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Hemos visto que el descubrimiento de las islas no ha sido establecido
aún claramente. Hasta ahora es posible afirmar que en el año 1600 una parte de sus
costas fue avistado y señalado por navegantes holandeses (Sebald den Weert). Sin embargo,
según la donación Papal (Bula) todas las islas ubicada en esa región pertenecían a
España. Por supuesto que esto no fue reconocido por las nuevas potencias marítimas,
ávidas por construir su propio imperio colonial, Holanda y Gran Bretaña. Hasta
aproximadamente mediados del siglo XVIII las Islas Malvinas sólo estaban incluidas en el
enfrentamiento más global entre Inglaterra y España. La primera intentaba romper la
exclusividad de navegación y comercio de la segunda sobre sus posesiones, mientras ésta
luchaba para sostener sus derechos exclusivos. Pero fue Francia quien inició la carrera
por la ocupación, recién a mediados del XVIII. Es en ese entonces que las Islas se
convierten en el foco de atención de la diplomacia anglo-española. Su posición
estratégica fue reconocida. El pico de la tensión se alcanza en 1770-71. Pero en 1774
Gran Bretaña abandona Puerto Egmont, aunque sostiene que nunca abandonó sus derechos
sobre las islas. España queda, finalmente, en posesión absoluta del archipiélago y
establece una estación naval. En 1790, se produce un suceso que tendrá importantes
consecuencias para los derechos españoles. A cambio de la libre navegación y comercio en
los mares del Sur y la exclusividad de asentamientos en las costas de norteamérica, con
la Convención de San Lorenzo Inglaterra reconoce los derechos de las posesiones
españolas en las costas de Sudamérica e islas adyacentes, concepto en el cual se
incluía a las Malvinas. De este modo, a lo largo de 47 años (1764-1811) España ocupó
ininterrumpidamente las islas perfeccionando sus derechos. Estos eran impecables. Sin
embargo, por los movimientos independentistas en América se vio en la necesidad de
abandonar dicha posesión, que esperaba fuera temporalmente. Así entran en juego los
hipotéticos derechos sucesorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien
invocando el principio de uti possidetis reclamó la soberanía sobre esos
territorios.
Las potencias del momento no estaban dispuesta a reconocer tal derecho,
especialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña. Para ambas, el abandono de las islas por
España las convirtió en terra nullis. Cuando el gobierno de Buenos Aires
intentó establecer una colonia y controlar las aguas circundantes, desafiando sus
intereses, estas reaccionaron. Pareciera que especialmente Gran Bretaña (una potencia
naval con vastos intereses estratégicos) no pudo permitir que un estado joven y casi
anárquico ocupara aquel territorio estratégico, que había disputado a España (en su
momento una importante potencia) con tanto ahínco. Por lo tanto, aplicando una política
de fuerza, esta potencia ocupó un territorio considerado vital para su interés y al que
se creía con derecho por su historia (olvidando los acuerdos firmados con España). A
partir de ese momento, las Provincias Unidas deberían probar que al territorio lo habían
heredado directamente de España. Por la larga ocupación española, el abandono de Puerto
Egmont, y la firma de la Convención de San Lorenzo (Nookta Sound) era claro que los
derechos ingleses habían sufrido un retroceso. Pero las Provincias Unidas sólo podían
oponer el principio de uti possidetis y cinco años de ocupación efectiva, lo
cual no era considerado suficiente. Se le sumaba en su contra su convulsionada situación
interna, su debilidad externa y la opinión que las "gentes civilizadas" tenían
de la población y gobierno del país, al que consideraban bárbaro y proclive a la
piratería, por lo cual no se pensaba que merecieran estar sujetos a los principios del
derecho internacional.
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