Las inversiones del período se pueden clasificar en nacional (privada y pública) y extranjera. La inversión privada nacional se volcó básicamente al sector primario y a aquellos rubros ligados a la transformación de las materias primas. Dichas inversiones abarcaron desde las actividades especulativas vinculadas en gran medida con el proceso colonizador hasta inversiones en bienes de capital tales como alambrados, aguadas y ciertos intentos de mejoramiento de los planteles mediante la introducción de razas para cruza de ganado. El nivel relativamente modesto de las sumas invertidas en el último rubro se debió no tanto a la resistencia mental de los dueños de la hacienda a ver mejorados sus planteles, sino a las limitaciones existentes para un incremento de la productividad en el sector ganadero, obstáculo que se allanará con la introducción del frigorífico a fines del siglo XIX. Dentro de las inversiones nacionales se destacó la industria del azúcar, por los montos invertidos, la permanencia en manos nacionales y el proteccionismo de que este sector disfrutó. El rol del Estado como agente inversor fue modesto a principios de la década de 1860, para pasar a ser más importante hacia fines de la década, al transformarse el gobierno en intermediario de capitales extranjeros.
    Si bien la falta de recursos propios hizo que el Estado se convirtiera en un gestor intermediario más que en un agente inversor activo, hubo ocasiones en las cuales debió oficiar de garante entre particulares, gobiernos provinciales e inversores extranjeros. Como ejemplo pueden mencionarse las garantías otorgadas por el gobierno a los ferrocarriles o los subsidios a la colonia galesa de Chubut. En el último caso, ante las graves dificultades de aprovisionamiento de los colonos, el gobierno de Mitre asignó en un comienzo la suma de 4.000 pesos fuertes, y tras haber enviado a inspeccionar el estado de la colonia, continuó subvencionando a los colonos para que éstos no abandonasen el establecimiento (1).
    Pasada la etapa de la división entre Buenos Aires y la Confederación, si bien heredó los recursos de la aduana porteña, el Estado nacional también heredó las deudas del ex gobierno confederado de Paraná, factor que fue agravado por los conflictos provinciales, las montoneras y sobre todo el compromiso internacional que significó la guerra del Paraguay, obstáculos políticos que debilitaron las finanzas estatales y pusieron al naciente Estado nacional frente al dilema de no poder enfrentar sus obligaciones básicas con los recursos tradicionales. En los últimos años de la década de 1860 el problema de la falta de recursos del nuevo Estado se volvió más agudo por la necesidad de modernizar el ejército, la cual llevó a destinar un porcentaje cada vez más alto del presupuesto a armas y salarios, como se puede observar en el siguiente cuadro 8 (2):

El crecimiento de las obligaciones vinculadas con la modernización del ejército no alcanzó a ser cubierto con el incremento de los ingresos del Estado -de 6 millones de pesos fuertes a 12 millones en 1870 y 20 millones en 1873-. Como corolario de esta dificultad, se creó una situación deficitaria cuya corrección no se intentó a través de una modificación radical de la estructura impositiva que implicase un mayor esfuerzo fiscal por parte de los sectores altos. El gobierno mantuvo el sistema de recaudación impositiva basado en los impuestos a la importación y en menor grado a la exportación. En el siguiente cuadro 9 (3) se puede apreciar la evolución de las exportaciones e importaciones entre 1864 y 1874:

Los impuestos aduaneros a la importación y exportación registraron un comportamiento ascendente en concordancia con el aumento del comercio exterior. Por ejemplo, en 1863 los impuestos a la importación y exportación sumaron 4.273.000 y 1.821.000 pesos oro respectivamente. Diez años más tarde, los valores eran 16.515.000 y 2.488.000 pesos oro para los mismos rubros (4).
    Para solucionar el problema del déficit, el Estado procuró contratar empréstitos, al principio internos y más tarde en el extranjero. Los primeros 20 millones de pesos fuertes del nuevo Estado nacional fueron aportados por el Banco de la Provincia y en 1865-66 el gobierno brasileño facilitó otros 2 millones, pero en los dos casos la obligación de amortizarlos a corto plazo disminuyó las ventajas de las operaciones. Debido a este inconveniente, el gobierno nacional procuró obtener en Europa empréstitos a largo plazo y por sumas importantes, que otorgarían mayores posibilidades de maniobra que los mencionados anteriormente. Se procuró así subsanar el déficit sin alterar la estructura impositiva. Si bien esta solución contribuyó al proceso de centralización política y de organización del Estado nacional en cuanto permitió al gobierno nacional independizarse de los sectores dominantes porteños, el recurso de la búsqueda de empréstitos no constituyó por cierto una solución de fondo al problema del déficit. Los empréstitos, destinados en su mayor parte a erogaciones improductivas, provocaban un desmedido crecimiento de la deuda externa. Esta falencia condujo a que se produjeran situaciones graves cuando por razones externas no se podían obtener nuevos empréstitos para afrontar el servicio de los anteriores. En este sentido, una primera señal de alarma se dio en ocasión de la crisis de 1874 (5).
    Aun contando con los recursos extraordinarios, hacia 1875 el Estado tenía una deuda flotante de cerca de 19 millones acumulada a lo largo de esos años, que limitó sus posibilidades como ente inversor. En el período 1862-1874, la mayor parte del esfuerzo del Estado se destinó a asegurar el orden interno, que absorbía aproximadamente el 60% del presupuesto total, destinándose sólo un pequeño porcentaje a telégrafo, fomento de la inmigración y agricultura, obras públicas y edificios fiscales. En consecuencia, la importancia del Estado como impulsor de la modernización se derivó más que de una capacidad de acción directa, de un rol de intermediario entre el capital extranjero y las necesidades locales de inversión (6).
    El factor dinámico por excelencia fue el aporte externo. La circunstancia de que la inversión extranjera se realizara en forma directa o en forma indirecta a través de préstamos al gobierno no cambiaba la esencia de la cuestión. Si se analizan las inversiones británicas -sin duda la fuente de inversiones más importante de este período-, los préstamos se distribuían entre el gobierno nacional y los provinciales, dirigiéndose dichas inversiones a ferrocarriles, bancos, tranvías, saladeros, minas, gas y telégrafo. Los dos primeros rubros se llevaban más del 50%. Estas proporciones confirmaban la primacía del capital externo sobre el local, demostraban la debilidad del Estado como agente inversor directo, y generaban una crónica situación de dependencia financiera de la economía argentina respecto de la británica. Como señala Gorostegui de Torres

la inversión extranjera se orientó primordialmente al afianzamiento del Estado en el plano político y en segundo término a asegurar la expansión de la red ferroviaria. (...) Se da así una división bastante neta de actividades entre capitales locales y extranjeros, orientados respectivamente hacia el sector primario, el de transformación y, podría añadirse, la comercialización interna en el primer caso, quedando a cargo del segundo el transporte y comercio exterior. Esta división aceleró sin duda la expansión que los capitales nacionales posiblemente no estaban en condiciones de financiar, pero acentuó las relaciones de dependencia externa provocando una serie de desequilibrios en la evolución posterior de la economía argentina (7).