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Capítulo 20: Los bloqueos francés y anglofrancés
El origen del conflicto con Francia se remontaba a una ley de la provincia de Buenos
Aires sancionada en abril de 1821. Esta había extendido la obligación del servicio
militar a los extranjeros "propietarios de bienes raíces o tiendas, que tuviesen
profesión liberal o que ejerciesen arte mecánica", y en general a todos los
extranjeros que hubiesen residido más de dos años consecutivos en la provincia de Buenos
Aires. Los primeros en reclamar contra esta ley fueron curiosamente los británicos, por
intermedio del comandante de corbeta de guerra D.H. O'Brien. No obstante las presiones
británicas, el gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez no concedió a O'Brien la
exención solicitada. Incluso, en 1829, Martín Rodríguez (gobernador delegado de
Lavalle) se dispuso a aplicar otra ley de 1823, que establecía el servicio de los
extranjeros transeúntes en las milicias, en casos de inminente peligro. Pero los ingleses
ya contaban en este momento con la exención impuesta a su favor por el tratado
angloargentino de 1825, firmado pocos días antes del reconocimiento británico de la
independencia del Río de la Plata (1).
Consciente de las ventajas que otorgaba el tratado de 1825 a la
comunidad británica residente en Buenos Aires, el representante francés en dicha ciudad
intentó obtener del gobierno del general Juan Ramón Balcarce la negociación de un
acuerdo concebido en el espíritu del tratado firmado con Gran Bretaña. No obstante, la
posibilidad de concretar un acuerdo de estas características se vio seriamente
condicionada por los sentimientos de xenofobia provenientes de los sectores federales de
Buenos Aires -y no tanto, como sostienen dogmáticamente algunos autores, del propio
Rosas, que más que xenófobo era esencialmente un pragmático-.
Un primer indicio de xenofobia tuvo lugar durante la breve lucha entre
el general Juan Lavalle y el futuro gobernador Juan Manuel de Rosas en mayo de 1829. En
dicha ocasión, el almirante francés vizconde de Venancourt, apostado frente a la ciudad
de Buenos Aires, se aprovechó de las dificultades de Lavalle para exigir, por medio de
una demostración de fuerza, la promesa efectuada por Lavalle de que los residentes
franceses en el Río de la Plata no serían obligados a prestar el servicio de las armas.
El almirante francés apresó toda la flota porteña, poniendo en libertad a centenares de
presos políticos. Este acto francés causó indignación en la población de Buenos Aires
y la promesa de Lavalle fue repudiada tan pronto Rosas se hizo cargo del gobierno (2).
En 1830 se multiplicaron los roces entre Buenos Aires y París. El
gobierno de Rosas dispuso, en una clara demostración de repudio a los episodios de 1829,
el enrolamiento de extranjeros -inclusive franceses-, haciendo caso omiso de la oposición
de Venancourt. A pesar de los reclamos del cónsul francés y del propio almirante
Venancourt, la respuesta del ministro de relaciones exteriores Tomás Manuel de Anchorena
fue categórica: los franceses debían cumplir la ley de 1821 respecto de la cuestión de
las milicias pues no estaban amparados por un tratado como el firmado con Inglaterra. No
obstante, la ley de 1821 había dejado de aplicarse en la práctica, como lo reconoció el
mismo Anchorena en las sesiones de la Cámara en 1838 (3).
Ante las crecientes dificultades con Buenos Aires, el rey Luis Felipe
de Orleans, llegado al trono como consecuencia de la revolución de julio de 1830,
concedió el reconocimiento de la independencia a las repúblicas sudamericanas como un
medio de obtener del Río de la Plata ventajas similares a las que gozaba la comunidad
británica en dicha región. Pero esta decisión en realidad debilitó la posición
francesa en América latina. Los franceses se encontraron entonces en la humillante
necesidad de solicitar concesiones comerciales en el Río de la Plata sin tener nada que
ofrecer a cambio, pues ya habían reconocido la independencia sin que mediara un tratado
similar al de 1825, que concediera ventajas comerciales o de otro orden. En consecuencia,
los franceses obtendrían ventajas comerciales en este rincón sudamericano, pero al muy
alto precio de la lucha y el bloqueo (4). La decisión del reconocimiento fue comunicada
por el cónsul francés W. de Mendeville al ministro Anchorena el 6 de diciembre de 1830.
