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La influencia del cónsul chileno Domingo Godoy en la vida política mendocina fue notoria durante el período de las invasiones unitarias a dicha provincia (ciclo que culminó con la ya citada derrota de La Madrid en Rodeo del Medio en septiembre de 1841). Derrotados los insurgentes unitarios, la situación se revirtió nuevamente en contra de la influencia chilena, y remendando sus relaciones con Rosas la Legislatura provincial sancionó el 30 de marzo de 1842 una ley que decía:

Art. 1º. Queda en su vigor y fuerza la sanción de 9 de julio de 1837, por la que se ratifican las de 30 de setiembre de 1827 y 29 de julio de 1831 en que se autoriza al Gobierno de Buenos Aires para mantener la paz, hacer la guerra y entender en las Relaciones Exteriores, con toda la plenitud de las facultades necesarias.
Art. 2º. El Gobierno de la Provincia no podrá, bajo pretexto alguno entrar en esta clase de Relaciones (1).

No obstante, los desafíos a la autoridad rosista no cesaron. A fines de 1847, por ejemplo, se sublevó el comandante del fuerte de San Rafael, Juan Antonio Rodríguez, contra el gobernador de Mendoza Alejo Mallea (1847-1851). Según Vicente Sierra y Jorge Scalvini, la sublevación fue instigada por refugiados unitarios en Santiago. Luego de un primer intento fallido por avanzar hacia la capital de la provincia, Rodríguez se dirigió a Chile con algunos contingentes que le eran fieles. En el camino hacia el país vecino arreó ganado suyo, chileno y de otros ganaderos mendocinos. Tanto Rosas como el gobierno mendocino pidieron al gobierno chileno que no facilitase al rebelde Rodríguez armas y medios para derrocar al gobierno mendocino, y éste insistió en que el soliviantado devolviera el ganado que había arreado consigo. Así lo prometió el ministro de relaciones exteriores chileno, pero los hechos no reflejaron sus promesas. Rodríguez, con pertrechos, caballos y otros elementos provistos por el gobierno trasandino, volvió a invadir Mendoza, pero fue derrotado por las fuerzas sanjuaninas y puntanas que acudieron en auxilio del gobernador Mallea y tomado prisionero en Coihueco el 10 de marzo de 1848. A pesar de que el gobierno chileno intentó interceder por la vida de Rodríguez, éste fue fusilado el 28 de marzo (2).
    Otro tema urticante entre los gobiernos de Mendoza, Chile y Buenos Aires fue el de la explotación de la riqueza minera de la provincia cuyana. En noviembre de 1846, el ministro de relaciones exteriores de la Confederación Argentina Felipe Arana se dirigió al gobierno de Mendoza con el propósito de hacerle llegar la nota de protesta presentada ante Rosas por Jorge Bunster, administrador de la sociedad chilena Diego Antonio Barros y Cía., para solicitar el recurso de amparo contra un "violento embargo" que el juzgado de minas del gobierno de Mendoza había ordenado sobre las minas de cobre que administraba el susodicho Barros, situadas en el Valle de Uco, sobre la franja fronteriza con Chile. Destacaba Arana que Rosas pedía se estudiase bien el problema y se procediese con justicia en la resolución del mismo, pues habría que prever "las exageradas especies que pudiesen promover quizá con este motivo los Salvajes Unitarios, siempre dispuestos a calumniar en las prensas de Chile bajo cualquier pretexto el orden legal de la Confederación" (3).
    El pleito respecto de los derechos de Bunster, resuelto finalmente a favor de éste por parte del gobierno mendocino, puso sobre la mesa el problema de la explotación minera en la provincia. El 14 de julio de 1847 el gobernador Mallea se dirigió a Rosas para consultarle:

si la Ordenanza de Minas mandada observar, que es la misma que regía en tiempos del Gobierno Español, deberá ahora entenderse sin excepción en cuanto a lo dispuesto por ella en el Título 7 que dice lo siguiente:
Art. 1º. A todos los vasallos de mis dominios de cualquiera calidad y condición que sean, les concedo las minas de toda especie de metales con las condiciones que ya van referidas, y los que en adelante se dieran; pero prohibo a los extranjeros el que puedan adquirir ni explotar minas propias en mis dominios, salvo el caso que estén naturalizados en ellos con mi expresa real licencia. (...)
El motivo de la consulta lo produce el conocimiento de que algunos individuos chilenos, y otros extranjeros que residen en aquella República, se disponen a entablar solicitudes para que se les declare derecho a explotar minas de cobre en esta Provincia, denunciándolas como propias (4).

