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Según Rauch, más allá de los irritativos incidentes ocurridos con los navíos francés Jeanne Amélie y norteamericano Devonshire, capturados por la cañonera chilena Magallanes en aguas australes, y de algunos movimientos iniciados por el entonces ministro de guerra y marina del gobierno de Avellaneda, Julio Argentino Roca, como la ocupación de Santa Cruz y el envío de una flotilla de naves de guerra a dicha zona, ninguna de las partes litigantes estaba preparada para la guerra. Ambos países tenían demasiados problemas en su agenda. Chile, la inminente guerra del Pacífico y la necesidad de consolidar su modelo de desarrollo económico. La Argentina, la doble tarea de fortalecer un Estado nacional y un modelo de desarrollo. Además, la última tenía problemas limítrofes pendientes con Bolivia y Brasil, resabios no resueltos de la Guerra de la Triple Alianza. En este complicado contexto externo, común a la Argentina y Chile, y más allá del creciente nacionalismo imperante en ambos países del Cono Sur, resultaba altamente productivo dejar una puerta abierta a la negociación diplomática. (1)
   
Por su parte, Willett sostiene que a pesar de estos incidentes y de los preparativos militares que reflejaban un clima de creciente tensión en las relaciones diplomáticas bilaterales, los ministros norteamericanos en la Argentina y Chile informaban al Secretario de Estado que la posibilidad de guerra entre ambos gobiernos del Cono Sur era remota. El transcurso del tiempo incluso permitió conocer la verdad acerca del alejamiento de Barros Arana, motivado por su desobediencia a las instrucciones del canciller. Lentamente, las comunicaciones diplomáticas entre las dos naciones retornaron a la normalidad. Como consecuencia de ello, se reanudaron las negociaciones entre Mariano de Sarratea, el cónsul argentino en Santiago, casado con una chilena y conectado con la aristocracia trasandina, y Alejandro Fierro, el ministro de relaciones exteriores del gobierno de Chile. Justamente a través de sus contactos en Chile, Sarratea tuvo conocimiento del deseo de negociar con la Argentina por parte del presidente chileno y de los integrantes del "partido de la paz". (2) 
   
Sarratea y Fierro llegaron a un tratado el 6 de diciembre de 1878. A diferencia de los acuerdos que lo precedieron, éste no contenía una definición de la línea limítrofe, pero establecía un statu quo en la cuestión por un período de catorce meses, con opción a un año más de prórroga. Durante ese lapso, el gobierno de Chile ejercería la jurisdicción  sobre las aguas y costas, canales e islas adyacentes del estrecho de Magallanes y el de la Argentina sobre las aguas, costas e islas adyacentes del Atlántico. Mientras rigiera el statu quo, cada parte debía seleccionar dos representantes, los cuales formarían un tribunal mixto que resolvería las cuestiones. El tribunal debía elegir a su vez a un quinto individuo para actuar como arbitro iuris en todos los puntos no acordados por las dos partes. (3)
   
Desafortunadamente el tratado Fierro-Sarratea fracasó en definir los límites y la cuestión no quedó totalmente resuelta. No obstante, dicho tratado sirvió como un arreglo ad hoc contra las ascendentes peticiones de guerra en ambos países. A los tres días de su firma, el Senado chileno aprobó el tratado en forma abrumadora y el 14 de enero de 1879 el gobierno chileno anunciaba al argentino su conformidad con el nuevo acuerdo. Según Rauch, el gobierno chileno era el que tenía más necesidad de llegar a un acuerdo, dado que tenía otro frente de conflicto. Este se derivaba de los problemas surgidos en los depósitos de nitrato explotados por capital chileno en la provincia boliviana de Antofagasta. Hilarión Daza, jefe del gobierno boliviano, decidió imponer una tasa de 10 centavos por quintal sobre la producción de las minas de dicha provincia. La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de propiedad chilena, rehusó pagar la nueva tasa y este inconveniente abrió el camino a la guerra del Pacífico. En este contexto, el gobierno de Chile necesitaba tener a la Argentina de aliado -o al menos de actor neutral- y no como un enemigo adicional. (4) 
   
