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Movido pues por la percepción de la urgencia de evitar una quiebra del equilibrio de poder en la región, el Congreso chileno autorizó una declaración de guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, habilitando al enviado Mariano Egaña para decidir si la usaría o no. Egaña fue enviado al Callao con cinco barcos e instrucciones de asegurar la independencia de Bolivia. Llegó el 30 de octubre de 1836, pero no se le permitió anclar. En consecuencia, cuatro de sus barcos prosiguieron hasta Guayaquil para evitar la partida de tres barcos peruanos que estaban anclados allí. Finalmente, el 11 de noviembre Egaña llegó a la conclusión de que las negociaciones no lo llevarían a ninguna parte y declaró la guerra contra la Confederación. El Congreso chileno ratificó el estado de hostilidades.
    Según las hipótesis de Burr (sin duda el más importante estudioso de esta guerra desde la documentación chilena) de allí en más la diplomacia trasandina trabajó activamente para: a) mantener a las grandes potencias fuera de la región, y b) atraer hacia Chile a aquellos países que los chilenos percibían como parte de su propio sistema de poder regional. Chile rechazó el arbitraje de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. El influyente Diego Portales explicó que estos países estaban demasiado preocupados por sus intereses comerciales y no le darían la suficiente importancia a otros valores, como la independencia y el honor. Portales arguyó que un árbitro debía ser imparcial no solamente respecto de las partes en juego, sino también frente a los diferentes intereses y valores involucrados. En este argumento puede percibirse una curiosa concepción antropomorfa del Estado, bastante opuesta a las suposiciones del Estado comercial y también opuesta a lo que en el Capítulo 1 hemos definido como una racionalidad ciudadano-céntrica. No obstante, esta lógica es compatible con una racionalidad calculada desde los intereses de un Estado dominado por una elite que valoraba su status en el sistema interestatal no menos que la prosperidad del país, que estaba muy ligada al comercio.
    Contrariamente a la actitud chilena frente a las grandes potencias, que como se dijo fue de mantenerlas alejadas del conflicto, Chile cortejaba a Ecuador, con la esperanza de que no le permitiera el uso del puerto de Guayaquil a la Confederación Peruano-Boliviana, pero el Congreso ecuatoriano rehusó aliarse a cualquiera de las partes en disputa. Por su parte, Nueva Granada tampoco estuvo dispuesta a comprometerse.
    Diferente era, sin embargo, el caso de Buenos Aires, que era más sensible a las propuestas chilenas ya que en ambas partes de la frontera de Salta y Bolivia había facciones que habían estado envueltas en los asuntos de unas y otras. La guerra entre los caudillos no había respetado los límites artificiales entre los Estados. A comienzos de 1830 Santa Cruz había apoyado a los unitarios, los enemigos del régimen de Juan Manuel de Rosas. Cuando Rosas derrotó a los unitarios muchos de ellos se refugiaron en Bolivia y obtuvieron ayuda financiera de Santa Cruz. Por ello, al volver Rosas al poder en 1835, sus relaciones con Santa Cruz fueron tensas. En 1836 Rosas temía que Santa Cruz intentara usar a los unitarios para atraer a las provincias del noroeste argentino a su órbita, como lo había hecho con Perú. Como se verá en un capítulo posterior, Rosas y los gobernadores provinciales percibieron la confirmación de esto en la documentación llevada desde Chile, en septiembre de 1836, por el agente confidencial ante el gobierno de Buenos Aires, Francisco Javier Rosales.

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