La respuesta de Rosas a esta consulta, efectuada a través de Felipe Arana, decía:

Aunque el Art. 1 del Título 7 de las Ordenanzas de Minas que V.E. transcribe prohíbe a los extranjeros la facultad de adquirir ni explorar minas propias, esta disposición por el interés mismo de los pueblos, y como emanación del sistema colonial que impuso la España a estos territorios, parece no tener una estricta aplicación. La falta de capitales para el fomento del laboreo de minas, y la necesidad de facilitar los medios adecuados para sacar de ellas todo el provecho posible, pueden hacer quizá necesaria una relajación que llame la concurrencia de los capitales a esas elaboraciones. Si no pueden hallarse en esa Provincia de la República, es posible promover su concurrencia por medio de medidas adecuadas, que conciliando el interés local, y el provecho de la hacienda pública, ponga a los naturales en estado de emprender ese laboreo en concurrencia misma de los extranjeros, sin dejar infructífera una riqueza de tanta importancia.
Entre las medidas que pudiesen adoptarse a este fin, podría convenir no dar a los extranjeros las minas que denuncien en propiedad, sino en arriendos temporales de más o menos duración; promover asociaciones en que los naturales puedan concurrir al fomento de esa industria con los capitales que hubieren, en proporción a las acciones que quisiesen representar, y en fin, poniendo aquellas restricciones que tiendan a utilizar la industria mineral, llamando los capitales necesarios para ella.
Si en esta obra entran extranjeros, como tienen que sujetarse a las prescripciones que ese Gobierno juzgue oportuno establecer, pocas complicaciones pueden resultar, desde que al concederlas la facultad de explotar las minas que denuncien se les haga entender la indispensable obligación en que están de sujetarse a sus prescripciones. De este modo quizá se conciliasen los inconvenientes de una negativa absoluta, que puede ser nociva a esa industria, y de una franca concesión, que puede tener otros inconvenientes. Así también no serán defraudadas las esperanzas de los naturales, y su justo derecho a ser preferidos al extranjero en la propiedad de una industria nacida y enclavada en su propio país (5).

El Gobierno de Mendoza contestó al oficio anterior el 9 de octubre de 1847 respaldando el punto de vista de Rosas y diciendo que:

estas observaciones serán el Norte que rijan al infrascripto para emplear arbitrios adecuados al concierto de la mejor armonía en esta materia. Con esta misma fecha se ha ordenado al Juzgado de Minas que en conformidad con las prevenciones que contiene la nota (...) se expida en las solicitudes pendientes sobre minas que se traten de explotar (...) (6).

  1. Oficio de la H. Legislatura al Gobernador D. José Félix Aldao, Mendoza, 30 de marzo de 1842, Archivo General de la Nación, X-1-10-6, citado en J. Comadrán Ruiz, op. cit., p. 52.

  2. J. Comadrán Ruiz, op. cit., pp. 54-65.

  3. Archivo General de la Nación, X-5-6-4, Oficio de Arana al Gobernador de Mendoza, en ibid., p. 60.

  4. Archivo General de la Nación, X-5-6-4, nota del Gobernador de Mendoza a D. Juan Manuel de Rosas como Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, 14 de julio de 1847, en ibid., pp. 61-62.

  5. Archivo General de la Nación, X-5-6-4, oficio de Felipe Arana al Gobernador de Mendoza, 15 de septiembre de 1847, en ibid., pp. 62-63.

  6. Archivo General de la Nación, X-5-6-4, en ibid., p. 63.

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