La primera fase de las inversiones británicas se extendió, según Ferns, desde 1862 a 1875. (1) Este ciclo estuvo acompañado de auspiciosos signos económicos y políticos: ya durante la década anterior, al auge de la demanda de lana en Europa y a los comienzos de la colonización agrícola se sumaron los positivos efectos de la renegociación del empréstito Baring de 1824 por parte de la provincia de Buenos Aires. A estos factores estimulantes de la inversión extranjera se agregaron durante la década de 1860 la reunificación del país bajo el gobierno de Mitre, y su disposición favorable a la inversión extranjera, explicitada a través de las garantías ferroviarias y su compromiso de escrupuloso pago de los intereses correspondientes a créditos en el exterior (2).
    Ferns señala que la llegada de Mitre al gobierno nacional constituyó un punto de inflexión en las vinculaciones entre la Argentina y Gran Bretaña. A partir de ese momento (1862), el carácter de la historia de las relaciones angloargentinas cambió, pues los ferrocarriles, el comercio y las inversiones reemplazaron los pronunciamientos de caudillos y los gritos de soldados revolucionarios llamando a los gauchos a la lucha. En materia de política comercial, Mitre puso en práctica el libre comercio legalmente establecido por la constitución de 1853, estimulando la admisión dentro de la comunidad argentina de hombres y bienes provenientes de estados extranjeros en los términos más liberales posibles y compatibles con la recaudación de rentas mediante un sistema de impuestos indirectos (3).
    Como ya se dijo, el Estado, al no poseer capital propio como para convertirse él mismo en agente inversor, fue un importante agente intermediario durante la primera fase de las inversiones británicas. Fue responsable del capital y los intereses de los empréstitos británicos hechos al Estado. Estos alcanzaron en 1875 un monto de 12.970.000 libras esterlinas, o sea, el 56,2% del total de las inversiones británicas en la Argentina, que eran de 23.060.000 libras. Es decir que, de acuerdo con este rol de agente intermediario del Estado, y siguiendo las palabras de Ferns

una proporción que se acercaba al 80% de las inversiones hechas por capitalistas británicos, o a través del mercado financiero de Londres, dependía directa o indirectamente, en esta fase primera, de la capacidad y voluntad que tuvieran las autoridades argentinas de recaudar impuestos con una mano y transferir con la otra una proporción apropiada de las rentas públicas a los inversores privados (4).

Ferns basa su estimación en la que contemporáneamente hizo al respecto M.G. Mulhall, el propietario del periódico Buenos Aires Standard, pero éste agregaba en la misma la inversión en tierras y en otras compañías comerciales que Ferns no incluye. Según Mulhall, en 1875 los intereses británicos controlaban un capital de más de 27 millones de libras esterlinas en la Argentina, distribuidos de la siguiente manera (cuadro 11) (5):

El cuadro siguiente (cuadro 12) es otra estimación de las inversiones británicas en la Argentina (6). Para 1875 -compararable con la estimación de Mulhall- el cálculo de Stone es un poco menor.

Bajo el gobierno de Mitre se aprobaron una serie de leyes que, mediante la acción y garantía del Estado, procuraron estimular la inversión extranjera como medio de desarrollar económicamente al país. La ley del 5 de septiembre de 1862 garantizó a todos aquellos que invirtieran dinero en la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba un dividendo del 7% sobre un capital de 6400 libras esterlinas por milla. Además dicha ley suministraba la tierra necesaria para la construcción de las líneas, estaciones, depósitos, etc.; acordaba liberales exenciones de impuestos y garantizaba el no congelamiento de precios. Las autoridades tuvieron un criterio similar respecto de la construcción de una línea de ferrocarril de Buenos Aires a Chascomús, ofreciendo beneficios tales como tierras, exenciones de impuestos y garantías contra el congelamiento de precios (7).
    En el período de 1861 a 1865 se organizaron diversas sociedades anónimas, creadas por empresarios británicos con capitales británicos, que básicamente se orientaron a los ferrocarriles, esenciales para el crecimiento económico del mercado argentino, y a la banca, sector vital dado que el gobierno argentino necesitaba del aporte de capitales extranjeros. Hacia la década de 1870 se diversificaron las inversiones extranjeras y entre ellas las británicas, convirtiéndose en los principales sectores de inversión las fábricas, los bancos y los servicios públicos (8).
    En 1870, el cónsul británico Frank Parish comentaba que actividades tales como ferrocarriles, tranvías, correos de barcos de vapor, líneas telegráficas, bancos, compañías de seguros, compañías de gas y proyectos de colonización estaban creciendo rápidamente en la Argentina. Asimismo, otros proyectos de trabajos públicos -los vinculados al puerto y a las mejoras sanitarias- estaban en la etapa de planificación. La mayoría de estos trabajos eran financiados con capital británico, sea en forma directa a través de joint-stock companies o indirectamente por medio de empréstitos del gobierno respaldados por la Bolsa de Valores de Londres. La deuda argentina en manos de británicos llegaba a 12.000.000 de libras esterlinas en 1872 (9).
    Cabe aclarar que los años transcurridos entre 1868 y 1873 fueron los correspondientes al período de boom económico del Reino Unido. Toda la era victoriana fue una etapa de exportaciones notables de capital, especialmente en la década de 1850 y en los principios de la de 1870. Fue un período de inversiones extensivas, construcción de ferrocarriles y de apertura de nuevos territorios (10), uno de los cuales fue precisamente la Argentina.
    En síntesis, las inversiones extranjeras del ciclo 1862-1875 fueron de origen mayoritariamente británico. Comenzaron con la construcción de los primeros ferrocarriles entre 1862 y 1865, y culminaron con el auge de los empréstitos nacionales y provinciales de 1870-74. Esta corriente de inversiones se interrumpió a raíz de la crisis de 1873, que generó a nivel mundial serios contratiempos en los mercados financieros europeos y una depresión del comercio internacional, provocando en la economía argentina una grave crisis de las finanzas públicas que obligó a las autoridades a devaluar la moneda. Esta crisis logró ser revertida tras un doloroso proceso de ajuste que ocupó la segunda mitad de la década de 1870 (11).