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Por las razones que se han apuntado a lo largo del capítulo, la
perspectiva de una larga guerra era doblemente catastrófica para las Provincias Unidas:
por la crisis política que se desarrolló en forma paralela al conflicto y por la
voluntad británica de imponer la paz con el doble objetivo de retomar los contactos
comerciales interrumpidos y evitar el derrumbe del régimen imperial, que implicaba la
desaparición de un vasto espacio que representaba para Gran Bretaña el más importante
de los mercados consumidores latinoamericanos (1).
La mayoría de los miembros del Congreso habían empujado a las
Provincias Unidas a la guerra con el Brasil.
Pero estaban muy presentes en el recuerdo las secuelas de la reciente
lucha por la independencia, y en la medida que el conflicto se prolongaba dejaba de servir
como factor de cohesión y pasaba a ser un factor acelerador de los conflictos internos
previos (2).
Cuando Rivadavia regresó de Europa, a fines de octubre de 1825,
demostró inmediatamente no estar de acuerdo con la política de Las Heras por cuanto la
consideraba demasiado complaciente con las provincias del Interior. Además, en un viraje
político, el ex ministro se manifestó dispuesto a forzar la declaración de guerra
contra Brasil. La posición asumida por Rivadavia ha quedado reflejada en una carta del
deán Funes dirigida a Bolívar, del 26 de octubre de 1825, y que además ilustra sobre la
falta de unanimidad en la percepción acerca de la posición de Inglaterra frente a la
posibilidad de la guerra entre las Provincias Unidas y Brasil. Decía el deán Funes:
Acaba de llegar de la Europa el ex ministro Rivadavia (...) Desde su primera entrada empezó a promover que era preciso hacer públicamente la guerra al Brasil. No ha influido poco este concepto para que los tímidos del Congreso se decidieran por la resolución que llevo apuntada (reconocer a la provincia Oriental como integrante del país, lo que se hizo el 25 de octubre). De estos antecedentes será muy oportuno sacar esta consecuencia: luego, no fue exacto el concepto que nos hizo concebir el Ministro García (...) en orden a que la Corte de Londres miraría con sumo desagrado la guerra que se hiciese al Brasil. En efecto, señor, fueron equivocadas estas ideas (...) Yo he descubierto que el Ministro Canning aun rehusó entrar de mediador en nombre de su Corte (...) (3)
El deán Funes se reunió luego con el propio Rivadavia, de lo cual
también dio cuenta en carta de fines de noviembre a Bolívar. Según Funes, Rivadavia
había explicado a Canning la necesidad de la guerra para obtener la restitución de la
Banda Oriental, si ésta no era evitada por la mediación del gobierno británico. El
ministro Canning le había contestado que su gobierno "no había querido hacer uso de
ella, a pesar de que todo le indicaba un próximo rompimiento, por no dejar este ejemplo
de injerencia en las disensiones de los Estados americanos; pero que se le prevendría lo
conveniente a sir Charles Stuart". El deán agregaba que también García había
cambiado de opinión y que pensaba que "en nada se desagrada a la Inglaterra con esta
guerra, siempre que el Emperador no convenga en la restitución (4)".
En opinión de Sierra, el belicismo de Rivadavia -opuesto antes a tal
tendencia- tuvo que haber sido influido por alguna seguridad de que Gran Bretaña no
permitiría que la guerra cambiara significativamente la situación americana. Por otra
parte, el viraje actuaba en favor de sus aspiraciones de quedar al frente del país, dado
que la guerra era popular (5). Halperín Donghi también sostiene que en el discurso ante
sus electores, Rivadavia hizo suya la política de guerra y señaló que en la lucha
estaba comprometido "el ser nacional". Afirmó además que "el Río de la
Plata debe ser tan exclusivo de estas provincias como su nombre: a ellas les es mucho más
necesario, y sin la posesión exclusiva de él, ellas no existirían (6)".
