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Capítulo 22: Las conflictivas relaciones de Rosas con los estados vecinos (1)

La rebelión de los farrapos de Rio Grande do Sul y sus conexiones externas

Mientras el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia estaba ocupado lamentando las intromisiones de "aquel salvaje ladrón, el carpintero Ferré" en el área misionera, una tormenta estaba por gestarse en la cadena comercial de Rio Grande do Sul. Durante años los estancieros de Rio Grande habían estado irritados debido al sistema de pagos interprovinciales en vigencia dentro del Brasil, que les hacía difícil la competencia con Buenos Aires por el mercado de carne seca en Río de Janeiro y Sao Paulo.
    La situación no había mejorado a principios de la década de 1830, y el gobierno brasileño mostró poco interés en aprobar una legislación proteccionista para evitar el derrumbe de la industria ganadera en el sur brasileño (2).
    Ante lo que percibían como una negligente actitud de las autoridades centrales, los estancieros riograndenses rompieron sus vínculos con el Brasil en septiembre de 1835 y decidieron crear una república independiente. Comenzó de esta manera una lucha de diez años, la ya mencionada rebelión de los farrapos, que tuvo un profundo impacto sobre el comercio del río Uruguay. Este impacto se manifestó de distintos modos. Por un lado, la rebelión de los farrapos condujo a un cambio demográfico en la región del Alto Plata. Muchas familias, ansiosas por fugarse de la violencia, cruzaron el río Uruguay hacia el territorio correntino y paraguayo. Estos refugiados, entre los cuales había indios y esclavos fugados, fueron generalmente bien recibidos como nuevos colonos. También numerosos comerciantes se incorporaron al éxodo buscando restablecer sus negocios, estableciéndose en los distritos orientales del Alto Plata, casi inhabilitados luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 (3).
    Desde la perspectiva de los farrapos el comercio con el Alto Plata era importante por las importaciones regulares de yerba y tabaco, y por los caballos y mulas necesarios para la lucha armada contra las fuerzas brasileñas. Esta lucha armada algunas veces obstruyó la recolección de yerba riograndense. Los registros de Itapúa de comienzos de la década de 1840 sugieren, sin embargo, que el comercio en la región altoplatense fue menos afectado por esta guerra entre farrapos e imperiales de lo que se suele suponer. En 1841, Jordan Luiz de Araujo, un comerciante riograndense, administraba un establecimiento de Itapúa cuyos registros señalaban un largo inventario de importaciones europeas valuadas en $ 22.244, un esfuerzo impresionante para el período. Araujo fue más tarde dueño de un almacén general en Sao Borja, donde vendía tabaco y yerba paraguaya (4).
    Los farrapos fueron contradictorios en sus actitudes hacia sus vecinos de habla hispana. Algunos de ellos visualizaban la gestación de un Estado que incluiría a Rio Grande do Sul, Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y tal vez Paraguay. Otros, entre ellos el jefe republicano Bento Gonçalves, continuaban esperando alguna suerte de relación federal con el Brasil imperial. Los proyectos respecto de la unión política entre Rio Grande y los estados del Plata fueron frecuentes en estos años de turbulencia. Aun antes de la aparición de la guerra de los farrapos, Juan Bautista Alberdi afirmó la necesidad de tal unión para oponerse a las pretensiones de Rosas. Años más tarde, en 1844, Bento Gonçalves propuso al barón de Caxias -luego gobernador de Rio Grande e integrante del Ejécito Libertador Aliado que derrocaría a Rosas en Caseros- una federación que incluiría a Rio Grande do Sul y al resto del Brasil pero también a Uruguay, Corrientes y Entre Ríos (5).
    Estos proyectos sin embargo no resultaron viables, aun en el momento más alto del éxito rebelde. El régimen paraguayo de Gaspar Rogríguez de Francia tuvo una actitud fría hacia los farrapos, debido sin duda a que no deseaba arriesgar con un gesto amistoso hacia Rio Grande el reconocimiento de la independencia paraguaya de parte de las autoridades brasileñas (6).
    Por su parte, el gobierno correntino a principios de la década de 1840 ensayó una breve y desastrosa alianza con los farrapos. Este esfuerzo fue abortado desde el principio, ya que los republicanos riograndenses estaban a la defensiva contra las fuerzas imperiales, que avanzaban, y no ofrecieron la asistencia esperada por el gobierno correntino en su lucha contra el porteño. Sin embargo, los farrapos deseaban alcanzar un entendimiento de intereses políticos dentro del Alto Plata. El 29 de marzo de 1842 los enviados de Rio Grande firmaron una convención secreta con el gobernador correntino Pedro Ferré que establecía relaciones comerciales abiertas a lo largo del río Uruguay, aclarando la necesidad mutua de eliminar el problema del contrabando. Además, la convención obligaba a los farrapos a desarmar a cualquier oponente de Corrientes que pudiera estar operando en territorio riograndense, y a los correntinos a expulsar a cualquier agente imperial de su provincia. Vale acotar que este interesante documento es sólo conocido en su versión riograndense; ninguna copia ha aparecido aún en la provincia de Corrientes (7).
    Estas vinculaciones entre farrapos y correntinos no pudieron conservarse intactas. Entre los años 1841 y 1848 Corrientes experimentó siete administraciones distintas, ninguna de las cuales tenía demasiada autoridad dentro de la provincia. Por el lado de Rio Grande do Sul, la causa de los farrapos se extinguió. En marzo de 1843, Sao Borja e Itaqui cayeron ante el Ejército Imperial. Exhaustos y derrotados, los farrapos finalmente aceptaron los términos de paz del liberal Caxias en febrero de 1845. Para satisfacer las demandas económicas de los riograndenses, el gobierno central del Brasil decidió imponer una tasa de importación de 25% sobre el charqui platense. Esta medida hizo que a partir de ese momento la economía de Rio Grande estuviera mucho más conectada con los mercados de Sao Paulo y Río de Janeiro que con el del Alto Plata. El futuro económico de Sao Borja, Itaqui y el resto de Rio Grande estaría en adelante en Río de Janeiro (8).

