hispanoamericana en las elites de las repúblicas sudamericanas, cabe citar varios
ejemplos. Uno de ellos fue la actitud adoptada por el gobierno porteño respecto de la
metrópoli, actitud que implicaba a la vez una toma de posición respecto de la situación
en Perú, donde, a diferencia del Río de la Plata, la presencia de fuerzas realistas no
constituía una amenaza fantasmal sino una realidad. En junio de 1820, y en el contexto de
su no demasiado espontánea política de establecer un arreglo con las "provincias de
ultramar (3)", Fernando VII envió a Buenos Aires a los comisionados Herrera, Comyn y
Matheu (o Mateo), pero la Junta de Representantes de Buenos Aires les advirtió que no
cabía ninguna negociación con la Corona española si ésta no aceptaba como condición
previa el cese de hostilidades y la declaración de la independencia en forma extensiva a
todos los territorios americanos. La posición "americanista" adoptada por el
gobierno porteño no fue aceptada por los comisionados que se retiraron a Montevideo
desconociendo facultades a la Junta de Buenos Aires para exigir la absoluta independencia
de América del Sur "asumiendo el carácter de sus apoderados universales, y no
siendo otra cosa que unos meros representantes del distrito de Buenos Aires (4)".
No obstante este traspié, una nueva tentativa de las autoridades
españolas tuvo lugar en 1823 (5). El 23 de mayo los comisionados de la metrópoli,
Pereira y La Robla, llegaron a Buenos Aires, donde comenzaron las tratativas con el
ministro de gobierno y relaciones exteriores Bernardino Rivadavia. Finalmente, en vista de
la difícil situación de las fuerzas realistas en el Perú, cedieron a las condiciones
exigidas por la Junta de Representantes porteña y firmaron el 4 de julio de 1823 con
Rivadavia una Convención Preliminar de paz y amistad con la Corona española, que
establecía: 1) el cese de hostilidades entre la metrópoli y las ex colonias
hispanoamericanas pasados los 70 días de ratificada la convención; 2) el
restablecimiento de las relaciones comerciales entre la Madre Patria y las repúblicas
sudamericanas; 3) el rol del gobierno de Buenos Aires para acordar a través de las
gestiones de un ministro plenipotenciario el tratado definitivo de paz y amistad entre Su
Majestad Católica y los demás Estados del continente americano y 4) las gestiones del
gobierno de Buenos Aires para negociar la accesión a esta convención de Chile, Perú y
demás provincias del Río de la Plata (6).
En el contexto de estas negociaciones entre Buenos Aires y la
metrópoli, que tenían indudables derivaciones en las vinculaciones de la diplomacia
porteña con Chile y Perú, la actitud del ministro Rivadavia y su grupo es objeto de
polémica entre los historiadores. De acuerdo con Isidoro Ruiz Moreno, Rivadavia adoptó
en este tema de la agenda una actitud "americanista", sosteniendo, en el
contexto de las discusiones sobre la ratificación de la Convención Preliminar entre los
gobiernos de Buenos Aires y España, que "Buenos Aires no quería nada que no fuese
común a toda América" y que "no recibiría la independencia no siendo
simultánea a los demás pueblos (7)". Bernardino Rivadavia, de acuerdo con la
opinión de Ruiz Moreno, mantuvo la actitud de solidaridad con el resto de las repúblicas
americanas que caracterizó de allí en adelante a las autoridades porteñas y sentó las
bases jurídicas de la actitud internacional del gobierno porteño hacia España, al
inspirar la minuta de ley sancionada el 19 de junio de 1823, que decía lo siguiente:
El Gobierno, conforme al espíritu de la ley del 16 de agosto de 1822, no celebrará tratado de neutralidad, de paz ni de comercio con Su Majestad Católica, sino precedida la cesación de la guerra en todos los nuevos Estados del continente americano, y el reconocimiento de su independencia (8).
