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Movido pues por la percepción de la urgencia de evitar una quiebra del
equilibrio de poder en la región, el Congreso chileno autorizó una declaración de
guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, habilitando al enviado Mariano Egaña
para decidir si la usaría o no. Egaña fue enviado al Callao con cinco barcos e
instrucciones de asegurar la independencia de Bolivia. Llegó el 30 de octubre de 1836,
pero no se le permitió anclar. En consecuencia, cuatro de sus barcos prosiguieron hasta
Guayaquil para evitar la partida de tres barcos peruanos que estaban anclados allí.
Finalmente, el 11 de noviembre Egaña llegó a la conclusión de que las negociaciones no
lo llevarían a ninguna parte y declaró la guerra contra la Confederación. El Congreso
chileno ratificó el estado de hostilidades.
Según las hipótesis de Burr (sin duda el más importante estudioso de
esta guerra desde la documentación chilena) de allí en más la diplomacia trasandina
trabajó activamente para: a) mantener a las grandes potencias fuera de la región, y b)
atraer hacia Chile a aquellos países que los chilenos percibían como parte de su propio
sistema de poder regional. Chile rechazó el arbitraje de Gran Bretaña, Francia y los
Estados Unidos. El influyente Diego Portales explicó que estos países estaban demasiado
preocupados por sus intereses comerciales y no le darían la suficiente importancia a
otros valores, como la independencia y el honor. Portales arguyó que un árbitro debía
ser imparcial no solamente respecto de las partes en juego, sino también frente a los
diferentes intereses y valores involucrados. En este argumento puede percibirse una
curiosa concepción antropomorfa del Estado, bastante opuesta a las suposiciones del
Estado comercial y también opuesta a lo que en el Capítulo 1 hemos definido como una
racionalidad ciudadano-céntrica. No obstante, esta lógica es compatible con una
racionalidad calculada desde los intereses de un Estado dominado por una elite que
valoraba su status en el sistema interestatal no menos que la prosperidad del país, que
estaba muy ligada al comercio.
Contrariamente a la actitud chilena frente a las grandes potencias, que
como se dijo fue de mantenerlas alejadas del conflicto, Chile cortejaba a Ecuador, con la
esperanza de que no le permitiera el uso del puerto de Guayaquil a la Confederación
Peruano-Boliviana, pero el Congreso ecuatoriano rehusó aliarse a cualquiera de las partes
en disputa. Por su parte, Nueva Granada tampoco estuvo dispuesta a comprometerse.
Diferente era, sin embargo, el caso de Buenos Aires, que era más
sensible a las propuestas chilenas ya que en ambas partes de la frontera de Salta y
Bolivia había facciones que habían estado envueltas en los asuntos de unas y otras. La
guerra entre los caudillos no había respetado los límites artificiales entre los
Estados. A comienzos de 1830 Santa Cruz había apoyado a los unitarios, los enemigos del
régimen de Juan Manuel de Rosas. Cuando Rosas derrotó a los unitarios muchos de ellos se
refugiaron en Bolivia y obtuvieron ayuda financiera de Santa Cruz. Por ello, al volver
Rosas al poder en 1835, sus relaciones con Santa Cruz fueron tensas. En 1836 Rosas temía
que Santa Cruz intentara usar a los unitarios para atraer a las provincias del noroeste
argentino a su órbita, como lo había hecho con Perú. Como se verá en un capítulo
posterior, Rosas y los gobernadores provinciales percibieron la confirmación de esto en
la documentación llevada desde Chile, en septiembre de 1836, por el agente confidencial
ante el gobierno de Buenos Aires, Francisco Javier Rosales.
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