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La cuestión de la independencia de las provincias
altoperuanas, adoptada bajo el nombre de República de Bolivia, tuvo un condimento
adicional: la anexión de Tarija -entonces pertene- ciente a la provincia de Salta según
los historiadores argentinos- al territorio boliviano (1). La provincia de Tarija ha sido sometida al ejército libertador, no
como un país que perteneciera a Potosí o Salta, sino como un territorio que dominaban
los españoles (...). Otra carta, fechada en Chuquisaca el 31 de mayo de 1825, decía lo
siguiente: mis facultades no alcanzan a dar una declaración tácita de que el
territorio de Tarija pertenezca a la provincia de Salta. Se me ha informado que Tarija
dependía de Salta en la parte militar y eclesiástica, y de Potosí en la civil,
gubernativa y judicial. Así pues, no me atrevo a la deliberación terminante que V.E.
reclama, mucho menos cuando está a llegar a estas provincias S.E. el Libertador
(Bolívar) (9). Vale destacar que esta carta de Sucre a Arenales resulta interesante no
sólo en términos de desmitificar la dogmática postura argentina. Si la muy probable
división de jurisdicciones que menciona esta carta es correcta -es decir Tarija como
territorio dependiente de Salta en la parte militar y eclesiástica, y de Potosí en la
civil, gubernativa y judicial-, Tarija tampoco pertenecía claramente al Alto Perú como
alegan los historiadores bolivianos. Ello explica la ausencia de representantes de Tarija
en el Acta de Independencia de las Provincias del Alto Perú (10). Someto al conocimiento de S.E. el Libertador dos comunicaciones que me
ha dirigido el señor general Arenales, y mis contestaciones a sus reclamos sobre la
provincia de Tarija, que dice pertenecía a Salta al tiempo de la revolución. He pedido a
Potosí los documentos que ilustren el asunto, porque todos informan que la pertenencia
era a medias, esto es: militar y eclesiásticamente a Salta, y judicial y gubernativamente
a Potosí. Por cierto, la anexión de Tarija a Bolivia fue un tema que complicó
la agenda de las Provincias Unidas, pues fue el punto de partida para la división de
opiniones dentro de las provincias norteñas, respecto de reconocer o no la autoridad de
los sucesivos gobiernos de Buenos Aires. Este recrudecimiento del localismo en las
provincias norteñas, expresado en el rechazo de algunos sectores de dichas provincias al
poder porteño, estaba alimentado por factores claramente económicos: la conexión de
estas provincias con la economía boliviana, su enorme distancia respecto de Buenos Aires,
su necesidad de protegerse contra la política librecambista porteña. Como se verá en
capítulos posteriores, durante la gestión de Juan Manuel de Rosas al frente de la
Confederación Argentina el permanente estado de potencial guerra civil en las provincias
del Norte constituyó toda una invitación para los deseos expansionistas del gobierno
boliviano del mariscal Santa Cruz, quien albergó en su territorio a los emigrantes
antirrosistas, los alentó, y financió sus incursiones contra los gobernadores
provinciales adictos al gobierno de Buenos Aires. Es en este complejo conjunto de
circunstancias, pues, que por decisión de un pequeño número de personas nacía el nuevo
y por cierto embrionario Estado boliviano, con conflictos territoriales abiertos y
latentes con Brasil, con las Provincias Unidas, y eventualmente también con Perú y con
Chile.
La cuestión en torno a Tarija posee características comunes a las de
otras disputas limítrofes intra-sudamericanas, en donde las partes en conflicto procuran
justificar sus derechos sobre el territorio en disputa alegando dudosos títulos
históricos derivados de documentos jurídicos tales como capitulaciones o reales cédulas
a conquistadores. Decimos dudosos títulos pues estas capitulaciones o cédulas eran
concedidas por la Corona española más con el deseo de estimular la conquista efectiva de
territorios que de delimitarlos claramente. Muy a menudo la Corona caía en el error de
conceder capitulaciones cuya jurisdicción se superponía a la de alguna capitulación
anterior. En el caso del territorio de Tarija, dos cédulas del rey de España del 17 de
febrero de 1807 ordenaron segregar dicho territorio de la Intendencia de Potosí e
incorporarlo a la de Salta. Los historiadores bolivianos han intentado demostrar que estas
órdenes regias de 1807, que constituyen una de las pruebas jurídico-históricas
presentadas como sostén de los reclamos argentinos sobre Tarija, nunca llegaron a
concretarse en la práctica. De acuerdo con Sabino Pinilla y contra la postura de los
historiadores argentinos, la revolución de 1809 en La Paz abortó estas disposiciones
reales (2).