Otros historiadores no comparten el aserto de Ruiz Moreno respecto de
la inclinación americanista de Rivadavia y su grupo. Vicente D. Sierra opina que la
mencionada ley presentada por Rivadavia ante la Junta de Representantes de Buenos Aires en
realidad no respondía al pensamiento genuino del grupo rivadaviano. Este quería llegar a
un arreglo pacífico con sus colegas liberales españoles, y así cerrar un frente de
conflicto externo con sus consiguientes gastos militares en el contexto de una economía
bonaerense que deseaba la estabilidad política y económica. Rivadavia incluso llegó a
decir que "la causa de España viene a ser en esta ocasión la de los pueblos libres
de la tierra". En la óptica del grupo liberal rivadaviano, de la continuidad del
régimen constitucional español dependía la posibilidad de llegar a un acuerdo con la
metrópoli sin seguir derramando sangre. Pero la diplomacia porteña especulaba con la
alternativa de que el gobierno español estuviese interesado en llegar a un acuerdo
particular con el Río de la Plata para descomprimir la presión militar en el frente
peruano. La idea de Rivadavia era conseguir de parte del gobierno español la
independencia a cambio de una indemnización por parte de las repúblicas
hispanoamericanas a la Madre Patria -propuesta ya considerada en época de Pueyrredón-.
Esta idea de indemnizar a las autoridades españolas, en el preciso momento en que el
gobierno de Buenos Aires negaba recursos para apoyar la empresa ofensiva contra las
fuerzas realistas en el Perú, generó la oposición de los caudillos provinciales, que
demostraban mayor inclinación "americanista" que el grupo liberal rivadaviano
(9).
El santafesino Estanislao López daría testimonio de sus objeciones a
la diplomacia rivadaviana en una carta de septiembre de 1823 a Lucio Mansilla, en la cual
decía:
Son reparables los sentimientos liberales del gobierno de Buenos Aires en obsequio de España, hasta empeñarlos a negociarle veinte millones para libertarla de la usurpación de sus derechos, promovidos por el francés y demás príncipes absolutos, cuando se desentiende de la practicada por el intruso Emperador del Brasil, negando auxilios a la provincia hermana Oriental...(10)
Asimismo, Juan Bautista Bustos, de Córdoba, y Felipe Ibarra, de
Santiago del Estero, objetaron que Rivadavia se comprometiera a la entrega de una suma de
dinero imposible de colectar y que con la aceptación y ratificación de la Convención
Preliminar al tratado de paz y amistad con Su Majestad Católica por parte de las
autoridades porteñas, éstas corrieran el riesgo de verse obligadas a declararse
neutrales en la guerra contra la metrópoli, que continuaría en las provincias que
hubiesen rechazado el convenio de paz con la Corona española. Incluso un grupo de
miembros de la propia Junta de Representantes porteña -entre ellos Manuel Moreno, José
María Díaz Vélez, Juan José de Anchorena y Juan Manuel Fernández de Agüero-
objetaban la Convención Preliminar sostenida por Rivadavia, sosteniendo que era sólo
provechosa para España y condicionando su eventual ratificación a la presencia de
representantes de Chile y Perú, lo cual evidenciaba un sentimiento común
hispanoamericano o americanista también en miembros de la elite (11).
La suma de estas oposiciones más la de la opinión pública, que
estaba preocupada por las negociaciones que Rivadavia llevaba a cabo con los comisionados
españoles sin haber reconocido previamente la independencia, fue lo que había llevado al
ministro porteño a elevar ante la Junta de Representantes la mencionada minuta de ley del
19 de junio de 1823 que, en su artículo primero, y con el objetivo de calmar la presión
en contra del grupo liberal rivadaviano, ratificaba lo establecido en la ley del 16 de
agosto de 1822 acerca del cese de hostilidades y reconocimiento de la independencia por
parte de la metrópoli como requisitos previos a la negociación de un tratado de paz y
comercio entre España y las repúblicas sudamericanas. Pero vale advertir que en los
artículos segundo y tercero de dicha ley de 1823 se mantenía en un lenguaje
convenientemente ambiguo la idea rivadaviana de indemnizar a la Madre Patria como
mecanismo para obtener la independencia. El artículo segundo decía: "El Gobierno
empleará desde luego los medios que crea más eficaces para acelerar la cesación de la
guerra y el reconocimiento de la independencia". Por su parte, el tercero
establecía: "Queda autorizado el Gobierno a invertir la suma de veinte mil pesos por
ahora a este efecto (12)".
