• La situación interna de las provincias del noroeste entre 1834 y 1836

En 1834 estalló una nueva pugna por poder en el Norte de la Confederación Argentina, esta vez entre dos gobernadores de tinte federal: el de Salta, Pablo de la Torre, y el de Tucumán, Alejandro Heredia. Con el fin de debilitar la influencia de su rival, Heredia incitaba las ideas de autonomía de los jujeños, cuya provincia era parte de Salta. La Torre a su vez hacía la misma política de intrigas en la provincia de Catamarca, sujeta a la autoridad tucumana. Pero la posición del gobernador salteño era sumamente precaria. La Torre tenía enemigos tanto dentro como fuera de su provincia. Por un lado, los sectores pudientes de la sociedad salteña, resentidos con La Torre, estaban en estrecho contacto con el gobierno jujeño a través del doctor Juan Antonio de Moldes, con el propósito de derrocarlo (1). Por otro lado, el gobierno y el pueblo de Jujuy deseaban su autonomía desde 1811. Esta vieja aspiración del pueblo jujeño había logrado reunir además del mencionado respaldo de Heredia, el de los unitarios salteños y el de los gobiernos de Santiago del Estero y Catamarca.
    Asimismo, el gobierno boliviano del mariscal Andrés Santa Cruz consideraba que el apoyo a la independencia jujeña favorecería sus intereses en la región, ya que en la lucha por la autonomía participaban elementos antirrosistas. Para ello, Santa Cruz envió a Mojo a Fernando Campero, quien apoyó el acto de independencia jujeña proclamado en la localidad de Yavi el 22 de noviembre de 1834, y además facilitó armas, soldados y apoyo a la campaña autonómica de los jujeños. Campero además organizó una división en Jujuy, que actuó hasta la eventual derrota del gobernador La Torre.
    Los conflictos internos no se limitaron a las provincias de Jujuy y Salta. El 22 de junio de 1834 estalló una revolución en Tucumán encabezada por elementos unitarios: los generales José Jerónimo Helguera y Javier López, y el doctor Angel López (sobrino del anterior). Esta tenía por fin derrocar el mandato federal de Alejandro Heredia. El general López había sido gobernador de Tucumán y deseaba derrocar a Heredia utilizando las amistades que poseía entre los unitarios salteños. No obstante, esta revolución logró ser sofocada por el gobernador tucumano. López huyó a Bolivia, desde donde meditó nuevos planes de invasión armada a Tucumán, previo paso por Salta y Jujuy, también amparados por el régimen boliviano.
    Por otra parte, la constitución de la provincia de Jujuy como independiente de la de Salta y el nombramiento del coronel español José María Fascio como su primer gobernador el 18 de noviembre de 1834 encontró al salteño La Torre en una posición muy incómoda: venía de sofocar una revuelta en su propia provincia, debía enfrentar un inminente choque contra Alejandro Heredia y tenía serios conflictos con los gobiernos de Santiago del Estero y Catamarca. El gobernador jujeño Fascio recibió una lluvia de acusaciones federales acerca de su conexión con los emigrados unitarios y el régimen boliviano (2). A su vez, el salteño La Torre decidió no dar importancia a la proclamación de independencia de los jujeños, a fin de obtener su apoyo militar. Pero como la secesión de Jujuy recibió el respaldo de Tucumán, de Santiago del Estero, y aun de los unitarios salteños, el flamante gobernador Fascio desterró las esperanzas de su vecino salteño diciéndole el 25 de noviembre de 1834 que "Jujuy era libre y no súbdita; que como libre no tenía compromisos y no eran tan candorosos los jujeños para armar el brazo de sus propios enemigos" (3).
    Los días del gobernador La Torre estaban contados. El 2 de diciembre la Legislatura de Salta dictó una ley reconociendo la autonomía jujeña y La Torre comunicó este acto al gobernador Fascio. Pero Jujuy, respaldada por sus provincias vecinas, no se echó atrás y cooperó con la caída de de la Torre. El 10 de diciembre los salteños mismos derrocaron a éste y nombraron a José María Saravia gobernador provisorio. A la vez, el 16 de diciembre Facundo Quiroga era nombrado representante del gobernador de Buenos Aires Manuel Vicente Maza, con la aquiescencia de Juan Manuel de Rosas, para la solución de las desavenencias entre Tucumán y Salta, lo que considerando la buena relación del riojano con Heredia no constituía un buen augurio para La Torre.
    Las fuerzas de de la Torre fueron atacadas simultáneamente desde dos direcciones opuestas. Desde Tucumán avanzaron las fuerzas que conducía Alejandro Heredia, y desde Jujuy las que estaban a las órdenes del boliviano teniente coronel Campero, que había conseguido elevar sus efectivos gracias a la incorporación de muchos voluntarios jujeños (4). Los nuevos gobernadores de Jujuy y Salta, Fascio y Saravia, aliados a las fuerzas de los hermanos Alejandro y Felipe Heredia de Tucumán, derrotaron a La Torre el 13 de diciembre de 1834 en la batalla de Castañares. Dos días después Saravia era reemplazado por José Antonino Fernández Cornejo, quien no quedó al margen de sospecha por los asesinatos de de la Torre y José Manuel Aguilar cometidos el día 29 por la tropa encargada de su custodia.
    El involucramiento boliviano se vio notablemente favorecido por el precario equilibrio interprovincial en el noroeste de la Confederación Argentina. La victoria de las fuerzas coaligadas salteñas, jujeñas y tucumanas sobre Pablo de la Torre tuvo por lo menos dos consecuencias visibles. La primera fue la celebración en la ciudad de Santiago del Estero de un tratado de amistad entre las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Salta el 6 de febrero de 1835, que fue gestado por Quiroga, y sobre el cuál vale apuntar algunos datos interesantes:

1. La alianza tenía por finalidad "consultar el mayor acierto en la futura marcha política y predisponer los medios por donde estos pueblos puedan arribar al término deseado de una organización regular".

2. Salta quedaba exceptuada de pagar las contribuciones de la guerra que había derrocado a su gobernador La Torre (el gobierno de Santiago del Estero exoneraba al de Salta del pago de 5.000 cabezas de ganado) a cambio del compromiso de no dejar entrar en su territorio a los unitarios residentes en Bolivia.

3. Jujuy no fue tomada en cuenta en esta liga, cuyo tratado fue firmado por Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán; Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero, y Juan Antonio de Moldes, ministro representante de Salta.

4. Los gobiernos firmantes se comprometían a perseguir "de muerte toda idea relativa a la desmembración del territorio de la República". Esta cláusula emergía de las preferencias e ideas de Alejandro Heredia, del temor a la segregación de la Puna de Jujuy y de su posible anexión a Bolivia.

5. Los gobiernos de Salta y Santiago del Estero facultaban al de Tucumán para representarlos y pronunciarse en el nombre de los tres (lo que reflejaba el papel ascendente de Heredia) (5).

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la política de Heredia en el noroeste no fue compartida por todos los caudillos provinciales. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, en carta dirigida a su colega de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, se pronunció contra ambas la separación de Jujuy y el tratado del 6 de febrero de 1835, que en su opinión violaba el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Más aún, este tratado de paz, amistad y alianza fue rechazado por el propio Rosas, que alegó que constituía un "error de hecho y de derecho", que violaba el Pacto Federal, y que por lo demás no aceptaba la inclusión en este acuerdo del "intruso y unitario" gobernador de Salta, coronel Fernández Cornejo. En su respuesta del 28 de marzo de 1835 a una carta del gobernador santiagueño Felipe Ibarra, Rosas informaba que:

al recibir el gobierno de Buenos Aires el aviso oficial del asesinato del gobernador de La Rioja Facundo Quiroga (6), mandó suspender la marcha del correo que hacía la carrera hasta Salta, cuyo gobierno consideraba ser hechura de la facción unitaria que no dejaría piedra por mover hasta acabar con todos los federales. No aprobaba el tratado celebrado por Heredia, Ibarra y el intruso Cornejo, cuyo paso impremeditado abría la más espantosa brecha a la causa nacional de la seudofederación, que legalizaba la conducta de los asesinos de La Torre y que altamente sancionaba el principio de que los denominados unitarios podían impunemente acabar con los más ilustres federales, y sobre sus cadáveres erigirse en árbitros y señores de toda la República. Que las diferencias entre La Torre y Heredia no eran de provincia a provincia, sino de persona a persona. Que el gobierno de Buenos Aires ni el de Santa Fe no reconocerán al intruso de Salta ni la emanación de Jujuy, y que probablemente (o mejor dicho seguramente) lo mismo harían los demás de la Confederación. Y en cuanto a la ciudad y distrito de Jujuy, no podía considerarle provincia separada e independiente de la de Salta de derecho y con justo título, aun cuando la reconociera bajo ese carácter cada una de las provincias separadamente, sin que procediese para ello el convenio de todas entre sí (7).

Vale aclarar que Rosas sospechaba del gobernador salteño Fernández Cornejo desde que el ministro de gobierno de Santiago del Estero, Adeodato de Gondra, en carta al entonces gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza, afirmara que el gobernador de Salta y el de Jujuy eran unitarios. Esta acusación de Gondra, sumada a la sospecha de su involucramiento en la muerte de de la Torre, motivó que Fernández Cornejo no fuera reconocido ni por Rosas desde Buenos Aires ni por Estanislao López desde Santa Fe. Presionados por Rosas, los gobiernos federales de Tucumán y Santiago del Estero harían sentir sus reclamos sobre los de Salta y Jujuy, sospechosos de estar en contacto con el régimen boliviano y de ser excesivamente permisivos con las correrías de los emigrados unitarios en sus territorios.
    La prioridad asignada por los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe al problema de los emigrados en Bolivia, y la habilidad de Heredia presentando a éstos como vinculados a planes expansionistas de Santa Cruz que contaban con el respaldo de los gobiernos de Salta y Jujuy disiparon las sospechas que a la vez desde el Litoral recaían sobre el gobierno tucumano. Gracias a ello y al asesinato de Facundo Quiroga en la localidad de Barranca Yaco ocurrido el 16 de febrero de 1835, Heredia consiguió suceder a aquél como la mano derecha de Rosas en el noroeste.
    La segunda consecuencia evidente de la batalla de Castañares fue que el gobernador jujeño José María Fascio se convirtió en el árbitro de los destinos de Salta. No obstante, Fascio demostró tener poco tacto político. Olvidándose del escaso peso real de su provincia en el equilibrio de poder norteño, excedió los límites de su misión auxiliadora de los unitarios salteños y afectó los derechos de éstos al hacerse nombrar gobernador de armas, entrar con su ejército en Salta e imponer contribuciones forzosas a los salteños. La actitud de Fascio también irritó a los propios jujeños, que habían declarado su autonomía pero anhelaban vivir en paz con las provincias vecinas y especialmente con Salta. El gobernador delegado en Jujuy, Roque Alvarado, reprobó las medidas adoptadas por Fascio en Salta. Si bien Fascio renunció y fue reemplazado en la gobernación en marzo de 1835 por el coronel y diputado Fermín de la Quintana, pronto el gobierno jujeño comenzó a sentir las presiones del tucumano Heredia, quien le imputaría a Quintana absoluta negligencia en sus funciones de gobierno al no haber impedido la entrada del general Javier López a la Confederación Argentina.
    Heredia deseaba controlar el noroeste de la Confederación Argentina en clave federal. A su vez, a pesar de su simpatía unitaria, Quintana debía aparentar una tendencia federal, ya que se encontraba rodeado de provincias con gobiernos federales, y estaba acorralado entre las ambiciones de Heredia y el ascendente poder del boliviano Santa Cruz. Por cierto, el noroeste era un polvorín que podía estallar en cualquier momento. Heredia desconfiaba o pretendía desconfiar tanto de Jujuy como de Salta, escenarios de las correrías de los emigrados antirrosistas respaldados por el gobierno boliviano. Más aún, a partir de 1835 Heredia sumó a Catamarca a la lista de sus desconfianzas y lanzó la sospecha de una combinación entre las autoridades bolivianas, los emigrados de la Confederación Argentina y los jefes militares catamarqueños, entre ellos el comandante general Felipe Figueroa.
    Esta sospecha de Heredia tuvo su confirmación durante los meses de junio y julio, con los avisos de los gobernadores de Salta y Jujuy acerca de los preparativos en Tupiza del general Javier López (que como sabemos ya había sido derrotado en 1834), de su avance hacia Tucumán con 25 o 30 bolivianos armados, y de la incorporación a su banda de las fuerzas catamarqueñas conducidas por los hermanos Juan y Celestino Balmaceda. López había sido asistido por el gobierno boliviano, que le había permitido permanecer en su territorio, buscar armas y enrolar compañeros de causa. Varios gobiernos argentinos protestaron por el respaldo de Bolivia al general López, pero el presidente Santa Cruz les hizo caso omiso. Para sofocar la amenaza de López y sus fuerzas coaligadas, Alejandro Heredia envió a su hermano Felipe como jefe del ejército de operaciones a atacar territorio catamarqueño, logrando la elección de un nuevo gobierno en esa provincia, que se comprometió a tomar medidas para evitar nuevas incursiones como la de López contra Tucumán. No obstante, el nuevo gobierno catamarqueño no logró inspirar la confianza de los hermanos Felipe y Alejandro Heredia.
    En realidad, las sospechas de Heredia eran inagotables. Ante el avance de López y consciente de la celosa vigilancia de los otros gobernadores norteños, el gobernador salteño Fernández Cornejo quiso dar muestras de su vocación federal y de su fidelidad al tratado de paz, amistad y alianza firmado con las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en febrero de 1835, y salió para Chicoana el 23 de julio con el objeto de contener la marcha de López. Pero a los ojos del tucumano Heredia, expediciones como la de López constituían pruebas de la complicidad jujeña y salteña con el gobierno de Santa Cruz y con los emigrados antirrosistas. A pesar de los esfuerzos de Fernández Cornejo, la ciudad de Salta fue acusada por los federales de ser foco de las conspiraciones unitarias. A la vez, el 26 de julio de 1835 la Legislatura tucumana dictaba una ley declarando proscripto a López y condenándolo a la pena capital si pisaba suelo tucumano.
    Mientras Heredia iniciaba la campaña sobre Catamarca, apostó en la frontera norte un cordón de fuerzas sobre la línea divisoria de Salta con la firme resolución de llevar también la guerra hasta el centro mismo de ella si tomaba vuelo la reacción de unitarios (8). Los gobernadores de Salta y Jujuy mantuvieron informado a Heredia de los movimientos de sus enemigos, pero la topografía de la frontera con Bolivia no siempre posibilitaba una buena vigilancia. El 30 de julio de 1835, el gobernador tucumano acusó a su colega jujeño coronel Fermín de la Quintana de descuidar intencionalmente el avance de Javier López por la Puna, y le advirtió que