Lo cierto es que Rivadavia consiguió lo que probablemente había
planeado con sus sostenedores al dejar su cargo de ministro y antes de su viaje a Europa:
obtener su designación como autoridad central y máxima de las Provincias Unidas. Así,
el Congreso General creó por ley el cargo de Presidente de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, el 6 de febrero de 1826, otorgándoselo a Rivadavia al día siguiente (7).
Valentín Gómez justificó la resolución en el hecho de que el gobierno de Buenos Aires
había pedido ser relevado de sus funciones nacionales por considerarlas incompatibles con
las provinciales, y en la necesidad de intensificar la acción debido a la guerra con
Brasil. Si bien la medida estaba en parte inspirada en las presiones británicas para la
instalación de un Poder Ejecutivo representativo de las Provincias Unidas, la premura con
que se llevó a cabo fue motivo de sospecha para los contemporáneos no identificados con
la política oficial. Parece ser que debió existir alguna combinación entre Dorrego,
Alvear y Bolívar para imposibilitar la ascensión de Rivadavia. El deán Funes, que
conocía la combinación, expresaba en carta a Sucre lo siguiente:
Ponderando en sumo grado los problemas inminentes de la guerra, la facción dominante del Congreso acaba de instalar con la mayor precipitación un Poder Ejecutivo nacional, perpetuo en la persona de D. Bernardino Rivadavia. Ha sido en vano alegar razones para que se aguardase la llegada de muchos diputados de los pueblos que estaban en camino, o próximos a estarlo. Todo se atropelló y se ganó una elección unánime. En mi juicio no han sido los peligros de la guerra la causa de esta repentina precipitación, sino el que la elección se hiciese antes de que llegue el general Alvear, a quien se le supone ya conexionado con el Sr. Libertador (Bolívar). Yo nada sé sino por presunciones sobre este asunto, y hubiese deseado que la elección cayese en él; pero todo se nos ha frustrado. No esté distante de creer que Rivadavia, con sus satélites el canónigo Gómez y el cura Agüero procuren colocarlo en el Ministerio de Guerra, o darle mando en el ejército (8).
Es decir que la elección sorpresiva de Rivadavia pudo ser hasta cierto
punto consecuencia del temor a la influencia que Bolívar podía adquirir si Alvear era el
elegido. Por último, a través de Valentín Gómez y de Santiago Vázquez, Alvear fue
convencido de aceptar el ministerio de guerra, lo cual según Tomás de Iriarte fue una
traición a Bolívar (9).
Rivadavia organizó su nuevo gobierno de manera de atender las
necesidades de la guerra y funcionar a la vez como maquinaria de partido, para realizar su
predilecta administración centralizada. Ofreció a García el ministerio de relaciones
exteriores, que éste no aceptó probablemente por no querer compartir un gabinete con
Agüero y por estar en desacuerdo con los planes constitucionales del presidente. En su
reemplazo, Rivadavia nombró al general Francisco Fernández de la Cruz. Como ministro de
gobierno fue designado Julián Segundo de Agüero, eterno rival de García y el más
violento de los miembros del partido belicista. El ministerio de guerra y marina le fue
ofrecido, como ya se dijo, al general Alvear y para el de hacienda fue nombrado Salvador
María del Carril.
La extraña alquimia entre Agüero y Rivadavia (una alianza impensable
en otros tiempos) fue posible como consecuencia de un gambito político del presidente,
que decidió sacrificar su convicción pacifista a los efectos de hacerse popular con una
opinión pública belicista y de este modo reunir la fuerza militar necesaria para
enfrentarse a los caudillos provinciales que liderados por el gobernador de Córdoba,
general Juan Bautista Bustos, se oponían al proyecto de Constitución centralista de 1826
impulsado por Rivadavia.
A los pocos días de su nombramiento el presidente Rivadavia presentó
al Congreso un proyecto de ley declarando a la ciudad de Buenos Aires capital del Estado
nacional, demarcando su jurisdicción y nacionalizando sus establecimientos. Con el resto
del territorio de la provincia de Buenos Aires -que también pasaba a depender del
gobierno central- se crearían posteriormente dos provincias. El proyecto dio motivo a una
larga discusión en el Congreso, e incluso Juan Manuel de Rosas, como representante de los
hacendados de la campaña, envió al Congreso un memorial de protesta seguido de más de
mil firmas. No obstante, la ley fue aprobada el 4 de marzo y el 7 un decreto del
presidente dejaba cesante al gobernador Las Heras y disolvía la Junta de Representantes.