La presencia de una idea de unidad hispanoamericana en los dirigentes y
en la opinión pública de las repúblicas recientemente emancipadas se contrabalanceaba
con sentimientos de recelo, egoísmo y competencia entre los mismos, que por cierto eran
exacerbados por la falta de estabilidad política y económica interna y por la
incertidumbre del marco internacional que dichas repúblicas debieron enfrentar durante el
proceso independentista. En este caso uno de los ejemplos de estos sentimientos que iban a
contrapelo de una inclinación "americanista" lo provee también el ministro
Bernardino Rivadavia, pero esta vez sin medias tintas. Nos referimos a su iniciativa de
solucionar el problema de la deuda pública de la economía bonaerense, a través del pago
por parte de los gobiernos de Chile y Perú de la deuda pendiente con Buenos Aires en
concepto de los fondos adelantados por el gobierno porteño para la libertad chilena y
peruana (13). El gobierno de Buenos Aires reclamaba los gastos de la guarnición de
Mendoza desde 1814 y los correspondientes al Ejército de los Andes. El enviado
rivadaviano para concretar este objetivo, el coronel Félix de Alzaga, llegó a Santiago
en abril de 1822. En oficio reservado del 15 de mayo de dicho año, el enviado porteño
informó al ministro Rivadavia que
por conductos reservados se me avisó que el gobierno se hallaba con ánimo de no recibirme por no reconocer facultades en la Prov. de Buenos Ayres para nombrar un Agente público a los objetos de mi comisión, que cuando más sería recibido como un particular. Ultimamente se me hizo entender el disgusto en que se hallaba el Director por haber el gobierno de Buenos Aires, publicado mi comisión, la cual desmentía el concepto en que estaba este pueblo de haberse ya cancelado su crédito que ahora se reclama (14).
En la entrevista que sostuvo Alzaga con O'Higgins, éste objetó al enviado porteño que tales gastos habían sido en realidad costeados por los cupos y gravámenes forzosos impuestos a los vecinos de Mendoza, y que el gobierno chileno los había cancelado con dinero, especies, armas y concesiones comerciales, operación que por otra parte contaba con el visto bueno de los mendocinos, así como del resto de los cuyanos. En cuanto a los desembolsos hechos por el gobierno de Buenos Aires, O'Higgins replicó que aquél se había comprometido a sufragar la mitad de los gastos del Ejército Libertador del Perú, esfuerzo que terminó siendo afrontado sólo por el gobierno de Chile. O'Higgins denunciaba la mala voluntad del gobierno porteño con las siguientes palabras:
La Expedición Libertadora del Perú, hecha con sólo los recursos y los sacrificios de Chile, ha costado cinco o seis veces más de lo que se gastó en la expedición de 1817. Ella interesa a toda la América y particularmente a las Provincias Unidas del Río de la Plata, puesto que se trata de rescatar del dominio español la parte quizás más interesante del antiguo virreinato: La Paz, Cochabamba, Charcas y Potosí. Pero la pretensión del gobierno de Buenos Aires es todavía más inconcebible, si se considera que pretende también cobrar al Perú los costos de la expedición que ha emprendido Chile sin auxilio pecuniario de ningún otro pueblo (15).
Vale acotar que esta pretensión de las autoridades porteñas de cobrar
a los gobiernos de Perú y Chile las supuestas deudas pendientes de las campañas
libertadoras de San Martín no sólo tuvo repercusiones en sus relaciones con Santiago y
Lima, sino que además generó interesantes derivaciones en la relación entre Buenos
Aires y el resto de las provincias rioplatenses (16).
Otro ejemplo de postura antiamericanista tuvo ocasión de manifestarse
con motivo del arribo a Buenos Aires del comandante peruano Antonio Gutiérrez de la
Fuente en julio de 1822. Este había sido enviado por el general José de San Martín con
la consigna de conformar una expedición contra la retaguardia del ejército realista. El
gobernador cordobés Juan Bautista Bustos aceptó la propuesta de de la Fuente previa
ayuda material de Buenos Aires, pero la Junta de Representantes porteña, prácticamente
en pleno, se negó a los pedidos del enviado sanmartiniano (17).
