• El asesinato del gobernador de San Juan, José Virasoro (noviembre de 1860). Su repercusión en las relaciones entre los gobiernos de Buenos Aires y la Confederación Argentina

Urquiza, en un intento por recrear la armonía que amenazaba quebrarse, invitó al presidente Derqui y al gobernador Mitre a festejar el primer aniversario del Pacto de Unión en su residencia San José en noviembre de 1860. Pero un hecho grave quebró toda posible cordialidad: el asesinato del gobernador de San Juan y figura del partido federal, coronel José A. Virasoro, el 16 de noviembre de 1860, y su reemplazo por una figura del partido liberal opositor, el doctor Antonino Aberastain. Precisamente ese mismo día el presidente Derqui y los generales Urquiza y Mitre le habían dirigido la siguiente carta -única realización concreta de la reunión de los tres- instándolo a abandonar el poder. La carta decía:

El texto de esta carta era una prueba de que sus firmantes temían por la vida del gobernador Virasoro y quisieron evitar la posibilidad de un atentado en su contra. La prensa de Buenos Aires, principalmente El Nacional, venía publicitando hace tiempo el asesinato político de Virasoro, considerado como un tirano. Como había ocurrido con el general Nazario Benavides, los comisionados del gobierno llegaron tarde para evitar el asesinato de Virasoro. Según Julio Victorica y Mariano A. Pelliza, la prensa de oposición en Buenos Aires anunció que el ministro de hacienda, Rufino de Elizalde, había facilitado al de gobierno, Domingo Faustino Sarmiento, un millón y medio de pesos papel para derrocar a las autoridades de la provincia de San Juan. El ministro de hacienda quiso defenderse del cargo, pero la constancia de que el órgano oficial del ministro de gobierno había anunciado con una anticipación de seis días la muerte del gobernador Virasoro fue un factor que le impidió a Elizalde desligarse de su responsabilidad en el asesinato.
    El asesinato del gobernador de San Juan llevó al presidente Derqui, a pesar de los esfuerzos del gobernador de Buenos Aires, a intervenir aquella provincia. El encargado de normalizar la situación interna sanjuanina fue el gobernador de San Luis, coronel Juan Saá. El interventor desconoció la autoridad del nuevo gobernador, Antonino Aberastain, quien intentó resistir, pero fue vencido y tomado prisionero. La situación se complicó aún más cuando, al marchar Saá a ocupar la capital sanjuanina, uno de sus jefes pasó por las armas a Aberastain, temiendo una posible rebelión de los prisioneros.
    Las instrucciones de Derqui, que habían autorizado el uso de la fuerza, y la insistencia de Urquiza en vengar la muerte de Virasoro llevaron a este desenlace a pesar de que Derqui había dado seguridades a Buenos Aires de que se protegería al grupo liberal. La resolución drástica de la situación sanjuanina mereció la repulsa del gobierno de Buenos Aires e incluso del propio gobierno nacional. Los ministros de la Riestra y Pico renunciaron con lo cual terminó la cooperación porteña con el gobierno nacional. Mitre exhortó al resto de los gobernadores a condenar el asesinato de Aberastain, pero casi todos le contestaron que el asunto era de incumbencia de la autoridad nacional. No obstante, los intercambios de notas y discusiones entre el gobierno de la Confederación, los provinciales y el de Buenos Aires respecto del fusilamiento de Aberastain, con los cuales la prensa contribuía, lograron exacerbar las pasiones hasta el extremo de considerar nuevamente un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno de Buenos Aires y el de la Confederación. La política de acercamiento de Derqui había fracasado rotundamente. En consecuencia, el presidente buscaría nuevamente el apoyo de Urquiza, quien, desde su gobierno en Entre Ríos y cansado de disputas internas, criticó el papel rector que se arrogaba el gobierno de Buenos Aires.
    Para Gorostegui de Torres, el asesinato de Virasoro y de Aberastain en San Juan eran capítulos de la rivalidad creciente entre los grupos políticos que respondían respectivamente al presidente de la Confederación, a Urquiza y al gobierno de Buenos Aires. Así, por ejemplo, San Luis y San Juan respondían al presidente Derqui; Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Mendoza estaban bajo influencia urquicista y los porteños contaban con el apoyo de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba (2).