Las Heras pudo haber resistido la medida pero optó por exiliarse en Chile.
Sin embargo, estos proyectos del presidente Rivadavia -la
capitalización de Buenos Aires y la Constitución de 1826, sancionada por el Congreso en
diciembre de ese año- chocaron contra la realidad. Aunque la prosecución de la guerra
con Brasil contaba con el respaldo de la opinión pública porteña y del Congreso,
Rivadavia no logró convencer a los caudillos provinciales, que aferrados a un tenaz
sentimiento localista no aceptaron sus proyectos centralistas, percibidos como un nuevo
intento de Buenos Aires por imponer su voluntad sobre el resto de las provincias del Río
de la Plata.
La Constitución centralista de 1826 había sido aprobada por las tres
cuartas partes del Congreso, pero, cuando fue enviada por el presidente a los gobiernos
provinciales, fue rechazada por las provincias del Litoral, Norte e Interior y sólo
aceptada por Tucumán y la Banda Oriental. Esto hizo que la opinión pública y la prensa
de los sectores federales de Buenos Aires, ya mal predispuestas con Rivadavia por la
cuestión de la capitalización de Buenos Aires, responsabilizaran al gobierno y al
general en jefe Alvear de la inacción en que permanecía el ejército tras la poco
decisiva victoria de Ituzaingó sobre las fuerzas imperiales. En realidad, esta inacción
se debía a que cada día se hacía más difícil dotar, equipar y sostener un ejército
cuya formación misma dependía de la voluntad de los gobernadores y jefes de provincias,
reacia a las figuras de Rivadavia y Alvear.
Por otra parte, el gobierno de Rivadavia adoptó también en la Banda
Oriental medidas de neto corte centralista, tales como el desplazamiento de Lavalleja y su
reemplazo en el cargo de gobernador por Joaquín Suárez, medida adoptada por una Sala de
Representantes orientales donde predominaban los elementos unitarios (o prorivadavianos)
porteños. Esta misma Sala de Representantes aprobó la Constitución de 1826, rechazada
por todos los gobiernos provinciales del Río de la Plata a excepción de Tucumán. Los
representantes orientales también aceptaron la designación de numerosos porteños
unitarios para cargos judiciales y administrativos. Todas estas medidas adoptadas entre
1826 y 1827 fueron generando una sorda rivalidad entre el gobierno de Buenos Aires y sus
adictos orientales, por un lado, y Lavalleja y la mayoría de los caudillos de la Banda
Oriental, por el otro. Esta rivalidad habría de desembocar en el golpe de Estado del 13
de octubre de 1827 por el que Lavalleja reasumió el cargo de gobernador de la Provincia
Oriental y disolvió la Sala de Representantes. Más aún, la reacción a estas medidas
del gobierno de Rivadavia generó en algunos orientales una corriente de opinión a favor
de la independencia absoluta de su provincia.
Este sentimiento secesionista o independentista de un importante sector
oriental fue denunciado por el ministro de gobierno de las Provincias Unidas, Julián
Segundo de Agüero, y fue mencionado por el enviado británico lord John Ponsonby en
varios de sus informes oficiales, como el que mandó a Canning el 20 de octubre de 1826:
De todo lo que puedo deducir de este estado de cosas, concluyo que los orientales están tan poco dispuestos a permitir que Buenos Aires tenga predominio sobre ellos como a someterse a la soberanía de S.M.I. el emperador. Ellos luchan contra los brasileños, pero es para rescatar a su país y librarse ellos mismos de una asfixiante esclavitud, no para colocarse bajo la autoridad de Buenos Aires; y, si el emperador fuera alguna vez desalojado de la Banda Oriental, los orientales estarían igualmente prontos a luchar contra Buenos Aires por su independencia, como lo hacen ahora con el Brasil (10).