La misma suerte ante los hombres del gobierno porteño corrió la
misión del general colombiano Joaquín Mosquera, quien fuera enviado por Simón Bolívar
ante los gobiernos del Perú, Chile y Buenos Aires. Mientras en los dos primeros países
Mosquera obtuvo sendos tratados de alianza, al llegar a Buenos Aires en enero de 1823 se
encontró con un ambiente frío y receloso, en particular por parte de Rivadavia, quien,
de acuerdo con Tomás de Iriarte en sus Memorias, pretendía ser el primer hombre
de la Revolución americana y sentía viva desconfianza acerca de eventuales planes
expansionistas de Bolívar a expensas del Río de la Plata. Así parece demostrarlo la
actitud de Rivadavia al tomar contacto con el plan conjunto de lucha con colaboración de
las repúblicas americanas orquestado por Bolívar para batir al ejército español en
caso de que el de Perú fuese derrotado en la campaña en que se encontraba. El 5 de marzo
Rivadavia, contra las expectativas del enviado bolivariano, entregó a Mosquera un
proyecto de tratado de amistad limitado a una alianza defensiva, "en sostén de una
Independencia de la nación Española y de cualquiera otra dominación extranjera",
gesto formal que no significaba nada para Mosquera (18).
Otro ejemplo de conflicto entre las actitudes de las diplomacias
rivadaviana y bolivariana se produjo cuando Alzaga recibió instrucciones para una nueva
misión: tratar de sumar a Chile a la Convención Preliminar y consecuentemente promover
la contribución de las autoridades trasandinas al aporte de los veinte millones de pesos.
Como ya se explicara, el ministro Rivadavia y su grupo proyectaban la recaudación de
dicho monto de dinero en concepto de indemnización de las ex colonias sudamericanas a
cambio del reconocimiento de la independencia de éstas por parte del gobierno español,
y, además, esta contribución constituiría un respaldo material de las repúblicas
sudamericanas al régimen liberal en España, a cuya permanencia apostaba Rivadavia como
una fórmula para solucionar definitivamente las desavenencias con la Madre Patria.
Contra los planes del ministro Rivadavia de llegar a un rápido acuerdo
con el régimen liberal español, el gobierno chileno no quería dar un solo paso en
política exterior sin el previo acuerdo del gobierno de Lima. Aunque el gobierno chileno
estaba liberado de la amenaza realista, la presencia realista permanecía en Perú. Por
este motivo, la diplomacia chilena había decidido firmar el convenio de auxilio mutuo
chileno-peruano respecto de la lucha contra los realistas el 23 de abril de 1823, acuerdo
sellado durante la misión del bolivariano Joaquín Mosquera a Chile (19).
Particularmente, la oposición más tenaz a los planes rivadavianos
provino del ministro peruano en Chile, José Larrea y Loredo, quien se opuso a la
Convención Preliminar de paz con España aprobada por las autoridades porteñas,
declarando en una nota dirigida al Congreso chileno que "conceder a España año y
medio de paz era darle los medios de mejorar su situación y darle tiempo de solucionar
las cuestiones que la embarazaban en Europa para ocuparse de América". Como las
autoridades chilenas no daban muestras de resolverse respecto de la Convención de paz o
de la ayuda material a los liberales españoles, pretextando la necesidad de contar
previamente con la opinión del gobierno de Perú, Alzaga pasó a Lima. Por su parte,
Simón Bolívar, quien tenía en sus manos en ese momento los destinos peruanos, entrevió
en la Convención Preliminar gestada por Rivadavia una posibilidad para recobrar fuerzas
contra el poder español, y la aceptó, pero exigiendo como condiciones previas la
independencia peruana y un armisticio general para toda América. Bolívar autorizó al
gobierno de Lima a negociar con el enviado rivadaviano Alzaga, pero una serie de
dilaciones diplomáticas y la sublevación del batallón del Río de la Plata en el Callao
llevaron al gobierno peruano el 9 de febrero de 1824 a decirle a Alzaga que el momento no
era propicio para hablar de paz sino de guerra. Alzaga intentó inútilmente obtener de
Bolívar la ratificación de la Convención Preliminar, por lo que renunció a seguir
viaje a Colombia. Estando de paso por Chile en su regreso a Buenos Aires, Alzaga recibió
un oficio de Rivadavia dando término a su misión diplomática.
