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 Como consecuencia de la disputa limítrofe argentino-chilena, se inició, a fines de la década de 1880, una carrera armamentista. Fue una suerte de versión sudamericana de la "paz armada" europea, que cobró particular ímpetu a partir del enfrentamiento entre los criterios hidrográfico (divisorias de aguas) y orográfico (altas cumbres), representados respectivamente por los peritos Diego Barros Arana, chileno, y Octavio Pico, argentino, en enero de 1892, encargados de delimitar en el terreno las ambiguas estipulaciones del tratado de 1881.
    Ya a mediados de 1893, el ministro de guerra y marina del presidente Luis Sáenz Peña, general Julio Victorica, expuso en el Congreso algunos detalles sobre el estado de los armamentos y las compras argentinas de municiones, armas portátiles y artillería. Haciendo referencia a las dificultades de los comisionados argentinos para conseguir armamentos en Europa, provocadas ex profeso por las comisiones brasileña y chilena, "las que llegaron a ofrecer fuertes sumas de dinero a los fabricantes de nuestros fusiles si rescindían los contratos celebrados con nuestro gobierno", Victorica concluía con optimismo que "la República Argentina es hoy el poder militar mejor armado de la América del Sur" (1).
    De una fuerza defensiva fluvial, la flota argentina evolucionó hasta convertirse en una flota oceánica, capaz de competir con la chilena. Los gobiernos argentinos de Luis Sáenz Peña (1892-1895) y José Evaristo Uriburu (1895-1898) dedicaron especial atención a la marina de guerra, a fin de paliar la situación de inferioridad naval respecto de Chile. Con el fin de crear una escuadra de mar poderosa, ambos gobiernos procedieron a incorporar nuevos cruceros acorazados, agregando, al 25 de Mayo" (1891), los siguientes: el 9 de Julio (1893), el Buenos Aires y el Garibaldi (1896), el San Martín (1897), el Belgrano y el Pueyrredón (1898). A estos cruceros de guerra se sumó la fragata Sarmiento en 1898, destinada a la instrucción de los futuros oficiales de marina. La nueva flota argentina contó además con la incorporación de cuatro destructores de 340 toneladas de desplazamiento, el Santa Fe y el Misiones, en 1896, y el Entre Ríos y el Corrientes, en 1897. A éstos deben agregarse los transportes Chaco, adquirido en 1894, de 8700 toneladas de desplazamiento, y Guardia Nacional y Pampa, en 1895, de 6500 y 8700 toneladas, respectivamente. También por ley 3450, del 30 de noviembre de 1896, se iniciaron las obras del Puerto Militar (hoy Puerto Belgrano), cuyas primeras instalaciones se habilitaron en 1902 (2). Entre 1898 y 1899, en reemplazo de la vieja e inadecuada estación de torpedos ubicada en el río Luján, se construyó una nueva estación naval en Río Santiago, localidad cercana a La Plata, capaz de acomodar las amplios torpederos incorporados a inicios de la década (3). Como consecuencia de las numerosas adquisiciones efectuadas entre 1895 y 1898, la escuadra naval argentina aumentó sensiblemente. De acuerdo con los cuadros del almirante Juan A. Martín, en 1895 la flota chilena aventajaba considerablemente a la argentina; hacia 1898, en cambio, la Argentina casi había alcanzado a Chile (cuadro 1) (4):

Cuadro 1

Poder naval comparado de Argentina y Chile (1895 y 1898)
(en toneladas métricas)

                                                                          1895                            1898
Buques Acorazados 8.800 12.200 27.020 20.700
Cruceros modernos 11.510 16.060 11.510 19.660
Torpederos 2.006 1.920 2.006 4.132
Buques auxiliares 2.630 3.430 2.542 1.590
Total 24.946 33.610 43.078 46.082

