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La incorporación de la Banda Oriental al Reino de Portugal, Brasil y
Algarbe con el nombre de Provincia Cisplatina fue justificada formalmente a través de la
"aclamación general" de una Asamblea de notables orientales adicta a las tropas
de ocupación el 18 de julio de 1821. No obstante, la mayoría de los habitantes de la
entonces Provincia Cisplatina procuraban librarse del yugo lusitano-brasileño. Pero para
conseguir este objetivo los orientales necesitaban el aporte material en armas y dinero
del otro lado del Plata. En los últimos días del año 1822 un grupo de vecinos de
Montevideo y de su campaña junto con el Cabildo de aquella ciudad se dirigieron a los
gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe a través de sus enviados el teniente coronel Tomás
de Iriarte y Domingo Cullen, pidiéndoles su cooperación material en favor de un
levantamiento contra las fuerzas de ocupación portuguesas y brasileñas acantonadas en la
Banda Oriental.
En el caso de Buenos Aires -el de Santa Fe se analizará en el último
apartado- el ministro Bernardino Rivadavia, aun simpatizando con la causa de los
orientales, juzgaba imprudente lanzarse a una empresa que de modo inevitable conduciría a
una guerra con el aparentemente poderoso Imperio del Brasil. Si bien Rivadavia deseaba la
reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas, también consideraba que la
intervención de Buenos Aires no era justificable mientras el pueblo oriental no se
pronunciase en forma franca a favor de su separación del Imperio. En efecto, Rivadavia se
preguntaba si este grupo de vecinos de Montevideo y de su campaña podía ser considerado
como una representación genuina de la población de la Provincia Cisplatina.
En consecuencia, los esfuerzos del enviado oriental teniente coronel
Iriarte chocaron contra la resolución del ministro Rivadavia de no embarcar a Buenos
Aires en una empresa que podía malograrse por la abstención de una gran parte del pueblo
oriental. Según el mismo Iriarte, la respuesta del gobierno de Buenos Aires consistía en
que:
se expresase al Cabildo de Montevideo y a todos los que suspiraban por la independencia de la Banda Oriental, que el general (Martín) Rodríguez estaba dispuesto a prestar a sus hermanos todos los auxilios necesarios, siempre que se instalase en Montevideo una autoridad que representase la opinión del pueblo de aquella Provincia, porque era absolutamente imprescindible entenderse con una autoridad responsable en todos sus actos públicos, para que los compromisos que habrían de contraerse no gravitasen única y exclusivamente sobre el Gobierno de Buenos Aires, si los resultados eran adversos (1).
Otro de los motivos que argumentó Rivadavia para no acceder a la
petición de los enviados orientales era la presencia en Montevideo de las fuerzas
portuguesas del general Alvaro da Costa. Rivadavia consideraba que, aun en el caso de
tener éxito el levantamiento del pueblo oriental contra las tropas brasileñas del
general Lecor, sería después difícil inducir a los portugueses a que entregasen la
ciudad, que ellos pretenderían conservar para la metrópoli. Este razonamiento llevó a
Rivadavia a proponer al enviado oriental Iriarte el ofrecimiento de buques de transporte
para conducir las fuerzas del general da Costa a Portugal. Los gastos del traslado de
dichas tropas correrían por cuenta de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A
cambio de esta concesión, Rivadavia pretendía que los portugueses entregasen al Cabildo
de Montevideo las llaves de la ciudad y permitiesen que los soldados de Buenos Aires
entrasen a ocuparla, con el objetivo de impedir que la capital oriental cayese en poder de
las fuerzas brasileñas del general Lecor.
Desoyendo el clamor de la opinión pública que pedía la guerra contra
el Imperio y las protestas de los orientales que desde Buenos Aires y Montevideo lo
culpaban de indiferencia y hasta de falta de patriotismo, Rivadavia procuró convencer al
emperador del Brasil para que reconociese el derecho de las Provincias Unidas a
reincorporar la Provincia Oriental. Mientras Rivadavia buscaba el diálogo pacífico con
el Imperio, al mismo tiempo trataba de impedir que se produjeran actos de hostilidad por
parte de los disidentes orientales contra las tropas de ocupación lusitano-brasileñas,
ya que estos actos podían malograr las gestiones diplomáticas en las que el ministro
porteño tenía depositada su confianza.
Como consecuencia, el ministro del gobierno de Martín Rodríguez sólo
entreveía la posibilidad de guerra con el Imperio en el caso extremo de que éste no
reconociese las justas razones del gobierno de Buenos Aires y pretendiese conservar la
Provincia Cisplatina a la fuerza y contra la voluntad del pueblo oriental. En el caso de
que la situación llegase a este punto límite, Rivadavia pensaba que resultaba
conveniente contar previamente con el respaldo de las demás provincias. Con el fin de
lograr el apoyo de los caudillos provinciales, el ministro del gobierno de Buenos Aires
buscó interesar a las provincias en una inmediata reunión de un Congreso General
Constituyente (2).
