El Congreso Nacional sancionó una ley de nacionalidad y ciudadanía a fines de septiembre de 1857, adoptando un criterio muy flexible para nativos y extranjeros, en cuanto no imponía rígidamente una vinculación con el país de origen, tal como se desprende de la lectura de sus artículos 2º y 3º:

Art. 2) Son argentinos:
Iº) Todas las personas nacidas en el territorio argentino;
IIº) Los hijos de padre o madre argentinos nacidos en el extranjero, a menos que prefieran la nacionalidad del país de su nacimiento;
IIIº) Los extranjeros que obtengan carta de naturalización, de conformidad al art. 20º de la Constitución;
Art. 3) Se exceptúa lo dispuesto en el inciso Iº) del artículo anterior, los hijos de extranjeros que prefieran la nacionalidad de su origen (1).

Esta ley de nacionalidad y ciudadanía adoptaba un criterio mixto, a caballo entre el ius solis -establecido en el inciso primero- y el ius sanguinis -principio consagrado en el inciso segundo del artículo 2º y en el artículo 3º, que permitía a los nativos de padres extranjeros optar por la nacionalidad de sus padres. El presidente Urquiza pasó a estudio de su gabinete la ley de nacionalidad junto con los convenios firmados el 29 de abril. La primera fue promulgada pero los segundos fueron declarados unánimemente inadmisibles.
    El rechazo al producto de sus gestiones afectó profundamente a Alberdi. Convencido de la importancia crucial para el gobierno de Paraná de obtener la unidad nacional y el reconocimiento de Madrid antes que el Estado de Buenos Aires, aun al costo de hacer concesiones a la Corona española, el autor de las Bases defendió a rajatabla sus acciones diplomáticas. En un extenso oficio dirigido el 7 de diciembre de 1857 al ministerio de relaciones exteriores, Alberdi subrayó el eco desfavorable del rechazo del tratado en los países extranjeros. Obsesionado con la idea de ganarle de mano a los hombres porteños en obtener el reconocimiento del gobierno español y de otros países europeos, Alberdi decía: "Si no ofrecemos a Europa mejor política que la de Buenos Aires ¿qué interés tendrá ella en darnos su consideración preferente sobre esta antigua capital, en que al fin existen hasta hoy los intereses más considerables de su comercio?" Por último pedía que fuera relevado de su misión diplomática en caso de que el gobierno de la Confederación no revirtiera su decisión de rechazar los convenios (2).
    Un suceso adicional en el mismo mes de diciembre de 1857 llenó de amargura a Alberdi: el reconocimiento de Mariano Balcarce -hasta ese momento mero agente confidencial de Buenos Aires- como encargado de negocios en París. Dicha decisión había sido tomada por el emperador de los franceses Napoleón III siguiendo las simpatías de su ministro el conde Waleski, con quien Balcarce poseía buen contacto. Inmediatamente, Alberdi presentó una protesta.
    Mientras tanto, las tensiones entre la Confederación Argentina y Buenos Aires iban in crescendo y todo parecía presagiar una próxima guerra entre ambos Estados. El ministro plenipotenciario español en el Plata advirtió la situación existente en 1858, transmitiéndola en su despacho correspondiente al 19 de marzo:

Están las pasiones muy encendidas, son los intereses muy encontrados. No es cierto que la dificultad para la unión esté en las personas, como se asegura por unos con candidez y poco criterio, por otros con astucia y mala fe. No es cierto que la persona del general Urquiza sea el único obstáculo para la reconstrucción nacional: desaparecería el general Urquiza y la unión no se haría.
La cuestión es de intereses; intereses tanto más inflexibles cuanto son más mezquinos. Buenos Aires no consentirá nunca en entregar su renta de aduanas al acervo común en que se reúnan las rentas de todas las Provincias argentinas, porque quiere que esa renta de aduanas no salga de la Provincia, que sea administrada por su Gobierno provincial, y que se gaste sólo en provecho de Buenos Aires. Buenos Aires no consentirá nunca en que sus hombres públicos, más cultos generalmente como es natural que los de las Provincias del Interior, estén sometidos a la autoridad del Gobierno y del Congreso Nacional, compuesto en su mayor parte de hombres de las otras Provincias. Buenos Aires no consentirá nunca que sus hijos vayan a engrosar las filas del Ejército Nacional y a servir fuera de su Provincia, tal vez al mando de jefes extraños. Buenos Aires, en una palabra, tiene hábitos, instintos y tradiciones de metrópoli que no está dispuesta a renunciar.
Y las otras Provincias argentinas, que han probado ya aunque imperfectamente la ventaja de ser regidas por una Constitución que les confiere igualdad de derechos entre sí, que han aprendido en este período a considerarse libres de la antigua tutela a que Buenos Aires las tenía sujetas, no están dispuestas tampoco a reconocer en él, predominio, supremacía ni privilegio (3).

A pesar de los esfuerzos de Alberdi y Albistur por convencer a Urquiza de que aprobara los tratados de 1857, la influencia de los asesores y ministros de su gabinete impidió dar este paso. El estatuto de hacienda disponía que la Confederación no reconocería deudas anteriores al año 1810 y se consagraba por otra parte el ius soli desde el momento del nacimiento hasta la mayoria de edad, en que recién el ciudadano era libre de elegir su origen. La corte española recibió con profundo desagrado las resoluciones del gobierno de la Confederación. El 2 de diciembre de 1858, la Primera Secretaría de Estado del Reino de España envió una nota a Jacinto Albistur que evidenciaba un endurecimiento de la política de la Madre Patria hacia Sudamérica.
    El cambio de la actitud española en el Plata se reflejó en hechos tales como la conclusión de la misión diplomática encomendada a Jacinto Albistur, la disminución de la jerarquía de la legación española en Montevideo, suprimiéndose el cargo de ministro plenipotenciario que ostentaba Albistur para restablecer el de cónsul general y encargado de negocios, y finalmente -y como represalia a las autoridades de la Confederación-, el propósito de nombrar cónsules tanto en Buenos Aires como en Paraná.

  1. Ibid., pp. 154-155.

  2. J.B. Alberdi, Escritos póstumos, op. cit., tomo XIV, pp. 17-41, citado en ibid., p. 159.

  3. AMAE, legajo 1790, Correspondencia, Uruguay, citado en ibid., p. 162.

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