Un síntoma de las dificultades en aumento entre Buenos Aires y París
tuvo lugar en ocasión del rechazo del gobernador Rosas al primer encargado de negocios
enviado al Río de la Plata luego del reconocimiento francés, M. de la Forest, por la
actuación que el agente francés había tenido en Chile y su intervención en la guerra
peruano-boliviana. Desde 1832 la representación francesa en Buenos Aires quedó vacante.
Luego ocurrieron los incidentes con los Estados Unidos y con Inglaterra que terminaron con
la ocupación británica de las islas Malvinas en 1833. Como respuesta a este último
episodio, el general Balcarce inició conversaciones con el cónsul Mendeville, que fueron
continuadas por Viamonte y su ministro Tomás Guido, hasta lograr la firma de un tratado
de amistad y comercio con Francia en 1834, que establecía la exención del servicio
militar para los habitantes de la Confederación Argentina residentes en Francia y los
residentes franceses en el Río de la Plata, junto con el tratamiento recíproco de
nación más favorecida.
No obstante los esfuerzos del ministro Guido, cuando en junio de 1834
la Legislatura de Buenos Aires consideró el proyecto del tratado francoargentino, el
encargado de negocios británico predijo con razón que el mismo no prosperaría. El
aserto del diplomático británico se vio confirmado, ya que los entusiastas xenófobos de
la Cámara se negaron a ver lo que el propio Rosas, en un claro síntoma de su espíritu
pragmático, percibía con notoria claridad: el hecho de que un tratado francoargentino,
que siguiese el espíritu del angloargentino de 1825, constituía un medio eficaz de
reprimir los impulsos de imperialismo del gobierno francés (5).
A partir de 1834, y más claramente desde 1838, las relaciones entre
París y Buenos Aires empeoraron. Desairado por el gobierno porteño, el gobierno francés
dejó de empeñarse en obtener un tratado francoargentino. Adoptó la política de aliarse
con los enemigos de Rosas y de emplear la fuerza para conseguir sus objetivos en el Río
de la Plata. Sin embargo, éstos no estaban claramente definidos. En la monarquía
orleanista pesaban desde el Parlamento las presiones provenientes de los sectores
nacionalistas, los partidos de centro con Thiers y Guizot y la derecha legitimista. A
estas presiones se agregaba, como agravante para el gobierno orleanista, el choque de
intereses entre los sectores militares y los mercantiles respecto de la conveniencia de
adoptar o no una política imperialista por parte de París. Y el gobierno francés se
hallaba en el centro de esa tormenta interna (6).
Al progresivo endurecimiento del gobierno de Luis Felipe de Orleans se
sumaba la actitud adoptada por la diplomacia rosista, que era percibida como ofensiva por
un gobierno francés acosado internamente por los sectores nacionalistas, partidarios de
la expansión imperial. Esta actitud por momentos insolente del gobierno de Rosas quedó
reflejada en la negativa del mismo a discutir cuestiones diplomáticas con el vicecónsul
Aimé Roger, quien interpretó esta actitud de Buenos Aires como un insulto a su persona y
a su patria. El incidente Rosas-Roger se agravó en 1837. En lugar de solicitar a París
las credenciales diplomáticas que Rosas le exigía puntillosamente, presentó una serie
de reclamaciones. La más importante era la presentada por la viuda de un impresor suizo
llamado César Hipólito Bacle, colocado bajo protección francesa y que había fallecido
mientras cumplía una condena por conspirar contra el gobierno de Rosas vendiendo planos a
Bolivia y actuando en connivencia con los unitarios refugiados en ese país. Otras dos
reclamaciones se referían a individuos obligados a prestar el servicio de las armas en el
ejército de la Confederación Argentina. Una tercera tenía por objeto el caso de un
cantinero francés incorporado al ejército de Rosas llamado Pedro Lavié, que había sido
encarcelado durante seis meses por apoderarse de bienes del Estado. Otra de las
reclamaciones se refería a los perjuicios sufridos durante 1821 por el ciudadano francés
Blas Despouy en su comercio. Los méritos particulares de estas reclamaciones nunca fueron
objeto principal de discusión debido a que Rosas había decidido no considerarlos a no
ser con un agente diplomático debidamente acreditado (7).
