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Debido a la corriente de afinidad establecida entre Urquiza y las autoridades españolas, éstas se alarmaron ante los sucesos de septiembre de 1852 en Buenos Aires, que demostraban el abierto desafío de la Legislatura y las autoridades porteñas a la influencia de Urquiza. Una circular suscripta el 29 de septiembre por el ministro Valentín Alsina y enviada al cónsul español José Zambrano y Viana aclaraba la posición adoptada por el gobierno de Buenos Aires en los siguientes términos:
En tal nuevo y extraordinario estado de cosas, S.E. el señor Gobernador, que desea vivamente evitar por su parte dudas e incertidumbres que pudieran dañar la expedición regular de los negocios de los Consulados y los intereses que en ellos se versan, ha ordenado al infrascripto declare al señor Cónsul que no hay inconveniente en que continúe por lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires desempeñando de hecho las funciones consulares, mientras su Gobierno tiene a bien declarar su voluntad a este respecto (1).
El cónsul Zambrano, colocado por la actitud intransigente de los localistas porteños en una incómoda situación -ya que no deseaba tener malas relaciones con las autoridades de Buenos Aires pero tampoco con las de la Confederación Argentina- optó por una actitud de bajo perfil, limitándose a acusar recibo de la circular del ministro Alsina. La dificultad de la postura de Zambrano fue que el creciente contexto de tensión entre Buenos Aires y la Confederación Argentina no dieron por cierto lugar a actitudes tibias. El 30 del mismo mes el cónsul español explicaría a sus superiores en España su especial situación:
Colocado en el teatro de los sucesos, atendiendo a lo excepcional de mi posición y teniendo muy particularmente en vista la inmediata protección de las personas e intereses de los súbditos de S.M., he creído que los términos en que he contestado a este Gobierno, y la reserva que hago al esperar las superiores órdenes de S.M., evitan los inconvenientes que pudieran producir el desentenderme de las buenas relaciones en que felizmente estoy con las autoridades de esta Capital, y que causaría una profunda alarma entre la población española, cuyos temores se me han hecho sentir, haciéndoseles concebir sin duda con fines bien siniestros, que el nuevo Gobierno establecido parecía no dispuesto a concederles los goces que en la actualidad disfrutaban como extranjeros (2).
El asunto llegó a manos de Jacinto Albistur, el ex encargado de negocios español en el Río de la Plata, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de sección del ministerio en Madrid. Su dictamen de diciembre de 1852 -adoptado por la cancillería del Reino- contribuyó a robustecer el separatismo porteño, al determinar, olvidando los gestos adoptados por Urquiza, que:
Lo que más nos importaba, que era segurar la suerte de nuestros compatriotas en Buenos Aires, está felizmente asegurado. En tal estado, la Sección opina que (...) mientras no se aclare el horizonte político de la Confederación, no tenemos interés en que entable relaciones con un poder efímero y sin garantías de estabilidad (...) (3).
De esta manera, los autonomistas porteños habían logrado boicotear
los intentos de Urquiza de normalizar los vínculos con la Madre Patria. Desde ese momento
y por mucho tiempo, cesaron los intentos españoles para establecer tratos oficiales con
el gobierno de la Confederación.
Para mayor complicación de las autoridades de la Confederación, y no
obstante las advertencias que tanto éstas como los agentes diplomáticos y consulares
españoles hacían a los residentes hispanos en Buenos Aires, los últimos, identificados
con la ciudad, hicieron causa común con el autonomismo porteño. En consecuencia, al
producirse el sitio de Lagos y ante el temor de un asalto a la ciudad, formaron cuerpos
defensores de Buenos Aires, como la legión española que alcanzó un número de 377
voluntarios en armas. Este factor motivó las quejas del gobierno establecido en Paraná,
y el 23 de diciembre de 1852 el ministro Luis J. de la Peña se dirigió a los agentes
extranjeros reclamando el desarme de sus connacionales (4). Enterado de la actitud asumida
por los residentes españoles en Buenos Aires, el gobierno de Madrid indicó a su cónsul
en Buenos Aires que aquéllos debían observar una estricta neutralidad en las
"disensiones políticas de la Confederación, que tanto lamenta el Gobierno de
S.M." (5).
A pesar de las advertencias de las autoridades reales, el cónsul
español en Buenos Aires, José Zambrano medió en el conflicto entre los gobiernos de la
Confederación y Buenos Aires, aunque sin éxito. El 30 de diciembre de 1852 fue elegido
por el gobierno de la ciudad para pasar al campo sitiador y obtener del coronel Hilario
Lagos el permiso para que los heridos fueran atendidos en la ciudad porteña. Lagos
rechazó el pedido de Zambrano, afirmando que dichos heridos contaban con la asistencia
médica adecuada.
