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La caída del Directorio y del Congreso -es decir del gobierno central- como consecuencia de la batalla de Cepeda (1º de febrero de 1820) permitió a las distintas provincias que habían integrado el virreinato del Río de la Plata ejercer plenamente su autonomía. Como consecuencia de ello, existieron relaciones interestatales tanto entre las provincias que habían compartido la misma organización virreinal -con la tendencia a firmar pactos que establecieran alguna forma de unión- como de éstas con las jurisdicciones que habían surgido e iban surgiendo de la quiebra del orden colonial. También los estados provinciales mantuvieron alguna relación con las potencias mayores de la época.
    Desde comienzos de 1823 hasta mediados de 1825, Córdoba mantuvo cierto contacto con los estados de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Gran Bretaña, contacto que aunque no muy frecuente albergó una relativa continuidad a lo largo del período (1). La correspondencia conservada demuestra la existencia de un deseo de mantener buenas relaciones con los países vecinos. Se felicitaba oficialmente a sus gobiernos ante el éxito de alguna batalla ganada al "godo", la asunción de nuevas autoridades o algún paso adelante en la organización del estado.
    Si bien Córdoba bregaba por una organización y un poder nacional que la representaran en el exterior, al mismo tiempo advertía que, momentáneamente, debía cuidarse las espaldas por sí misma, asegurándose la amistad y buena voluntad de otros pueblos. De alguna manera, la vía diplomática servía para dejar sentado que Córdoba luchaba por una causa americana y que si no brindaba más apoyo a las naciones hermanas, era porque las guerras civiles la habían desbastado económicamente.
    Se dejaba traslucir además cierto resquemor hacia Buenos Aires, que como provincia más rica, no hacía todo lo necesario por la liberación de los pueblos americanos. Así por ejemplo, el gobierno de Córdoba escribía el 31 de marzo de 1823 al gobierno de Chile:

(fo 314v) (...) queda enterado este Gobierno del desgraciado suceso que han tenido las armas de la Patria bajo el mando del General Alvarado en los campos de Moquegua. Nada más justo que lamentar tamaña perdida (...) A este respecto yo debo embidiar la posicion de V.E. y las de aquellos Gobiernos que se bastan a si mismos para lebantar guerras y costearlas (...)
(fo 315v) (...) Si la Provincia de mi mando hubiera permitido recursos para un proyecto de esta clase no hubiera tenido que mendigar en vano la concurrencia de los demas pueblos a efecto de que se formase una expedicion que (...) distragere las atenciones del enemigo; mis diligencias no han podido ser mas activas (...)
(...) pero los pueblos por efecto acaso de su estado politioo (sic), o tal vez por suma pobreza á que se hallan reducidos, no se han prestado a los medios que debian adoptarse para lebantar una expedicion, equiparla, (fo 316r) conducirla y mantenerla como era necesaria (...)
(...) No desisto ni desistire del mismo empeño siempre que concurran los demas Pueblos y principalmente Bs As cuyos grandes recursos ahorrarian la molesta solicitud (fo 316v) de las pequeñeses con que podrian coadyubar los otros (...) (2).