    En un clima enrarecido por las tensiones se acercaba el momento en que la provincia de Buenos Aires debía proceder a su incorporación a la nación. La provincia eligió sus representantes al Congreso de acuerdo con una ley provincial, procedimiento que había sido aprobado por Derqui. Por su parte, el Congreso debía considerar una serie de cuestiones importantes como la situación en San Juan, la admisión de legisladores correntinos que no tenían el mínimo de residencia en su provincia, los problemas de aranceles ligados con la garantía asegurada a los porteños por los pactos, y la admisión de los diputados porteños. Para los grupos políticos la lucha por obtener la mayoría en la cámara de diputados era un asunto vital. Reunida ésta a principios de abril, decidió el rechazo de los diputados porteños por haber sido elegidos por la ley local. La razón de fondo era que éstos pertenecían al antiurquicismo extremo y habrían reforzado al grupo antifederal.
    La prueba decisiva para lograr la consolidación de la unión, es decir, la incorporación de los representantes de Buenos Aires al Congreso nacional y por ende su participación en el gobierno nacional, había pues fracasado. Los partidarios de Urquiza habían logrado que Derqui se inclinara otra vez a favor del partido federal. Los sucesos en San Juan y Corrientes y el rechazo de los diputados porteños habían barrido con la posición independiente de Derqui. Las intervenciones a las provincias que habían expresado su hostilidad a las acciones de Saá en San Juan o apoyado a Buenos Aires en el Congreso revelaban el nuevo rumbo tomado por el presidente. Estas amenazas contra los gobiernos provinciales proporteños fueron considerados como ataques al gobierno de Buenos Aires, a tal punto que Mitre prometía a aquéllos su ayuda si resistían (3).
    Como en los conflictos anteriores, la economía porteña pudo sobrellevar las medidas tomadas por el gobierno en previsión de la guerra, proceder a la movilización y ayudar a los gobiernos adictos del interior. En el mes de junio Mitre hizo cesar el envío de fondos a Paraná debido a la nacionalización de la aduana porteña. En el caso de la Confederación, nuevamente ésta debió apelar a empréstitos exorbitantes para reemplazar la falta de crédito público. Ante la imposibilidad de hallar forma de enfrentar el costo de la nueva campaña, para cada paso fue necesario una medida de emergencia. Un préstamo de 500.000 pesos de un capitalista local financió la intervención en Córdoba. La movilización de Rosario fue posible gracias a la venta de letras realizada por el gobierno con gran descuento. Los sueldos de los legisladores se pagaron gracias a un préstamo privado en Paraná. Se trató de aumentar las rentas con un aumento en los derechos del 3 al 6%. Debido a la supresión del subsidio porteño, se gravaron los envíos a la Confederación que entraran por las aduanas del Litoral (4).
    Ante la proximidad de una nueva guerra, los ánimos de los principales protagonistas estaban unánimemente contrariados. El presidente Derqui, antiguo amigo de Mitre y halagado por el general porteño al principio de su mandato, no se resignaba a que, tras tantos esfuerzos por satisfacer las exigencias del gobierno de Mitre, el amigo de ayer se convirtiese en el enemigo intransigente. Urquiza, por su parte, estaba lógicamente irritado. A diferencia de los días de Caseros, no tenía deseos de abandonar nuevamente su casa y su familia para tomar parte en una lucha para la cual no tenía motivaciones. Incluso en cierto momento pasó por su cabeza la posibilidad de formar un Estado independiente con Entre Ríos y Corrientes. A su vez Mitre era consciente de que todo su discurso de derechos de Buenos Aires, libertades de Buenos Aires y demás patrioterías con que trataba de justificar la guerra eran pretextos para acceder al gobierno del país. Pero estos pretextos habían ido más allá de lo que Mitre deseaba, embarcando a la sociedad porteña en una cruenta guerra cuyo precio político el gobernador porteño no estaba muy dispuesto a pagar.
    Además de la escasa vocación de Derqui, Mitre y Urquiza por llevar adelante una nueva guerra entre los Estados de Buenos Aires y la Confederación, cuyos réditos políticos eran inciertos en el mejor de los casos, se registraron vanos intentos de mediación para evitar la guerra. A los buenos oficios ofrecidos por los ministros de Francia e Inglaterra se sumó el encargado de negocios del Perú. Las negociaciones de éstos no fueron sencillas pues debían contemplar los puntos de vista de los tres polos de poder existentes en el momento.