A diferencia de estos cuadros del almirante Martín, que muestran que el poder naval argentino estaba cerca del chileno hacia 1898, un informe inédito presentado por el Ministerio de Guerra y Marina a la Cámara de Diputados, en septiembre de dicho año, atribuía a la Argentina 53.350 toneladas métricas contra 42.792 de Chile, y una neta superioridad argentina en cañones de grueso, mediano y pequeño calibre, y en tubos lanzatorpedos. El informe concluía con las siguientes palabras: "En esta comparación se toman en consideración los buques de línea y destroyers; si se agregara a éstos los acorazados de río, cañoneras, buques auxiliares y transportes de ambos países, resultaría mucho mayor aún la superioridad nuestra" (5). La divergencia entre este informe y los cuadros del almirante Martín quizás se deba al ingreso del acorazado Pueyrredón, de 8.000 toneladas métricas, que llegó al Río de la Plata el 1º de septiembre de 1898. Este acorazado figuraba en el informe del Ministerio de Guerra y Marina, pero no en los cuadros del almirante Martín.
    Precisamente, en 1898, se generó en el gobierno chileno una preocupación debido a la adquisición por la Argentina de los cruceros Garibaldi. Consciente y temeroso de que la posesión de esas cuatro unidades homogéneas alterase el equilibrio de poder a favor de su vecina, el canciller chileno ordenó al embajador de su país en Berlín, Ramón Subercaseaux, presionar al gobierno italiano a fin de bloquear la entrega de esos barcos a la Argentina. Subercaseaux fue desairado, recibiendo la respuesta de que esos barcos estaban disponibles para todas las naciones, incluida Chile. Los esfuerzos de los diplomáticos chilenos por detener la entrega de estos barcos demostrarían el hecho de que su gobierno percibía que Chile había perdido supremacía naval en el Cono Sur. La situación sin embargo no se modificó, y Roca, dos años más tarde, advertía al embajador chileno que la Argentina estaba dispuesta a contrabalancear cada adquisición naval chilena con la compra del doble de barcos de guerra que el gobierno de Santiago decidiera incorporar. Lo que Roca no dijo era que cada barco que la Argentina adquiriría no sólo implicaría un número mayor de unidades, sino que éstas invariablemente serían más poderosas que la previa orden de compra chilena. De este modo, la respuesta argentina al navío chileno Chacabuco fue inmediata: dos cruceros Garibaldi de más, más grandes y rápidos que los cuatro adquiridos anteriormente. Estos barcos fueron el Rivadavia y el Moreno (6).
    Durante el famoso "abrazo" entre los presidentes argentino y chileno, Roca y Errázuriz, que tuvo lugar en el estrecho de Magallanes el 15 de febrero de 1899, la flota argentina tuvo oportunidad de lucirse ante su par chilena. La llegada de los navíos argentinos produjo en Santiago sentimientos entremezclados de admiración y aprensión por los progresos efectuados por el país vecino (7). Según Rauch, quien sigue a su vez los datos estadísticos del citado almirante Martín, ya para 1901 la flota argentina era superior a la chilena (8).
    La preocupación chilena por el rearme de su vecina tuvo también su manifestación en Washington, donde el ministro chileno, Carlos Morla Vicuña, se acercó al jefe de Inteligencia de la marina norteamericana, Thomas Snowden, para comprobar el grado de disposición del gobierno norteamericano respecto de vender a Chile dos barcos de guerra de 10.000 toneladas. Además, el gobierno chileno hizo una curiosa oferta al de Estados Unidos: adquirir dos barcos de batalla modelo "Indiana" a un precio que excedía ampliamente el costo de los mismos. El hecho resultaba doblemente singular, dado que este modelo había demostrado tener importantes deficiencias en cuanto a diseño y construcción, que eran ampliamente comentadas en el mundo entero por la prensa naval. Por lo tanto, el interés de Chile por adquirir estos barcos de guerra modelo "Indiana" constituía un síntoma del alto grado de desesperación que dominaba a la clase gobernante chilena respecto de la cuestión naval (9).
    Cuando las autoridades de Estados Unidos rechazaron la curiosa oferta chilena, el gobierno trasandino utilizó los fondos de sus propias reservas de oro, y ordenó la compra de dos navíos de guerra de 11.000 toneladas cada uno. Por su parte, el gobierno argentino adquirió dos navíos de guerra también, pero de 15.000 toneladas, y además, seis destructores del tipo "Nembo". Como consecuencia de esta serie de adquisiciones, la Argentina consolidó su superioridad naval respecto de su vecino. Para muchos, la cuestión limítrofe entre ambas naciones pasaba a ser una cuestión de segundo orden frente a la otra cuestión en juego: cuál de las dos naciones tendría la supremacía en Sudamérica (10).
