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El gobierno chileno, a su vez, procuró neutralizar la entente argentino-boliviana, y obtuvo la firma de tres tratados con las autoridades de Bolivia, uno de paz y amistad, otro de comercio y un tercero -el más importante- de transferencia de territorios, que consignaba la promesa del gobierno de Chile de entregar al de Bolivia los territorios de Tacna y Arica, a cambio del reconocimiento del último de la soberanía del primero sobre la Puna de Atacama. En caso de que no concretase la cesión de Tacna y Arica, Chile otorgaría a Bolivia un puerto marítimo en la bahía Vítor y una compensación pecuniaria (1). Estos tratados fueron firmados el 18 de mayo de 1895, en la ciudad de Santiago de Chile, entre el ministro de relaciones exteriores chileno, Luis Barros Borgoño, y el ministro plenipotenciario boliviano, Heriberto Gutiérrez.
    Pero, perdidas las esperanzas de que el Congreso boliviano aprobara los tratados en la forma convenida, Juan Gonzalo Matta, el ministro de Chile en La Paz, firmó con el canciller boliviano, Emeterio Cano, el 9 de diciembre de 1895, en Sucre, un protocolo que introducía cambios en los tratados Barros Borgoño-Gutiérrez. Por este acuerdo se fijaba un plazo de dos años para la entrega del puerto por parte de Chile a Bolivia, estableciéndose además que quedaría sin efecto la cesión definitiva del litoral de Bolivia a favor de Chile, en caso de no cumplimiento del compromiso (2).
    Cuando el nuevo canciller chileno, Adolfo Guerrero, se impuso de las negociaciones del protocolo Matta-Cano, dirigió una nota al representante de Bolivia, comunicándole que los tratados de mayo, aunque aprobados por el Congreso chileno, no se ratificarían por Chile hasta que no se aclarase el alcance de las modificaciones del nuevo protocolo. Después de complicadas negociaciones se firmó en Santiago, el 30 de abril de 1896, un nuevo protocolo que establecía que, si Chile no pudiera traspasar a Bolivia el puerto de Arica, le traspasaría Vítor u otra caleta análoga, que tuviera condiciones para un puerto comercial. A su vez, el Congreso boliviano debía aceptar el reconocimiento de los créditos chilenos estipulados en el pacto de mayo. Pero el Congreso boliviano introdujo una cláusula al tratado de transferencia de territorios, por la cual se reservaba el derecho de aceptar o no el puerto que ofreciera Chile. La cancillería chilena exigió la derogación de la misma, y el rechazo de esto por el gobierno boliviano puso fin a las negociaciones (3).

  1. R.N. Burr, op. cit., pp. 208-209; F.A. Encina, op. cit., pp. 204-206.

  2. F.A. Encina, op. cit., pp. 208-209.

  3. Ibid., pp. 209-211.

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