Las vinculaciones directas o indirectas de Córdoba con países europeos tampoco estuvieron ausentes durante el período de 1823 a 1825. Con España las relaciones tuvieron lugar a instancias de Buenos Aires, que el 4 de julio de 1823 firmaba una Convención Preliminar con el gobierno liberal de dicho país, como paso previo al reconocimiento de la independencia. La provincia de Córdoba adhirió a la mencionada convención una vez que la hubo ratificado la Legislatura de Buenos Aires. Autorizó asimismo a esta última a nombrar un plenipotenciario (25 de agosto). Pero la obtención del reconocimiento de la independencia por parte de España tenía su precio: 20 millones de pesos, cifra que Buenos Aires se había comprometido a reunir junto con los demás países americanos, y que tenía como objeto colaborar con el gobierno liberal de España en su guerra contra Francia. Bustos apoyó el reconocimiento pero evitó colaborar con dicha suma de dinero, calificando al pedido como "extemporáneo (3)".
    Respecto de las relaciones con Gran Bretaña, las comunicaciones oficiales de Córdoba no pasaron de ser buenos oficios. Se agradecía profundamente el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas por parte de S.M.B (4). Asimismo el gobernador Juan Bautista Bustos se puso a entera disposición del cónsul general de S.M.B. residente en Buenos Aires, Woodbine Parish, y se preocupó por gestionar un informe que le solicitara dicho cónsul sobre las características del territorio de la provincia: "ubicasion (...) extencion de su territorio, poblacion, producciones y ramo de industria, con exemplares de la guia de forasteros de la misma provincia del año proximo pasado (...) (5)". Probablemente el cónsul tuviera interés por conocer las ventajas comerciales que podía ofrecer la provincia para las manufacturas británicas, como también es posible que el interés de Parish estuviera guiado por el propósito de escribir su luego famoso libro Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata desde su descubrimiento y conquista por los españoles.
    Las relaciones entre los estados provinciales del Río de la Plata eran puestas a prueba cada vez que se intentaba llevar adelante algún paso para tratar de alcanzar la organización nacional. Existió una especie de competencia entre los más poderosos para lograr el patrocinio del congreso en que debía tratarse la cuestión. Así, el gobernador Bustos trató de reunir un congreso en la ciudad de Córdoba para el cual llegó a solicitar respaldo al caudillo oriental José Artigas. Sabemos que éste no recibió con agrado los oficios en que el gobernador cordobés solicitaba su colaboración, no porque no deseara la organización nacional sino porque quería lograr para sí el prestigio derivado de su concreción (6).
    Luego del triunfo de los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, sobre el director supremo José Rondeau, los vencedores firmaron con el nuevo gobernador de Buenos Aires, Manuel de Sarratea, el pacto del Pilar (23 de febrero de 1820). Los tres suscriptores decidieron abrirse de su relación con Artigas y promover la reunión de un congreso en San Lorenzo. La invitación cursada a Bustos para participar del mismo le produjo un gran disgusto. Sin embargo, el congreso de Córdoba fue reflotado al poco tiempo en el tratado de Benegas (24 de noviembre de 1820) firmado entre Santa Fe y Buenos Aires, aunque la última no demostró luego ningún interés en que un congreso celebrado en el interior del país tuviera éxito, y terminó retirando a su delegación. El tratado del Cuadrilátero, firmado entre Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, en noviembre de 1822, tiró abajo las últimas esperanzas que le quedaban a Bustos -que había realizado una gran esfuerzo al respecto- de que el congreso de Córdoba se hiciera realidad. A la ausencia del apoyo de Buenos Aires, el nuevo pacto agregaba el retiro de la diputación santafesina, lo cual selló definitivamente el fracaso de la asamblea.
    El año 1823 señala el punto de partida para un nuevo intento de reorganización nacional, esta vez impulsado por Buenos Aires. Esta tentativa contó en principio con el apoyo no sólo de Córdoba y su gobernador Bustos, sino también de otras provincias. Así, el Congreso General de 1824 inició sus sesiones en Buenos Aires en diciembre de ese año. El 23 de enero de 1825 sancionaba la ley Fundamental que obtuvo la aprobación de las provincias porque establecía el resguardo de sus instituciones hasta la sanción de la constitución, el ejercicio del poder ejecutivo nacional por parte de Buenos Aires con facultades muy restringidas, y la declaración del carácter constituyente del Congreso. La ley además no implicaba ningún cambio en las relaciones interestatales del gobierno de Córdoba.
    Pero si bien la ley Fundamental no generó repercusiones notables en las relaciones interestatales cordobesas, no ocurrió lo mismo con la ley de Presidencia (6 de febrero de 1826), sancionada en virtud de la guerra con el Brasil. Esta establecía un Poder Ejecutivo Nacional en abierta contradicción con la ley Fundamental y previamente a la sanción de la constitución. La legislatura cordobesa expresó su disconformidad en la sesión del 30 de mayo de 1826, en los siguientes términos:

La Legislatura Provincial á quien se honra de presidir el que suscribe ha sujetado a un exámen ardorosamente debatido la ley sancionada por el Congreso General Constituyente en 6 de febrero último para la instalación del P.E.N. con carácter permanente (...) La ejecucion de esta ley antes de ser ofrecida á la aceptacion de las Provincias se les ha presentado tan alarmante como destructora de las garantías y libertades que se reservaron por la de 23 de enero de 1825 en el solemne pacto de asociación reproducido por el órgano de sus Representantes (...) No se admite la ley del 6 de febrero inmediatamente anterior, por la que el Congreso General Constituyente ha creado un Poder Ejecutivo Permanente (7).

