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Por disposición del pacto de San José de Flores el gobierno porteño debía convocar una convención constituyente en el plazo de veinte días para analizar la Constitución de 1853 y proponer las reformas que considerara necesarias. El proceso electoral al efecto volvió a enfrentar al gobierno surgido de la revolución septembrina y a la oposición. El Club Libertad, el partido de Alsina, Obligado y Mitre, representaba a los que tenían el gobierno en su poder. La oposición, heterogénea en su composición, estaba nucleada en el mucho más débil Club de la Paz. La lista electoral respaldada por el Club Libertad llevaba veinte candidatos de éste, diez del grupo opositor y cinco de grupos no partidistas. No obstante, el resultado final fue una convención dominada por el mismo grupo que había controlado a la provincia desde 1852 (1). Reunida la asamblea, se decidió designar una comisión para estudiar las modificaciones a la Constitución nacional. Integraron ésta siete personas: Luis Domínguez, Dalmacio Vélez Sársfield, José Barros Pazos, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, José Mármol y Antonio Cruz Obligado, de las cuales al menos cinco eran enemigos de Urquiza. Las recomendaciones que realizó esta comisión fueron presentadas a la convención a fines de abril de 1860, quedando ratificadas y preparadas para presentarlas al gobierno nacional a mediados de mayo. En virtud de la forma como se había conformado la convención, Scobie señala que las enmiendas sugeridas eran la "justificación de la resistencia porteña contra Urquiza y la Confederación" (2).
    La reforma propuesta por Buenos Aires trataba de proteger los derechos porteños en cuatro aspectos: ubicación de la capital, soberanía de la provincia, predominio económico y relaciones exteriores (3). Debido a la diversidad de opiniones respecto del primer tema, la cuestión capital fue pospuesta. La enmienda del artículo 3º -que federalizaba a la ciudad de Buenos Aires- estableció que la residencia de las autoridades nacionales debía ser declarada más tarde por ley del Congreso, previa cesión del territorio por una o más provincias.
    En cuanto al segundo aspecto de preservar la autonomía provincial, se reformaron los artículos 5º y 6º, suprimiendo la cláusula que exigía el sometimiento de las constituciones provinciales a la aprobación del gobierno nacional y restringiendo el poder de intervención federal. Además se aconsejó que los candidatos a legisladores nacionales debían haber residido un lapso de tiempo en la provincia a representar. Se enfatizó que los poderes no expresamente reservados al gobierno nacional pertenecían a las provincias. Se prohibió a los jueces federales ocupar simultáneamente cargos en las cortes provinciales. Se disminuyeron los poderes del ejecutivo nacional en época de receso del Congreso.
    El tercer aspecto era la cuestión económica. La convención provincial se preocupó por obtener una garantía constitucional para impedir una discriminación como la de los derechos diferenciales contra el puerto o la provincia de Buenos Aires. Asimismo se sumó a las facultades del Congreso una disposición similar para refirmar la igualdad de aranceles y evitar la supresión de las aduanas existentes en el momento de la incorporación de la provincia a la nación.
    La última gran preocupación de la convención provincial fueron las decisiones en materia de política exterior tomadas por la Confederación desde 1852. Debido a que ésta había firmado con España un tratado que aceptaba el ius sanguinis, los políticos porteños insistieron en que Buenos Aires quedara exenta de ese principio. A tal fin se agregó una reserva al artículo 31º.
    La Convención nacional ad hoc que debía tratar las reformas propuestas por la provincia de Buenos Aires se reunió en Santa Fe entre el 14 y el 25 de septiembre de 1860. En opinión de Scobie, si bien el objetivo aparente de la convención era la revisión de la Constitución de 1853, el hecho de su reunión constituía a la vez para las fuerzas políticas en pugna una oportunidad de ponerse a prueba. Esta vez, mitristas y urquicistas hicieron causa común contra los partidarios de Derqui. El "arreglo" respaldado por los primeros determinaba la aprobación de los poderes de todos los convencionales salvo dos; la aceptación de todos los tratados internacionales excepto el suscripto con España; la disposición de que después de 1866, ni el gobierno nacional ni los provinciales pudieran imponer derechos de importación; y la aceptación de "Confederación Argentina" como uno de los nombres oficiales del país. Luego que el grupo aliado consiguió la aprobación de sus condiciones, la tarea de la convención resultó sencilla. El 24 de septiembre se realizó la aprobación formal de la Constitución reformada y las sesiones se clausuraron al día siguiente (4). La Constitución con las reformas introducidas fue promulgada el 1º de octubre de 1860 por el presidente Derqui. Se mandó una copia al gobierno de Buenos Aires, quien la juró el día 21 del mismo mes.
    Por su parte, Derqui había comenzado a dar cumplimiento a su pacto con Mitre. El mismo día de la jura de la Constitución por parte del gobierno porteño, el presidente de la Confederación Argentina expidió un decreto cuyo artículo 1º decía: "Elévase al rango de brigadier general de los ejércitos de la República al coronel mayor don Bartolomé Mitre". Buscó además una participación mayor de los políticos porteños en el gabinete nacional. Así, nombró como ministro de hacienda a Norberto de la Riestra, acérrimo partidario de Mitre, quien dictó el decreto nacionalizando la aduana de Buenos Aires (5). También Derqui decretó el cambio de la denominación de Confederación Argentina por República Argentina y derogó los nombramientos de jueces de la Suprema Corte hechos por la presidencia de Urquiza.
    Asimismo otro decreto presidencial ordenó la sustitución de los parlamentarios que no estuviesen nombrados con ajuste a la reforma constitucional, que había introducido la variante (artículos 40º a 47º) de exigir a los representantes el requisito de ser naturales de las provincias que los eligieran o al menos tener dos años de residencia inmediata en ellas. Esta decisión de Derqui tendía a otorgar mayoría al partido liberal de Mitre en el Congreso, promesa que Derqui había efectuado al gobernador porteño. Los miembros del partido federal mostraron su irritación y se resistieron a acatar el mandato presidencial, factor que resquebrajó las relaciones entre Urquiza y Derqui.
    Por último, Derqui, apremiado por las necesidades económicas, decidió el 3 de noviembre, sin esperar la incorporación de los diputados de Buenos Aires, que la provincia disidente entregase no ya el millón y medio mensual sino los excedentes de sus rentas. Esto disgustó a tanto a los partidarios de Derqui como de Urquiza. A este factor se agregaron otras disposiciones de Derqui en materia de relaciones exteriores que favorecían al gobierno de Buenos Aires. La intención del presidente de alejarse de Urquiza y acercarse a Mitre demostrada con todas estas disposiciones terminaría convirtiéndose en explosiva a partir de los sucesos que tendrían lugar en San Juan.

  1. J.R. Scobie, op. cit., pp. 262-263.

  2. Ibid., p. 264.

  3. Ibid., pp. 264-270.

  4. Ibid., pp. 290-292.

  5. Mitre a de la Riestra, 29 de octubre de 1860, MM, 10.085; Rejistro Nacional, IV, 360. No obstante, los funcionarios porteños continuaron administrando la aduana hasta la siguiente sesión del Congreso nacional; de la Riestra, en el ministerio de hacienda, constituía una garantía para que esto se cumpliera. R.J. Scobie, op. cit., p. 294, n. 216.

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