Las interminables idas y venidas diplomáticas entre Rosas y Roger
mostraban claramente que se podría haber llegado a un acuerdo pero que ninguna de las
partes tenía la voluntad de hacerlo. En el caso del gobierno de Rosas, porque estaba
irritado con la actitud amenazante del cónsul francés, aliado a sus enemigos internos,
que no dejaba al Restaurador de las Leyes ningún espacio para negociar con la diplomacia
orleanista. En el caso del cónsul Roger, la puerta de la negociación con Rosas estaba
cerrada porque no podía olvidar las afrentas del gobierno de Buenos Aires. La actitud de
Rosas justificaba, en la óptica de Roger, la adopción de una política internacional
claramente expansionista por parte de París, que además contaba con aliados en el Río
de la Plata (8).
La diplomacia francesa se lanzaba al conflicto directo con el gobierno
de Rosas confiada en su capacidad para doblegar al dictador y establecer los términos del
reordenamiento político que seguiría a su victoria. Para lograr este objetivo, los
franceses procuraban utilizar en su provecho las luchas locales. Por su parte, el gobierno
de Buenos Aires estaba demasiado acostumbrado a oír de boca de las potencias extranjeras
amenazas de bloqueos que luego no se concretaban seriamente. Por esta razón, la
diplomacia porteña creía improbable que un conflicto violento estallara entre los
gobiernos de Buenos Aires y París a partir de reclamaciones francesas poco precisas y de
carácter muy limitado. Debido a este razonamiento, la diplomacia rosista le otorgó poca
importancia al lenguaje cada vez más violento del vicecónsul Aimé Roger y del
contraalmirante Louis Leblanc, con cuya aparición en escena recomenzaba para el Río de
la Plata la diplomacia de las cañoneras. En este sentido, el bloqueo del puerto de Buenos
Aires, concretado por la escuadra francesa el 28 de marzo de 1838, resultó un baldazo de
agua fría para una Cancillería porteña que no se esperaba una respuesta tan enérgica
de Francia. Por otra parte, el bloqueo francés parecía complicar las perspectivas de
Rosas en la Banda Oriental, pues obligó a la renuncia del presidente uruguayo Manuel
Oribe, aliado de Rosas, y puso al frente del gobierno a Fructuoso Rivera, vinculado a
elementos antirrosistas tanto unitarios como federales (9).
El 24 de marzo de 1838 el contraalmirante francés Leblanc apareció
con su escuadra frente a Buenos Aires presentando tres reclamaciones para cuya respuesta
satisfactoria daba al gobierno de Buenos Aires el exiguo plazo de dos días: 1) debía
suspenderse la aplicación de la ley del servicio militar a los súbditos franceses y
garantizárseles el tratamiento de nación más favorecida hasta tanto se concertase un
tratado; 2) debía reconocerse el derecho de los súbditos franceses a obtener
indemnización por los perjuicios ocasionados por el gobierno de Buenos Aires; y 3) debía
ser sometido a juicio de inmediato el cantinero francés Pedro Lavié, acusado de robo por
el gobierno de Buenos Aires (10).
John H. Mandeville, el ministro británico en Buenos Aires, presionó a
Rosas para que contestara que no había súbdito francés alguno que estuviera prestando
servicio en el ejército contra su voluntad y ofreciera además explicaciones adecuadas
sobre las otras dos reclamaciones, pero los intentos del Foreign Office fueron inútiles.
Rosas replicó con arrogancia que las cuestiones pendientes quedarían sin discutir si se
le intimaba
en forma militar a aceptar reclamaciones que encontrarían poca dificultad en ser admitidas de ser presentadas por persona debidamente autorizada para tratar con ellas (...) Exigir sobre la boca del cañón privilegios que solamente pueden concederse por tratado es a lo que este gobierno -tan insignificante como se quiera- nunca se someterá (11).
