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La deuda con la casa Baring

Como se ha visto, otro objetivo de la diplomacia británica luego de la caída de Rosas era el pago del empréstito contraído con la casa Baring Brothers. Pero esta cuestión no era tan prioritaria para el gobierno inglés como el caso de la libre navegación. Malmesbury, al igual que Palmerston, no tenía inconveniente en que se utilizara el poder de Gran Bretaña para imponer el libre comercio, pero no mostraba la misma disposición para asegurar las inversiones británicas en el exterior. No obstante, el Committee of Bondholders indujo a Thomas Baring a enviar un representante ante Urquiza para concluir este tema, para lo cual fue designado el mayor Ferdinand White, quien zarpó en mayo de 1852. Sir Thomas era escéptico de los resultados que pudiese obtener White en su misión, pero no podía dar marcha atrás sin que bajasen los títulos del empréstito, que se cotizaban en bolsa (1).
    Al hacer escala en Río de Janeiro, White tuvo oportunidad de conversar con Henry Southern, ahora ministro británico ante la Corte brasileña. Este quedó extrañado al conocer la suba de los bonos de Buenos Aires en Londres, por considerar que no había razón para ello. Afirmó además que la caída de Rosas había aventado toda posibilidad de cobrar dicha deuda. Southern admitía que Urquiza podía llegar a concluir un arreglo para conseguir el apoyo foráneo para su régimen, pero no consideraba factible que el nuevo hombre fuerte durara mucho, y tampoco confiaba en su plataforma liberal y progresista. No obstante Southern entregó a White cartas de recomendación para amigos en Buenos Aires (2).
    White se encontró a su llegada a Buenos Aires con Robert Gore, quien le explicó que su misión era inoportuna y que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera llegarse a un arreglo satisfactorio. El pesimismo del representante británico estaba basado en un dato de la realidad: la autoridad de Urquiza, aunque vencedor en la batalla de Caseros, no estaba para nada afirmada y no podía generar confianza en los agentes diplomáticos.
    White comenzó por contactarse con las personas conocidas del representante británico en Río de Janeiro, pero no tuvo con ellas ningún resultado satisfactorio. La revolución de septiembre de 1852, que separó a Buenos Aires del resto de la Confederación, y la convicción de White de que el gobierno secesionista contaba con los medios para llegar a un arreglo hicieron que el agente se dirigiera al gobernador Valentín Alsina. Pero en ese momento el gobierno porteño tenía todos sus recursos destinados al conflicto con la Confederación y no estaba dispuesto a considerar la deuda extranjera. White llegó a la conclusión de que no obtendría el efecto deseado y se preparó para partir (3).
    Sin embargo, antes de retirarse, White recibió la visita de un grupo de hombres de negocios británicos de Buenos Aires que se acercó con varias propuestas para un arreglo. Entre ellos White nombra en su Diario a Samuel Lafone -un personaje anatemizado por la dictadura rosista-, Edward Lumb y Daniel Gowland. Aparentemente todas las propuestas, menos la de Gowland, tenían algo en común: exigían nuevas inversiones británicas. Pero tanto White como los directores de la Baring Brothers tenían perfectamente en claro que la inversión de más dinero en Buenos Aires dependía del hecho de que las autoridades se hicieran cargo del total de lo adeudado. H.S. Ferns describe la situación en estos términos:

Baring Brothers no quería convertirse en el medio de inducir a un grupo de capitalistas británicos a compensar a otro grupo de colegas compatriotas (éste era el punto esencial de la proposición tendiente a obtener un nuevo empréstito para pagar el viejo), ni tampoco estaba dispuesto a inducir a inversores connacionales a crear empresas en una comunidad cuyas autoridades no consideraban el proceso acumulativo como algo sagrado y por encima de toda violación. White y sus principales no concebían el problema como un proceso social, según tendemos a verlo ahora, sino como una cuestión moral (4).

No obstante, antes de dejar el Río de la Plata en 1853, White ya tenía sus dudas sobre el carácter moral del empréstito mismo. Estas provenían de haberse enterado de las comisiones cobradas por lo promotores originales, Robertson y Castro.
    White y los comerciantes de Liverpool pensaban que, siendo Buenos Aires la provincia más importante en términos económicos del país, Gran Bretaña debía llevar adelante una política de apoyo a aquélla. Pero el Foreign Office no estaba de acuerdo con esto. Si bien decidió enviar a un vicecónsul -Frank Parish, el hijo de sir Woodbine-, no aceptó reconocer la independencia de Buenos Aires. Por el momento el objetivo británico continuó siendo tratar de que Buenos Aires se reincorporara a la Confederación (5).
    En enero de 1854 arribaba a Buenos Aires un nuevo comisionado de la casa Baring, James Giro, con una carta de introducción de lord Clarendon, que había reemplazado a Malmesbury en el Foreign Office y estaba interesado en cerrar el pago del empréstito Baring. Después de un año de tratativas de Giro y Parish, el último informó que el dinero no se cobraría mientras el gobierno de Buenos Aires creyera que "el Gobierno de Su Majestad consideraba la demanda como una operación comercial" (6).
    Con la llegada al ministerio de hacienda del gobierno de Buenos Aires de Norberto de la Riestra -antiguo empleado de la firma Nicholson, Green y Cía., de Liverpool- a comienzos de 1855, Giro esperaba un cambio de la situación a favor de Londres. De la Riestra comenzó a doblar la entrega mensual a los tenedores de bonos, pero en octubre Giro le hizo saber que "el aumento de los pagos mensuales no era un arreglo", y además protestó por la venta de tierra pública hipotecada en garantía del empréstito. Atendiendo a los reclamos del enviado británico, en marzo de 1856 de la Riestra prometió a Giro el pago total del crédito Baring "en forma progresiva", alternativa que Giro rechazó (7). Evidentemente, prometiendo cargar con el empréstito Baring, Buenos Aires buscaba el apoyo de Inglaterra en su lucha contra Urquiza, consciente de la falta de recursos por parte del gobierno de la Confederación.

  1. H.S. Ferns, op. cit., p. 309.

  2. Ibid., p. 310.

  3. Ibid., pp. 311-312.

  4. Ibid., p. 312.

  5. Ibid., p. 314.

  6. Ibid., p. 317.

  7. J.M. Rosa, op. cit., pp. 210-211.

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