Otra manifestación de egoísmo o, si se quiere, de sentimiento
"antiamericanista", fue la actitud reticente de Bolívar a comprometerse
formalmente a ayudar a Buenos Aires en la eventual guerra con el Imperio brasileño. De
acuerdo con Tomás de Iriarte, para Bolívar
los problemas políticos de Colombia y Venezuela eran demasiado grandes para desentenderse de ellos, y (...) una guerra con el Brasil no le parecía una contienda tan fácil al Libertador. Por encima de estas razones existía otra, tal vez más poderosa: no le interesaba la expansión del Brasil frente a la Argentina (...) (20).
Un nueva evidencia de los recelos existentes entre las diplomacias porteña y bolivariana se produjo con motivo de la invitación de Bolívar a que representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata participasen en el proyectado Congreso de Panamá (21). El mensaje del entonces encargado del poder ejecutivo, general Gregorio de Las Heras, si bien de contenido aparentemente afirmativo, en cuanto acordaba el envío de representantes a Panamá, dejaba entrever al mismo tiempo la presencia de sentimientos de recelo, competencia y/o temor de las autoridades porteñas respecto de la política bolivariana, percibida como expansionista:
Las copias que se acompañan (...) instruirán a los Señores Representantes de la invitación hecha al Ejecutivo Nacional por el Supremo Gobierno de la República del Perú, de acuerdo con la de Colombia a efecto de que se envíen por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dos ministros plenipotenciarios a la Asamblea de todos los Estados del Continente Americano, convocada para el Istmo de Panamá. Las comunicaciones del Gobierno de Colombia, (...) y por el contesto de las del Perú, se deja entrever la idea de establecer cierta autoridad que prenda a la Confederación de los Estados Americanos, que unifique su política exterior y arbitre en las diferencias que se susciten entre los confederados. Un plan semejante ya fue otra vez propuesto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Nación. Las razones que movieron a rehusar el compromiso, no se han debilitado con los sucesos posteriores (22).
Cabe señalar que estos
sentimientos de recelo, presentes a nivel "protonacional" o
"nacional-embrionario" entre las elites sudamericanas en la década de 1820,
reconocen su antecedente en las rivalidades políticas y económicas entre las capitales
de las antiguas colonias. Un ejemplo era el recelo de las autoridades y comerciantes de
Lima respecto del contrabando efectuado por sus colegas del puerto de Buenos Aires, que
afectaba los intereses de los primeros, identificados y beneficiados con el sistema del
monopolio comercial. Concomitantemente se daba el rechazo de los comerciantes y
autoridades porteños a la hegemonía comercial limeña, que afectaba a comerciantes y
consumidores porteños que recibían productos terriblemente encarecidos y negaba a Buenos
Aires la posibilidad de comerciar directamente con la metrópoli en condiciones más
ventajosas. A la vez existía la pretensión porteña de controlar el comercio a través
del río Paraná, que inevitablemente llevaba a autoridades y comerciantes porteños a
chocar con sus colegas de Asunción. Por último, debe mencionarse la rivalidad
político-comercial entre los puertos de Buenos Aires y Montevideo, previa y posterior a
los procesos de emancipación, competencia que se manifestó en diferentes capítulos de
la historia rioplatense: durante el período colonial e inmediatamente anterior a la
Revolución porteña de mayo de 1810, en la rivalidad político-económica entre el virrey
Liniers y el entonces gobernador de Montevideo Elío; durante los primeros años
posteriores a los sucesos de Mayo, en el choque entre la Junta de Buenos Aires y el en ese
momento virrey Elío, asentado en Montevideo y férreo opositor de la revolución
porteña; y durante los años de los bloqueos europeos durante la égida rosista, en la
competencia comercial entre Buenos Aires y Montevideo.