    Los mediadores lograron finalmente que se celebrara una conferencia en el puerto de Las Piedras, ubicado en la provincia de Santa Fe, a bordo del buque de guerra inglés Oberon. A esta conferencia concurrieron el presidente Derqui, el general Urquiza y el gobernador Mitre. Aquí se llegó a un acuerdo sobre los principales puntos y se convino la designación de comisionados especiales para concretar la paz. Derqui nombró a Nicanor Molinas por el gobierno nacional y le entregó instrucciones insistiendo en las mismas condiciones que había presentado por primera vez a fines de junio. A su vez, las instrucciones dadas por Mitre a su comisionado Norberto de la Riestra eran casi puntualmente opuestas a las de Molinas. Los comisionados se reunieron a bordo del barco francés Fulminant el 15 de agosto pero pronto se hizo evidente que no podía llegarse a un acuerdo (5).
    Entre las propuestas del comisionado porteño figuraba que Buenos Aires continuara separado de la República Argentina hasta el año 1865, fecha en la que se acordaría el medio de su incorporación, y que la aduana quedase en poder de la provincia, entregando una mensualidad de 750.000 pesos papel. La Confederación exigía en ese momento 2.000.000 de pesos. La propuesta porteña significaba que los productos importados para el consumo de toda la República debían pagar los derechos en Buenos Aires. Estas condiciones resultarían inaceptables para el resto de las provincias. Los comisionados se limitaron al intercambio de proposiciones y acordaron someterlas a sus respectivos gobiernos.
    Los tres diplomáticos extranjeros presenciaron la reunión final entre Molinas y de la Riestra el 22 de agosto a bordo del Oberon. Las negociaciones se interrumpieron cuando el comisionado porteño anunció que sus instrucciones habían sido confirmadas. Los mediadores presentaron entonces una sugerencia de Urquiza: que se renovara el convenio de junio, agregándole un artículo adicional que estipulara la incorporación de la provincia en 1865. De la Riestra respondió que ese convenio ya no tenía ningún significado. Propuso en cambio una paz basada en un subsidio mensual de un millón de pesos y una limitación de la soberanía de Buenos Aires en relaciones exteriores. Su moción fue rechazada por Molinas. Los negociadores habían llegado al límite que permitían sus instrucciones. Se separaron entonces luego de firmar un protocolo que establecía una tregua de cinco días antes de reiniciar las hostilidades.
    Por otro lado, las desavenencias entre Derqui y Urquiza no habían ayudado a fortalecer la causa de la Confederación ni sus problemas financieros. El presidente siempre había tratado de lograr una posición más independiente respecto del vencedor de Caseros, incluso después de su ruptura con el grupo liberal. El único modo de lograr aquélla era mediante la constitución de un grupo de partidarios en las provincias, para lo cual había empezado a trabajar. Pero a fines de julio, el desacuerdo entre Derqui y Urquiza era materia de comentarios tanto en la Confederación como en Buenos Aires. Una decisión secreta tomada por el gabinete nacional bajo la gestión del vicepresidente Pedernera y presentada a Urquiza, entregando a éste plenos poderes para hacer la guerra o la paz con Buenos Aires, agudizó aún más el enfrentamiento. Este y otros episodios demostraron que los máximos gobernantes de la Confederación no tenían unidad en sus miras. Finalmente Derqui reasumió la presidencia en Paraná y Urquiza se hizo cargo del comando del ejército de la Confederación (6).
    A pesar del fracaso de la mediación de los diplomáticos extranjeros, Urquiza continuó con sus intentos por impedir la batalla. Aceptó rápidamente un llamamiento de Félix Frías, realizado a fines de agosto, para que ambos generales reanudaran las negociaciones. Incluso unos días antes del choque armado envió nota urgente a fin de lograr un arreglo con Mitre. La actitud del comandante en jefe de la Confederación contrastaba con la inclinación que demostraba Mitre hacia la ruptura, sobre todo a partir del 22 de agosto en que se habían dado por fracasadas las negociaciones (7). Los diarios porteños también exhortaban a la guerra. Los que desde Buenos Aires boicoteaban los intentos de unión nacional estaban de parabienes. Mitre prefería una nueva batalla a un arreglo decoroso para ambas partes. La única alternativa que el gobernador de Buenos Aires aceptaba era la entrega del gobierno nacional en sus manos.

• NOTAS

1. Carta del presidente Derqui y los generales Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre al gobernador de San Juan, coronel José Antonio Virasoro, Concepción del Uruguay, 16 de noviembre de 1860, citada en J. Victorica, op. cit., pp. 197-198.

2. H. Gorostegui de Torre, op. cit., p. 64.

3. J.R. Scobie, op. cit., pp. 330-335.

4. Ibid., pp. 336-338.

5. Ver las alternativas de estas conferencias en ibid., pp. 341-349.

6. Ibid., pp. 349-352.

7. Ibid., p. 352.

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