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El 6 de octubre de 1859 había llegado a Paraná en el buque Tacuarí de la armada de Paraguay el ministro de guerra de dicha nación, general Francisco Solano López, con el objeto de ofrecer su mediación para evitar la guerra entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. López se presentó en el campamento del general Urquiza, quien aceptó la mediación y exigió como paso previo, una suspensión de hostilidades al menos de diez días entre las partes beligerantes.

Seguidamente el mediador se presentó ante el gobierno de Buenos Aires, que demoró su respuesta procurando consultar al general Mitre en campaña. Luego se negó en absoluto a la propuesta de Urquiza de suspender hostilidades y entretuvo al mediador, con el objetivo de ganar tiempo, mientras la prensa porteña se burlaba de la mediación y mostraba el deseo del gobierno de la Confederación de hacer las paces con Buenos Aires como una muestra de la debilidad de la gestión de Urquiza. Asimismo, el invento que el propio Mitre había difundido de la batalla de Cepeda como una victoria prodigiosa contribuía a reforzar el espíritu de resistencia de la prensa porteña a la paz con el gobierno confederado.

Pero una vez conocida la verdad de los sucesos, y la marcha de las tropas de Urquiza hacia Buenos Aires, el gobierno porteño también aceptó la mediación de López. El presidente Urquiza nombró como comisionados a los generales Tomás Guido y Juan E. Pedernera y a Daniel Aráoz, y el de Buenos Aires, a Carlos Tejedor y Juan B. Peña. Sin embargo, las instrucciones otorgadas a los últimos eran una clara muestra de la actitud intransigente del gobierno porteño (24).

  1. Las instrucciones impartidas desde el cuartel general en Caseros, el 4 de noviembre de 1859, a los comisionados por el gobierno de la Confederación establecían que:

    La base de todo arreglo es salvar el principio de integridad nacional, que ha puesto las armas en manos del gobierno de la Confederación, al cual se han adherido ya todos los pueblos de la campaña de Buenos Aires.
    La unión federal bajo la ley sancionada el 1º de mayo, es lo único que podría salvar todas las exigencias de la situación y dar por resultado la paz y la fusión; (...).
    El presidente de la Confederación, autorizado por el Soberano Congreso nacional para decidir la cuestión nacional por la razón o por la fuerza, no omitirá esfuerzo alguno por obtenerla de un medio pacífico, que evite la efusión de sangre, dolorosamente vertida ya; y no se envanece con la victoria de Cepeda, pues en ella y después de ella ha tratado y quiere tratar a amigos y enemigos como hermanos.
    Pronunciada toda la campaña de esta provincia a favor de la causa nacional, engrosado su ejército con los contingentes de ella que cada día aumentan sus filas, detiene por un momento su marcha sobre la ciudad, cuando sólo falta que sus fuerzas, en cuádruple número, hagan un esfuerzo más por tomarla, y pide a sus más encarnizados enemigos prescindan completamente de su persona, que en breve dejará el puesto que ocupa, y mediten sobre los males que una resistencia tenaz puede causar a la patria común, a esta provincia y a su bella capital, destrozada como lo sería mañana por el cañón y enrojecidas sus calles con sangre argentina.
    El general Urquiza no desea esta victoria, aunque fuera muy fácil conseguirla, porque sabe que la nación le agradecerá más el evitar una nueva efusión de sangre en una batalla fratricida.

    Por su parte, y en contraste con el espíritu conciliador de las instrucciones dictadas por el gobierno de la Confederación, las dirigidas a los comisionados del gobierno de Buenos Aires decían:

