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Los pasos cordilleranos del sur de la provincia de Mendoza, los menos vigilados a la vez que accesibles, constituían toda una invitación para un activo contrabando entre los hacendados chilenos, que llevaban sus ganados a invernar en los fértiles valles mendocinos, y los comerciantes de la provincia cuyana, quienes estaban vinculados inclusive por parentesco con los ganaderos trasandinos. No obstante, el interés de estos comerciantes mendocinos entraba en conflicto con los intereses del Estado provincial, que obviamente requerían recaudar impuestos contra las operaciones comerciales que cruzaban la frontera con Chile, a la vez que albergaban suspicacias respecto de las ambiciones de los ganaderos chilenos.
    Decidido a contener el avance de los ganaderos chilenos sobre territorio mendocino y a impedir la caza del guanaco (animal muy apreciado por los ganaderos chilenos por su lana, que constituía la materia prima de una antigua industria textil artesanal trasandina, y como bestia de carga), el gobernador José Félix Aldao expidió un decreto el 5 de septiembre de 1843, cuyos considerandos expresaban:

El Gobierno no puede permitir que los hijos de Chile todos los años en la estación del verano transporten a invernar sus haciendas a este lado de los Andes, y otros vengan a ocuparse de la caza de Guanacos, sin el permiso de las autoridades del país (...).

En cuanto a su parte dispositiva, el decreto establecía que:

Art. 1º. Todo chileno que se traslade a este lado de los Andes con el objetivo de invernar sus haciendas, pagará dos reales por cabeza de cualquier especie, previo el permiso de las Autoridades del país.
Art. 2º. Prohíbese absolutamente que ningún ciudadano de la República de Chile pase a esta banda a emplearse de la caza de Guanaco, bajo la multa o pena que el Gobierno considere justo aplicar al infractor (1).

Junto con este decreto, Aldao expidió otro, cuyo fin era hacer aún más creíble la disposición anterior y premiar a un oficial que había defendido a Mendoza de las incursiones unitarias. Este decreto adicional concedió al sargento mayor Juan Antonio Rodríguez, comandante del fuerte de San Rafael, "ocho leguas de terreno baldío", que coincidían con los límites de los potreros de Yeso, Angeles, Montañez y Valenzuela, valles fértiles ubicados en la zona de frontera y propicios para el pastoreo de ganado caballar y vacuno. Situados en la frontera entre Mendoza y Chile, estos valles intermedios constituían una zona de disputa permanente entre los ganaderos chilenos y mendocinos.
    El sucesor de Aldao, el gobernador teniente coronel Pedro Pascual Segura (cuya gestión se extendió desde el 10 de febrero de 1845 hasta el 17 de marzo de 1847) siguió la misma línea del gobierno anterior respecto del tema de los valles intermedios. Además de sostener con su autoridad la propiedad del citado Juan Antonio Rodríguez, haciendo cumplir el decreto establecido por Aldao, contestó un pedido de informes solicitado por el ministro de relaciones exteriores de la Confederación, Felipe Arana, motivado por una protesta del gobierno chileno, en los siguientes términos:

La historia y la tradición están de acuerdo en señalar por límites de nuestra República con la de Chile, la cumbre más elevada de la Cordillera de los Andes, y para que no quedase la menor duda sobre cúal sería ésta, era la corriente de los ríos que debían poner en trasparencia los derechos de uno y de otro país: los ríos que llevaran sus aguas al Atlántico, marcaban el territorio argentino, y los que se iban a perder en el Pacífico el de la República de Chile.(...) Ahora bien, los potreros del Yeso, los Angeles, Montañez y Valenzuela, están situados en las riberas de varios arroyos que en su curso, reuniéndose, forman el Río Grande de Mendoza, y más abajo el Río Colorado, que desemboca en el mar Atlántico, atravesando el vasto territorio Argentino. Si esos arroyos o ríos pequeños, dan sus vueltas por entre los valles que presentan los Andes, amenazando descolgarse sobre el Pacífico, muy luego se encuentran con la otra Cordillera y descienden a esta parte, tomando su dirección natural (2).