Estas rivalidades provenientes de la época colonial estaban presentes
desde mucho antes del estallido de los procesos de emancipación, reflejando el precoz
desarrollo de una conciencia de las diferencias (económicas, políticas, geográficas)
que separaban a las distintas partes del Imperio español, a pesar de su pertenencia
común a la Corona en carácter de colonias. Esta conciencia de las diferencias entre las
distintas partes del Imperio colonial español generó una vez alcanzada la independencia
dos efectos contradictorios: por un lado ayudó a que las elites sudamericanas
construyeran, a imitación del modelo interestatal europeo impuesto a partir del tratado
de Westfalia, las diferencias a nivel de Estado-nación entre, por ejemplo, Paraguay y las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Por otro, en jurisdicciones más extensas, esta conciencia de las
diferencias e incluso rivalidades entre antiguas capitales de áreas coloniales generó un
tenaz sentimiento localista o regionalista que atrasó los esfuerzos de conformación de
un Estado nacional por parte de dichas elites sudamericanas altamente europeizadas, que
deseaban organizar a las repúblicas emancipadas siguiendo el modelo interestatal europeo.
En el caso rioplatense, y durante la primera mitad del siglo XIX, el peso de la segunda
tendencia (de balcanización, fragmentación o regionalización) fue por lejos mucho mayor
que el de la primera (de conformación de un Estado de alcance nacional). A la Revolución
de Mayo siguió un proceso de honda fragmentación político-económica cuyas raíces
estaban en la etapa colonial. Proceso que implicó el alejamiento del poder de Buenos
Aires de ex regiones del virreinato rioplatense como Paraguay, la Banda Oriental y el Alto
Perú y que llegó a su extremo en 1820 con la caída del Directorio y el Congreso. En
esta etapa, considerada por muchos historiadores como el período de la anarquía, y
contra los esfuerzos de Buenos Aires por constituirse en el heredero del orden colonial
español, cada provincia funcionó como un mini-Estado.
Entre las muchas manifestaciones de este sentimiento de pertenencia común hispanoamericana, vale citar, en el caso del Río de la Plata, la primera versión del Himno Nacional Argentino, que menciona localidades pertenecientes al ex virreinato del Río de la Plata pero que se escaparon del control de Buenos Aires una vez producida la Revolución de Mayo y que no forman parte de la actual República Argentina, tales como Chuquisaca o Potosí. En la época colonial, el referente más importante de este sentimiento hispanoamericano era la percepción de una amenaza común a Paraguay, Buenos Aires y la Banda Oriental: la presencia portuguesa. Este sentimiento de origen colonial no quedó abortado a partir de los procesos de emancipación de la década de 1810. Más bien cambió su significado pero sin perder su vigencia. Así como la común pertenencia al Imperio español fomentaba en el período colonial una conciencia hispanoamericana frente al enemigo portugués, la amenaza española durante las décadas de 1810 y 1820 demostró en las nacientes repúblicas la persistencia de un sentimiento hispanoamericano que adoptaba en ese momento la forma de un frente común de los países americanos contra las fuerzas realistas, símbolo del yugo colonial español. Sentimiento americanista que se evidenció en la actitud de amplios sectores dentro y fuera del gobierno de Buenos Aires de ayudar a "los hermanos orientales" a sacudir el yugo del Imperio brasileño, como lo demuestran la reacción popular en Buenos Aires ante la noticia de la invasión portuguesa en 1816 y la activa participación de hombres de Buenos Aires -y entre ellos Rosas- en la preparación de la expedición de los Treinta y Tres Orientales, o los encendidos editoriales de los diarios llamando a las "democracias" de América del Sur española a defender la causa de los "hermanos" orientales contra el poder brasileño, hijo del portugués, una presencia cultural extraña en el contexto de homogeneidad hispanoamericano que era el pasado común de las repúblicas sudamericanas emancipadas. Bolívar y San Martín, entre otros líderes americanos, intentaron traducir políticamente este sentimiento americanista y antiespañol en términos de proyectos de integración latinoamericana que terminaron en la nada, en buena medida por el mayor peso de las fuerzas "centrífugas" que apuntaban al localismo regional, que de las fuerzas "centrípetas" que instaban a mantener viva alguna modalidad de comunidad hispanoamericana que llenara el vacío dejado por el eclipse del poder colonial.