    Luego del laudo Buchanan de 1899, se había cerrado la disputa argentino-chilena en torno a la Puna de Atacama, pero el problema limítrofe en la zona de la cordillera de los Andes siguió pendiente del arbitraje de la reina Victoria, cuya tarea se prolongó desde marzo de 1899 hasta enero de 1901, fecha de la muerte de ésta, que la sorprendió sin que hubiese alcanzado una decisión acerca del conflicto.
    Mientras las representaciones argentina y chilena en Londres trabajaban activamente en la elaboración y presentación de sus respectivas memorias, el clima de tensión entre Buenos Aires y Santiago se agravaba, impulsado por los sectores belicistas de uno y otro lado de los Andes y que incentivó la ya en curso carrera armamentista (11).
    En estas circunstancias iba a producirse la intervención de la diplomacia británica, la cual era comprensible dado que este país no sólo tenía considerables inversiones en la Argentina y Chile, sino que también era el socio comercial más importante y el principal acreedor de ambas naciones del Cono Sur. La llegada de lord Gerard Lowther marcó un nuevo capítulo en la controversia argentino-chilena. Lowther y su colega en Buenos Aires, William Barrington, habían sido autorizados por el secretario de asuntos exteriores británico, lord Landsdowne, para ofrecer los buenos servicios de Su Majestad Británica a los gobiernos de la Argentina y Chile. En su entrevista inicial con Lowther, en abril de 1902, el canciller chileno Eliodoro Yáñez manifestó la preocupación oficial acerca de una posible interferencia argentina en las cuestiones del Pacífico y remarcó las intenciones pacíficas de Chile. El diplomático británico le respondió que existía una contradicción entre el espíritu pacífico declamado por el canciller y la adquisición de barcos de guerra. Por su parte, Barrington se contactó con el gobierno argentino, e informó que Buenos Aires estaría dispuesta a cancelar sus recientes compras de barcos de guerra si Chile acordaba hacer lo mismo (12) .
    No obstante el optimista mensaje enviado por Barrington al Foreign Office, la superioridad naval en sí misma constituía un punto importante que ninguno de los dos países estaba dispuesto a resignar. Finalmente, a través de negociaciones posteriores, se llegó a un acuerdo mutuo de reducción de las fuerzas navales, que consistió en la desactivación de 3 navíos, 2 cruceros argentinos y 1 viejo barco de guerra chileno, el Prat. No obstante, según Rauch, esta situación dejó a la Argentina en la posición de superioridad naval que había disfrutado desde 1898 (13).
    Asimismo, el ejército argentino había alcanzado un alto grado de preparación, e incluso de sofisticación, atestiguado por el ministro de guerra del gobierno de Roca, coronel y luego general Pablo Riccheri, egresado de la Escuela de Guerra de Bélgica, y elegido como titular de la cartera de guerra por el presidente Roca en julio de 1900 (14).
    Por otro lado, el clima de conflicto y la amenaza de guerra entre la Argentina y Chile generó importantes efectos económicos y políticos internos en el caso argentino. Entre los primeros, vale destacar la prolongación, en 1899, del ferrocarril desde Bahía Blanca hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, ramal comercialmente improductivo por entonces, pero que se construyó, según Julio Argentino Roca, "obedeciendo a miras puramente estratégicas" (15). También se encaró la construcción de una línea telegráfica que uniera Buenos Aires con la región patagónica. Su necesidad fue reconocida a partir de la firma del tratado de 1881, pero la obra cobró impulso luego del viaje de Roca al estrecho de Magallanes. Fue iniciada desde Bahía Blanca y su tendido llegó hasta cabo Vírgenes, siendo concretada en 1902 (16).
    Por cierto, este clima de conflicto entre la Argentina y Chile provocó consecuencias económico-financieras y políticas. Entre las primeras cabe mencionar la misma crisis de 1890 o crisis Baring, que Carlos Pellegrini atribuyó al perverso efecto combinado de diez años de carrera armamentista frente a Chile y la mala administración del gobierno de Miguel Juárez Celman. Entre las consecuencias políticas, la más evidente fue la reelección de Roca, señalado como conductor indiscutido para una eventual guerra con el país trasandino (17).

