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Fue en este momento que las políticas chilenas de aislacionismo y no
intervención se modificaron por una actitud más activa. Hasta entonces el gobierno
chileno había evitado involucrarse en las políticas locales de poder para concentrarse
en su propio desarrollo y en la construcción de su Estado, y era un verdadero y temprano
candidato para alcanzar la condición de lo que Rosecrance denomina "estado
comercial" (1). Por cierto, hasta que las circunstancias conducentes al creciente
poder de Santa Cruz no generaron una percepción de amenaza inminente, los chilenos no
llevaron a cabo auténticas políticas de poder. No obstante, y como sostiene Burr, un
sistema de política de poder basado en el triángulo Chile-Bolivia-Perú estaba en
proceso de gestación. Por otra parte, gracias a que Chile había podido abstenerse de
aplicar costosas políticas de poder y se había dedicado devotamente desde 1830 en
adelante a su propio desarrollo, su posición frente a otros países había mejorado
enormemente: por cierto, su mismo poder había aumentado gracias al "ahorro"
representado por su pacífico desarrollo. Valparaíso, por ejemplo, había triplicado sus
entradas entre 1831 y 1835. Gracias a ello, Chile estaba mejor preparado para los nuevos
desafíos que enfrentaba.
Mientras tanto, en el denominado Estado Norperuano sectores que
respondían a Santa Cruz ganaban el predominio en el gobierno de Orbegoso y aconsejaban
confirmar el total rechazo del tratado con Chile, argumentando que la hegemonía comercial
de Valparaíso no debía ser permitida. Al mismo tiempo, dos barcos peruanos fueron
alquilados a exiliados chilenos que aspiraban a tomar el poder en su país bajo el
liderazgo del ex presidente Ramón Freire. En julio de 1836 zarparon hacia Chiloé, bien
preparados, pero la tripulación de uno de los barcos se amotinó y se entregó a las
autoridades chilenas. Como represalia, los chilenos penetraron en el Callao y confiscaron
tres barcos peruanos.
A estas alturas intervinieron los británicos, que reunieron al líder
de la expedición chilena y a un representante de Santa Cruz para que llegaran a un
arreglo. El mismo consistía en que Chile no apresaría más barcos peruanos y se
quedaría con los tres que había confiscado sólo hasta que se solucionasen las
cuestiones pendientes. Por su parte, Santa Cruz mantendría bajo vigilancia a los
exiliados y no tomaría represalias por los barcos confiscados. Santa Cruz aceptó el
acuerdo porque necesitaba tiempo para consolidar la Confederación Peruano-Boliviana. Pero
justamente por esta razón, Chile rechazó el acuerdo, ya que sus dirigentes llegaron a la
conclusión de que la Confederación era inaceptable para Chile porque alteraba el
equilibrio del poder en la región de manera desfavorable para sus intereses.
El razonamiento básico era que si Austria o Francia tomaban a España
o a Italia, otras potencias europeas no dudarían en reaccionar por razones de equilibrio
de poder. Lo mismo era aplicable al caso de la emergente Confederación Peruano-Boliviana.
De este modo y movido por esta lógica, el gobierno de Chile comenzó a aplicar verdaderas
políticas de poder, aunque sin abandonar sus políticas Estado-céntricas, que estaban en
las antípodas de los pequeños intereses caudillo-céntricos que inspiraban a las
políticas de poder de Santa Cruz.
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