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Fue en este momento que las políticas chilenas de aislacionismo y no intervención se modificaron por una actitud más activa. Hasta entonces el gobierno chileno había evitado involucrarse en las políticas locales de poder para concentrarse en su propio desarrollo y en la construcción de su Estado, y era un verdadero y temprano candidato para alcanzar la condición de lo que Rosecrance denomina "estado comercial" (1). Por cierto, hasta que las circunstancias conducentes al creciente poder de Santa Cruz no generaron una percepción de amenaza inminente, los chilenos no llevaron a cabo auténticas políticas de poder. No obstante, y como sostiene Burr, un sistema de política de poder basado en el triángulo Chile-Bolivia-Perú estaba en proceso de gestación. Por otra parte, gracias a que Chile había podido abstenerse de aplicar costosas políticas de poder y se había dedicado devotamente desde 1830 en adelante a su propio desarrollo, su posición frente a otros países había mejorado enormemente: por cierto, su mismo poder había aumentado gracias al "ahorro" representado por su pacífico desarrollo. Valparaíso, por ejemplo, había triplicado sus entradas entre 1831 y 1835. Gracias a ello, Chile estaba mejor preparado para los nuevos desafíos que enfrentaba.
    Mientras tanto, en el denominado Estado Norperuano sectores que respondían a Santa Cruz ganaban el predominio en el gobierno de Orbegoso y aconsejaban confirmar el total rechazo del tratado con Chile, argumentando que la hegemonía comercial de Valparaíso no debía ser permitida. Al mismo tiempo, dos barcos peruanos fueron alquilados a exiliados chilenos que aspiraban a tomar el poder en su país bajo el liderazgo del ex presidente Ramón Freire. En julio de 1836 zarparon hacia Chiloé, bien preparados, pero la tripulación de uno de los barcos se amotinó y se entregó a las autoridades chilenas. Como represalia, los chilenos penetraron en el Callao y confiscaron tres barcos peruanos.
    A estas alturas intervinieron los británicos, que reunieron al líder de la expedición chilena y a un representante de Santa Cruz para que llegaran a un arreglo. El mismo consistía en que Chile no apresaría más barcos peruanos y se quedaría con los tres que había confiscado sólo hasta que se solucionasen las cuestiones pendientes. Por su parte, Santa Cruz mantendría bajo vigilancia a los exiliados y no tomaría represalias por los barcos confiscados. Santa Cruz aceptó el acuerdo porque necesitaba tiempo para consolidar la Confederación Peruano-Boliviana. Pero justamente por esta razón, Chile rechazó el acuerdo, ya que sus dirigentes llegaron a la conclusión de que la Confederación era inaceptable para Chile porque alteraba el equilibrio del poder en la región de manera desfavorable para sus intereses.
    El razonamiento básico era que si Austria o Francia tomaban a España o a Italia, otras potencias europeas no dudarían en reaccionar por razones de equilibrio de poder. Lo mismo era aplicable al caso de la emergente Confederación Peruano-Boliviana. De este modo y movido por esta lógica, el gobierno de Chile comenzó a aplicar verdaderas políticas de poder, aunque sin abandonar sus políticas Estado-céntricas, que estaban en las antípodas de los pequeños intereses caudillo-céntricos que inspiraban a las políticas de poder de Santa Cruz.

  1. Contrariamente a este razonamiento, Burr argumenta que presuponer (como lo hicieron los líderes chilenos) que un agresor sudamericano sería automáticamente contenido por las fuerzas competitivas que operaban en el sistema de Estados sudamericanos, era participar de una premisa "realista" de políticas de poder. No obstante, parece claro que el objetivo de la elite chilena anterior a la expansión de Santa Cruz no era encuadrable en el concepto de una política de poder, y que el juego del que había participado Chile hasta ese momento no era de suma-cero ni de una búsqueda de ganancias relativas.
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