con este paso ha puesto el último sello a las fundadas sospechas de las demás provincias federales contra su gobierno; y cuando el que escribe trabajaba sin cesar para disiparlas se ha presentado este suceso que le quitaba toda esperanza de conseguir su objeto (9).

Detonante de la ruptura entre Tucumán y Salta fue asimismo la liberación del coronel tucumano Segundo Roca. Este había sido apresado por las autoridades salteñas y remitido a las jujeñas, las que a su vez lo mandaron a Bolivia, donde fue dejado en libertad para entrar nuevamente en contacto con López a fin de intentar derrocar a Heredia. Enfurecido por las correrías de López (que había llegado cerca de Tucumán) y de Roca, el gobernador Heredia ordenó el 13 de agosto de 1835 la suspensión de viajes de carretas a Salta y toda comunicación excepto en la frontera del Rosario, donde contaba con aliados. Poco después, instado por Rosas (10), Heredia depuso a Fernández Cornejo del gobierno de Salta y lo reemplazó por su propio hermano, el general Felipe Heredia. Como sostiene Norma Pavoni, el disgusto de Heredia con el gobierno salteño respondía a realidades: López reclutó gente y se organizó militarmente en territorio salteño. En agosto de 1835, y debido a un abortado acuerdo con Roca, López regresó a Tupiza (11).
    Por su parte el gobernador unitario de Jujuy, Fermín de la Quintana, pronto sufrió los efectos de la presión combinada de los federales de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, quienes instaron al coronel de la independencia Eustaquio Medina, comandante del departamento de Río Negro, para que llevara a cabo una revolución armada. Medina logró derribar al gobernador jujeño el 23 de noviembre de 1835 y se colocó a sí mismo en su reemplazo. Pero los unitarios vencidos no bajaron los brazos, y al mando del teniente coronel Miguel Puch (ex diputado de la Sala de Representantes de Jujuy) lograron derrocar a Medina del gobierno jujeño y restituir en él a Quintana en enero de 1836.

