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El 13 de febrero de 1837 el gobierno de Rosas declaró por decreto cerrada toda comunicación comercial, epistolar y de cualquier género entre los habitantes de la República Argentina, y los de Perú y Bolivia, y que "en consecuencia nadie podría pasar del territorio de la primera al de las segundas bajo pena de ser considerado como traidor a la patria". Esta medida no sólo generó disgusto en el pueblo boliviano que se veía privado de su pequeño comercio con las provincias del norte de la Confederación Argentina, sino que también provocó temor entre ambos bolivianos y jujeños respecto de eventuales acciones militares en su tierra.
    Utilizando como pretexto las numerosas provocaciones de las fuerzas bolivianas en la frontera con las provincias del norte de la Confederación Argentina, y ajeno a la opinión de los pueblos de estas provincias (identificados con sus vecinos bolivianos y poco propensos a emprender la guerra al régimen de Santa Cruz), Rosas estuvo dispuesto a la opción bélica pues era una herramienta de cohesión política interna en su ininterrumpida lucha contra sus enemigos dentro y fuera del territorio de la Confederación Argentina. A su vez, Santa Cruz hizo un intento infructuoso por evitar la apertura de su frente sur, escribiendo una carta en la que le ofrecía su amistad y trataba de convencerlo de la total prescindencia del gobierno boliviano en la política interna de la Confederación Argentina. Sin embargo, el encargado de enviar este mensaje, general O'Brien, fue apresado e incomunicado por el gobierno de Buenos Aires. Por último, las noticias acerca de una invasión de Lavalle y Rivera a territorios de la Banda Oriental terminaron por decidir a Rosas a enfrentar a Santa Cruz, a quien el dictador porteño visualizaba como el instigador de todas las conspiraciones en su contra. El 16 de mayo Rosas designó a Alejandro Heredia "General en Gefe del Ejercito Argentino Confederado de Operaciones contra el tirano General Santa Cruz". Finalmente, y sin esperar la respuesta de las provincias a su solicitud de guerra contra Bolivia, efectuada el mismo día, el 19 de ese mes Rosas declaró que "la Confederación Argentina está en guerra con el gobierno de Santa Cruz, y sus sostenedores", como consecuencia de sus comprobados actos de hostilidad contra la Confederación Argentina y la independencia y el equilibrio americano.
    El desarrollo de la guerra estuvo acompañado permanentemente del robo de ganado en las zonas fronterizas por parte de las fuerzas bolivianas, práctica facilitada por la inferioridad numérica y la falta de recursos materiales de los ejércitos encargados de contener las correrías de éstos. Esto exasperó a Heredia. A las falencias de los ejércitos federales se sumaron los rumores (seguramente no infundados) de que el teniente de gobernador jujeño en la Puna, coronel Boedo, encargado de vigilar la frontera con Bolivia, se valía de su posición para permitir el tráfico clandestino de animales hacia Bolivia, y de casos de espionaje como el de José Gabriel Ontiveros, quien fue descubierto como espía que suministraba información al general alemán Otto Philipp Braun, estratega de las fuerzas bolivianas. Atrapado por el coronel Boedo en la localidad de Yavi el 16 de mayo de 1837, Ontiveros logró fugarse. Estos episodios y otros muchos ayudan a ilustrar la muy limitada capacidad de convocatoria de los caudillos rosistas y bolivianos para lanzar a una guerra entre sí a los habitantes de una región que siempre se había concebido como un solo "pago", y que ahora estaba dividida por una frontera que sólo tenía significado para los poderes político-militares que la habían trazado a su arbitrio, dividiendo familias y haciendas.

1. Sobre las percepciones del lado boliviano de la frontera cuenta el jujeño Benito Salazar:

Que habiendo en el martes de pascua llegado a Tupiza la noticia de haberse cerrado toda comunicación entre aquéllos y éstos habitantes, fue unánime el sentimiento para emigrar al interior de Bolivia, temerosos de que las tropas argentinas los saqueasen y cometiesen otros desmanes; pero que este recelo se disipó con motivo de haberse introducido en esos cantones papeles públicos (impresos) en que se aseguraba que la guerra se dirigía contra el general Santa Cruz y en manera alguna a los habitantes de Bolivia, quedando así tranquilizada y calmada su fatiga de emigración.

Esta carta sugiere la existencia de una solidaridad de intereses entre los pueblos del sur de Bolivia y Jujuy, basada en el pequeño intercambio comercial vigente, en vínculos de parentesco y en la existencia desde tiempos inmemoriales de propiedades rurales que cruzaban la siempre artificial frontera; y que esta mancomunidad era ajena tanto a los deseos expansionistas del régimen de Santa Cruz como a los intereses del gobierno de Buenos Aires. También ilustra el divorcio entre el deseo de los jefes militares norteños de hacerle la guerra a Santa Cruz, y la apatía de la población jujeña ante la posibilidad de luchar contra un Estado vecino con el que se mantenían vinculaciones de todo tipo:

Que la opinión de la masa general no se apercibe en su verdadera voluntad, ni en favor ni en contra de la guerra, porque pocas o ningunas son las conversaciones que se suscitan y regularmente se guarda silencio. Pero que los jefes, oficiales y tropa regular manifiestan entusiasmo y disposición para disputarse el triunfo con los argentinos.

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