  1. Otros actores europeos y sus relaciones con el gobierno de Rosas hacia el tiempo de su derrocamiento
    Aunque las relaciones diplomáticas con potencias europeas otras que Francia y Gran Bretaña no son relevantes en términos de las cadenas de causalidad que condujeron al derrocamiento de Rosas, ni tampoco desde la perspectiva de la inserción de las provincias argentinas en el mundo de aquella época, es deseable que una obra abarcativa como la presente contenga la información y referencias disponibles a la fecha, fruto de investigaciones puntuales que merecen ser rescatadas y que aportan información al conocimiento de las relaciones exteriores de la Argentina durante su etapa embrionaria. Por consiguiente, se agregan los párrafos siguientes sobre las relaciones de las provincias argentinas con los reinos de España y de Cerdeña-Saboya, a modo de apunte de fin de capítulo.

    España y las provincias argentinas
    Las frustradas tratativas entre España y la Confederación rosista
    La cuestión de las relaciones entre la Confederación Argentina y España no deja de tener su importancia, en tanto el reconocimiento por parte de la antigua metrópoli de la pérdida definitiva de estas provincias y su independencia era una condición necesaria (aunque no suficiente) para la consolidación de la Confederación como Estado. Por otra parte, y como se sabe, España no era precisamente el modelo político en el que se inspiraron los artífices de la independencia de las provincias argentinas. Según nos cuenta Isidoro Ruiz Moreno:

    España fue durante mucho tiempo, pues, a raíz de su intransigencia, el enemigo. Desde que comenzó la lucha por la emancipación, el sistema de la monarquía hispana fue catalogado como el origen de todos los males, atrasos y deficiencias que sufría la nueva Nación. Tal pensamiento no acusó variante cuando asomó a la escena pública la generación del 37, hija de los próceres de la Independencia; y el estado caótico por que atravesaba la Península, no contribuyó por cierto a señalarla al aprecio de la "joven Argentina". Francia, en cambio, destronado el último Borbón por la revolución de julio de 1830, era el paradigma del liberalismo progresista. En la misma España, además, una importante corriente de opinión condenaba al antiguo régimen y procuraba enmendar los desaciertos políticos, para uniformar la marcha del país al del modelo europeo marcado por su vecina. (Félix Weinberg, estudio preliminar a El Salón Literario de M. Sastre, J. B. Alberdi, J. M. Gutiérrez y E. Echeverría, Buenos Aires, 1958, y Víctor Tau Anzoátegui, Imágenes de España a través de juristas argentinos, 1810-1870, en Boletín XLIV de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1971, citados en Isidoro J. Ruiz Moreno, Relaciones Hispano-Argentinas: De la Guerra a los Tratados, Buenos Aires, R.J. Pellegrini e Hijo, 1981, pp. 12-13.)

    En efecto, los desaciertos del gobierno español, los efectos de la leyenda negra y la crisis de la monarquía borbónica en Europa, eran ingredientes que combinados eran motivo suficiente en el Río de la Plata para abjurar de la Madre Patria. A los mismos se añadía la concepción iluminista que pesaba sobre las mentes de la nueva generación de intelectuales rioplatenses. "A España le debemos cadenas, a Francia libertades", decía Juan Bautista Alberdi en 1837. Por su parte, Juan María Gutiérrez no se quedaba atrás cuando en el Salón Literario condenaba la cultura y la ciencia hispanas, sosteniendo "la necesidad de emanciparnos de las tradiciones peninsulares". En esta particular percepción de los jóvenes de la generación del 37, Rosas era identificado como "(...) el último esfuerzo del despotismo español (...)". En su Diario, Juan Thompson se preguntaba: "(...) ¿Triunfará el godismo? No, no, virgen de Mayo, tú eres bella e invencible; yo veo tu frente coronada en las estrellas de tu hermoso cielo; veo muerto a tus pies el león de Castilla que huyó malheridodel campo de Ayacucho". A su vez, Florencio Varela afirmaba categóricamente respecto de España: "Nación atrasada que no puede servir de modelo". (I.J. Ruiz Moreno, op. cit., p. 13)
        Por otra parte, el gobierno de Rosas no había demostrado interés en negociar su reconocimiento con el reino de España, en cambio el gobierno de Montevideo sí lo había hecho. A raíz de un tratado firmado en 1841 y de las posteriores negociaciones del gobierno español con el de Montevideo, en 1845 se envió desde Madrid un cónsul general con destino a la capital oriental. El cónsul se llamaba Carlos Creus, y portaba plenipotencias ante los gobiernos tanto de Montevideo como de Buenos Aires, por si existiese la posibilidad de que también la Confederación Argentina llegara a entrar en relaciones con España. El 20 de octubre de dicho año llegó Creus en la fragata de guerra Perla, escoltada por el bergantín Héroe, las que asumieron el rol de estación naval, volviendo a ondear el pabellón militar español en el Río de la Plata, ausente desde 1814, pero en esta ocasión como símbolo amistoso del gobierno de Madrid.
        Creus había recibido precisas instrucciones del gobierno español de no inmiscuirse en las guerras civiles rioplatenses, limitando su acción a la protección de los intereses de los residentes españoles en esta región. El trato con la Confederación rosista debía ser mantenido en un plano confidencial, por la falta de entendimiento existente entre los gobiernos porteño y español. Pero Creus estaba autorizado por Madrid a entablar negociaciones si las autoridades de Buenos Aires daban señales positivas.
        A pesar de que Creus había recibido en Río de Janeiro seguridades de parte del ministro diplomático de la Confederación Argentina, general Tomás Guido, respecto del deseo del gobierno de Rosas de demostrar su amistad hacia España, el diplomático español no aprovechó esta buena disposición del gobierno porteño. Creus se acreditó únicamente ante el gobierno de la Defensa de Montevideo y concentró sus energías en negociar con esta ciudad, uno de los focos más importantes de resistencia al orden rosista. Creus se limitó a formular reclamos al general Manuel Oribe, que sitiaba la capital oriental en alianza con Rosas, y al propio encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, para que diesen licencia a los españoles que estuviesen enrolados en los ejércitos que respondían a la autoridad de Rosas. El Restaurador respondió a los reclamos de Creus aclarándole que "a ningún agente acreditado cerca del Gobierno de Montevideo y situado en aquella plaza hubiera dado contestación, pero que se la daba al señor Creus por ser enviado de España, a la cual deseaba manifestar todo el afecto y simpatía que le merecía por los antiguos vínculos de fraternidad (...)". (Ibid., p. 15)
        No obstante las precisas instrucciones de la Cancillería española para que Creus pasara a Buenos Aires con el objeto de desvanecer la sospecha de parcialidad que pesaba en su contra, el diplomático español no se movió de Montevideo. Es más: celebró con sus autoridades -que tenían un perfil claramente antirrosista- un nuevo tratado en marzo de 1846. Sin embargo, este tratado no fue ratificado, tal como había ocurrido con el anterior firmado en 1841. A principios de 1847, a través de correspondencia particular mantenida con el ministro Arana, Creus fue informado que el gobierno de Buenos Aires "no desconocía la comunidad de intereses que existía entre España y la República Argentina, pero que el regular aquella por un tratado era obra para tiempos de más calma (...)". No obstante, el agente hispano intentó un nuevo acercamiento a fines de dicho año, pero éste fracasó cuando se publicitaron sus gestiones confidenciales. A partir de ese momento cesó toda iniciativa hasta la caída de Rosas en 1852.(Ibid., p. 15.)

