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Sarmiento y Tejedor proponen al Congreso la adhesión al tratado secreto peruano-boliviano del 6 de febrero de 1873

En 1860 el chileno José Santos Ossa descubrió salitre en el lugar que luego ocuparía la ciudad de Antofagasta y en Pampa Central, pero el hallazgo fue mantenido en secreto. Seis años más tarde, enterado del tratado chileno-boliviano, firmado el 10 de agosto de 1866 que facultaba el otorgamiento de todo género de concesiones industriales, Ossa se dirigió al representante boliviano en Chile para gestionar la posesión de algunas tierras. Ossa y su socio Francisco Puelma obtuvieron "la posesión y goce de los terrenos en que descubran depósitos de salitre o de bórax", con ciertas limitaciones y la condición de construir un muelle y una carretera. El presidente boliviano Mariano Melgarejo ratificó la concesión en julio de 1867 y en el mismo mes del año siguiente los concesionarios tomaron posesión de los terrenos. Como Ossa y Palma carecían de capitales para la instalación y desarrollo de la nueva industria se asociaron con otros chilenos y con un comerciante inglés por lo cual la compañía recibió el nombre de Melbourne, Clark y Cía., que luego fue cambiado por Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Caído Melgarejo, el Congreso boliviano declaró nulos todos los actos de su administración en agosto de 1871. Los derechos de la Compañía de Antofagasta quedaron en el aire, pero finalmente ésta llegó a un acuerdo con el gobierno boliviano formalizado en una convención de noviembre de 1873. La compañía había iniciado las exportaciones en mayo de 1872. (1)
    Por su parte, el gobierno peruano establecía el estanco del salitre por ley del 18 de enero de 1873. Pero para que el monopolio fuese efectivo era necesario al estado adquirir compulsivamente todo el salitre que produjeran las oficinas de Tarapacá; entenderse con Bolivia, a fin de postergar la explotación de las pampas salitreras descubiertas por el chileno Manuel Barrenechea; y controlar más adelante a la Compañía de Antofagasta, cuando su producción fuera apreciable. La primera parte del programa no tuvo grandes resistencias pues las oficinas peruanas, chilenas e inglesas de Tarapacá aceptaron producir para el fisco. Para el resto, era necesario llevar a cabo una política de acercamiento a Bolivia, inducirla a denunciar los tratados que la ligaban a Chile, ofreciéndole como respaldo la alianza peruana y si fuera posible una coalición también con la Argentina. (2)
   
El recelo de los bolivianos hacia los chilenos, ya estimulado con la ley de 1842, que declaró propiedad de Chile las guaneras ubicadas al sur del paralelo 23, ahora se actualizaba con el tratado de 1866 y el entendimiento con el presidente Melgarejo. El supuesto apoyo del gobierno chileno a una expedición para restablecer a este último en su cargo, sumado a la presencia de naves chilenas en el litoral boliviano, fueron motivos para que el gobierno peruano hiciera saber al chileno "que Perú no sería indiferente a la ocupación del territorio boliviano por fuerzas extrañas". Un oficio de la cancillería peruana a su legación en Santiago del 20 de noviembre de 1872 ilustra sobre la posición del gobierno de Perú en ese momento. Dando por cierto el propósito de Chile de apoderarse del litoral boliviano, afirmaba:

Si estas presunciones se realizaran, el Perú no podría permanecer espectador indiferente y se vería obligado a sostener a Bolivia en guarda de intereses que nos serían comunes, pues no podríamos permitir que Chile rompiendo el equilibrio americano, se hiciera dueño de un litoral que no le pertenece. El Perú ofrecería en el acto su mediación y en caso que no fuere aceptada por Chile y se pretendiese por éste seguir ocupando aquel litoral, la consecuencia inevitable y necesaria sería por nuestra parte una alianza con Bolivia. (3)

El tratado secreto de alianza defensiva entre Perú y Bolivia fue firmado el 6 de febrero de 1873 en Lima por Juan de la Cruz Benavente, representante de Bolivia en Perú, y el ministro de relaciones exteriores del último país, José de la Riva Agüero. En opinión del historiador chileno Encina, los planes del presidente peruano Manuel Pardo comprendían el desplazamiento de los chilenos de la zona salitral para lo cual era necesario que Bolivia denunciara el tratado de 1866 y recuperara sus derechos sobre el área. Los buques peruanos "Huáscar" e "Independencia" impedirían que Chile enviara fuerzas al norte. Debía procederse con rapidez, antes que arribaran a Chile los blindados que se construían en los astilleros de Hall. La ocupación por Bolivia del litoral al sur del grado 24 llevaría a la declaración de guerra por parte de Chile. Esto provocaría que este país no pudiera sacar sus blindados de Inglaterra y al no permitirle la escuadra peruana enviar fuerzas a la zona salitrera tendría que retirarse de ella. (4)
   
