Caseros había consagrado la hegemonía brasileña sobre el escenario rioplatense en general y sobre el Estado oriental en particular, cuya vida política interna no había logrado estabilizarse. En marzo de 1856, luego de un largo período de revoluciones y disturbios, ascendió al gobierno oriental el presidente Gabriel Antonio Pereira, integrante del partido colorado, derrotando la candidatura del general César Díaz, sostenida por los conservadores. Pero Pereira debió enfrentar a las fuerzas conservadoras, decidiendo el destierro del general Díaz, Juan Carlos Gómez y otros miembros de la oposición, que se dirigieron a Buenos Aires. Los conservadores entonces recurrieron a las armas y organizaron una sublevación que contó con el aporte de fuerzas del general Díaz organizada desde Buenos Aires.
    Como en los días de la expedición de los Treinta y Tres Orientales, la capital porteña había consentido la preparación de una expedición dirigida al territorio uruguayo. El gobierno de Pereira decidió solicitar la intervención de la Confederación y el Imperio, de acuerdo con las estipulaciones de la convención de 1828 y del tratado de marzo de 1856, que comprometían el apoyo de la Confederación y del Brasil para defender la independencia y la integridad oriental (1). El Imperio reforzó de inmediato su guarnición en Montevideo, con el propósito de evitar nuevos desembarcos de fuerzas provenientes de Buenos Aires. Por su parte, y con rapidez sorprendente, el general Urquiza reunió 400 hombres para entrar en campaña y los situó sobre el paso de Paysandú, dispuesto a invadir el territorio oriental. Pero al conocer la derrota de las fuerzas de César Díaz emprendió el regreso a su cuartel de San José.
    Nuevamente el territorio oriental se convertía en manzana de la discordia, esta vez con el protagonismo de tres actores en vez de dos: el Imperio, la Confederación y el gobierno de Buenos Aires. El último fue acusado por las autoridades, la prensa y la opinión de Montevideo, Paraná y Río de Janeiro, como instigador y cómplice de la revolución conservadora finalmente abortada. Existían en verdad elementos fuertemente incriminatorios: el levantamiento había sido organizado en territorio bonaerense, y con dinero, armas, buques de guerra y hombres de dicha provincia. El gobierno de Buenos Aires contraatacó señalando que era neutral y acusando al gobierno oriental de haber observado siempre una política de hostilidad para con las autoridades porteñas (2).
    La guerra civil en Uruguay estalló en el momento que Urquiza preparaba su expedición armada contra Buenos Aires. Desde la óptica del gobierno instalado en Paraná, la caída de Pereira hubiera reforzado la disidencia porteña, y alejado las esperanzas de reincorporar la provincia rebelde al seno de la Confederación. La neutralidad del territorio oriental resultaba vital para una Confederación hostigada por la rebeldía porteña, por la inestabilidad de algunas situaciones provinciales -que el Estado de Buenos Aires procuraba explotar a su favor- y por la falta de solidez financiera. Por su parte, la presencia de emigrados orientales en Entre Ríos constituía una amenaza a la estabilidad del Uruguay y al ser una fuente de preocupación de las autoridades orientales -y de las imperiales- fue un ingrediente adicional que estuvo presente en las negociaciones entre los representantes del Uruguay, el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina.
    Por otro lado, la acción coordinada entre la Confederación y Brasil emprendida para abortar la conspiración urdida desde Buenos Aires proporcionó a Urquiza la oportunidad de intentar obtener la ayuda uruguaya y brasileña para obligar a Buenos Aires a reincorporarse a la Confederación. Con ese fin, en febrero de 1858, Alberto Larroque, un educador francés que había vivido varios años en Entre Ríos, fue enviado en misión secreta a Montevideo. Su objetivo era obtener la aprobación de Brasil y Uruguay para constituir "una alianza contra el Estado o Provincia de Buenos Aires (3)". El ministro brasileño en Montevideo dejó el asunto en manos de sus superiores en Río de Janeiro y el gobierno uruguayo, influido por Brasil, se opuso, alegando que toda la situación del Río de la Plata debía ser tratada en forma conjunta por los tres países en la capital brasileña (4).
    De todas maneras, la política de la Confederación hacia marzo de 1858 aparecía como contradictoria, pues las autoridades de ésta habían enviado al gobierno porteño en el lapso de dos meses primero una nota amenazadora y luego una conciliadora. Gran parte de esta confusión provenía de las desavenencias entre Urquiza, el vicepresidente del Carril y el ministro Derqui. No obstante, la evidencia señalaría, en opinión de Scobie, que las autoridades de la Confederación estaban decididas a llegar a la unificación, incluso apelando a la guerra. Esta disposición se sostenía en la esperanza de Urquiza de lograr una alianza con Brasil y el Uruguay. La respuesta negativa en este sentido le llegó al vicepresidente del Carril cuando a mediados de abril el ministro Amaral le hizo saber:

No obstante esta respuesta el gobierno de la Confederación decidió nombrar a Luis de la Peña como enviado plenipotenciario ante los gobiernos de Montevideo y Río de Janeiro, como se ha visto en el apartado anterior.