Por contrapartida los historiadores argentinos presentan como argumento
de la pertenencia de Tarija a las Provincias Unidas la posición asumida por la primera
frente a los gobiernos generales instalados en éstas a partir de 1810 (3). También
presentan como prueba documental los reclamos efectuados por el gobernador y capitán
general de la provincia de Salta don Juan Antonio Alvarez de Arenales al general
venezolano Antonio José de Sucre. En sus reclamos sobre Tarija, Arenales afirmaba que
este territorio había pertenecido desde siempre a Salta y que esta última provincia
había provisto a la población tarijeña de armas y otros recursos materiales para
sostener su resistencia ante los realistas. Obviamente existen divergencias de
interpretación entre las historiografías argentina y boliviana. Una de ellas tiene que
ver con el impacto de los sucesos revolucionarios de Mayo en la vida política de Tarija.
Al llegar a territorio altoperuano las noticias de la revolución de Mayo de 1810 en
Buenos Aires, Tarija, imitando la actitud de los criollos porteños, reunió en agosto un
Cabildo Abierto en el cual se eligió a José Julián Pérez de Echalar como diputado, a
la vez que se preparaba para resistir a las fuerzas realistas. En la versión argentina,
el Cabildo tarijeño manifestó su adhesión a la Junta de Buenos Aires, lo cual se
habría visto confirmado por la incorporación de Pérez a la Junta Grande en diciembre de
1810. La versión boliviana rechaza este argumento, sosteniendo que las autoridades de
Tarija, como las de otras provincias altoperuanas, titubeaban entre la independencia y la
subordinación al Perú, pero nunca pensaron como alternativa la sujeción a la autoridad
de Buenos Aires. Vale advertir que el propio gobernador y capitán general de la provincia
de Salta Juan Antonio Alvarez de Arenales reconoció en una carta dirigida al Supremo
Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en abril de 1825 que las provincias
altoperuanas no deseaban seguir unidas al Río de la Plata (4). ¿Por qué no pensar lo
propio de la provincia de Tarija?
En la opinión de Sabino Pinilla, quien indagó la memoria del
ministerio de relaciones exteriores boliviano, los miembros del Cabildo de Tarija se
dirigieron a la Asamblea de las provincias altoperuanas el 13 de agosto de 1825 reiterando
su voluntad de mantenerse en el Alto Perú, decisión que el Cabildo tarijeño ratificó
el 26 de dicho mes (5). De manera igualmente dogmática que sus colegas argentinos, el
historiador boliviano Valentín Abecia Baldivieso sostiene que, de acuerdo con los
manifiestos del 7 de septiembre y 17 de octubre de 1825, la municipalidad y el colegio
electoral tarijeños proclamaron "sus vínculos naturales, geográficos, etnológicos
y su voluntad de pertenecer a Bolivia". En esos documentos se aclaraba que
"Tarija, a la par del Alto Perú, estuvo a la vanguardia de la revolución (...)
desde tiempo inmemorial corresponde al territorio de lo que es hoy República Boliviana
(6)". Para el gobierno porteño que presentó sus reclamos ante el propio Bolívar y
para los historiadores argentinos, Tarija perteneció desde 1807 a la intendencia de Salta
y su actitud secesionista fue inducida por las autoridades altoperuanas (7).
Varias cartas del general venezolano Antonio José de Sucre echan al
menos sombras de duda acerca de la validez del mito esgrimido por los historiadores
argentinos, según el cual Tarija pertenecía desde 1807 a la intendencia de Salta. La
primera de dichas cartas, fechada en Chuquisaca el 30 de mayo de 1825 y dirigida al
gobernador salteño Arenales, decía:
El señor presidente de Potosí me ha dirigido reclamos sobre Tarija, como perteneciente a
aquel departamento. Desde muy atrás yo tuve duda sobre esa provincia y dejé de
convocarla en la asamblea general para tomar mejores informes, porque no hay derecho para
hacerla corresponder a Potosí por una resolución mía, si ella era de Salta el año de
1810. La pertenencia de Tarija en esta época de la revolución debe servir de guía en el
caso (8).
