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El 22 de mayo de 1859 se presentó por segunda vez en Madrid el ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina, Juan Bautista Alberdi, dispuesto a enmendar los errores de su anterior gestión de acuerdo con nuevas instrucciones -vale advertir que la falta de precisión de las anteriores instrucciones habían contribuido en mucho al fracaso de sus gestiones en 1857-. En las nuevas instrucciones, el gobierno de la Confederación admitía como propia la deuda de Tesorería siempre que se la limitara al momento de la caída de la autoridad metropolitana, y también cedía respecto de la adopción del criterio del ius sanguinis, aunque lo hacía de forma limitada, puesto que fijaba originariamente la nacionalidad del suelo -ius soli- para el nativo quien recién al alcanzar la mayoría de edad podía optar por la de la patria paterna -ius sanguinis-.
    A su vez, los hombres del Estado de Buenos Aires renovaron sus esfuerzos conspirativos contra los intentos de acercamiento del gobierno de la Confederación con la Corona española. Juan Thompson, debidamente informado por Balcarce de las nuevas gestiones de Alberdi, se aprestó a interferir en la gestión del diplomático de la Confederación. A lo largo de los años 1858 y 1859 el agente confidencial porteño había continuado con su labor dedicada a exaltar al gobierno de Buenos Aires -y denigrar al de Paraná-, a través de diversos trabajos periodísticos que tenían divulgación en Madrid. Antes que se produjera la primera entrevista de Alberdi con el ministro español Calderón Collantes, Thompson había dirigido el 24 de mayo de 1859 una carta al último con el objetivo de evitar la celebración del tratado entre el gobierno confederado y el español (1). Poco después Thompson advertía al gobierno español que: "no resultando ligado Buenos Aires, como no puede resultar, por las cláusulas de semejante tratado, queda libre y expedita su acción para obrar desembarazadamente en su día como mejor convenga a sus altos y supremos intereses" (2).
    Por su parte, las conversaciones entre Alberdi y Collantes avanzaron rápidamente. Uno de los temas que debió aclararse fue la determinación de la fecha en que terminaba el dominio español, dato clave para cerrar las discusiones sobre el tema de la deuda de Tesorería. Se acordó finalmente la fecha de 1810. Actuando esta vez conforme a las instrucciones otorgadas por el gobierno de Paraná, Alberdi logró cerrar un tratado con el gobierno español el 16 de julio de 1859, aunque por gentileza del último se fechó el día 9.
    Los artículos fundamentales del convenio, referentes al reconocimiento oficial español del gobierno de la Confederación, la deuda de éste y el problema de la nacionalidad, decían lo siguiente:

Art. 1º) Su Majestad Católica reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República o Confederación Argentina, compuesta de todas las Provincias mencionadas en su Constitución Federal vigente, y demás territorios que legítimamente le pertenecen o en adelante le pertenecieren; y usando de la facultad que le compete con arreglo al decreto de las Cortes Generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia en toda forma y para siempre, por sí y sus sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio de la mencionada República.
Art. 4º) La Confederación Argentina considerando que así como adquiere los derechos y privilegios correspondientes a la Corona de España, contrae todos sus deberes y obligaciones, reconoce solemnemente como deuda consolidada de la República, tan privilegiada como la que más, conforme a lo establecido espontáneamente en sus leyes, todas las deudas de cualquiera clase que sean, contraídas por el Gobierno Español y sus autoridades en las antiguas Provincias de España que forman actualmente o constituyan en lo sucesivo el territorio de la República Argentina, evacuado por aquellas el 25 de mayo de 1810.
Serán considerados como comprobantes de las deudas los asientos de los libros de cuenta y razón de las oficinas del antiguo Virreinato de Buenos Aires, o de los especiales de las Provincias que constituyen o formen en adelante la República Argentina, así como los ajustes y certificaciones originales o copias legítimamente autorizadas, y todos los documentos que, cualesquiera que sean sus fechas, hagan fe con arreglo a los principios de Derecho universalmente admitidos, siempre que estén firmados por autoridades españolas residentes en el territorio.
(...) No formarán parte de esta deuda las cantidades que el Gobierno de Su Majestad Católica invirtiese después de la completa evacuación del territorio argentino por las autoridades españolas.
Art. 7º) Con el fin de establecer y consolidar la unión que debe existir entre los dos pueblos, convienen ambas partes contratantes en que para fijar la nacionalidad de españoles y argentinos, se observen las disposiciones consignadas en el artículo primero de la Constitución Política de la Monarquía Española y en la ley argentina de 7 de octubre de 1857.
Aquellos españoles que hubiesen residido en la República Argentina y adoptado su nacionalidad, podrán recobrar la suya primitiva si así les conviniere, para lo cual tendrán el plazo de un año los presentes y de dos los ausentes. Pasado este término se entenderá definitivamente adoptada la nacionalidad de la República.
La simple inscripción en la matrícula de nacionales que deberá establecerse en las Legaciones y Consulados de uno y otro Estado, será formalidad suficiente para hacer constar la nacionalidad respectiva.
Los principios y las condiciones que establece este artículo serán igualmente aplicables a los ciudadanos argentinos y a sus hijos en los dominios españoles (3).