    La situación de la comunidad española en Buenos Aires
    A pesar de las numerosas declaraciones de amistad hacia la Madre Patria expresadas por el gobierno de Buenos Aires, la numerosa y crecientemente importante comunidad española de Buenos Aires estaba lejos de hallarse en una situación cómoda durante la época de Rosas. Bajo la excusa de no hacer diferencia alguna entre españoles y criollos, el Dictador imponía a los residentes españoles toda clase de cargas, incluso la del servicio de armas. Los españoles soportaban en el Río de la Plata la misma presión de los cambios políticos que sufrían los locales. Uno de los miembos más relevantes de la colectividad hispana, el impresor madrileño Benito Hortelano (llegado a Buenos Aires en 1850), contaba que "todos los compatriotas usaban chaleco y divisa con el color y los lemas del partido oficial, por temor a ser degollados o verse encarcelados". Por su parte, el comerciante catalán Antonio Cuyás y Sampere informaba en 1851 a la Cancillería de Madrid:

    El resultado de mis observaciones (...) fue convencerme de que nada tenían que esperar del general Rosas los intereses españoles: sus promesas y manifestaciones en provecho de los intereses y personas de los súbditos de Su Majestad eran hipócritas fementidas, encaminadas a engañarlos para convertir a unos y a otros en elementos de su engrandecimiento personal. Nunca el Gobierno de S.M. debe esperar atraer al general Rosas a una política justa ni razonable hacia los intereses y el comercio de España; el derecho de disponer a su arbitrio de las fortunas y la sangre de sus hijos es harto importante a sus ojos para que consienta en desprenderse de él.

    A su vez, en un despacho redactado el 12 de agosto de 1851, con motivo del arribo a Montevideo de un centenar de inmigrantes procedentes de La Coruña, Carlos Creus advertía a sus superiores:

    Mientras el Gobernador de Buenos Aires tenga la ventaja de poseer una numerosa población española, particularmente gallega, que con tanta docilidad se somete a todas sus disposiciones, tiene un interés muy directo en no anudar relaciones políticas con España por temor de que un tratado le prive de la facultad de disponer, como lo hace ahora, de millares de españoles que están sometidos a todos los servicios y gravámenes que pesan sobre los hijos del país. (Benito Hortelano, Memorias, Madrid, 1936, p. 204; Antonio Cuyás y Sampere, Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos, Mataró, 1888, Apéndice Documental, pp. 331-336, y Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Madrid, legajo 2705, Política. Uruguay, 1845-1853, citados en I.J. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 15-17.)

