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Además del problema de la delimitación de la frontera cordillerana, según los ambiguos términos del tratado de 1881, agravado con la aun mayor ambigüedad del protocolo de 1893, una dificultad adicional en la agenda de las relaciones argentino-chilenas fue la vinculada con los derechos de los respectivos países sobre la Puna de Atacama. La Puna de Atacama es una altiplanicie andina de casi 4.000 metros de altura y alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados, surcada por cordones de poca elevación, que corren de sur a norte y de este a oeste. Por cierto, esta particular configuración geográfica de la Puna, diferente a la de la zona litigiosa de la frontera sur, invitó a agrias discusiones sobre demarcación entre los peritos argentino y chileno, dado que no existen en esta zona ni líneas de altas cumbres ni divisorias de aguas (1).
    El área había permanecido bajo ocupación de Bolivia hasta la guerra del Pacífico. Durante dicho conflicto, Chile invadió Atacama convirtiéndola en provincia propia, y ésta fue anexada al territorio chileno a raíz del tratado de Tregua del 4 de abril de 1884. Pero, si bien por este tratado Chile obtuvo de Bolivia la cesión del desierto de Atacama hasta los 24o, las autoridades chilenas se apropiaron de la parte situada entre los 23o y 24o por medio de la intervención militar, y además ocuparon la extremidad norte de la región hasta el río Loa. Por otro lado, en ese año de 1884, el gobierno chileno aprovechó el estallido de cólera en las provincias del norte argentino, para avanzar en las mismas bajo la excusa de establecer un cordón sanitario. Incluso las tropas trasandinas llegaron a reemplazar autoridades locales salteñas por chilenas (2).
    Apenas se celebró el tratado de Tregua, en abril de 1884, entre los gobiernos de Chile y Bolivia, el canciller argentino, Francisco J. Ortiz (octubre de 1883 a octubre de 1886), notificado por el gobernador de Salta de la penetración chilena en la Puna argentina, exigió explicaciones sobre el alcance del tratado, argumentando que la zona incorporada por el gobierno chileno incluía la ocupación de Antofagasta, que pertenecía a la República Argentina. Sin embargo, el ministro argentino en Chile, José Evaristo Uriburu, sostuvo que no era conveniente pedir explicaciones al gobierno chileno respecto de su incursión por la Puna. En opinión del diplomático argentino, en realidad no se había producido la ocupación chilena, a pesar de que el gobernador de Salta sostenía exactamente lo contrario. Lo que en Chile se conocía con el nombre de Antofagasta era, en realidad, la región marítima antiguamente conocida como Cobija. Según el testimonio de Zeballos, el canciller Ortiz aceptó las apreciaciones geográficas de Uriburu, y la reclamación de Antofagasta no se hizo, con lo cual Chile quedó instalado en territorio argentino (3).
    Además, para Uriburu, y finalmente para el canciller Ortiz, la coyuntura no pareció demasiado oportuna para el estallido de un conflicto armado entre los gobiernos argentino y chileno. Mientras el primero estaba en relaciones tensas con las autoridades de Río de Janeiro, el segundo era vencedor de la guerra del Pacífico en detrimento de Perú y Bolivia. Ante esta complicada situación, Ortiz optó por el bajo perfil respecto del tema, y se conformó con las explicaciones otorgadas por el ministro de Chile en Buenos Aires. La diplomacia argentina prefirió en consecuencia alterar el equilibrio de poder subregional por una vía menos conflictiva, a través del acercamiento con las autoridades de La Paz en estricto secreto, a espaldas de las de Santiago (4).
    No obstante el bajo perfil adoptado por la cancillería argentina, respecto del tratado de Tregua firmado por los gobiernos de Chile y Bolivia, la actitud expansionista chilena, que había ocupado una porción de la Puna de Atacama que las autoridades de Buenos Aires reclamaban como propia, polarizó a la opinión pública argentina. Una facción de los hombres de gobierno argentino, la de los llamados "internacionalistas", percibió a Chile como un país agresor al que había que detener incluso recurriendo a la guerra. Esta facción estuvo integrada por Roque Sáenz Peña -quien, como se dijo, sirvió en el ejército peruano durante la guerra del Pacífico-, Indalecio Gómez, Carlos Rodríguez Larreta y Estanislao Zeballos. Frente a los "internacionalistas" o "belicistas", otra facción de los círculos oficiales argentinos, formada por Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, el entonces vicepresidente Quirno Costa, y otros sectores vinculados a la economía de exportación e importación, planteó la opción bélica respecto de Chile como un escándalo que podía retardar el progreso económico argentino y afectar su lucrativo comercio exterior (5).

  1. F.A. Encina, op. cit., pp. 191-192.

  2. I. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 238-239.

  3. Estanislao Zeballos, La Puna. Derecho Público Hispano-Americano, Revista de Derecho, Historia y Letras, Tomo III, p. 149, cit. en ibid., p. 239.

  4. F.A. Encina, op. cit., p. 194.

  5. Carlos Pellegrini expresó claramente su pensamiento respecto de la eventualidad de una guerra entre los gobiernos de la Argentina y Chile con las siguientes palabras: "el espectáculo que ofrecen nuestros dos pueblos, jóvenes y vigorosos, arruinándose por simple desconfianza recíproca, agotando todos nuestros recursos, que, aplicados á obras de paz, nos harían grandes y poderosos, es criminal, y, en el fondo, es algo peor, es cobarde". Cita de Pellegrini en Ernesto Quesada, La política argentina respecto de Chile..., op. cit., pp. 192-193. Esta división dentro de la clase política argentina, respecto de la actitud a tomar hacia Chile, se puede ver en R. Etchepareborda, op. cit., p. 167, y en F. Encina, op. cit., pp. 218-219.

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