• NOTAS

1. Según el especialista jujeño, presbítero Miguel Angel Vergara, los salteños habían pedido auxilio a sus vecinos jujeños pues los preferían como aliados antes que a los tucumanos, dado que estos tenían pretensiones hegemónicas sobre la zona norteña.

2. No obstante, Miguel Angel Vergara subraya que la separación de Jujuy respecto de Salta fue producto de la libre decisión del pueblo salteño y no de la injerencia boliviana:

   No hay indicio entre los hombres de Jujuy de 1834 y 1835, de tales condescendencias con Santa Cruz. Es cierto que el ex marqués Campero ayudó a los jujeños a realizar su campaña de autonomía, les dio dinero, les facilitó armas, les mandó soldados y les aplaudió ardorosamente. Pero los jujeños no se comprometieron a entregarse a este dadivoso agente de Santa Cruz. Conquistaron su autonomía sin miras partidistas.

   Miguel Angel Vergara, "La guerra contra el Mariscal Santa Cruz, 1834-1839", en Academia Nacional de la Historia, II Congreso Internacional de Historia de América, tomo II, Buenos Aires, 1938, p. 538. Esta interpretación parece ajustarse a posteriores concepciones del "patriotismo", y al deseo de no dejar mal parados a próceres locales en términos de este valor. Más allá de esta discusión, sin embargo, lo que resulta claro es que las provincias actuaban inspiradas por un fuerte sentimiento localista que ilustra en qué medida es inválida la idea de un "Estado nacional" en esta época.

3. M. A. Vergara, op. cit., p. 16.

4. Comentando estos acontecimientos, El Diario de la Tarde de Buenos Aires (Nº 1964 del 17 de enero de 1838) se quejaba respecto de la andanzas del ex marqués Campero:

Un Gefe de crédito de los Bolivianos, se asocia con otros oficiales, convoca Guardias Nacionales para la línea divisoria de la Confederación Argentina, allana diversas haciendas (...). El Gobierno de Salta reclama enérgicamente al de Bolivia de estas violaciones (...).

5. Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas, seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la Nación, Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, 1937, tomo VI, segunda parte, pp. 230-231, cit. en N. L. Pavoni, op. cit., p. 79.

6. Desde Bolivia se apoyó continuamente a los unitarios que conspiraron contra Quiroga.

7. Antonio Zinny, Historia de los gobernadores de las provincias argentinas, tomo IV, parte II, Buenos Aires, Hyspamérica, 1987, p. 223.

8. Alejandro Heredia al gobernador de Santiago del Estero, Tucumán, 30 de julio de 1835, Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Historia, Lingüística y Folklore, Gobierno de Alejandro Heredia (su acción en Tucumán, en las provincias del Norte y en la guerra con Bolivia), 1832-1838, Tucumán, 1939, pp. 128-129, en N. L. Pavoni, op. cit., p. 127.

9. Mayor C. Basile, op. cit., p. 46.

10. Conviene recordar aquí que en cartas del 26 de agosto y 16 de noviembre de 1835, y del 13 de febrero de 1836, el gobernador federal de Santa Fe, Estanislao López, había incitado a su colega santiagueño Juan Felipe Ibarra para que derrocara al gobierno de Salta, foco de unitarios. Por otra parte, Rosas ya había sospechado de Alejandro Heredia. A pesar de la enorme independencia de Heredia respecto de Rosas, es evidente que estaba sometido a significativas presiones de parte de sus correligionarios "federales".

11. N. L. Pavoni, op. cit., p. 128.

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