Como era de suponer, el enviado porteño Thompson reaccionó mal al enterarse del convenio firmado entre España y la Confederación Argentina. Al elevar su parecer a la cancillería de Buenos Aires, atribuyó muy poca previsión al Reino de España y señaló que éste

ha hecho mal en prescindir de las circunstancias especiales en que se halla nuestra patria, pues no habiendo intervenido en la discusión de sus claúsulas una de las principales partes de la asociación argentina, no es de presumir que pueda aceptarlas en ningún tiempo (4).

  1. Dicha carta decía:
    Muy Señor mío y de mi mayor respeto: Conozco que la naturaleza de mi carácter de Agente Confidencial del Gobierno de Buneos Aires no me permite usar de la vía diplomática para dirigirme en esta ocasión a V.E., mas contando con su bondad, espero se sirva enterarse de la presente carta, (...).
    Tengo entendido que ha llegado a esta Corte un Plenipotenciario de la Confederación Argentina con el objeto de abrir negociaciones para la celebración de un tratado de reconocimiento. (...)
    Un tratado con la Confederación Argentina crearía quizás graves complicaciones entre esas mismas Provincias y el Estado de Buenos Aires, embarazando al propio tiempo un arreglo con perjuicio, tal vez, en lo sucesivo de los verdaderos intereses de España.
    En Buenos Aires reside de antiguo la gran mayoría de la población española, mientras es muy limitado su número en las demás Provincias. El Gobierno de S.M. ha procedido desde un prinicpio con gran mesura y circunspección, admitiendo sin previo compromiso agentes comerciales de una y otra parcialidad. (...)
    (...) Nada puede perder España con esperar la solución del entredicho hoy existente entre Buenos Aires y la Confederación, tanto por la razón capital más arriba expresada, como porque ni su comercio ni sus buenas relaciones políticas experimentan en la actualidad el menor contratiempo en aquellas regiones.
    Un tratado en las circunstancias presentes de aquellos países es de temer fuese una bandera en manos de una de las parcialidades que allí milita, lo cual estoy persuadido sería en extremo doloroso para el propio Gobierno de S.M.C. Fundado sobre la aquiescencia común, ese mismo tratado descansaría sobre bases sólidas y duraderas.(...)
    Ricardo Piccirilli, Juan Thompson, Buenos Aires, 1949, p. 155, citado en I. J. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 193-194.

  2. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Buenos Aires, Estado de Buenos Aires, caja 16, 1º de junio de 1859, citado en ibid., p. 194.

  3. Rejistro Nacional, tomo III, p. 262 y sigs.; Juan B. Alberdi, Obras completas, op. cit., tomo VI, p. 105 y sigs., fuentes citadas en ibid., p. 203.

  4. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Buenos Aires), Estado de Buenos Aires, caja 16, dspacho del 1º de octubre de 1859, citado en ibid., p. 204.

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