A pesar de la actitud firme del gobernador de Mendoza respecto de los intereses económicos chilenos en los valles intermedios, hacia 1845 la provincia (al igual que otras) sintió los efectos del bloqueo anglofrancés en el Río de la Plata y sufrió el problema de la falta de mercaderías y de la disminución de las ventas de sus productos en el Litoral. Ante esa coyuntura crítica, el gobernador Pedro Pascual Segura intentó reiniciar aunque fuese parcialmente el comercio con Chile, suspendido desde abril de 1842, tratando a su vez de que esta medida no afectase al resto de las provincias de la Confederación Argentina. De este modo, Segura estableció por decreto del 20 de febrero de 1845 que:

Art. 1º. Las mulas que vengan con carga de la República de Chile, solo pagarán los dos reales de peaje, y las que se introduzcan, o bien sueltas o ensilladas, constando en la licencia que presenten en el Departamento de Policía, y parte del guarda del resguardo, regresarán a su destino libres de derechos.
Art. 2º. Los caballos que igualmente vengan ocupados desde la República de Chile, podrá hacerlos regresar el propietario, de ellos haciendo constar la introducción en la forma prevenida en el artículo anterior (3).

Al comprobar que este reinicio parcial del intercambio con Chile no produjo roces con el gobierno de la Confederación Argentina, el gobierno de Mendoza pensó en las posibilidades de ampliar el comercio con el país vecino. Pero antes de tomar esta decisión prefirió consultar la opinión de Baldomero García, encargado de negocios de la Confederación Argentina en Santiago de Chile. Motivado por la confianza que tenía con García, el gobernador Segura le envió una carta el 12 de noviembre de 1845 para consultarle si creía que "sería conveniente que Mendoza hiciera una disminución de derechos de los artículos que se importan y exportan por la cordillera". La contestación de García fue negativa:

Una tal operación sería mal mirada por este Gobierno, y lo que es peor, también por el de Buenos Aires. Por este Gobierno, pues aquí está en todo su vigor prohibiendo el tráfico de Cordillera: todos los días se castiga este tráfico con la pena de comiso y otras. Si pues esa Provincia dictase una ley disminuyendo los derechos a los artículos que de contrabando pasan la Cordillera, aunque este Gobierno no le disputaría ni podría disputarle tal facultad, formaría queja de que en Mendoza se sancionasen Leyes exitando el fraude contra las Leyes de esta República. La disminución indicada sería también mal mirada por el Gobierno de Buenos Aires. Ud. Sabe que el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores, por nota de 19 de Febrero del corriente año, ha prevenido al de Mendoza y al de las demás provincias limítrofes a Chile, que si el de esta República expontáneamente abriese el comercio de Cordillera, dichos gobiernos limítrofes no lo permitiesen sin dar cuenta antes al de Buenos Aires. Me consta que la razón que ha tenido el de Buenos Aires para esto, es la de que le importa saber en qué términos, y bajo qué condiciones, pudiese el Gobierno de Chile restablecer el comercio (4).

  1. Copia autenticada del decreto, que lleva fecha "Mendoza, 5 de septiembre de 1843", en Archivo General de la Nación, X-5-6-4, citado en J. Comadrán Ruiz, op. cit., p. 46.

  2. Nota de Pedro Pascual Segura al Ministro Felipe Arana, Mendoza, 10 de septiembre de 1846, original en Archivo General de la Nación, X-5-6-4, citado en ibid., p. 47.

  3. Archivo Histórico de Mendoza, Independiente, carpeta 201, doc. 27, en ibid., p. 57.

  4. Archivo General de la Nación, X-5-6-4, Baldomero García al Gobernador de Mendoza, Santiago de Chile, 26 de noviembre de 1846, en ibid., p. 58.

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