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Por otra parte, uno de los fenómenos constitutivos de la complicada situación del noroeste en estos años, que ilustra elocuentemente la artificialidad de la frontera entre la República de Bolivia y el noroeste de la Confederación Argentina, era la amenaza de segregación del territorio de la Puna de Jujuy (1) y la posibilidad de su unión con Bolivia. Por cierto, en noviembre de 1834 Alejandro Heredia denunciaría ante los gobiernos de Buenos Aires y Santiago del Estero que, extorsionada por Pablo de la Torre y sin recursos para hacerle frente, la Puna había gestionado su agregación a la República de Bolivia, cuyo presidente la había aceptado (2).
    La Puna es una gran meseta a través de la cual la jurisdicción de Jujuy se comunicaba directamente con los mercados bolivianos. Compuesta por cuatro departamentos -Yavi, Cochinoca, Santa Catalina y Rinconada- la región puneña contaba con importantes recursos: la cría de ovejas, los extensos salitrales de Casabindo (que proveían de sal a Jujuy, Salta y Tucumán y a la propia Bolivia) y oro no explotado proveniente de las serranías pero que se extraía de los ríos. El metálico de la Puna servía para pagar el trigo y el maíz que venían de Bolivia a los departamentos de la Puna, perjudicando la actividad agrícola del resto de la provincia de Jujuy y la de Salta. No obstante, los beneficios derivados de la explotación de estos recursos no llegaban a la población puneña, que vivía en permanente miseria. Esto se debía al menos parcialmente a que buena parte de la población de la Puna pagaba contribuciones en concepto de arriendos al titulado marqués de Yavi o de Tojo, Fernando Campero. Este era un coronel del ejército boliviano que, alegando su descendencia de los marqueses del Valle de Tojo y el carácter de perpetuidad de las encomiendas concedidas al beneficiario original, se autoadjudicaba derechos de propiedad sobre una considerable porción del territorio de la Puna (Casabindo, Cochinoca, Yavi y otros campos en jurisdicción de
Salta) (3).
    La cuestión Campero era difícil para las autoridades salteñas. Aunque el litigio entre Fernando Campero y Pedro Nolasco Uriondo (otro aspirante a heredero del ex marquesado de Yavi) estaba en suspenso, surgió otra complicación cuando en 1834, durante el gobierno de Pablo de la Torre, la Legislatura salteña autorizó al poder ejecutivo a disponer de la suma de $8.000 recaudados, entre otras fuentes, de los arriendos del ex marquesado de Yavi, con el objetivo de hacer frente a las indemnizaciones exigidas por el tratado del 2 de diciembre de 1831. Campero reaccionó rápidamente. El 8 de julio de 1834, una partida armada procedente de Tarija cruzó la frontera y sustrajo al subdelegado de la Puna el dinero recaudado de los arriendos. A este incidente se sumaron aprestos armamentistas en Yavi por parte de Campero y manifestaciones de insubordinación entre las tropas de las zonas fronterizas (4).
    Según Pavoni, la actitud segregacionista de la Puna estaba vinculada no sólo a su íntima conexión económica con Bolivia, sino también a la escasa atención prestada por la Legislatura salteña a los problemas de esta región, dado que el conflicto con Alejandro Heredia de Tucumán y los levantamientos en la misma Salta aparecían como las amenazas prioritarias. Asimismo la población puneña, compuesta en su mayoría por indígenas, tenía por opciones responder como arrendatarios a las órdenes del boliviano Fernando Campero, o a las de un gobierno local cuyo trato no era precisamente benévolo. Un claro ejemplo de la conducta desintegradora de la comunidad indígena puneña fue un informe reservado que revelaba que el subdelegado de la Puna, Cirilo Alvarado:

había hecho recojida de algunos muchachillos y chinitas quitandoselos á sus padres para mandarlos á Jujuy y Salta de regalo segun dice, y los padres de estos se dice reclaman por ellos y amenasan que en caso de que no se les debuelban á sus hijos se darán buelta á la Republica de Bolivia como lo ha hecho Tarija (5).

La cuestión de la Puna agravaba el panorama político de Salta y otorgaba argumentos para la intervención en dicha provincia del gobernador tucumano Alejandro Heredia, que por aquel tiempo (como se verá luego) le había declarado la guerra al gobernador salteño Pablo de la Torre. Más allá de las intenciones segregacionistas de la Puna respecto de Salta (luego extendidas a todo el territorio jujeño), e incluso de sus intenciones de anexión a Bolivia denunciadas por el riojano Facundo Quiroga y el tucumano Alejandro Heredia, Pavoni, en oposición a lo que tradicionalmente han sostenido los historiadores, descarta la idea de expansionismo por parte de Fernando Campero o del gobierno boliviano de Santa Cruz sobre el territorio puneño. Esta autora sostiene que a fines de 1834 Santa Cruz tenía puesta toda su atención en la expansión sobre Perú y no sobre el norte de la Confederación Argentina. Según su interpretación, la acción de Campero se habría limitado a demostraciones de fuerza, las que lograron terminar con la sustracción de los arriendos (6).
    Luego de la secesión de Jujuy de la jurisdicción de Salta (proceso que analizaremos más abajo), ningún cambio se produjo en la situación de la Puna. Miguel Angel Vergara sostiene que las autoridades de la provincia recientemente emancipada pactaron con el poderoso Campero la elección de autoridades locales que fuesen del agrado del pretendido marqués de Yavi con el fin de tenerlo de aliado. Pero este pacto de alianza no implicó la pérdida de la autonomía jujeña respecto del gobierno boliviano. Más bien hubo un tácito reconocimiento de las respectivas órbitas de influencia por parte de ambos gobiernos (7).

  1. No debe confundirse la Puna de Jujuy, que era parte de la jurisdicción jujeña (y por ende de Salta), con la Puna de Atacama que hasta la guerra del Pacífico era jurisdicción boliviana, luego fue tomada por los chilenos, y después pasó a la Argentina en su mayor parte como resultado combinado de un acuerdo argentino-boliviano y un laudo norteamericano.

  2. Alejandro Heredia al gobernador de Buenos Aires, Tucumán, 19 de noviembre de 1834, en Archivo General de la Nación, X-5-10-6; Alejandro Heredia al gobernador de Santiago del Estero, en Andrés A. Figueroa, Los papeles de Ibarra, Santiago del Estero, 1941, tomo II, pp. 26-27, citados en N.L. Pavoni, op. cit., p. 80.

  3. Ibid., pp. 80-81.

  4. Teniente gobernador José María Fascio al gobernador de la provincia, Jujuy, 11 de julio de 1834, en A.B.H.S., año 1834, carpeta 3; subdelegado de la Puna Cirilo Alvarado al teniente gobernador José María Fascio, Yavi, 15 de julio y 16 de agosto de 1834, A.B.H.S., año 1834, carpetas 3 y 4; Nepomuceno Iriarte al gobernador de Salta, Rinconada, 7 de octubre de 1834, en A.B.H.S., año 1834, carpeta 4, en ibid., pp. 81-82.

  5. Dionisio de La Madrid al gobernador de Salta, Orán, 23 de septiembre de 1834, A.B.H.S. año 1834, carpeta 4, en ibid., p. 82.

  6. Ibid., p. 84.

  7. Ibid., p. 84; M. A. Vergara, Jujuy bajo el signo federal, Edición Oficial del Gobierno de Jujuy, Imprenta del Estado, 1938, pp. 16-18.

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