En marzo de 1853 fracasó un convenio para poner fin a la guerra, y la
situación se tensó aún más: el director provisorio de la Confederación, reclamado por
Lagos, marchó sobre Buenos Aires estableciéndose en el pueblo de San José de Flores,
cercano a la ciudad, desde donde puso en formal asedio a los rebeldes porteños, quienes
habían perdido la campaña y estaban reducidos a defender los barrios céntricos. El 17
de abril de dicho año, un triunfo naval de las fuerzas confederadas frente a la isla
Martín García abrió el camino para que el día 23 el jefe de la escuadra del gobierno
de la Confederación, John Halsted Coe, decretara el bloqueo al puerto de Buenos Aires.
El bloqueo fue reconocido por el comandante de la estación española
surta en Montevideo, Maximino Posse, por lo cual los sectores autonomistas porteños
acusaron a las autoridades españolas de connivencia con las de la Confederación. En
septiembre de 1853 el periódico porteño La Tribuna publicó un artículo titulado
"La diplomacia europea en el Río de la Plata", donde acusó a los agentes y
jefes de las estaciones de recibir regalos y alimentos del general Urquiza mientras se
sitiaba por hambre la ciudad. Las imputaciones fueron rectificadas por el cónsul Zambrano
en una nota a los redactores del periódico (6). Además, el cónsul debio intervenir
frecuentemente ante las dificultades de diverso orden que la situación de guerra provocó
en los residentes españoles (7).
A pesar del impacto negativo que tuvo sobre la suerte de algunos
residentes españoles el sitio de Buenos Aires y el bloqueo de su puerto por parte de las
fuerzas confederadas, se registraron en este período numerosas iniciativas que reflejaron
una mejoría en la situación de la colectividad hispana respecto de la etapa rosista. A
mediados de 1852 se comenzó a editar la Revista Española, que según su
encabezamiento era un "diario de intereses españoles y argentinos". Esta
publicación era una empresa del activo impresor Benito Hortelano, quien había editado en
1851 El Agente Comercial, diario que luego de Caseros cambió su título por Los
Debates y de cuya redacción se ocupó el entonces coronel Bartolomé Mitre. En sus Memorias,
Hortelano relata sus trabajos para fusionar a los dispersos miembros de la comunidad
hispana a partir de la caída de Rosas. Dice que
se hacía necesario estrechar más y más los vínculos fraternales de los españoles, conocerse y dar la cara de frente, pues hasta entonces los mismos españoles no se conocían, negando mutuamente su patria, pasando unos por de Gibraltar, otros por italianos y por franceses, o de otras Naciones el resto; muchos que habían venido jóvenes decían que eran hijos del país (...) (8).
El 5 de septiembre de 1852 también quedó instalada con el título de "Sala Española de Comercio" la primera entidad que nucleaba a la colectividad hispana.
AMAE, legajo 1348, citado en I.J. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 47-48.
Idem, citado en ibid., p. 48.
Idem, citado en ibid., p. 53.
Archivo General de la Nación, Sala VII, Archivo del general Urquiza, legajo 57, citado en ibid., p. 56.
Ibid., p. 57.
Ibid., p. 58, n. 71.
Varios ejemplos pueden citarse al respecto. El 1º de febrero de 1853
el patrón del falucho pescador Rosita resultó muerto en la boca del Riachuelo por
disparos de un bote desprendido del vapor de guerra porteño Merced, en un confuso
episodio en el que se alegó de una parte la falta de intimación a detenerse, y de la
otra su intento de fuga. El ministro porteño Lázaro Torres deslindó responsabilidades
del gobierno provincial al decir que: "el Gobierno deplora que alguna víctima
inocente quizá, pueda sacrificarse ante la necesaria defensa de la seguridad del
país".
En mayo de 1853 fueron capturados en Buenos Aires dos españoles por
conducir cartas familiares y mercantiles y $ 7000 hacia la campaña, y el 18 de dicho mes
el cónsul Zambrano solicitó la libertad de los mismos porque habían actuado sin
malicia, alegando que no tenían conexión alguna con asuntos políticos. El ministro
Torres los mandó liberar dado que no se les encontró pruebas acerca de su criminalidad,
pero señaló al cónsul español en Buenos Aires que había habido motivos para la
detención. Ese mismo mes de mayo el cónsul Zambrano debió dirigirse a don Angel Elías,
secretario del director Urquiza, solicitando la libertad de cuatro compatriotas detenidos
en Flores -tres marineros y el patrón del queche Mariscal Ney- por burlar el
bloqueo dispuesto contra Buenos Aires. Urquiza respondió a las expectativas de las
autoridades españolas, según comunicación del general Lagos del 29 del mismo mes.
Agradeciendo a Elías, Zambrano también se interesó por la suerte de "algunos
prisioneros españoles que fueron capturados pescando, por las fuerzas del general Coe que
bloquean este puerto". Ibid., p. 59.
B. Hortelano, op. cit., p. 227, citado en ibid., pp. 61-62.
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