Este rechazo por parte de Córdoba podía tener serias consecuencias para la provincia incluida la guerra. Por ello Bustos, entre otros preparativos para la eventualidad, estableció contactos con Simón Bolívar y con Antonio José de Sucre. Este último ya había puesto los ojos en Bustos desde 1825 pues pensaba que podía ser útil a la causa de Bolívar. Por entonces Sucre escribía a su superior: "este Bustos hace lo que quiere, pero él nos servirá si el curso de los acontecimientos obligase a Ud. a ir a poner en paz las provincias mal llamadas de la Union (...) (8)"
    La oposición a Bernardino Rivadavia, que había sido nombrado titular del Poder Ejecutivo Nacional, llevó entonces a Bustos, Sucre y Bolívar a tratar de aunar esfuerzos. Esta política antagónica a los planes rivadavianos explicaba la ley del 2 de octubre de 1826, sancionada por la Legislatura de Córdoba y promulgada al día siguiente por el ejecutivo provincial. La misma establecía que:

Art. 1. La provincia ratificaba la ley del 31 de julio por la que se había decidido el retiro de los diputados cordobeses del congreso nacional.
Art. 2. La Legislatura daría un manifiesto explicativo de las razones que impusieron a la provincia la separación del pacto general.
Art. 3. Empeñada en sostener su libertad y la de las demás provincias oprimidas, se autorizaba al ejecutivo a convocar las tropas que creyera necesarias.
Art. 4. Para cumplir con el artículo anterior se autorizaba al ejecutivo a ponerse en comunicación con Bolívar y con Sucre, mediante el envío de un comisionado al efecto de firmar los tratados que deberían ser ratificados previa autorización legislativa.
Art. 5. La provincia ofrecía su cooperación en la guerra contra el Brasil, para la defensa, seguridad e integridad del territorio nacional.
Art. 6. La provincia expresaba a las demás hermanas y a los nuevos estados del continente, su cordial fraternidad, alianza y protección (9).

Este acercamiento a Bolívar y a Sucre no derivaba sólo de la necesidad de resistir un posible ataque desde Buenos Aires, sino también del peligro que representaba, para el gobernador cordobés, Aráoz de La Madrid desde Tucumán.
    Según expresa Carlos Segreti, no se sabe de comisionado alguno que hubiera partido desde Córdoba a Bolivia, pero evidentemente hubo algún tipo de comunicación y apoyo, puesto que Sucre suministró dinero ese mismo año a Bustos y a Ibarra, gobernador de Santiago del Estero. El autor sostiene que se le remitieron al primero 3.000 pesos, aunque éstos no pudieron llegar a destino por ser interceptados en Salta (10).
    Finalmente fue la Constitución de 1826, dictada por el Congreso General reunido en Buenos Aires, la que marcó el punto culminante del deterioro de las relaciones internas de las "Provincias Unidas". Las consecuencias más directas para la provincia de Córdoba fueron su separación del pacto federal (16 de enero de 1827) y el desconocimiento de los actos del Congreso (31 de mayo de 1827). Así lo expresaba la Legislatura provincial:

Art. 1: Pasese una nota al P.E. con el designio de que dirija éste á los Plenipotenciarios de los demas estados existentes cerca del Gobierno de Buenos Aires, haciendoles saber que la provincia de Cordoba, estando como está, fuera del pacto general de asociación, desde el 2 de octubre de 1826, por las razones que ya tiene imprimidas en su manifiesto, no reconoce ni reconocerá obligación alguna de las que de cualquier modo quiera contraer con los otros Estados ó tenga contraida aquel Gobierno con el carácter Nacional (...) (11)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Legislatura, el mismo día 31 de mayo de 1827, el gobernador de Córdoba dirigía al ministro plenipotenciario de S.M.B., al enviado del gobierno de los Estados Unidos, al agente de negocios de Colombia y al enviado de Chile, todos residentes en Buenos Aires, una nota en que expresaba severas críticas a Buenos Aires y a la Constitución del 26 por constituir ésta una clara violación de la voluntad general. Además afirmaba:

La Provincia de Córdoba á vista de estos pasos no puede ser indiferente por su suerte futura. El presidente de Buenos Aires sigue titulándose Nacional y, como tal tratando y contratando á nombre de la Nación con los Ministros y embiados de otras naciones recidentes en Buenos Aires y como que esto puede traher funestos resultados a las Provincias que no pertenecen á la asociacion y cuyo nombre con violacion del mas sagrado derecho se toma para la validacion de aquellos actos; ha ordenado al que suscribe, proteste en la mas legal forma a los S.S. Ministros recidentes en esa, que la Provincia de Cordoba no sera responsable á ningun tratado celebrado por los referidos Señores Ministros con el Presidente de Bs As, titulado Nacional (...) [y] (...) que todo tratado que desde el día 2 de octubre de 1826 haya celebrado con el referido Presidente no liga en manera alguna a la Provincia de Cordoba ni impone el menor compromiso (...) (12)

Córdoba se desligaba de esta manera de cualquier responsabilidad respecto de los actos o decisiones que pudiera tomar Buenos Aires en su nombre.

