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Rosas, basándose en la inexistencia de un tratado con España y considerando la igualdad de derechos de los residentes españoles con el pueblo nativo, había obligado a los primeros a participar del servicio activo de las armas. Producida su caída, el 16 de febrero de 1852 el nuevo gobierno de Vicente López y Planes en Buenos Aires declaró eximidos de servicios militares a la comunidad hispana en dicha ciudad, tal como ocurría en Entre Ríos (1). Incluso ese mismo día, Jacinto Albistur, encargado de negocios español que había reemplazado a Carlos Creus, recibió la respuesta de Urquiza, a quien se había dirigido para reclamar que una parte de la comunidad española se hallaba prisionera, víctima de los abusos del gobierno de Rosas. Urquiza contestó al encargado de negocios español que "penetrado de la justicia de su interposición, puedo asegurar a Ud. que todos sus compatriotas serán puestos en libertad, en consideración al modo violento con que se les ha enrolado en los cuerpos del Ejército de esta Provincia" (2). Estas medidas entusiasmaron al encargado Albistur, quien decía en despacho posterior que: "los españoles residentes en Buenos Aires han recibido con muestras de alegría que son naturales en hombres que por tantos años han carecido de toda defensa y protección contra las violencias de un poder caprichoso y arbitrario" (3).
    Albistur no dudó en aprovechar la buena disposición de las nuevas autoridades en el Río de la Plata para plantear ante el ministro de relaciones exteriores del gobierno de Buenos Aires, Luis J. de la Peña, la conveniencia de acreditar un agente consular interino. El 28 de febrero de 1852, el gobernador López y el canciller de la Peña suscribían un decreto que colmaba ampliamente las expectativas del encargado de negocios español (4). El 1º de marzo de 1852, puestos previamente de acuerdo el canciller de la Peña y el encargado de negocios Albistur, el cónsul general de España en los Estados del Plata nombró a Vicente Casares como agente consular.
    El 6 de abril de 1852, la reunión de los gobernadores de las cuatro provincias del Litoral que en 1831 establecieran el Pacto Federal, celebrada en la quinta de Palermo, confirió el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina a Urquiza, cubriendo la función que Rosas había dejado vacante con su caída. Esta resolución, sumada a la decisión de convocar a los demás gobernadores a fin de sentar las normas para el funcionamiento del Congreso Constituyente, contribuyó en gran medida al mejoramiento de las relaciones con el gobierno de España y sus residentes en el Río de la Plata, quienes compartían la percepción de la buena voluntad de Urquiza para con la comunidad española.
    La percepción favorable de los españoles respecto de Urquiza fue reafirmándose a través de las actitudes del general entrerriano. Cuando éste asumió el mando de la provincia de Buenos Aires tras la dimisión de López el 26 de julio de 1852, tomó una serie de resoluciones que ejercieron un beneficioso impacto en la comunidad hispana. Prohibió la confiscación de bienes, abolió la pena de muerte por causas políticas -vigente durante el gobierno de Rosas-, estableció comisiones codificadoras de Derecho y reglamentó la libertad fluvial. La última medida generó en particular una serie de conceptos elogiosos para con Urquiza por parte del encargado de negocios español Albistur, vertidos en una carta de éste a Antonio Cuyás y Sampere del 4 de noviembre de dicho año. Albistur decía:

Felicito de todo corazón al general Urquiza por el decreto sobre la navegación de los ríos; creo que ha hecho una gran cosa. Primero, por lo que es en sí: al abrir las vías a la navegación se abre camino a todos los elementos de paz, riqueza y mejoras que Europa puede enviar a sus bellos países. Segundo, por la ocasión oportunísima en que lo ha hecho esto: cuando llegaron M. Saint Georges y Hotham se creyó en Francia y en Inglaterra que era preciso emplear los recursos de la diplomacia para arrancar la libertad de la navegación de los ríos; pues bien, el general Urquiza les sale al encuentro con el decreto, expidiéndolo espontáneamente. Ya se pueden volver a Europa los negociadores. Tercero, porque al decretar la libertad de la navegación para los buques mercantes, el general Urquiza ha tomado las medidas necesarias para preservar su país, ya de cualquier agresión extranjera, ya del contrabando (5).

  1. El decreto establecía al respecto que:

    El Gobierno Provisorio de la Provincia, considerando:
    1º) Que sería mengua de justicia el obligar por más tiempo a los españoles al servicio activo de las armas, mientras de él se hallan exentos los demás extranjeros;
    2º) Que ha sido hasta ahora más violento este proceder si se atiende a que el tirano Juan Manuel Rosas, cuando explotaba sus servicios, ostentaba hacerlo bajo el pretexto de igualdad de derechos a los españoles con el pueblo a quien oprimía, lo cual era a la violencia añadir el escarnio;
    3º) Que si bien no existe tratado alguno con España que haga obligatorio este paso del Gobierno, hoy puramente espontáneo, ligan sin embargo a la Provincia con aquella Nación vínculos especiales de sangre, así como la comunidad de idioma, de religión y de costumbres, y la confraternidad que debió establecerse desde luego que terminó la gloriosa lucha de la emancipación política;
    4º) Que la Provincia cuenta en la cooperación de sus fieles hijos y de los que voluntariamente quieran servirla, con los medios necesarios para defender su libertad, su independencia y soberanía;
        Ha acordado y decreta:
    Art.1) En todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires quedan exentos los españoles del servicio activo de las armas, en la misma forma que lo están los demás extranjeros.
    Art.2) Comuníquese a quienes corresponda, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

    Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, años de 1851-1852, Buenos Aires, 1875, p. 8, citado en Isidoro J. Ruiz Moreno, Relaciones hispano-argentinas. De la guerra a los tratados, Buenos Aires, Pellegrini, 1981, pp. 26-27.

  2. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Madrid, legajo 1348, Correspondencia, Embajadas y Legaciones. Argentina, 1852-1866, cit. en ibid., p. 27.

  3. Miguel Angel de Marco, La Armada Española en el Plata, 1845-1900, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1981, p. 61.

  4. El decreto afirmaba en sus partes más importantes lo siguiente:

    El Gobierno Provisorio ha acordado y decreta:
    Art. 1) Facúltase al señor don Jacinto Albistur, Encargado de Negocios y Cónsul General de España en Montevideo, para nombrar una persona que desempeñe las funciones de Cónsul español en Buenos Aires mientras da cuenta al Gobierno de Su Majestad Católica de esta graciosa concesión, y pueda acreditar al que tuviere a bien cerca de la Confederación Argentina;
    Art. 2) El presente decreto será sometido a la sanción de la próxima Legislatura de la Provincia; (...)

    Registro Oficial de la Provincia..., op. cit., pp. 19-20, cit. en I.J. Ruiz Moreno, op. cit., p. 31.

  5. Antonio Cuyás y Sampere, Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos, Mataró, 1888, p. 375, citado en ibid., p. 46, n. 52.

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