Una hipótesis alternativa y altamente plausible, aunque difícil de
digerir en términos del mito construido tanto por argentinos como por bolivianos, sería
la de admitir que Tarija tuvo una actitud autónoma, y que si en todo caso aparecía más
vinculada al Alto Perú que a Buenos Aires ello se debió no -o al menos no
exclusivamente- a una espontánea voluntad de subordinación o de pertenencia al resto de
las provincias altoperuanas -como alega Pinilla invocando los pronunciamientos del pueblo
de Tarija del 6 de junio, 26 de agosto y 7 de septiembre de 1825-, sino a poderosas
razones de cercanía geográfica e intereses económicos (11), combinadas con la especial
torpeza que caracterizó a la diplomacia del gobierno de Buenos Aires para cooptar en su
favor a regiones del ex virreinato del Río de la Plata, cuyos intereses políticos y
económicos estaban a años luz de los de la ciudad-puerto y nunca fueron contemplados por
las autoridades porteñas. Esta última tendencia apuntada vale tanto para el caso de
Tarija, como para el resto del Alto Perú, y las provincias norteñas y cuyanas, cuyas
economías estaban desde la misma etapa del monopolio comercial español más conectadas
con Chile y Perú que con Buenos Aires.
Otra prueba documental que pone en duda la certeza de los mitos sobre
Tarija tanto del lado argentino como boliviano es la carta que Sucre enviara a Bolívar el
11 de junio de 1825, a causa de los reclamos del general salteño Arenales sobre la
pertenencia del territorio tarijeño a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dicha
carta decía lo siguiente:
Sírvase V.S. decirme qué resuelve S.E. en el caso, y si, resultando ser de Salta, se
declara desprendida absolutamente de relaciones con el ejército libertador. El Cabildo de
Tarija ha hecho una representación pidiendo corresponder a Potosí. No sé si fuera
conveniente que S.E. tomara su resolución después de venir aquí (12).
Consultar al respecto Sabino Pinilla, La creación de Bolivia, Madrid, América, s/f, pp. 238-239.
Vicente Sierra describe los hechos de la
siguiente manera. La Junta instalada en mayo de 1810 en Buenos Aires se dirigió a todas
las poblaciones del interior comunicando su formación e invitándolas a designar
diputados a razón de uno por cada ciudad o villa para incorporarse a la propia Junta.
Tarija, que según Sierra era una villa perteneciente a la gobernación-intendencia de
Potosí, fue la única población del Alto Perú que consiguió que su diputado llegara a
Buenos Aires. Al recibir las noticias de lo ocurrido en Buenos Aires, el Cabildo de
Tarija, integrado por Mariano Antonio de Echazú, José Antonio de Reguerin, Juan Díaz
Chaves, José Antonio de Larrea, Ambrosio Catoira, Miguel Jerónimo de Tejerina y Vicente
de Tehaso, decidió llamar a Cabildo Abierto para el 18 de agosto. En dicha asamblea,
además de reconocer a la Junta porteña, se eligió como diputado a José Julián Pérez,
decisión que fue comunicada a Buenos Aires por oficio de 7 de septiembre. El poder que
recibió Pérez lo autorizaba a actuar a su ciencia y conciencia. A diferencia del
diputado por Tarija, los diputados electos por otras provincias del Alto Perú no
alcanzaron a llegar a Buenos Aires. (V.Sierra, op. cit., t. V, 1968, pp. 99-100.)
Como su admisión a la Junta se dilatara por desacuerdos entre los miembros de la misma,
el 18 de diciembre de 1810 los nueve diputados que se hallaban en Buenos Aires -entre los
cuales estaba el representante de Tarija- solicitaron su incorporación. Aceptada ésta
quedó formada la denominada Junta Grande. A su vez, este organismo dictó el decreto del
10 de febrero de 1811 redactado por el deán Funes que creaba en las capitales de
intendencias una Junta Provincial, integrada por cuatro miembros y presidida por el
gobernador. En las demás ciudades autorizadas a enviar diputado al Congreso General, se
constituiría una Junta Subordinada, formada por dos vecinos y el comandante de armas del
lugar. En Tarija, el 23 de marzo de 1811 el Cabildo reunió a los electores designados y
se procedió a nombrar a quienes debían integrar la Junta local.
Resultó electo por unanimidad Francisco González Villa, quien resignó el cargo por
razones de salud y fue reemplazado por Francisco José Gutiérrez del Dozal, pero para el
otro cargo se produjo un empate entre José Manuel Núñez y Pérez y Nicolás de Echalar.
Se decidió entonces enviar copia de lo actuado a Buenos Aires, a fin de que la Junta
Superior resolviera sobre el empate. Por resolución del 27 de abril, ésta dispuso que la
Junta Subalterna quedara conformada por Gutiérrez del Dozal y José Núñez y Pérez.
Como presidente quedó el comandante de armas y regidor decano Juan de Dios de Evia y
Baca. (Ibid., t. V, pp. 285) Poco después estas Juntas fueron disueltas por orden
del Triunvirato que las reemplazó por gobernadores-intendentes y tenientes de gobernador.