En este crítico contexto de repudio de los caudillos provinciales a la
autoridad central de Buenos Aires, y ante la perspectiva catastrófica de una larga guerra
para las Provincias Unidas tras la poco decisiva victoria de Ituzaingó, Rivadavia envió
en 1827 a Río de Janeiro al desplazado ex ministro Manuel José García como enviado
oficioso, con el objetivo de buscar una rápida paz con el Imperio. El presidente no
podía luchar al mismo tiempo contra las fuerzas del emperador brasileño y contra las de
los caudillos provinciales y la de los sectores disidentes de Buenos Aires. Pero la
vergonzosa derrota de Ituzaingó obligaba a Pedro I a salvar el prestigio imperial
exigiendo al enviado García la devolución de la Banda Oriental o la continuación de la
guerra.
A fines de mayo de 1827, y repitiendo la historia de 1817 con Artigas,
García firmó un convenio por el cual el gobierno porteño entregaba la Banda Oriental al
Imperio del Brasil. Cuando García regresó con este convenio firmado, el gobierno de
Rivadavia se encontraba tambaleante frente a la oposición de los caudillos provinciales.
Más allá de sus convicciones personales y quizás buscando algún rédito político,
Rivadavia solicitó al Congreso -ante la sorpresa de García- el rechazo de la Convención
Preliminar de Paz. El Congreso, dominado por los elementos belicistas, rechazó el tratado
el 25 de junio de 1827 y dos días después, Rivadavia renunció.
La caída de Rivadavia implicaba la derrota del partido unitario y el
fracaso del régimen presidencial. Reconociendo su falta de apoyo popular, el Congreso
dictó el 3 de julio una ley en virtud de la cual debía designarse un presidente
provisorio que gobernaría hasta la reunión de una Convención Nacional. Esta debía
nombrar al presidente permanente y aceptar o rechazar la Constitución de 1826. La ley
además ordenaba la restitución de la ciudad de Buenos Aires a la provincia y el
restablecimiento de las autoridades de ésta. El 5 de julio, el Congreso eligió
presidente provisorio a Vicente López y Planes. En cumplimiento de la mencionada ley,
López reinstaló la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, la cual, el
12 de agosto, designó gobernador a Manuel Dorrego. Poco después, López presentó su
renuncia ante el Congreso. Este la aceptó, declaró nuevamente en vigencia la Ley
Fundamental, encomendó al gobierno de Buenos Aires la conducción de la guerra y las
relaciones exteriores y luego se declaró disuelto.
El coronel Manuel Dorrego, jefe de la oposición federal de Buenos
Aires al gobierno de Rivadavia y por ende partidario de la guerra con el Brasil, sería
paradójicamente el encargado de arribar a una paz con el Imperio. Este desenlace fue
resultado de la tenaz presión británica, de los propios apoyos de Dorrego y de un
consenso público, que comenzó a percibir una paz decorosa como la mejor solución para
una guerra que ya no se podía ganar.
T. Halperín Donghi, De la revolución..., pp. 228-229.
Ibid., p. 229.
V. D. Sierra, op. cit., t. VII, p. 470.
Ibid.
Ibid.
T. Halperín Donghi, De la revolución..., p. 234.
La ley de Presidencia fue sancionada el 6 de febrero de 1826 y no el 3 como menciona Halperín Donghi. Cfr. T. Halperín Donghi, De la revolución..., p. 233. La fecha de la elección de Rivadavia es 7 de febrero de 1826; es errónea la que figura en el libro de Klaus Gallo. Cfr. K. Gallo, De la invasión al reconocimiento. Gran Bretaña y el Río de la Plata, 1806-1826, Buenos Aires, A-Z ed., 1994, p. 236.
V. D. Sierra, op. cit., t. VII, p. 495.
Ibid.
Carta de Ponsonby a Canning, Buenos Aires, 20 de octubre de 1826, en L. A. de Herrera, op. cit., II, pp. 75-76 y en A. Castellanos, op. cit., p. 81.
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