A la vez, y en consonancia con su postura prudente respecto de la
cuestión oriental, en julio de 1823 Rivadavia envió al canónigo Valentín Gómez a Río
de Janeiro en calidad de agente diplomático del gobierno de Buenos Aires, para que
gestionase a nombre de las cuatro provincias litorales ligadas por el tratado del
Cuadrilátero la devolución de la Provincia Oriental a las Provincias Unidas y el retiro
de las fuerzas de ocupación lusitano-brasileñas del territorio oriental.
El 15 de septiembre de 1823 Valentín Gómez entregó a las autoridades
imperiales un memorándum en donde se sostenía que en ningún momento la Provincia
Oriental había dejado de pertenecer al territorio de las Provincias del Plata. No
obstante, la política conciliadora del ministro Rivadavia frente al Imperio cayó en saco
roto. A la ocupación de Montevideo por parte de las fuerzas brasileñas comandadas por el
general Lecor, se sumó el fracaso de la misión. El memorándum entregado por Gómez a
las autoridades del Imperio fue rechazado categóricamente después de cinco meses de
espera. Las palabras del canciller imperial fueron:
La incorporación de la Provincia Cisplatina al Imperio es un acto de la libre voluntad de todos sus habitantes, y el Brasil, por los sacrificios que ha hecho, está resuelto a defender aquel territorio, no admitiendo que se consulte nuevamente la opinión respecto a la incorporación de aquel Estado a las Provincias Unidas. (...) el Gobierno de S.M.I. (...) no puede entrar con el de Buenos Aires en negociaciones que tengan por base fundamental la cesión del Estado Cisplatino, cuyos habitantes no debe abandonar (3).
Contra la voluntad de Rivadavia y ante la intransigencia del Imperio
del Brasil, el 9 de febrero de 1824 se daban por rotas las negociaciones con la corte de
Río y los orientales quedaban abandonados a su suerte, ya que Rivadavia esperaba la
próxima reunión del Congreso General Constituyente -convocado por ley del 27 de febrero
del mismo año- para someter a su criterio la conducta que las Provincias Unidas debían
observar frente al Imperio.
Mientras se esperaba el resultado de la misión de Valentín Gómez, el
ministro Rivadavia se preocupó por alejar todo motivo que pudiese agravar el estado de
las relaciones con el Imperio. Con tal fin y temiendo una posible invasión de las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos al territorio oriental, el gobierno de Buenos Aires
envió al doctor Juan García de Cossio en carácter de comisionado ante el gobernador
santafesino, Estanislao López. En una larga exposición efectuada el 14 de octubre de
1823, Cossio trató de demostrar a López la imperiosa necesidad de suspender la
expedición a la Banda Oriental hasta que el Congreso General Constituyente decidiese
sobre dicha cuestión, alegando las desventajas numéricas de los ejércitos de las
Provincias Unidas frente a las fuerzas del Imperio brasileño y la necesidad de esperar
los resultados de la misión de Valentín Gómez ante la corte de Río.
López aceptó los argumentos de Cossio, o sea, el criterio de
Rivadavia, demostrando que o bien los argumentos esgrimidos por el gobierno de Buenos
Aires lo habían convencido, o que el gobernador de Santa Fe no podía reunir las fuerzas
necesarias para organizar la proyectada invasión en auxilio de los orientales. La
debilidad militar santafesina estaba acentuada por el hecho de que sus fuerzas habían
sido duramente golpeadas por el fracaso de algunas expediciones contra los indios, cuya
presencia indómita en el interior de una provincia como Santa Fe demuestra, otra vez, en
qué medida no sólo el Estado sino tampoco la nacionalidad estaba plasmada. ¿A qué
nación pertenecían los malones? Ciertamente que no a la misma que el gobernador de Santa
Fe.
Más allá de este significativo punto conceptual, lo cierto es que con
la visita de Cossio la política santafesina cambió, y López suspendió la alianza
ofensiva y defensiva que había firmado el 13 de marzo de 1823 con el Cabildo
Representante de Montevideo y contra los ejércitos de ocupación lusitano-brasileños en
el territorio oriental, los que frecuentemente realizaban incursiones en Santa Fe y Entre
Ríos.
La reunión de este Congreso va a ser luego reclamada por el cónsul inglés Woodbine Parish a fin de establecer una autoridad central en las Provincias Unidas y así poder obtener para éstas el reconocimiento británico. Esta convocatoria, alentada por Rivadavia antes de dejar sus funciones, también es vista por algún historiador como un arbitrio del ministro para obtener una autoridad nacional para sí y poder disponer de tierras provinciales a fin de llevar adelante sus negocios mineros.
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