  1. Entre esta correspondencia podemos citar:
    "Copiador de oficios dirigidos al Ilustrísimo Honorable Sr. Gral Dn Rudecindo Alvarado y demás autoridades del Perú", Córdoba, 1823, en Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (A.H.P.C.), Copiadores de Gobierno, caja 283, cuaderno 60.
    "Copiador de oficios dirigidos al Gobierno de Chile y sus Ministros", Córdoba, 1823, en A.H.P.C., Copiadores de Gobierno, caja 283, cuaderno 32.
    "Copiador de oficios dirigidos al Consul General de S.M.B. recidente en Buenos Ayres Dn Woodbine Parish", Córdoba, 1824, en A.H.P.C., Copiadores de Gobierno, caja 284, cuaderno 72.
    "Copiador de oficios dirigidos al Exmo Sor Gral en Xefe del Exto Libertador en el Alto Perú Antonio José de Sucre", Córdoba, 1825, en A.H.P.C., Copiadores de Gobierno, caja 284, cuaderno 12.
    "Copiador de oficios dirigidos al Exmo Sr Director Supremo de la Republica de Chile y sus Ministros", Córdoba, 1825, en A.H.P.C., Copiadores de Gobierno, caja 284, cuaderno 10.

  2. A.H.P.C., Gobierno, "Copiador de oficios dirigidos al Gobierno de Chile y sus Ministros", 31 de marzo de 1823, caja 283, cuaderno 32. El texto de este oficio hace alusión al pedido del general San Martín, a través de su enviado Gutiérrez de la Fuente, de que las provincias del Río de la Plata organizaran una expedición hacia el Alto Perú para abrir un nuevo frente de lucha contra los españoles y aliviar así la tarea del ejército Libertador. El gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, se preocupó por organizarla pero no recibió prácticamente ninguna ayuda de Buenos Aires y finalmente la expedición fracasó.

  3. Carlos A. Segreti, Juan Bautista Bustos en el escenario nacional y provincial, Córdoba, 1970, p. 39.

  4. A.H.P.C., Gobierno, "Copiador de oficios dirigidos al Consul Gral de S.M.B. recidente en Buenos Aires Dn Woodbine Parish, 26 de junio de 1824, caja 284, cuaderno 72. Este oficio tiene que haber sido consecuencia de la declaración de Polignac, conseguida por el ministro de asuntos exteriores británico de su par francés, y de la decisión de Gran Bretaña de establecer un consulado en Buenos Aires, que significaban un reconocimiento virtual de la independencia. El reconocimiento formal de la independencia tuvo lugar en febrero de 1825, cuando se firmó un acuerdo entre los dos países y el rey incluyó en su discurso al Parlamento un párrafo conteniendo dicho reconocimiento.

  5. Idem nota anterior, 19 de febrero de 1825, caja 284, cuaderno 72, folio 322r.

  6. Carlos A. Segreti, "Ultimos contactos de Artigas con Córdoba", en Boletín Histórico del Estado Mayor General del Ejército, Números 88-91, Montevideo, 1961, p. 149.

  7. Compilación de Leyes, decretos y acuerdos de la excelentísima cámara de justicia y demás disposiciones de carácter público dictados en la provincia de Córdoba desde 1810 a 1870, tomo 1, Cordoba, 1870, p. 21.

  8. C.A. Segreti, Juan Bautista Bustos..., op. cit., p. 105.

  9. Ibid., p. 105.

  10. Ibid., p. 106.

  11. Sesión del 31 de mayo de 1827, Compilación de Leyes..., op. cit., pp. 31-32.

  12. A.H.P.C., Gobierno, "Copiador de comunicaciones dirigidas a los S.S. Embiados de otros estados recidentes en Buenos Ayres", 31 de mayo de 1827, caja 285, cuaderno 56, fo. 40r-v.

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