A raíz de la revolución de Cádiz en 1820 encabezada por Rafael del Riego, que obligó al rey Fernando VII a convocar a las Cortes y reconocer la constitución liberal de 1812, el monarca español otorgó un "manifiesto a los habitantes de ultramar", donde, en otra clara demostración de su ambigua actitud hacia las ex colonias americanas, llamaba a éstas a deponer su actitud hostil a la Madre Patria enviando delegados a España para tratar con las Cortes sus problemas, pero amenazando a dichas colonias a atenerse a las represalias militares de la Corona en caso de no aceptar la propuesta del rey. Ver artículo de Mario Belgrano, "La política exterior del gobierno de Martín Rodríguez. El reconocimiento de la Independencia", en Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene, comp., Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), vol. VI, 2ª secc., Buenos Aires, El Ateneo, 1948, p. 375.
Ibid., p. 377.
M. Belgrano menciona erróneamente a estos nuevos comisionados como de 1822.
Con este último objeto pero sin obtener resultados el Estado de Buenos Aires envió a Don Félix de Alzaga a Chile, Perú y Colombia, y al general Las Heras a Bolivia. Estas gestiones de la diplomacia porteña evidenciaban un deseo de protagonismo de las elites gobernantes de Buenos Aires en el contexto regional que no era compartido por sus colegas sudamericanos.
Isidoro Ruiz Moreno, Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955), Buenos Aires, Perrot, 1961, p. 382.
M. Belgrano, op. cit., p. 379; Pedro de Angelis, Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires, desde el 25 de mayo de 1810 hasta fin de diciembre de 1834, 1ª parte, Buenos Aires, 1836, p. 494, cit. en Isidoro J. Ruiz Moreno, Relaciones hispano-argentinas. De La guerra a los tratados, Buenos Aires, R. J. Pellegrini e hijo, 1981, p. 12.
Ver Vicente D. Sierra, Historia de la Argentina, tomo VII, Buenos Aires, Ed. Científica Argentina, 1970, pp. 306-307. También Luis Alberto Romero, La feliz experiencia, 1820-1824, Buenos Aires, La Bastilla, 1983, pp. 215-216.
V. D. Sierra, op. cit., p. 309.
Ibid., pp. 309-310.
Ibid., p. 307.
De acuerdo con la óptica porteña, Chile debía 1.062.313 $ y Perú 501.931 $. Cifras citadas por Humberto A. Mandelli, "La diplomacia argentina en América (1820-1829)", Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene, (comp.), op. cit., vol. VI, 2ª secc., Buenos Aires, El Ateneo, 1948, p. 409.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión Alzaga, Oficio de Félix de Alzaga a Bernardino Rivadavia, 15 de mayo de 1822, cit. en ibid., p. 410.
Réplica de O'Higgins a Félix de Alzaga, cit. en Vicente D. Sierra, op. cit., p. 300.
Cuando se enteró de la pretensión de las autoridades porteñas de cobrar a nombre propio los aportes hechos por otras provincias para financiar la campaña libertadora de San Martín en Chile, el gobierno de Córdoba intervino para reclamar lo que esta provincia había entregado en especies y dinero. Por su parte, las provincias cuyanas siguieron la actitud de las autoridades cordobesas, negando a Buenos Aires el derecho de percibir lo que ellas habían suministrado a San Martín. Cuando Alzaga propuso a O'Higgins nombrar liquidadores como árbitros para solucionar el problema de las deudas pendientes, este último aceptó, pero a condición de que las provincias de Córdoba y Cuyo nombraran también los suyos. Ante esta situación, Rivadavia el 3 de octubre de 1822 dio por terminada la misión Alzaga en Chile y Perú, reconociendo a las provincias el derecho de entenderse directamente con Chile.
