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Los esfuerzos de acercamiento no implicaron, sin embargo, el cese de la carrera armamentista entre ambos países. Como ya se dijo, las autoridades argentinas compraron dos acorazados, el Moreno y el Rivadavia, de 8.000 toneladas, a los astilleros genoveses de Ansaldo. A su vez, los astilleros Vickers Sons and Maxims y Armstrong construyeron en Gran Bretaña dos naves, Libertad y Constitución, de 12.000 toneladas. Para comienzos de 1902, el gobierno argentino tenía cerrado el contrato para la compra de dos acorazados más, pero de 15.000 toneladas cada uno. En ese momento, la guerra entre ambos países pareció estar más cerca que el entendimiento.
    Por otro lado, las tensiones se vieron agravadas por incidentes fronterizos, protagonizados por ambos países, en áreas litigiosas que estaban bajo arbitraje de la Corona británica. El 30 de marzo de 1898, el ministro de Chile en la Argentina, Joaquín Walker Martínez, protestó por la fundación del pueblo de San Martín de los Andes, que había llevado a cabo el general Rudecindo Roca en el valle del Lácar. Walker Martínez sostuvo que esos avances argentinos violaban lo estipulado en el acuerdo Zeballos-Matta de 1889, por el cual ambas naciones se habían comprometido a abstenerse de realizar actos que implicasen una desviación del contenido del tratado de 1881 (1).
    El ministro de relaciones exteriores argentino, Amancio Alcorta, le replicó al representante chileno Walker Martínez que los "avances" argentinos en la zona del lago Lácar eran lícitos debido a que esa zona estaba dentro de la jurisdicción argentina. Ese territorio había sido ocupado con efectividad por la Argentina mucho antes del acuerdo Zeballos-Matta de 1889, por cuanto desde 1881 se habían realizado operaciones militares contra los indios, y desde 1883 el gobierno argentino había establecido fortines militares, campos de labranza y aduanas en el lago Lácar -ubicado al este de los Andes y cuyas aguas corren hacia el Pacífico-, sin que las autoridades chilenas -aún involucradas en la resolución de la guerra contra Perú y Bolivia- protestaran por estos avances. El establecimiento del fuerte Maipú, en marzo de 1883, para someter a una tribu de indios desde entonces bajo dependencia de las autoridades argentinas, era puesto como ejemplo en los argumentos presentados por Alcorta en su réplica a Walker Martínez. Cabe hacer notar que el fallo británico de 1902 terminó por otorgar a la Argentina el dominio del valle del río Lácar (2).
    En mayo de 1900, las autoridades de Santiago se enteraron de la presencia de un destacamento de soldados argentinos que habían ingresado al área de los lagos Lácar y Pirihueico, que Chile consideraba propia y que estaba sometida a la resolución arbitral. Los soldados argentinos ingresaban en dicho territorio, ejecutando actos de dominio y cobrando contribuciones a los lugareños. El 25 de mayo de dicho año, un miembro de la comisión de demarcación chilena envió a su gobierno un informe en el que indicaba que las tropas argentinas pertenecientes al tercer cuerpo de caballería habían ocupado un sector ubicado a 40 kilómetros de la localidad de San Martín de los Andes. Estas "invasiones" argentinas al área del lago Lácar provocaron las protestas de la cancillería chilena a las autoridades de Buenos Aires, y una interpelación en la Cámara de Diputados sobre la cuestión, efectuada por el ahora legislador chileno, Joaquín Walker Martínez, y que fue respaldada por la prensa trasandina (3).
    Debido a la firme actitud argentina, la cancillería chilena instruyó al ministro chileno en Buenos Aires, Carlos Concha, para que reclamara nuevamente la cuestión ante las autoridades de Buenos Aires, sosteniendo que las ocupaciones de los territorios en litigio "no pueden exhibirse ni alegarse como títulos legítimos de dominio ante el árbitro" (4). En los meses de julio y septiembre de 1900, Concha se dirigió a la cancillería argentina reclamando por las intervenciones, y solicitando del gobierno el término de dichas incursiones y la sanción de los responsables. En octubre del mismo año, el canciller argentino Amancio Alcorta respondió que las investigaciones ordenadas por su gobierno "demostraban que nada especial había ocurrido en la zona disputada, motivo de la reclamación chilena" (5).
    A las reclamaciones de las autoridades chilenas, el gobierno argentino argumentó que las incursiones de estas fuerzas tuvieron por objeto proteger la zona de robos y asaltos. También sostuvo que las incursiones de sus fuerzas armadas se efectuaban detrás de la línea de altas cumbres y por ende en territorio argentino. En la visión chilena, las autoridades argentinas se autoarrogaban la soberanía de un territorio en litigio. Asimismo, las autoridades de la Casa Rosada aprovecharon la ocasión para reclamar del gobierno chileno concesiones de éste a particulares, en la zona de Ultima Esperanza, actitud que violaba el status quo de terrenos en litigio y sometidos a arbitraje.

  1. I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 235.

  2. Ibid., pp. 235-236.

  3. La interpelación presentada por el diputado Joaquín Walker Martínez produjo en Buenos Aires el efecto contrario al deseado. Mientras Walker Martínez procuró con dicha interpelación frenar la "invasión argentina", la consecuencia real de su intervención fue que los diarios argentinos, que antes de la interpelación expresaron que Chile no debía temer ninguna intervención argentina en sus asuntos internos, a partir de la misma pedían que se ayudara públicamente al Perú, e incluso se mostraba a Chile como victimario de sus vecinos, insistiendo en la necesidad de la intervención argentina. R.N. Burr, op. cit., p. 232; Oficio Nº 68 de 23 de junio de 1900; Telegrama Nº 69 de 30 de junio de 1900; Telegrama Nº 70 de 3 de julio de 1900; Nota Nº 81 de 20 de julio de 1900, fuentes citadas en O. Errázuriz Guilisasti, op. cit., p. 33. Consultar también al respecto G.V. Rauch, op. cit., pp. 340-44; I. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 235-237, y G. Carrasco Domínguez, op. cit., pp. 167-174.

  4. Instrucciones impartidas por la cancillería de Chile al ministro en la Argentina Carlos Concha, el 16 de noviembre de 1900, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cit. en O. Errázuriz Guilisasti, op. cit., p. 35.

  5. Respuesta del canciller Amancio Alcorta a los reclamos de la legación de Chile en Buenos Aires, cit. en ibid., p. 34.

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