Inicialmente hubo oposición en el gabinete argentino a participar de una alianza con un país -Bolivia- con el que se tenían todavía problemas de límites. Pero la insistencia de Chile en llevar el litigio por la zona austral a arbitraje, respuesta que el gobierno argentino venía posponiendo, y el fracaso de Mitre en su misión ante el gobierno paraguayo, a fines de agosto de 1873, con la consiguiente amenaza de guerra con Brasil, llevaron a que el 24 de septiembre el presidente Sarmiento firmara el pedido de autorización al Congreso para la adhesión al tratado de alianza peruano-boliviano. El asunto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 48 a 18 votos y ésta además votó un crédito de 6 millones de pesos para gastos militares. (5) El tratamiento del tema en el Senado sufrió sucesivos aplazamientos hasta finalmente quedar para las sesiones ordinarias del año siguiente. No obstante ello, esta cámara votó favorablemente el mencionado crédito. La postergación, que el representante peruano Irigoyen percibía como un rechazo disimulado, se debió a la exigencia del Senado, aceptada por Tejedor -éste sostenía que resultaba contradictorio utilizar el uti possidetis como criterio en la cuestión con Chile y no hacerlo con Bolivia-, de utilizar la incorporación a la alianza como un elemento de negociación a cambio de que Bolivia reconociera previamente el uti possidetis de 1810, con lo cual ésta perdería sus derechos sobre Tarija y la parte del Chaco que había ocupado después de esa fecha. (6) 
   
Pero mientras Tejedor e Irigoyen discutían en Buenos Aires los términos de la alianza, se produjo un cambio de orientación en el gobierno boliviano. Este prefirió intentar un acercamiento con Chile a la vez que evitar el debilitamiento de sus derechos sobre Tarija y el Chaco, lo cual hizo fracasar las negociaciones con la Argentina. El 13 de febrero de 1874 el canciller Mariano Baptista rechazaba la exigencia argentina sobre el uti possidetis, ya aceptada con modificaciones por el Perú. En junio, Tejedor daba prácticamente por fracasadas las gestiones y en septiembre Irigoyen solicitaba a su gobierno que lo relevara del cargo de plenipotenciario ad hoc de Bolivia.
   
Las sesiones secretas de la Cámara de Diputados en que se trató el proyecto de alianza produjeron gran preocupación en los círculos diplomáticos especialmente de Chile y Brasil. El representante chileno Guillermo Blest Gana se enteró por uno de los diputados asistentes del tema tratado pero sin mayores detalles. La cancillería chilena intentó entonces obtener información a través de sus ministros en Perú y Bolivia, pero no tuvo éxito. Finalmente, en febrero de 1874 el ministro de Brasil en Santiago dio a conocer al presidente Federico Errásuriz y al canciller Ibáñez la efectividad del tratado peruano-boliviano de 1873 y los detalles de las sesiones de las cámaras argentinas, aconsejando tomar prevenciones para una guerra que podía extenderse a toda América del Sur. (7)

  1. F.A. Encina, op. cit., pp. 53-54.

  2. Ibid., pp. 56-57.

  3. Ibid., p. 59.

  4. Ibid., p. 63.

  5. La Cámara de Diputados aprobó la incorporación en el marco de la puja entre dos líneas que fueron tan importantes en el dilema de la cuestión capital: la de los alsinistas y el grupo de Avellaneda, que estaban a favor de la incorporación en la alianza; y los diputados mitristas, que, fieles a la actitud que ellos definían como neutral, rechazaban incorporarse a dicha alianza secreta.  El mitrismo repetía así la conducta de rechazo a otra iniciativa peruana. Lo había hecho ya durante la gestión presidencial de Mitre, en ocasión del impulso que el gobierno peruano quiso dar al Tratado Continental de 1856. Ibid., pp. 69-71.

  6. Ibid., pp. 66-71 y 81-82. El historiador chileno Encina cree que hubo otros móviles en el aplazamiento del Senado y la cancillería argentina a la cuestión de incorporarse o no a la alianza peruano-boliviana contra Chile. Entre ellos, destaca el agravamiento de la disputa Ibáñez-Frías, y, con la caída del primero, la posibilidad de un cambio de gobierno en Chile, que llevaría a la conducción de la política exterior a liberales y americanistas dispuestos a evitar a cualquier precio la calamidad de una guerra entre Chile y la Argentina. De acuerdo con esta línea de razonamiento, la Argentina podía obtener la Patagonia de los americanistas chilenos en el gobierno sin necesidad de costear el precio de embarcarse en una guerra continental contra el gobierno de Santiago. Ibid., p. 83.

  7. Ibid., p. 74.

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