El periódico El Centinela, redactado por Juan Cruz Varela, justificaba la negativa de los hombres de gobierno de Buenos Aires hacia la propuesta de Gutiérrez de la Fuente en los siguientes términos: "Esta provincia debe, por su propia conservación, emplear los fondos públicos y los instrumentos de guerra en afirmar al menos la frontera sur, ya que no es posible hacer lo mismo con la del norte, para librar totalmente la campaña de las incursiones de los bárbaros". Evidentemente pesaba en los hombres de gobierno porteños el ingrato recuerdo que habían dejado las desastrosas expediciones enviadas al Alto Perú durante la década de 1810.
V. D. Sierra, op. cit., pp. 300-301.
No obstante la firma de este acuerdo defensivo entre las autoridades de Lima y Santiago, y la permanencia de fuerzas expedicionarias chileno-argentinas pertenecientes al ejército de San Martín en territorio peruano luego del alejamiento del general argentino, ni Chile ni la Argentina contribuyeron de modo significativo en la lucha por la independencia peruana, particularmente luego del ostracismo de San Martín. Ambos países estaban demasiado pendientes de sus asuntos internos y no tenían inconveniente en derivar la carga de la lucha contra los realistas en la Gran Colombia, que estaba bien preparada para la misma. Ver al respecto Leslie Bethell (de.), Historia de América Latina, vol. 5, Barcelona, Crítica, 1991, p. 114.
Tomás de Iriarte, Memorias, tomo 1, Buenos Aires, 1962, p. 308, cit. en Oscar Alberto Muiño, "La misión Alvear-Díaz Vélez al Alto Perú", Todo es historia, año XVII, Nº 196, septiembre de 1983, p. 49.
Cabe aclarar que,
además de la actitud reticente del gobierno porteño hacia el Congreso de Panamá, el
comportamiento de las demás repúblicas americanas tampoco demostró ser demasiado
entusiasta. Por cierto, el Congreso de Panamá fue víctima de los recelos existentes
entre las repúblicas sudamericanas. Reflejó particularmente la abierta hostilidad
brasileña y el no demasiado oculto rechazo de Buenos Aires y Chile, gobiernos renuentes a
incorporarse al sistema bolivariano. Bolívar desde Perú invitó a Colombia, México,
Guatemala, Chile y las Provincias Unidas. Más tarde fueron cursadas invitaciones también
a Brasil y Estados Unidos.
El Congreso de Panamá quedó instalado el 22 de junio de 1826. Chile
demostró poco entusiasmo por la convocatoria bolivariana y no envió sus diputados. Por
su parte el gobierno de Buenos Aires había aceptado en un principio la invitación de
Bolívar creyendo que en el Congreso de Panamá encontraría aliados contra Brasil por la
cuestión oriental. Cuando el gobierno porteño se enteró de que el problema de la Banda
Oriental ni siquiera sería tratado en las sesiones, declinó su participación en
Panamá. Brasil finalmente tampoco envió sus representantes. En consecuencia, sólo
concurrieron al foro panameño los representantes de Perú, Gran Colombia, México y
Provincias Unidas de Centroamérica. Inglaterra sólo actuó como veedor y la
representación de Estados Unidos llegó después de iniciado el Congreso. El 15 de julio
del mismo año se firmó un Tratado de Amistad, Liga y Confederación Perpetua en paz y
guerra entre las repúblicas presentes (México, la Federación Centroamericana, Gran
Colombia y Perú), tratado que sólo fue ratificado por la Gran Colombia. Más tarde el
Congreso de Panamá fue trasladado a Tacubaya (México). Tras un paulatino estancamiento
en sus actividades, en 1828 el Congreso, fruto de los sueños de Bolívar, se disolvió.
Ver respecto de este tema Francisco Morales Padrón, Historia general de América
Latina, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, tomos III, pp. 131-132 y IV, p. 221; y Tulio
Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid-Buenos Aires,
Alianza, 1986, p. 158.
Mensaje de Las Heras al Congreso, en Emilio Ravignani, Historia Constitucional de la República Argentina, tomo II, Buenos Aires, 1927, p. 326, cit. en Humberto A. Mandelli, op. cit., p. 429.
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