    Otro claro testimonio de la situación de los residentes españoles en Buenos Aires fueron las palabras del nuevo encargado de negocios español en el Río de la Plata, Jacinto Albistur, quien a partir de noviembre de 1851 reemplazó a Carlos Creus. Decía Albistur al capitán Posse, comandante de la Estación Naval de Su Majestad Católica:

    Usted sabe la dura suerte que éstos sufren en Buenos Aires, donde se les obliga al servicio de las armas, destinándolos a los puestos de mayor fatiga y peligro, y negándoles las exenciones que disfrutan los demás extranjeros. Algunos españoles han burlado la vigilancia que en ellos se ejerce y han huido de las filas, pero es de creer que lo verifiquen muchos más desde que sepan que a corta distancia encontrarán la protección de nuestro pabellón. No dudo que esta protección será tan eficaz y decidida como sea necesaria para la seguridad de los españoles que busquen asilo en los buques de Su Majestad.

    Albistur recomendaba a Posse:

    que evite toda contestación con el gobierno del general Rosas, pues conviene no provocar un desaire que lastime el decoro de nuestro pabellón. Si el general Rosas se ha negado a eximir del servicio a los españoles cuando no le amenazaba un peligro inmediato, no es de presumir que esté dispuesto a acceder hoy que sus contrarios le amenazan de cerca; hoy que sus amigos le abandonan, y cuenta con tan escasos elementos para hacer un desesperado y supremo esfuerzo de resistencia. (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, correspondencia de las Embajadas y Legaciones, Argentina, legajo 1348, Montevideo, 12 de enero de 1852, citado en Miguel Angel de Marco, La Armada Española en el Plata, 1845-1900, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1981, pp. 57-58.)

    La situación de los residentes españoles en la provincia de Entre Ríos
    Las malas condiciones que debían soportar los residentes hispanos en Buenos Aires contrastaba notoriamente con las que disfrutaban en la provincia de Entre Ríos, gobernada por el general Justo José de Urquiza. El comercio y la industria de esta provincia del Litoral se hallaban en buena medida manejados por españoles. El doctor Evaristo Carriego decía de Paraná, la capital entrerriana:

    El principal núcleo de la población estaba compuesto de españoles; la mayor parte eran catalanes. Los que no habían traído un oficio, habían traído un espíritu animoso para el trabajo. Entre ellos pueden figurar como los primeros, don Esteban Baster, don Valentín Rams, don Mateo Carbó, don Mariano Rams, don Esteban Comaleras, don Francisco Cordoneda, don Felipe Baucis y su hermano don Joaquín, don Ramón Puig, don Bonosio Rubert, don Gregorio José de la Puente, don Antonio Parera, don José Beleby, don Domingo Clariá, don José Llorens, don Francisco Puyadas . (Evaristo Carriego, "Paraná en 1836", en Revista de Historia Entrerriana, Nº 1, Buenos Aires, 1966, citada en I.J. Ruiz Moreno, op. cit., p. 17.)

