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La política de Urquiza con los caudillos provinciales

Como sostiene Gorostegui de Torres, la aceptación de los gobiernos provinciales a la autoridad de Urquiza

no implicaba total unificación del Estado por puro y simple respeto a la Ley Fundamental; el sistema de caudillos, aún vigente en las provincias, aunque se llamasen gobernadores y mantuviesen una serie de instituciones conexas de tipo representativo, mantenía de hecho la unión sobre la base de lealtades personales al presidente electo. (...) la política de Urquiza, desde los primeros momentos posteriores a Caseros, fue la de manejarse con los elementos dominantes en las provincias sin llegar a enfrentamientos abiertos, lo que le permitió más tarde mantener la unión pese a los conflictos entre caudillos que mantenían al Interior, si no en guerra interna, por lo menos al borde de ella o en operaciones localizadas (1).

En definitiva, si bien la Constitución de 1853 había establecido un poder ejecutivo nacional fuerte, las facultades de Urquiza descansaban sobre todo en el apoyo de su provincia de Entre Ríos y en el respeto que pudiera obtener de los otros gobernadores
    Por su parte, el historiador José María Rosa coincide con la óptica de Gorostegui de Torres, añadiendo que:

Al ocurrir Caseros, estaban en las provincias que no se plegaron al Pronunciamiento, los gobernadores de Rosas (...) A Urquiza le convenía mantener ese elenco. Elevar a los liberales provincianos era un suicidio político; a lo sumo podía sugerir a los gobernadores que diesen, a título de fusión de partidos, un ministerio a algún doctor reformista como el caso de Valentín Alsina ante Vicente López (...) (2)

Pero los gobernadores provinciales, al ser también jefes de milicias, debían ser federales. En otras palabras, Urquiza no estaba dispuesto a romper con el precario equilibrio de fuerzas en las provincias, heredado del pasado rosista y preferible a un avance de elementos liberales que tanto lo atacaban en Buenos Aires. Sin embargo, esto provocó que Urquiza heredara también los conflictos de las provincias, que habían sido funcionales a Rosas para evitar una unión en su contra, pero que ya no constituían una ventaja. Así, hubo problemas en San Juan, donde el gobernador Benavides fue derrocado y repuesto en el mando. El gobernador Celedonio Gutiérrez de Tucumán era combatido por la poderosa familia de los Taboada de Santiago del Estero, y si bien pudo contrarrestar este ataque con la ayuda del gobernador de Catamarca, la fricción entre ambos siguió latente a lo largo de 1853.
    Finalmente cuando Gutiérrez atacó Salta para derribar a su gobernador, pareció que se iniciaba la guerra civil en todo el noroeste. Una comisión pacificadora enviada por Urquiza llegó a la zona cuando Gutiérrez había sido vencido (3).
    Las provincias cuyanas también se vieron agitadas. El repentino regreso a Mendoza de Domingo Sarmiento, a principios de 1854, hizo que corrieran noticias de que se había descubierto un supuesto complot. En Mendoza se estaría formando un ejército revolucionario con elementos chilenos y se habría obtenido el apoyo de Benavides y de los Taboada para unirse a Buenos Aires en el derrocamiento de Urquiza y lograr así la reorganización nacional bajo la dirección porteña. Finalmente Sarmiento fue arrestado y luego puesto en libertad por consejo de Urquiza para que volviera a Chile, pero todos estos hechos produjeron un efecto muy desestabilizador en las mencionadas provincias. Hubo también conflictos en Córdoba, donde Urquiza debió viajar a poco de asumir la presidencia; y en Corrientes, invadida desde Entre Ríos, lo que provocó una embarazosa situación a Urquiza, quien debió dar su apoyo al gobernador Pujol para restablecer el orden. Estos hechos demostraron la posición vulnerable del gobierno de la Confederación, la unión precaria entre las trece provincias, y la necesidad de Urquiza de mantener la lealtad de los caudillos utilizando la amenaza de reemplazo por un rival.
        

  1. H. Gorostegui de Torres, op. cit., pp. 32-33.

  2. José María Rosa, op. cit., pp. 17-18.

  3. Ver estos conflictos provinciales en J.R. Scobie, op. cit., pp. 107-112.

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