Más tarde, en el Congreso de Tucumán hubo diputados altoperuanos, tres por Charcas, uno
por Chichas, dos por La Plata, uno por Mizque y uno por Cochabamba, algunos de los cuales
firmaron el Acta de la Independencia e integraban todavía el Congreso cuando éste
sancionó la Constitución de 1819.
Entre ellos, sin embargo no figuraba un representante de Tarija. (Ibid., t. VI, p.
398 y Acta, en p. 446.) Pocos años después, luego de que el 17 de noviembre de 1825
Tarija fuera entregada al delegado argentino Ciriaco Díaz Vélez, se convocó a
elecciones al Congreso Constituyente argentino reunido en Buenos Aires. A cargo del
gobierno -como teniente-gobernador, dependiente de Salta- quedó Mariano Echazú, y fueron
diputados el clérigo José Ruyloba y Joaquín de Tejerina y Hurtado, incorporados por el
Congreso el 27 de agosto de 1826. (José María Rosa, Historia Argentina, tomo III:
La independencia (1812-1826, Buenos Aires, Juan C. Granda, 1965, p. 442.)
La carta de Arenales a la que hacemos referencia, fechada en Potosí el 21 de abril de 1825 reconocía que: "No son las mismas las ideas de estos pueblos (altoperuanos) en lo general, y decididos por separarse de las provincias bajas, su duda sólo consiste en si se declaran un estado independiente, o si se reúnen al Bajo Perú; a más de las desconfianzas que han mostrado con respecto a la división de mi mando y falsas especies que han hecho circular sobre el objeto de mi venida, tengo otros datos que comprueban su aversión a permanecer unidas al Río de la Plata. En este estado, me he persuadido que lo único que resta es atraer a los miembros del congreso a no resolver cosa definitiva, y que, dando a las provincias un gobierno provisorio, hagan lugar a la calma de las pasiones y a las negociaciones que con dicho gobierno se podrían entablar en lo sucesivo". Carta de Arenales al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Potosí, 21 de abril de 1825, cit. en V. Lecuna, op. cit., pp. 177-178.
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, presentada al Congreso ordinario de 1893, La Paz, cit. en Sabino Pinilla, op. cit., p. 240.
Valentín Abecia Valdivieso, Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia, La Paz, 1979, tomo 1, p. 290, cit. en Oscar Alberto Muiño, op. cit., p. 56.
En las versiones del coronel José Felipe Marini y Oscar Alberto Muiño, Tarija no envió representantes a la Asamblea de las provincias altoperunas convocada por Sucre en Chuquisaca simplemente porque Tarija era territorio salteño. Pero a partir de julio de 1825 comenzaron a operar en territorio tarijeño elementos del gobierno boliviano partidarios de la secesión de Tarija de la jurisdicción salteña y su incorporación al Alto Perú. Desplazaron al teniente-gobernador de Tarija Dr. Gordaliza, hombre del gobernador salteño Arenales, para reemplazarlo por Bernardo Trigo. El 26 de agosto de 1825, los miembros del Cabildo tarijeño, influidos por elementos probolivianos, proclamaron su deseo de pertenecer al Alto Perú. A este inconveniente se unió la escasa habilidad diplomática de los delegados de las Provincias Unidas, Alvear y Díaz Vélez, quienes gestionaron ante el mismo Bolívar la reintegración de Tarija al territorio salteño. Bolívar dio el sí a condición de que las Provincias Unidas reconocieran la independencia altoperuana y renunciaran a la Puna de Atacama, pero el retiro sorpresivo de Alvear debilitó la misión. En estas versiones, se confirma el "mito de la pérdida territorial": las Provincias Unidas se quedaron sin Alto Perú y sin Tarija. Ver al respecto los trabajos del coronel (RE) D. José Felipe Marini, "La segregación de Bolivia", San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1983, pp. 30-31 y de Oscar Alberto Muiño, op. cit., pp. 56-59.
Carta de Sucre a Arenales, Chuquisaca, 30 de mayo de 1825, cit. en V. Lecuna, op. cit., p. 232.
Carta de Sucre a Arenales, Chuquisaca, 31 de mayo de 1825, cit. en ibid., p. 234.
Texto del Acta de Independencia de las Provincias del Alto Perú en Gaceta de Colombia, Nº 217, cit. en ibid., pp. 292-297. Al mencionar los diputados secretarios, el Acta omite Tarija. Aparecen en cambio representadas las cuatro provincias altoperuanas de La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas, más Santa Cruz.
Tarija era proveedora de ganado y granos al Alto Perú.
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