    La buena disposición evidenciada por Urquiza hacia la comunidad española movió al ya conocido hombre de negocios catalán Antonio Cuyás y Sampere, muy vinculado al propio gobernador entrerriano. El 3 de mayo de 1851, dos días después del histórico pronunciamiento de Urquiza por el cual la provincia de Entre Ríos le quitaba a Rosas las facultades de representación de las relaciones exteriores que le había delegado, Cuyás y Sampere dirigió desde Montevideo un largo oficio al ministro de Asuntos Exteriores de España. En dicho oficio el comerciante catalán informaba que desde tiempo atrás procuraba inculcar en el "bizarro general" Urquiza el convencimiento de que España era amiga natural de las nuevas repúblicas americanas por sus lazos de sangre, y que el interés de Hispanoamérica consistía en estrechar vínculos con la Madre Patria más que con las demás naciones europeas. Decía Cuyás y Sampere:

    Mis raciocinios sobre este punto hallaron siempre apoyo y simpatía en el joven general Urquiza; simpatía que ha ido agrandándose a medida que su capacidad política y militar, la energía de su carácter, y la fortuna que tampoco ha cesado de sonreírle, lo han colocado en la altura en que se halla, llamando la atención de cuantos estudian los acontecimientos de esta parte de América, no menos que despierta los celos y llena de alarma a su terrible rival el general Rosas.
    Hoy, a impulsos de su patriotismo y ardiente deseo de dar la paz a estos países, se prepara a derribar la terrible Dictadura que llenó de oprobio y es aún el tormento de varios poderes de primer orden de Europa. (Oficio de Cuyás y Sampere al Ministro de Asuntos Exteriores de España y Primer Secretario de Isabel II, en A. Cuyás y Sampere, op. cit., Apéndice documental, pp. 331-336, citado en ibid., p. 19).

    Pronto Urquiza cumpliría con las expectativas que Cuyás y Sampere había depositado sobre su persona. El 17 de julio de 1851 y desde la localidad de San José, el gobernador entrerriano decretó la excepción del servicio militar para los residentes españoles en el territorio de su provincia. El decreto en cuestión decía:

    EL GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS,

                                    Considerando:

    1) Que la Provincia de Entre Ríos no necesita para sostener sus resoluciones y defender su soberanía territorial, sino el concurso de todos sus hijos o el de los que voluntariamente quieran prestar sus servicios en el territorio de la Provincia;
    2) Que es un deber hacer conocer que la libertad de las instituciones del pueblo entrerriano se extiende hasta aquellos que llegan al suelo de la Patria sin más intereses que establecerse en él y adquirir con su industria y ocupaciones artísticas, fortuna, hogar y una familia;
    3) Que a los ciudadanos españoles con quienes la Provincia de Entre Ríos, y aun la América toda, está ligada con fuertes vínculos de familia, de idioma o de religión, se les debe prestar la más decidida protección;
    4) Que hasta ahora no se les ha considerado en el territorio de la Confederación Argentina exentos del servicio activo de las armas; que al contrario, se les ha obligado violentamente a enrolarse en diferentes bandos civiles en que ha estado dividida la asociación argentina;

                                    Decreta:

    Art.1º) En todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos no se obligará a ningún ciudadano español a servir en el Ejército activo, y se les reconocerá con todos los derechos y regalías que el Gobierno acuerda a los hombres industriosos, cualquiera que sea su nacionalidad;
    Art.2º) Los Comandantes Militares de todos los Departamentos de la Provincia quedan encargados del exacto cumplimiento de este decreto. (Provincia de Entre Ríos, Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de la Provincia de Entre Ríos, desde 1821 a 1873, Concepción del Uruguay, 1876, tomo VI, pp. 173-4, citado en ibid., pp. 20-21.)