    Lo más conveniente para el Estado de Buenos Aires es conservar el statu quo creado por el tratado de 8 de enero de 1855. Ellos deberán solicitarlo así, demostrando que la incorporación inmediata a la Confederación sería efecto de la fuerza y no de la libre voluntad del pueblo de Buenos Aires. La unión a los demás pueblos podría estipularse para cuando pueda ser examinada y reformada la Constitución de la Confederación, que es en mayo de 1863, obligándose el Estado de Buenos Aires a incorporarse entonces a la Confederación bajo previo examen de la Constitución que hoy rige.
    Como el general Urquiza ha pretendido siempre que se le confiera el encargo de las relaciones exteriores, si lo solicitase ahora, los señores comisionados podrán demostrarle que las relaciones exteriores suponen de toda necesidad la soberanía en el territorio respecto al cual se ejerce el poder de ellos y no estando aún Buenos Aires incorporado, no es posible conferirle el encargo de la soberanía exterior. (...)
    Si el statu quo del tratado de 1855 no fuese admitido, los señores negociadores pueden entrar a tratar la paz bajo la base de la incorporación de Buenos Aires tan pronto como sea posible, de una manera legal, que puede concretarse en las estipulaciones siguientes:
    Que, así que las tropas hayan salido del territorio del Estado de Buneos Aires se convocarán las cámaras aunque estén en receso para el examen de la Constitución de la Confederación Argentina.
    Que los diputados de Buenos Aires se incorporarán al Congreso federal cuando estén aceptadas por éste las reformas que hubiese presentado sobre la Constitución federal el cuerpo legislativo de Buenos Aires.
    Que reformada o aceptada la Constitución, los poderes que ella crea serán elegidos en la forma prescripta por ella.
    Como Buenos Aires en el caso de unirse a los otros pueblos debe ser como Estado federal, los comisionados exigirán que el gobierno de Buenos Aires ha de ser delegado necesario y único del presidente de la República en todos los actos y en la ejecución de todas las leyes que deban cumplirse y ejecutarse en el territorio de Buenos Aires, sin que en él pueda crearse autoridad o empleo nacional que no esté sujeto al gobierno de Buenos Aires como delegado del gobierno nacional. (...)
    Que todos los establecimientos públicos existentes en Buenos Aires, de cualquier género y clase que sean, sin distinción alguna, como el banco, universidad, colegio, etc., seguirán siempre corrrespondiendo al Estado de Buenos Aires, y serán únicamente gobernados y vigilados por la autoridad del Estado, con excepción de la aduana.
    Como por la Constitución federal esas aduanas pertenecen a la nación, y consistiendo casi la totalidad de las rentas de Buenos Aires en derechos de aduana, la nación deberá garantir al Estado de Buenos Aires por el término de cinco años, su presupuesto del año 1859 para cubrir esos gastos que le corresponden como estado particualr, inclusa la deuda interior y exterior.
    Estando probada la conveniencia y los buenos resultados de las leyes que Buenos Aires se ha dado, sobre comercio exterior e interior, y de navegación, ellas deben ser conservadas y jamás variadas sino en un sentido favorable a las libertades comerciales.
    Si el general Urquiza llegase a exigir cambio en el ejercicio de los poderes públicos de las personas que los ocupan, se negarán a ello absolutamente, hasta el discutir tal materia, demostrando que el general Urquiza, sólo es presidente de la Confederación, que no tiene otros poderes que los que se le han delegado por la Constitución y que no puede, por lo tanto, sino como conquistador pretender variar las autoridades del Estado, legalmente constituidas.
    Si el general Urquiza exigiera que Buenos Aires se incorporarse inmediatamente a la Confederación, sin examen de la Constitución, los señores comisionados fácilmente le demostrarán que esto es contrario a la Constitución misma y que el asentimiento a la Confederación de todos los pueblos debe ser absolutamente voluntario y no efecto de una victoria, y así se negarán absolutamente a tal exigencia. (...)
    Viendo, entonces, el gobierno las concesiones que hubiese hecho el general Urquiza y la marcha que lleva la negociación les dará sobre la materia instrucciones especiales.

    Texto de las Instrucciones expedidas por el presidente de la Confederación para negociar una convención de paz, con los comisionados del gobierno existente en la ciudad de Buenos Aires, durante la mediación del gobierno de la República del Paraguay, firmadas por el secretario de guerra Benjamín Victorica en el cuartel general de Caseros, 4 de noviembre de 1859, e Instrucciones a los señores comisionados del gobierno para las negociaciones de paz, Buenos Aires, firmadas por Valentín Alsina, Dalmacio Vélez Sársfield, Pastor Obligado y Norberto de la Riestra, citadas en J. Victorica, op. cit., pp. 158-161.

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