Considerando que el estado violento de la situación política de la Provincia de Buenos Aires, tanto en lo que respecta a la Nación de que es parte, como del pueblo de esa misma Provincia, desautoriza a ese Gobierno de toda facultad moral para ejercer actos de soberanía en el exterior, desde que esa soberanía es representada única y competentemente por el Gobierno de la Confederación Argentina; y que respecto de los actos interiores, las repetidas protestas de una gran mayoría de aquella población, y la sucesión de arbitrariedades cometidas por el Ejecutivo, revelan de una manera inequívoca el estado de coacción y falta absoluta de libertad, arrebatada a aquel heroico pueblo por la facción que lo oprime;
Considerando que la ley del Soberano Congreso Nacional del 26 de septiembre de 1856 ha tenido por objeto precaver los abusos que ese Gobierno anormal y faccioso pudiera consumar dentro y fuera de la Provincia; y por fin
Considerando que esa misma ley, la preservación de los grandes intereses nacionales, y del mismo pueblo de Buenos Aires conculcado en sus más preciosos derechos, le imponen al Gobierno Nacional el deber imprescriptible de responsabilizar todo acto ilegal emanado de aquella Administración arbitraria, acuerda:
1º) Que se circule nuevamente al conocimiento de los agentes diplomáticos y consulares, la ley del 26 de septiembre de 1856; y se dé conocimiento del firme propósito del Gobierno Nacional de desconocer todo acto exterior que concierna al uso de la soberanía nacional, y que impropia y abusivamente invada el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2º) El Gobierno Nacional declara de la manera más solemne que desconoce y protesta desde ahora contra todo acto por el cual la Provincia de Buenos Aires ejerza directa o indirectamente, jurisdicción de soberanía externa que la ligue ya sea en pactos, alianzas o cualesquiera otra estipulación de carácter nacional que comprometa el principio de unidad nacional, su crédito en el exterior, y el interior de la Provincia de Buenos Aires, ya sea celebrando empréstitos que afecten las rentas nacionales, enajenación de tierras públicas, o practicando nuevas emisiones de papel moneda.
3º) Hace asimismo responsable ante la ley con sus personas y bienes a los individuos que componen el Gobierno disidente de la Provincia de Buenos Aires, a su Legislatura, tribunales judiciales y al directorio del Banco y Casa de Moneda, de toda sanción, cooperación y ejercicio de los actos comprendidos en el artículo anterior.
4º) Hace igualmente responsable con sus personas y bienes a las autoridades tanto civiles como militares dependientes del Gobierno disidente de Buenos Aires, de todo acto arbitrario y atentatorio que ejercieren contra las personas, bienes y derechos de los ciudadanos argentinos, ya sean hijos de las Provincias Confederadas o de la Provincia de Buenos Aires (1).

La naturaleza de esa disposición solemne y las circunstancias en que se dicta hacen indispensable la notoriedad para con los Gobiernos que cultivan amistosas relaciones con la Confederación, como para los súbditos de ellas que residen en Buenos Aires. Los actos del Gobierno de esa Provincia, cuyo origen ilegítimo no es otro que la rebelión de un partido contra la Nación y las autoridades constituidas que ella se ha dado, llevan el sello de la usurpación y el vicio de la más insubsanable nulidad. El Gobierno de la Confederación está decidido a hacer efectiva en todo su vigor la disposición que se circula; y en el interés de precaver la buena fe de los Gobiernos de las Naciones amigas y de sus respectivos súbditos, cree de su deber poner en su conocimiento aquella firme resolución, que importa la protesta y desconocimiento de todo acto del Gobierno rebelado que comprometa o afecte el crédito nacional y el crédito interno de la Provincia de Buenos Aires, o comprometa alguna de las atribuciones de la soberanía exterior de la Nación (2).

El Gobierno de la Confederación, guiado por un espíritu de patriotismo que le honra altamente, ha propuesto al de Buenos Aires bases de arreglo equitativas y justas, que consultaban los intereses de todos, sin mengua ni menoscabo de ninguna pretensión legítima. Lo ha invitado de la manera más cordial, y guiado por las intenciones más sanas, a presentar la Constitución de Mayo al examen de ese benemérito pueblo, cuyos intereses los encontraría perfectamente garantidos en el Código más liberal de Sud América.
El Gobierno de Buenos Aires, desatendiendo esta incitación razonable y patriótica, ha preferido cortar brusca y descortésmente toda relación con el nuestro, haciendo ya imposible toda tentativa pacífica de nuestra parte, sin menoscabo de nuestra dignidad y nuestro decoro. Ha ejercido, además, actos de soberanía exterior que son la más alta prerrogativa del Gobierno Nacional, y sus tendencias todas marcan el meditado designio de segregar esa Provincia definitivamente de la Nación.
El Congreso ha creído con sobrada razón que ha llegado el caso de poner coto a tan traidor como perverso propósito, y recordando sus miembros el juramento solemne que hemos hecho de hacer cumplir la Constitución en todo el territorio de la Confederación, hemos decretado la guerra contra ese Gobierno refractario y desleal que sacrifica los altos intereses de la Nación a miras mezquinas de partido, como una necesidad suprema para la seguridad interna y futura felicidad de la República (4).