    Las relaciones entre la Confederación rosista y el reino de Saboya-Cerdeña
    Por su parte, la Casa de Saboya reinante en Cerdeña era el gobierno mejor organizado de todos los de la península itálica, que hacia la década de 1830 era un verdadero mosaico de soberanías. La Casa de Saboya contaba con una firme diplomacia. A su vez, los republicanos Mazzini y Garibaldi estuvieron estrechamente ligados a las luchas en el Río de la Plata: Mazzini como ideólogo de la Joven Argentina a través de Juan Bautista Cúneo, y Garibaldi como defensor de la causa liberal en Montevideo.
        La Casa de Saboya reconoció la independencia argentina en 1837, y fue el cuarto país europeo en hacerlo, siguiendo la corriente iniciada por Portugal y continuada por Gran Bretaña y Francia. En dicho año Cerdeña acreditó su primer representante diplomático, barón Henri Picolet d'Hermillon, con el rango de cónsul general, hasta que en 1846 se le otorgó la función de encargado de negocios.
        Diez años permaneció Picolet en Buenos Aires, ocupándose de los intereses de los residentes sardos en la Confederación Argentina, aunque sin celebrar tratado alguno que fijara oficialmente sus derechos. En 1848, con motivo de la guerra por la unidad italiana que iniciara contra Austria el rey Carlos Alberto de Cerdeña, éste adoptó un nuevo pabellón tricolor -el mismo que hoy tiene Italia, pero con el escudo de los Saboya que el gobierno italiano utilizó como símbolo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta bandera fue reconocida por el gobierno de la Confederación Argentina al ser enarbolada por primera vez en Buenos Aires el 13 de agosto de 1848.
        Por entonces el barón Picolet d'Hermillon atendía simultáneamente los asuntos de ambas Saboya-Cerdeña y Francia (que estaba en conflicto con la Confederación rosista, ya que eran los tiempos de la intervención anglofrancesa, iniciada en 1845). Como consecuencia, la conducta de d'Hermillon se tornó sospechosa para el gobierno de Rosas. Basándose en el hecho de que varios súbditos sardos izaron la nueva bandera que simbolizaba la unidad italiana sin permiso de la policía, el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina calificó severamente la actitud de Picolet d'Hermillon, y el 2 de septiembre de 1848 decretó su expulsión de la Confederación. Inútiles fueron las protestas y explicaciones del diplomático. Por su parte, el rey sardo Carlo Alberto estaba concentrado en la guerra contra los austríacos -concluida en marzo de 1849 con la aplastante derrota sarda en Novara-, y esto impidió que Cerdeña se ocupara del incidente en el Río de la Plata. El barón Picolet d'Hermillon fue ascendido y destinado a la legación sarda en Río de Janeiro, donde falleció años después. (Isidoro J. Ruiz Moreno, Orígenes de la diplomacia ítalo-argentina, Instituto Histórico de la Organización Nacional, Fundación Hnos. Agustín y Enrique Rocca, Buenos Aires, 1983, p. 10.)
        Al asumir el trono de Saboya-Cerdeña Vittorio Emanuele II, hijo de Carlos Alberto -que había abdicado y emigrado-, en 1850 se reanudaron los contactos con la Argentina, pero a nivel meramente consular, designándose para atender estas funciones a un distinguido comerciante, don Antonio Dunoyer, radicado desde tiempo atrás en Buenos Aires.

  2. Thomas Lyle Whigham, The Politics of River Commerce in the Upper Plata, 1780-1865, Ph.D. dissertation, Stanford University, 1986, p. 83.

  3. Ibid., pp. 83-84.

  4. John Hoyt Williams, The Rise and Fall of the Paraguayan Republic, 1800-1870, Austin, 1979, p. 130; Jordan Luiz de Araujo a los Cónsules de la República, Itapúa, abril de 1841, ANA-SH 247, Nº 4, citados en ibid., pp. 85-86.

  5. Juan Bautista Alberdi a Juan Lavalle, Montevideo, 31 de octubre de 1833, en Academia Nacional de la Historia, Colección Enrique Fitte, Sección Organización Nacional, VIII-30; Joseph L. Love, Rio Grande do Sul and Brazilian Regionalism, 1882-1930, Stanford, 1971, p. 265, n. 15, citados en ibid., p. 87 y p. 149, n. 11.

  6. Ibid., p. 87.

  7. Convención secreta de Amistad, Corrientes, 29 de enero de 1842, AHRGS, Archivo Alfredo Ferreira Rodrigues, Caixa 213, Nº 17, en ibid., pp. 87-88 y p. 149, n. 12.

  8. Ibid., pp. 88-89; J.L. Love, op. cit., pp. 14-15, en ibid., p. 149, n. 14.

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