Véase Roberto O. Fraboschi, "Rosas y las relaciones exteriores con Francia e Inglaterra", en Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene (comp.), Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), vol. VII, 2ª sección, Buenos Aires, El Ateneo, 1951, Capítulo III, p. 167. Ver asimismo las obras de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires, Juan C. Granda, 1967, t. II, cap. XXX, pp. 77-93, y ¿Cómo se formó la alianza antirrosista?, Buenos Aires, Plus Ultra, 1974, Capítulo IV, pp. 80-88.
British Foreign and State Papers, 16, pp. 917-937. En las Cámaras francesas este incidente se presentó posteriormente como ejemplo de la forma en que Francia debía actuar. Véase Le Moniteur Universel, 9 de febrero de 1841, en John F. Cady, La intervención extranjera en el Río de la Plata, 1838-1850, Buenos Aires, Losada, 1943, Capítulo II, p. 45. También se pueden ver detalles de este episodio en R.O. Fraboschi, op. cit., pp. 167-168.
R.O. Fraboschi, op. cit., p. 168.
J.F. Cady, op. cit., p. 46; y R.O. Fraboschi, op. cit., p. 168.
F.O. 6/40, Gore a Palmerston, 16 de julio de 1834, citado en H.S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1968, Capítulo IX, p. 246. Ver detalles en R.O. Fraboschi, op. cit., p. 169 y en Tulio Halperín Donghi, Historia argentina. De la revolución de la independencia a la confederación rosista, Buenos Aires, Paidós, 1972, pp. 352-353. El último autor menciona erróneamente que la ocupación de las islas Malvinas en 1833 se produjo durante el gobierno de Viamonte; el hecho ocurrió en el gobierno del general Juan Ramón Balcarce que sucedió a Rosas en diciembre de 1832.
J.F. Cady, op. cit., p. 47; H.S. Ferns, op. cit., p. 246.
El vicecónsul Roger, en una carta reservada del 4 de marzo de 1837, intercedió por Bacle, solicitando al gobierno de Rosas que se lo remitiera a Francia para juzgarlo en el caso de que fuese culpable. Posteriormente, Roger insistió ante el gobierno porteño en el reclamo de la libertad de Bacle en caso de comprobarse su inocencia, o su perdón, en caso de culpabilidad. Nunca hubo respuesta de parte de la diplomacia rosista. Finalmente, Bacle murió en enero de 1838. Ver detalles en R.O. Fraboschi, op. cit., pp. 169-170 y en J.F. Cady, op. cit., pp. 49-50.
Véase J.F. Cady, op. cit., pp. 49-53.
T. Halperín Donghi, op. cit., pp. 352-353.
R.O. Fraboschi, op. cit., p. 171; J.F. Cady, op. cit., p. 53. Cabe apuntar que el criterio adoptado por el gobierno francés respecto de la participación de sus súbditos en el servicio de milicias podía variar según las circunstancias. En 1836 el gobierno de Montevideo había dado orden de someter a los extranjeros a un servicio nocturno de patrullas, a pesar de que la ley del país sobre la Guardia Nacional permitía la exclusión de los extranjeros mediante el pago de una contribución especial. El cónsul francés Baradère protestó y apeló a los demás cónsules, pero éstos aceptaron el criterio sustentado por el británico S. Hood, en el sentido de que el gobierno oriental estaba en su derecho de exigir ese servicio en beneficio de la paz pública. En 1839 el general Rivera dispuso en Montevideo que los españoles que hubieran residido tres años en el país estaban obligados a tomar las armas. Con ese motivo, el cónsul inglés en carta a lord Palmerston de 26 de agosto de ese año decía:
V.E. no dejará de observar la extraordinaria anomalía de que, mientras los vascos que han residido en este país están obligados a tomar las armas, con la sanción directa o indirecta de las autoridades francesas, los puertos de la República Argentina están ahora bloqueados, a causa de la pretensión de ese gobierno de aplicar una práctica similar. (Vicente D. Sierra, Historia de la Argetina, tomo VIII, Buenos Aires, Ed. Científica Argentina, 1969, p. 481.)
Rosas publicó esta declaración dramática en La Gazeta Mercantil del 31 de marzo de 1838, citada en J.F. Cady, op. cit., p. 54.
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