  1. Cámara de Diputados de la Nación, sesión secreta del 29 de mayo de 1893, fs. 3/8, cit. en Gustavo Ferrari, "La Argentina y sus vecinos", en G. Ferrari y Ezequiel Gallo (comp.), La Argentina del ochenta al centenario, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, p. 679.

  2. Ver al respecto el artículo de Alejandro Maveroff, "Roca en el Beagle", Todo es Historia, Nº 129, febrero de 1978, p. 85.

  3. Robert L. Scheina, Latin America, A Naval History: 1810-1987, Annapolis, Maryland, Naval Institute Press, 1987, pp. 44-46, y Georg von Rauch, "Cruisers for Argentina", in Warship International, Toledo, Ohio, Vol. 15, Nº 4, 1978, pp. 297-298, fuentes citadas en G.V. Rauch, op. cit., pp. 232-235.

  4. Cuadro 1 sobre poder naval comparado de la Argentina y Chile en 1895 y 1898, citado en Juan A. Martín, "Nuestra Marina al iniciarse la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca (1898)", en el Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, vol. LXXVI, Nº 637, (noviembre-diciembre de 1957), pp. 453-469, y reproducido en G. Ferrari, "La Argentina y sus vecinos", op. cit., pp. 679-680.

  5. Cámara de Diputados de la Nación, sesiones secretas del 14 y 16 de septiembre de 1898, cit. en ibid., p. 680.

  6. Georg von Rauch, op. cit., p. 304, cit. en G.V. Rauch, op. cit., pp. 349-350.

  7. Jaime Eyzaguirre, Chile durante el gobierno de Errázuriz Echaurren: 1896-1901, Santiago, Zig-Zag, 1957, pp. 251-252; Mariano de Vedia, El general Roca y su tiempo, Buenos Aires, Ediciones de la Patria Grande, 1962, pp. 137-138, fuentes citadas en ibid., p. 236.

  8. Ibid., p. 235.

  9. R.L. Scheina, op. cit., p. 50, cit. en ibid., p. 350.

  10. Georg von Rauch, op. cit., p. 304; Robert N. Burr, By Reason or Force. Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905, Berkeley, University of California Press, 1965, p. 247, cit. en ibid., p. 351.

  11. Irritado por la consulta efectuada por el legislador chileno Joaquín Walker Martínez al Congreso de su país, sobre el tema de las "invasiones" de soldados argentinos al lago Lácar, tratando de hacer de la cuestión un incidente mayor, el presidente Roca amenazó al embajador chileno, asegurándole que por cada barco de guerra que el gobierno de Chile comprara, el de la Argentina adquiriría dos, y si a las autoridades de Chile se les ocurriera comprar dos, la Argentina procuraría cuatro. Este endurecimiento en las expresiones de Roca hacia las autoridades del país vecino, fruto de la injerencia de Walker Martínez, fueron acompañadas de un sentimiento crecientemente antichileno y probélico por parte de la opinión pública argentina. Se ofrecieron donaciones en dinero y caballos, aparecieron voluntarios para integrar regimientos, y se llevaron a cabo abiertas demostraciones contra Chile. No obstante, los sectores partidarios de la guerra en ambos lados de los Andes no pasaron de ser una minoría. Ver ibid., pp. 341, 345 y 348.

  12. Barrington to Foreign Office, 5 de mayo de 1902, cit. en ibid., p. 352.

  13. R.L. Scheina, op. cit., pp. 51-52, cit. en ibid, pp. 352-354.

  14. Entre las medidas que apuntaron a la reorganización de las fuerzas armadas argentinas, cabe mencionar en 1881 la creación de organismos de instrucción especializados para los integrantes del ejército tales como la Escuela de Cabos y Sargentos, la Escuela de Tiro y la Escuela de Aprendices Mecánicos; la sanción de la ley de septiembre de 1900, que creó la conscripción de ciudadanos para servir en la marina, terminando con el viejo y poco eficaz sistema del enganche; la fundación de la Escuela Superior de Guerra, con el objetivo de formar técnicamente a jefes y oficiales con el aporte material y humano de oficiales militares alemanes (de hecho, cinco de cada diez de los instructores de la Escuela Superior de Guerra fueron alemanes); la creación de Campo de Mayo por parte del ministro de guerra del gobierno de Roca, general Pablo Riccheri, y la aprobación del proyecto de servicio militar obligatorio presentado por Riccheri en diciembre de 1901. M.A. Scenna, Argentina-Chile. Una frontera caliente, op. cit., pp. 115-116; G.V. Rauch, op. cit., pp. 195-214; y discurso del general Pablo Riccheri en la tumba de Roca, 19 de octubre de 1915, en Revista del Círculo Militar, Buenos Aires, año XV, Nº 177, (octubre de 1915), pp. 633-642, citado en G. Ferrari, "La Argentina y sus vecinos", op. cit., p. 680.