Por el lado de la Argentina, el Congreso no consideró en forma inmediata el tratado porque las sesiones ordinarias de ambas Cámaras comenzaban recién en mayo de 1879. Además, se había desarrollado en el ámbito parlamentario una facción antichilena que se oponía a la ratificación del tratado, en concordancia con el resentimiento popular contra Chile por los incidentes con los navíos Jeanne Amélie y Devonshire. Dicha facción a la vez procuraba extraer ventajas del involucramiento chileno en la guerra del Pacífico a partir de abril de 1879, apoyándose en la prensa argentina que había adoptado una clara posición antichilena y proboliviana. Incluso se llegó a organizar una sociedad patriótica opositora que incluyó a varias figuras públicas como Bernardo de Irigoyen, Félix Frías, Santiago Estrada y Miguel Goyena. (5)
   
Por cierto, vale añadir que las divisiones políticas causadas por la cercanía de las elecciones provinciales en la Argentina sugerían que el arreglo de la cuestión patagónica dependía menos de los méritos de los negociadores que de las diferentes personalidades de los políticos argentinos. En este sentido, el periódico The Standard, de Buenos Aires, sostenía que las grandes cuestiones que llegaban a consideración del Congreso siempre "perdían o ganaban su aprobación por la mera popularidad de los individuos con los cuales estaba identificada tal o cual cuestión". (6) En otras palabras, y de acuerdo con la tesis de Smith, la raíz del problema no era tanto la Patagonia o el estrecho de Magallanes en sí mismos, sino la disputa interna generada en torno a estos temas entre los "duros", como los senadores Félix Frías y Santiago Estrada, y los "blandos" identificados con el presidente Avellaneda y el canciller Manuel Montes de Oca. Este último protagonizó una verdadera guerra contra sus opositores en torno al tema de la neutralidad en la guerra del Pacífico y la ratificación del tratado Fierro-Sarratea, que resultó en realidad una victoria pírrica: si bien logró la neutralidad argentina en dicha guerra y convino con el representante chileno José Manuel Balmaceda el aplazamiento de la ratificación del tratado, estos triunfos parciales fueron al costo de la pérdida de su propia influencia política. (7)
   
En síntesis, aunque el gobierno de Avellaneda trataba de mantener la paz interna necesaria para consolidar el modelo económico -ya bastante perturbada por la pugna entre los autonomistas porteños y el gobierno nacional y que terminaría en la revolución de 1880-, el público porteño, influido por la facción antichilena en el Congreso y por los medios de prensa, se inclinaba de manera crecientemente hostil a cualquier arreglo con el gobierno de Chile. (8) 

  1. G.V. Rauch, op. cit., pp. 62-65.

  2. Dipl. Desp., (M 10), reel 29, T.A.O. to Evarts, 15-10-1878, cit. en D.E. Willett, ibid., p. 70.

  3. General Records of the Department of State (Record Group 59), Notes from the Argentine legation in the United States to the Department of State, 1811-1906 (M 47), reel 2, Julio Carrie to Evarts, 20-1-1879; R. Burr, op. cit., pp. 134-135; Dipl.Desp., (M 69), reel 20, T.O.O. to Evarts, 12-12-1878; (M 10), reel 29; T.A.O. to Evarts, 11-12-1878; Dipl. Instrs. (M 77), reel 36, Evarts to T.A.O., 19-1-1879; Argentine Report..., op. cit., 1900, p. 169, fuentes citadas en ibid., p. 82. Ver también F.A. Encina, op. cit., pp. 215-220;  y G.V. Rauch, op.cit., pp. 66 y 314. 

  4. G.V. Rauch, op. cit., pp. 66-67.

  5. The Standard, 28 de marzo y 1º de abril de 1879; La Nación (Buenos Aires), 28 de marzo de 1879; Francisco A. Encina, Historia de Chile: desde la prehistoria hasta 1891, Santiago, Nascimento, 1940-1952, 20 vols., volumen XVI, pp. 503 y 505; G. Bulnes, op. cit., II, p. 442; R. Burr, op. cit., p. 144; Néstor T. Auza, Santiago Estrada y el conflicto de límites con Chile, Buenos Aires, 1966, fuentes citadas en G.S. Smith, op. cit., p. 258.

  6. The Standard, 12 de junio de 1879, cit. en ibid., p. 265.

  7. Ibid., p. 265.

  8. The Standard, 1º de abril de 1879, cit. en ibid., p. 258; ver también pp. 256 y 259. Asimismo, consultar G.V. Rauch, op. cit., p. 315.

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