  15. En marzo de 1896 el gobierno firmó contrato con el Ferrocarril Sur para que extendiese sus rieles hasta Neuquén. En 1897 los rieles llegaron al río Colorado, en 1898 pasaron por Choele Choel y a mediados de 1899 llegaron a la ciudad de Neuquén. Ver al respecto M.A. Scenna, "Argentina-Chile: el secular diferendo", (segunda parte), Todo es Historia, Nº 44, 1970, p. 82.

  16. El presidente Roca sufrió en carne propia la ausencia de una línea telegráfica que enlazara la región patagónica con Buenos Aires, pues durante su viaje al estrecho permaneció sin comunicación alguna con la Capital Federal durante un mes. La ejecución de la llamada "línea de la costa sur" fue una necesidad reconocida desde la firma del tratado de 1881 con el gobierno de Chile. Incluso se registraron varios intentos previos al segundo gobierno de Roca para concretar esta línea cablegráfica entre Buenos Aires y la zona patagónica, que resultaron infructuosos.
        En enero de 1893, Julio Popper y el doctor Francisco Ayerza presentaron a las autoridades argentinas un proyecto para tender una línea cablegráfica por la costa atlántica desde la localidad de Viedma (Río Negro) hasta el cabo Vírgenes y desde el cabo Espíritu Santo hasta la bahía Buen Suceso (Tierra del Fuego). Popper y Ayerza aceptaron en pago terrenos fiscales en las tierras patagónicas, pero la muerte del primero, ocurrida el 6 de junio de 1893, interrumpió el proyecto. Ya en la segunda administración de Roca, un editorial de La Nación del 21 de enero de 1899 comentaba que los estudios de la línea cablegráfica a Río Gallegos habían sido terminados el año anterior, y que los postes llevados del aserradero de Lapataia en la Tierra del Fuego habían sido depositados en los puertos del Atlántico, destacando que faltaba solamente el alambre y lógicamente la instalación. Lamentaba que en la tramitación de todo ello se pasaría todo el verano y, cuando se procediera a la ejecución de los trabajos, se encontraría la falta de muchos postes, que habrían desaparecido.
        En cambio, señalaba que la línea chilena convenida para unir Punta Arenas y cabo Vírgenes estaba en obra en forma activa, y que su terminación se calculaba para el mes de abril (1899). A. Maveroff, op. cit., p. 87.

  17. Consecuencia de este clima de armamentismo y enfrentamiento respecto del gobierno de Chile fue el establecimiento del servicio militar obligatorio, a través de la ley 4031, promulgada en diciembre de 1901. Esta ley, también llamada ley Riccheri, estableció el enrolamiento de los varones a la edad de 18 años, a través del sorteo en la Lotería Nacional. A partir de la misma, el ejército argentino estuvo integrado por el Ejército Nacional (soldados profesionales y conscriptos por un año), la Guardia Nacional (varones entre 28 y 40 años) y la Guardia Territorial (varones entre 40 y 45 años). Riccheri se pasó todo el año 1902 reorganizando el ejército. La rama de infantería (7000 hombres en total) pasó a estar constituida por 12 batallones, de 4 compañías cada uno, más 2 batallones de tropas de infantería de montaña (llamados Cazadores de los Andes). La rama de caballería se compuso de 12 regimientos de artillería de campo, de 450 hombres cada uno, y 3 regimientos de artillería de montaña, de 350 hombres cada uno. A estas fuerzas se incorporaron 4 batallones de ingenieros y 1 de transportes, así como ambulancias y compañías de correos.
        Además, Riccheri reorganizó el Ministerio de Guerra, dividiéndolo en tres departamentos: la Junta Militar (subdividida a su vez en ocho secciones, cuyas funciones incluyeron la inspección de la artillería, caballería, infantería e ingenieros, así como la de la correspondencia, la transmisión de órdenes militares, las construcciones y publicaciones militares, la justicia militar, etc.); la Junta de Administración Central (responsable de las operaciones administrativas vinculadas con la provisión de las fuerzas militares) y el Estado Mayor General, organizado al estilo alemán.
        Rodolfo Martínez Pita, Riccheri, Buenos Aires, Círculo Militar, 1952, pp. 141-142, 153-163; texto de la Ley Riccheri en Augusto Da Rocha (editor), Colección completa de Leyes Nacionales sancionadas por el Honorable Congreso durante los años 1852 a 1917, Buenos Aires, Librería La Facultad, volumen 12, 2º tomo, pp. 519-549, fuentes citadas en G.V. Rauch, op. cit., pp. 211-214.

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